Bandas ligadas a políticos priístas siembran la violencia en Oaxaca
Se inicia la segunda fase del operativo con el patrullaje federal por toda la capital del estado
GUSTAVO CASTILLO, ENRIQUE MENDEZ; OCTAVIO VELEZ ENVIADOS Y CORRESPONSAL
Se inicia la segunda fase del operativo con el patrullaje federal por toda la capital del estado
GUSTAVO CASTILLO, ENRIQUE MENDEZ; OCTAVIO VELEZ ENVIADOS Y CORRESPONSAL
Exequias del enfermero Jorge Alberto López Bernal, en Soledad Etla Foto Francisco Olvera
Oaxaca, Oax., 31 de octubre. El gobierno federal detectó que grupos ligados a políticos priístas han cometido actos delictivos y de violencia en distintos puntos de esta capital, con la intención de que se culpe de esos hechos a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y fracasen las acciones de la Policía Federal Preventiva (PFP), revelaron mandos de las fuerzas federales.
Los funcionarios indicaron a La Jornada que en las próximas horas la PFP realizará patrullajes por toda la capital, como parte de la segunda fase de la operación policiaca iniciada el domingo pasado. Una tercera fase comprende cumplimentar más de 200 órdenes de aprehensión libradas por jueces federales y locales en contra de los líderes del movimiento.
En ese escenario, los agentes federales y militares ya no sólo vigilarían el zócalo de esta ciudad, sus calles aledañas y los principales accesos a la capital oaxaqueña, sino que realizarían rondines a partir de mañana.
Surgen más barricadas
Los elementos de la PFP tendrán la encomienda de evitar el levantamiento de nuevas barricadas o bloqueo de vialidades por parte de la APPO o cualquier otra organización ciudadana o política. Por ello, este martes comenzó el retiro de vehículos quemados, limpieza de calles, recolección de piedras y basura, y la discreta vigilancia de aquellas zonas donde miembros de la Asamblea Popular -o ciudadanos que simpatizan con su movimiento- levantan barreras con fragmentos de tabique o piedras pequeñas cada vez que alguna unidad policiaca las destruye.
La segunda fase del plan de la PFP comprenderá todas las vialidades -excepto las arterias cercanas a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)-, a fin de evitar confrontaciones (en este momento) con estudiantes, docentes y trabajadores de esa casa de estudios, así como colonos afines a las exigencias de las organizaciones sociales.
A decir de los mandos entrevistados ''nadie en la APPO o la sección 22 (del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) ha dado la justificación para terminar de tajo con su movimiento: el uso de un arma de fuego. Nuestro deseo es que todo siga así, porque no se ha desplegado toda la capacidad que tenemos. Pero tampoco somos una fuerza de ocupación. Simplemente buscamos que se termine con esos grupos que en este momento se encuentran fuera de control y buscan reventar la labor de la corporación y dañar el movimiento magisterial y social'', indicaron.
En ese contexto se inscribe, dijeron, el hecho de que los grupos de ''delincuentes han sido enviados para sembrar miedo y desconcierto en la ciudadanía, y desconfianza en la policía, para que se responsabilice a integrantes de la APPO por actos no cometidos. Sin embargo, las labores de inteligencia que se realizan desde hace varias semanas nos han permitido ubicar que grupos de jóvenes se hacen pasar por universitarios o miembros de la APPO, pero en realidad obedecen a ex funcionarios, ex legisladores o políticos en funciones afines al PRI''.
Uno de los comandantes a cargo de la distribución de pelotones de la policía -y que participa en la toma de decisiones- dijo que, por ejemplo, en las horas recientes ''un grupo de jóvenes ha recorrido diversas avenidas a bordo de varios vehículos y cometen ilícitos como robo de cajeros automáticos, a transeúntes, a comercios, y también destruyen el patrimonio municipal, estatal y federal''.
De acuerdo con las versiones obtenidas, la intención de la PFP en esta segunda etapa es hacer que los habitantes de la capital de Oaxaca piensen que todo quedó atrás y se recupere la confianza para salir a las calles. En cuanto a la tercera fase, su aplicación dependerá del tiempo que duren las negociaciones entre la Asamblea Popular, la sección 22 del SNTE y el gobierno federal.
Esta etapa comprende que, además del patrullaje que realice la PFP (sin el apoyo de policías estatales o municipales), se buscará cumplimentar más de 200 mandamientos judiciales que han sido librados y que señalan la comisión de delitos del fuero común y federal. Entre los ilícitos existen acusaciones que no permitirán la libertad bajo fianza, por ser considerados graves, indicaron los funcionarios.
En esta fase se decidirá finalmente el tiempo que la Policía Federal Preventiva permanecerá en Oaxaca; sin embargo, ''estamos para permanecer el tiempo que sea necesario y pueden ser meses'', señalaron los entrevistados.
Respecto a la presencia de la PFP en el zócalo oaxaqueño, los comandantes revelaron que en apariencia cualquier grupo (en este caso de la APPO) puede meter en una ratonera a los agentes, sin embargo, cabe recordar que por ello se han distribuido en círculos de control.
Los elementos están en pleno zócalo y a lo largo de varias calles para evitar que cualquier grupo, trátese de priístas u opositores al gobernador Ulises Ruiz, llegue a la plaza; la presencia en ese lugar, aunque es mera cuestión simbólica, no se dejará pasar, dijeron los funcionarios.
Para tener el control de la entidad informaron que si bien su despliegue abarca en este momento todos los accesos carreteros al estado, y primordialmente su capital, apenas una cuarta parte de los efectivos que llegaron entre viernes y sábado se encuentran visibles.
Por otra parte, se dijo que suman 32 las personas detenidas como parte de estas acciones policiacas, de las cuales 22 están encarceladas en Miahuatlán y el resto -aprehendidas el pasado lunes cuando se dirigían a la capital de Oaxaca- fueron interceptadas por elementos de la PFP en el municipio de Nochixtlán y enviadas al penal de Tlacolula, acusadas de robo agravado (de ocho autobuses).
En los próximos días se definirá la situación jurídica de Víctor Manuel Alejo Plata, ex dirigente del Consejo General de Huelga durante el movimiento estudiantil de 1999 en la UNAM; Manuel Villegas Mora, integrante de la dirigencia provisional de la APPO; Pedro Osorio Nicolás, secretario general de la sección magisterial en Tlaxiaco; Sergio Carlos Reyes, así como los profesores Cuitláhuac Santiago, Nahúm Ojeda García, Omar José Pérez, Sergio Barrios Robles, Usiel López Aparicio y Claudio Martínez Chávez.
Hasta el momento no se reporta ningún detenido por delitos del fuero federal. Mientras, la procuraduría del estado inició la averiguación previa 1311/CH/06 por el delito de robo específico, supuestamente porque los detenidos en Nochixtlán viajaban en compañía de otras 70 personas aproximadamente, y al llegar a la terminal en Tlaxiaco se llevaron tres autobuses Cristóbal Colón y dos de la línea Sur, por lo cual el representante legal de la empresa, Clemente de Jesús Ruiz Pacheco, presentó una denuncia y se giró oficio de colaboración con la PFP.
Según la versión de las autoridades locales, la madrugada del pasado domingo los autobuses fueron interceptados a la altura del poblado de Nochixtlán -por elementos de la Policía Federal Preventiva- y los líderes fueron puestos a disposición de la procuraduría estatal e internados en el penal de Tlacolula.
El Ministerio Público tiene hasta este miércoles para consignarlos y determinar su situación jurídica.
Oaxaca, Oax., 31 de octubre. El gobierno federal detectó que grupos ligados a políticos priístas han cometido actos delictivos y de violencia en distintos puntos de esta capital, con la intención de que se culpe de esos hechos a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y fracasen las acciones de la Policía Federal Preventiva (PFP), revelaron mandos de las fuerzas federales.
Los funcionarios indicaron a La Jornada que en las próximas horas la PFP realizará patrullajes por toda la capital, como parte de la segunda fase de la operación policiaca iniciada el domingo pasado. Una tercera fase comprende cumplimentar más de 200 órdenes de aprehensión libradas por jueces federales y locales en contra de los líderes del movimiento.
En ese escenario, los agentes federales y militares ya no sólo vigilarían el zócalo de esta ciudad, sus calles aledañas y los principales accesos a la capital oaxaqueña, sino que realizarían rondines a partir de mañana.
Surgen más barricadas
Los elementos de la PFP tendrán la encomienda de evitar el levantamiento de nuevas barricadas o bloqueo de vialidades por parte de la APPO o cualquier otra organización ciudadana o política. Por ello, este martes comenzó el retiro de vehículos quemados, limpieza de calles, recolección de piedras y basura, y la discreta vigilancia de aquellas zonas donde miembros de la Asamblea Popular -o ciudadanos que simpatizan con su movimiento- levantan barreras con fragmentos de tabique o piedras pequeñas cada vez que alguna unidad policiaca las destruye.
La segunda fase del plan de la PFP comprenderá todas las vialidades -excepto las arterias cercanas a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)-, a fin de evitar confrontaciones (en este momento) con estudiantes, docentes y trabajadores de esa casa de estudios, así como colonos afines a las exigencias de las organizaciones sociales.
A decir de los mandos entrevistados ''nadie en la APPO o la sección 22 (del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) ha dado la justificación para terminar de tajo con su movimiento: el uso de un arma de fuego. Nuestro deseo es que todo siga así, porque no se ha desplegado toda la capacidad que tenemos. Pero tampoco somos una fuerza de ocupación. Simplemente buscamos que se termine con esos grupos que en este momento se encuentran fuera de control y buscan reventar la labor de la corporación y dañar el movimiento magisterial y social'', indicaron.
En ese contexto se inscribe, dijeron, el hecho de que los grupos de ''delincuentes han sido enviados para sembrar miedo y desconcierto en la ciudadanía, y desconfianza en la policía, para que se responsabilice a integrantes de la APPO por actos no cometidos. Sin embargo, las labores de inteligencia que se realizan desde hace varias semanas nos han permitido ubicar que grupos de jóvenes se hacen pasar por universitarios o miembros de la APPO, pero en realidad obedecen a ex funcionarios, ex legisladores o políticos en funciones afines al PRI''.
Uno de los comandantes a cargo de la distribución de pelotones de la policía -y que participa en la toma de decisiones- dijo que, por ejemplo, en las horas recientes ''un grupo de jóvenes ha recorrido diversas avenidas a bordo de varios vehículos y cometen ilícitos como robo de cajeros automáticos, a transeúntes, a comercios, y también destruyen el patrimonio municipal, estatal y federal''.
De acuerdo con las versiones obtenidas, la intención de la PFP en esta segunda etapa es hacer que los habitantes de la capital de Oaxaca piensen que todo quedó atrás y se recupere la confianza para salir a las calles. En cuanto a la tercera fase, su aplicación dependerá del tiempo que duren las negociaciones entre la Asamblea Popular, la sección 22 del SNTE y el gobierno federal.
Esta etapa comprende que, además del patrullaje que realice la PFP (sin el apoyo de policías estatales o municipales), se buscará cumplimentar más de 200 mandamientos judiciales que han sido librados y que señalan la comisión de delitos del fuero común y federal. Entre los ilícitos existen acusaciones que no permitirán la libertad bajo fianza, por ser considerados graves, indicaron los funcionarios.
En esta fase se decidirá finalmente el tiempo que la Policía Federal Preventiva permanecerá en Oaxaca; sin embargo, ''estamos para permanecer el tiempo que sea necesario y pueden ser meses'', señalaron los entrevistados.
Respecto a la presencia de la PFP en el zócalo oaxaqueño, los comandantes revelaron que en apariencia cualquier grupo (en este caso de la APPO) puede meter en una ratonera a los agentes, sin embargo, cabe recordar que por ello se han distribuido en círculos de control.
Los elementos están en pleno zócalo y a lo largo de varias calles para evitar que cualquier grupo, trátese de priístas u opositores al gobernador Ulises Ruiz, llegue a la plaza; la presencia en ese lugar, aunque es mera cuestión simbólica, no se dejará pasar, dijeron los funcionarios.
Para tener el control de la entidad informaron que si bien su despliegue abarca en este momento todos los accesos carreteros al estado, y primordialmente su capital, apenas una cuarta parte de los efectivos que llegaron entre viernes y sábado se encuentran visibles.
Por otra parte, se dijo que suman 32 las personas detenidas como parte de estas acciones policiacas, de las cuales 22 están encarceladas en Miahuatlán y el resto -aprehendidas el pasado lunes cuando se dirigían a la capital de Oaxaca- fueron interceptadas por elementos de la PFP en el municipio de Nochixtlán y enviadas al penal de Tlacolula, acusadas de robo agravado (de ocho autobuses).
En los próximos días se definirá la situación jurídica de Víctor Manuel Alejo Plata, ex dirigente del Consejo General de Huelga durante el movimiento estudiantil de 1999 en la UNAM; Manuel Villegas Mora, integrante de la dirigencia provisional de la APPO; Pedro Osorio Nicolás, secretario general de la sección magisterial en Tlaxiaco; Sergio Carlos Reyes, así como los profesores Cuitláhuac Santiago, Nahúm Ojeda García, Omar José Pérez, Sergio Barrios Robles, Usiel López Aparicio y Claudio Martínez Chávez.
Hasta el momento no se reporta ningún detenido por delitos del fuero federal. Mientras, la procuraduría del estado inició la averiguación previa 1311/CH/06 por el delito de robo específico, supuestamente porque los detenidos en Nochixtlán viajaban en compañía de otras 70 personas aproximadamente, y al llegar a la terminal en Tlaxiaco se llevaron tres autobuses Cristóbal Colón y dos de la línea Sur, por lo cual el representante legal de la empresa, Clemente de Jesús Ruiz Pacheco, presentó una denuncia y se giró oficio de colaboración con la PFP.
Según la versión de las autoridades locales, la madrugada del pasado domingo los autobuses fueron interceptados a la altura del poblado de Nochixtlán -por elementos de la Policía Federal Preventiva- y los líderes fueron puestos a disposición de la procuraduría estatal e internados en el penal de Tlacolula.
El Ministerio Público tiene hasta este miércoles para consignarlos y determinar su situación jurídica.
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