Felipe Calderón propone discutir, “de manera constructiva”, el proyecto de reforma fiscal que envió al Congreso, que grava todavía más a quienes cumplimos con puntualidad con nuestros responsabilidades tributarias, pero esta deliberación implica, también, saber para qué quiere más dinero ese señor.
Al debate “constructivo” que exige Calderón le corresponde el deber de acreditar, con hechos, que no utilizará los recursos del erario para el despilfarro y la corrupción, como ha dado muestras aun antes de asumir formalmente el cargo, el 1 de diciembre del año pasado, y después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) legalizara su incierto triunfo.
No se trata de imputaciones gratuitas: La opacidad o el ocultamiento son características de Calderón y sus incondicionales desde hace años, como el pacto con los banqueros que convalidó el rescate bancario, en diciembre del 1998, cuando era presidente del Partido Acción Nacional (PAN), y la impunidad de los dirigentes petroleros, en el 2003, siendo él secretario de energía de Vicente Fox.
Se trata de dos episodios que comprometieron recursos públicos que debieron ser destinados al combate a la pobreza de la mitad de la población y a estimular el desarrollo productivo del país, pero que Calderón usó para canjear impunidad por su imposición en la Presidencia de la República, en las elecciones de hace un año.
Hace apenas dos semanas examinamos aquí el despilfarro de Calderón en materia de difusión gubernamental: Ni más ni menos que 3 mil 700 millones de pesos para la propaganda de su gestión, una cifra muy superior a la de por sí elevada que gastó Fox en su gobierno y que ascendió a 2 mil 500 millones de pesos anuales.
Si Fox gastó en total 15 mil 776 millones de pesos, la mayor parte de los cuales se destinaron a las empresas televisivas, sobre todo a Televisa, el plan de Calderón es más ambicioso con tal cantidad en el primer año de su gestión. Esto sin contar con los tiempos oficiales y de Estado, que usa para una sistemática tormenta de spots contra la sociedad.
Calderón quiere más dinero, según él para combatir la pobreza (dicho sea de paso, en su campaña prometió reducir en 27 millones el número de pobres y ahora dice que serán sólo 5 millones 700 mil mexicanos), pero se opuso a rendir cuentas de manera nítida sobre los 150 millones de pesos que le fueron asignados en la etapa de transición.
Una vez más, no es un señalamiento sin sustento: Calderón quiso sepultar los gastos que, por más de 120 millones de pesos, hizo el equipo de transición en poco menos de tres meses, a contrapelo de la obligación impuesta por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), y tuvo que entregar las facturas sólo forzado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Una muestra no sólo del despilfarro, sino de un episodio que puede configurar inclusive un delito, es un contrato por 3 millones de pesos otorgado, de manera discrecional por Gerardo Ruiz Mateos --administrador del equipo de Calderón--, a la empresa “Consultoría de estrategias político-legislativas”.
El caso es una perla: La empresa se constituyó, legalmente, el 1 de noviembre del 2006 --en pleno proceso se transición y cuando fluían en abundancia los recursos públicos--, pero al día siguiente Ruiz Mateos ya había recibido la cotización para hacer un estudio sobre los 628 diputados y senadores de la Legislatura entrante.
La eficiencia de la empresa es de envidia: Comenzó su trabajo el 8 de noviembre y para el 30 entregó los resultados, para recibir un cheque por 2 millones 990 mil pesos.
Pero, además, resulta que esa empresa no está inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como aseguró en el contrato firmado con el fideicomiso para el equipo de transición, y el domicilio que proporcionó para ubicarla --avenida del Hueso 150, colonia Vergel Coyoacán-- es falso: Ahí no hay ninguna empresa.
El caso da para más: La responsable de enviarle a Ruiz Mateos la cotización de “Consultoría de estrategias político-administrativas” fue la apoderada legal de la empresa, Laura Ballesteros Mancilla.
¿Pero quién es esta señora que, en el documento, tutea a Ruiz Mateos, quien hoy ocupa el cargo de jefe de coordinador general de Gabinetes y Proyectos Especiales de la Presidencia de la República?
Resulta que es militante formal del PAN en la delegación Coyoacán. Y no sólo eso: Fue candidata de ese mismo partido a diputada local en la elección del 2 de julio del año pasado.
Como no ganó, estaba desempleada. Y ya se sabe que Calderón prometió generar empleos, muy bien remunerados. Al menos este es un caso…
El reportaje íntegro, bajo la firma de Daniel Lizárraga, se publica en el semanario Proceso de esta semana. La entrevista con la señora Ballesteros Mancilla es una delicia.
Apuntes
Pues sí: Jorge Hank Rhon quedó, por ahora, proscrito como candidato al gobierno de Baja California por decisión de los tres magistrados del Tribunal Electoral del estado, que ya habían validado, en noviembre, su pretensión. Pero el caso de Hank va más allá de un asunto meramente legal, que en México --está más que visto-- es una tomadura de pelo. Hay tres datos que configuran la intromisión de las esferas gubernamentales federal y estatal, ambas del PAN, en el transe de esa entidad federativa: La presunta visita, a hurtadillas, de Juan Camilo Mouriño para hacer variar la decisión de los magistrados; la militancia formal en el PAN de uno de ellos, de cuyo padrón fue desaparecido repentinamente el viernes 22, y --sobre todo-- la responsabilidad de este partido en la gestación de la candidatura de Hank Rhon. Casi dos décadas de gobierno del PAN en Baja California, cuya corrupción y colusión con el crimen organizado está documentada, puso a los ciudadanos de ese estado ante el escenario de elegir entre lo malo y lo peor… La magia de la relación perversa entre el gobierno y los medios audiovisuales: Por decreto desaparecen las ejecuciones de las pantallas…
Una nota de Álvaro delgado México, Apro.
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