Marín y la Corte, el efecto precioso
Si alguna duda existía de las dimensiones y las redes de la mafia política y económica involucrada en el caso de la periodista Lydia Cacho en contra del gobernador poblano Mario Marín, la decisión de ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia confirman hasta dónde pueden llegar las presiones e intereses de esta compleja interacción de intereses.
La decisión de posponer, a pesar de las explicaciones del ministro Juan Silva Meza y del apoyo de su homólogo, el expresidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, sólo se pueden entender en el contexto de la presión de los clanes priistas que han tomado el caso de Marín y del gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz como una pieza de cambio y de negociación con el gobierno de Felipe Calderón, necesitado como nunca de los votos de los legisladores del PRI para sacar adelante su reforma fiscal.
No en balde, el mismo día que decidieron los ministros posponer su resolución, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, reprochó que el Poder Judicial quiera utilizar los casos de Jorge Hank Rohn, aspirante a gobernador de Baja California, y del poblano Mario Marín, para “dejar fuera” al PRI de las decisiones nacionales. En el clásico estilo críptico de la petición que puede ser una amenaza, Beltrones les solicitó a los ministros actuar con “inteligencia” en relación con el góber precioso.
En realidad, a estos grupos de poder no les interesa la justicia ni aclarar la colusión de intereses involucrados en las redes de pederastia, cuya punta del iceberg fue documentado en un trabajo valiente de la periodista Lydia Cacho. Les interesa pactar impunidad. Buscan que el estado de cosas no se modifique un ápice porque eso significará transformar uno de los fundamentos de la clase política mexicana: las complicidades criminales.
Sin embargo, el escándalo les ha salido del control y cada día que pase el efecto precioso tendrá derivaciones de escándalo internacional. Para documentar estos efectos podemos mencionar los siguientes elementos:
1. La carta firmada por todos los directores cinematográficos, por intelectuales, periodistas y dirigentes sociales para apoyar la investigación de la Suprema Corte, fue prácticamente ignorada por los medios masivos de comunicación mexicanos, a pesar que se convirtió en una nota de dimensión internacional, tal como apuntó la analista Denise Dresser. Televisa no le dedicó ni diez minutos a este desplegado en sus espacios informativos. Si acaso, sólo difundió editadas unas palabras de Lydia Cacho, quien manifestó su preocupación por indicios de “corrupción” en la Suprema Corte de Justicia al haberse filtrado partes del expediente de mil cuartillas. En contraste, el periódico español El País publicó una página en su edición del lunes 25 documentando el escándalo. Agencias informativas como Reuters, EFE, AP y cadenas televisivas como CNN han seguido puntualmente el escándalo. La entrevista de Carmen Aristegui, en el canal de CNN en español, con Lydia Cacho, tuvo una inmediata repercusión.
¿Por qué los medios masivos han minimizado este caso? Se trata de uno de los escándalos más claramente documentados por el periodismo mexicano. ¿Hasta dónde llega el poder de millones de pesos invertidos en campañas de imagen pública por el gobernador Mario Marín? ¿Hasta dónde los “buenos oficios” de Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los diputados priistas en San Lázaro, amigo de las televisoras y uno de los personajes mencionados en el libro de Lydia Cacho pueden provocar este fenómeno de autocensura?
2. En el estado de Puebla, la situación social y política se enrarece cada vez más como parte del efecto precioso. Auténticas purgas se han realizado en los periódicos, en las estaciones de radio y, sobre todo, en espacios universitarios como la Universidad de las Américas (UDLA), de todos aquellos periodistas, columnistas, alumnos de comunicación y profesores que tengan la osadía de criticar a Mario Marín, que apoyen la denuncia de Lydia Cacho y que demandan una profunda investigación en torno al poder corruptor del empresario Kamel Nacif.
Particularmente grave es la situación en la UDLA. En otro tiempo, esta universidad se destacó como un espacio crítico, plural y de alta calidad académica. A raíz de la llegada del escritor Pedro Angel Palou, exsecretario de Cultura en los dos últimos gobiernos priistas, a la rectoría de esta universidad, los casos de abusos y de presiones contra profesores y alumnos se han incrementado.
A Palou ya lo llaman el rector precioso, en clara referencia a su apoyo a Marín –cuyos hijos estudian en la UDLA-- y por los nada claros vínculos de la familia Jenkins –que se han apropiado del patronato de la universidad-- como constructores de ciertas obras financiadas por el gobierno estatal marinista.
A los alumnos que editan el periódico estudiantil La Catarina, el equipo de Palou los ha censurado desde que tuvieron la osadía de invitar a Lydia Cacho al Congreso de Comunicación que organizaron en octubre de 2006. Ahora, los editores y colaboradores de esta publicación son señalados como “incómodos” por un rector que aspiró a encabezar un nuevo grupo intelectual con asiento en Puebla.
Como la cadena de abusos y arbitrariedades se va concatenando, Palou también ha despedido en las últimas tres semanas a una decena de profesores, la mayoría con posgrados y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), para acallar las voces críticas que le han reprochado su proclividad con el gobierno de Marín. Entre esos profesores recientemente corridos se encuentran Claudia Magallanes Blanco, Jorge Alberto Calles Santillana y Anthony Castells, este último profesor de origen catalán que fungió como asesor de los editores de La Catarina.
El ambiente de censura no es mejor en otros espacios académicos como la propia Universidad Autónoma de Puebla (UAP), en donde se resienten también las presiones del góber precioso. Sin embargo, el caso de la UDLA ha traspasado el territorio poblano por las graves implicaciones políticas y académicas que están involucradas.
3. El otro efecto precioso es la transformación de una buena parte de la prensa poblana en espacios copados por Marín para acallar cualquier sombra de crítica y para emprender ataques ominosos contra Lydia Cacho y contra todos aquellos que osen acreditar o simplemente investigar la cadena de abusos que se ha articulado en torno al caso.
El ejemplo más claro de esta cooptación fue el operativo de “filtración”, a través de la oficina de Comunicación Social del gobierno poblano, sobre partes del dictamen de la Suprema Corte de Justicia y, en especial, sobre las presuntas irregularidades que la defensa de Mario Marín, encabezada por el despacho de Alonso Aguilar Zinser, encontró en este dictamen.
Se trató claramente de un operativo para inducir a la opinión pública y para presionar a los ministros de la Corte. No han sido pocos los poblanos que se preguntan de dónde salen y a cuánto ascienden los recursos que Mario Marín ha destinado en defenderse y en cooptar a periodistas, columnistas, comentaristas y espacios mediáticos.
La última línea de esta historia no se ha escrito, pero la cadena de abusos seguramente se incrementará en las últimas semanas. En tanto, ninguno de los “distinguidos” priistas que defienden a Marín ha osado dirigir una sola palabra en favor de las niñas y los niños víctimas de este crimen organizado que es la pornografía y la pederastia usufructuada por nuestros preciosos pillos.
Nota de jenaro villamil, Apro.
Como Sam me llegó a comentar si se aplazaba este hecho era porque el PRI aceptaba entrar a negociar la reforma fiscal y estarían con una justicia mediocre para acorralar a los caciques priístas.
La SCJN pospone indefinidamente su fallo sobre el caso Lydia Cacho
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un “respiro” al gobernador de Puebla, Mario Marín, al posponer de manera indefinida la votación sobre el informe judicial que lo responsabiliza de confabulación para violar de forma grave las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.
El pleno de ministros decidió, por mayoría de ocho votos contra tres, aplazar su decisión sobre el informe presentado por el ministro Juan Silva Meza, en el que se establece también la existencia de un “grave problema” de pederastia y pornografía infantil en México, y que desató el escándalo que involucra al góber precioso.
Bajo el argumento de la transparencia y de la garantía del debido proceso, el pleno de la Corte hizo eco de los argumentos de la defensa de Marín, quien busca a toda costa evitar el juicio político y su posible destitución debido a la gravedad de la acusación.
A iniciativa del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, el pleno acordó que el análisis del informe se haga una vez que se escuche a la parte acusada y se elabore el reglamento para las investigaciones, mismo que será aprobado por la Corte cuando decida ejercer su facultad indagatoria establecida en el artículo 97 constitucional, en el caso de grave violación a las garantías individuales.
La elaboración de ese reglamento se decidió la semana pasada, cuando la SCJN aprobó investigar las denunciadas violaciones a los derechos humanos en Oaxaca el año pasado.
La decisión de la Corte de posponer la discusión sobre el caso Puebla tomó por sorpresa a muchos, en especial a Cacho y su equipo de abogados encabezado por Xavier Olea Peláez, aunque la periodista destacó las acusaciones de la comisión investigadora en contra de Marín.
Olea responsabilizó de la posposición al ministro Mariano Azuela, a quien calificó del “octavo abogado” de Marín, en alusión al equipo de siete litigantes que están a cargo de la defensa del gobernador.
También acusó a Azuela de haber filtrado el informe a los abogados del gobernador para hacer una descalificación jurídica del mismo en los medios de información en la víspera de que se discutiera en la Corte.
Poco antes de dejar la presidencia de la Corte, a fines del año pasado, Azuela acudió a Puebla para inaugurar la construcción del Palacio de Justicia Federal en ese estado y, en todo momento, estuvo acompañado por el gobernador.
Dos de los abogados de Marín estuvieron presentes en la sesión: Fabián Aguinaco Bravo y Alonso Aguilar Zinser, quienes dijeron que la Corte hizo caso a sus señalamientos de que la comisión investigadora actuó sin ninguna reglamentación.
Silva Meza sólo tuvo apoyo de sus colegas Genaro Góngora Pimentel y Sergio Valls, a pesar la defensa que hizo para que su informe se discutiera.
Señaló que Marín sí tuvo derecho de audiencia y que incluso el 28 de mayo acudió a la Corte a dar su versión sobre los hechos, acompañado de sus siete abogados.
Molesto, Silva Meza señaló que la posición de la mayoría “de facto es una desaprobación” de su informe, por lo que pidió ser relevado en los trabajos de la comisión investigadora.
El ministro está a cargo además de los casos de Oaxaca y de San Salvador Atenco.
El acuerdo de posponer la decisión sobre el futuro de Marín se tomó luego que durante una hora Silva Meza leyera un resumen de la investigación que le fue encomendada en abril pasado para investigar la participación del gobernador en la detención y maltrato de la periodista, en diciembre de 2005.
De acuerdo con el informe, la detención fue en represalia por la publicación del libro Los demonios del edén, en el que aparece implicado el empresario textilero Kamel Nacif, amigo cercano de Marín.
Hubo “un ánimo vengativo” y un “aprovechamiento y uso ilegítimo del aparato de gobierno en contra de una persona”, estableció el ministro, quien recordó que la investigación fue solicitada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado.
La investigación indica que Marín actuó de forma concertada con funcionarios de la Procuraduría de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, así como autoridades judiciales de Quintana Roo para actuar en contra de las garantías de Lydia Cacho.
Con esa decisión, añadió, Marín violó el principio de división de poderes y, más grave, se entrometió en la esfera del Poder Judicial del estado.
Añadió que, como consecuencia, al Congreso de la Unión le correspondería establecer la procedencia o no del juicio político en contra de Marín, además que se deben fincar responsabilidades en contra de las autoridades de Puebla y Quintana Roo involucradas.
Así mismo, consideró que la información sobre la red de explotación infantil y actos de pederastia se debería proporcionar a la Procuraduría General de la República (PGR), porque lo escrito por Cacho en su libro “es apenas una mínima parte de la gravedad del problema” en México.
Nota de jorge carrasco araizaga, también de Apro.
Si alguna duda existía de las dimensiones y las redes de la mafia política y económica involucrada en el caso de la periodista Lydia Cacho en contra del gobernador poblano Mario Marín, la decisión de ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia confirman hasta dónde pueden llegar las presiones e intereses de esta compleja interacción de intereses.
La decisión de posponer, a pesar de las explicaciones del ministro Juan Silva Meza y del apoyo de su homólogo, el expresidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, sólo se pueden entender en el contexto de la presión de los clanes priistas que han tomado el caso de Marín y del gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz como una pieza de cambio y de negociación con el gobierno de Felipe Calderón, necesitado como nunca de los votos de los legisladores del PRI para sacar adelante su reforma fiscal.
No en balde, el mismo día que decidieron los ministros posponer su resolución, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, reprochó que el Poder Judicial quiera utilizar los casos de Jorge Hank Rohn, aspirante a gobernador de Baja California, y del poblano Mario Marín, para “dejar fuera” al PRI de las decisiones nacionales. En el clásico estilo críptico de la petición que puede ser una amenaza, Beltrones les solicitó a los ministros actuar con “inteligencia” en relación con el góber precioso.
En realidad, a estos grupos de poder no les interesa la justicia ni aclarar la colusión de intereses involucrados en las redes de pederastia, cuya punta del iceberg fue documentado en un trabajo valiente de la periodista Lydia Cacho. Les interesa pactar impunidad. Buscan que el estado de cosas no se modifique un ápice porque eso significará transformar uno de los fundamentos de la clase política mexicana: las complicidades criminales.
Sin embargo, el escándalo les ha salido del control y cada día que pase el efecto precioso tendrá derivaciones de escándalo internacional. Para documentar estos efectos podemos mencionar los siguientes elementos:
1. La carta firmada por todos los directores cinematográficos, por intelectuales, periodistas y dirigentes sociales para apoyar la investigación de la Suprema Corte, fue prácticamente ignorada por los medios masivos de comunicación mexicanos, a pesar que se convirtió en una nota de dimensión internacional, tal como apuntó la analista Denise Dresser. Televisa no le dedicó ni diez minutos a este desplegado en sus espacios informativos. Si acaso, sólo difundió editadas unas palabras de Lydia Cacho, quien manifestó su preocupación por indicios de “corrupción” en la Suprema Corte de Justicia al haberse filtrado partes del expediente de mil cuartillas. En contraste, el periódico español El País publicó una página en su edición del lunes 25 documentando el escándalo. Agencias informativas como Reuters, EFE, AP y cadenas televisivas como CNN han seguido puntualmente el escándalo. La entrevista de Carmen Aristegui, en el canal de CNN en español, con Lydia Cacho, tuvo una inmediata repercusión.
¿Por qué los medios masivos han minimizado este caso? Se trata de uno de los escándalos más claramente documentados por el periodismo mexicano. ¿Hasta dónde llega el poder de millones de pesos invertidos en campañas de imagen pública por el gobernador Mario Marín? ¿Hasta dónde los “buenos oficios” de Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los diputados priistas en San Lázaro, amigo de las televisoras y uno de los personajes mencionados en el libro de Lydia Cacho pueden provocar este fenómeno de autocensura?
2. En el estado de Puebla, la situación social y política se enrarece cada vez más como parte del efecto precioso. Auténticas purgas se han realizado en los periódicos, en las estaciones de radio y, sobre todo, en espacios universitarios como la Universidad de las Américas (UDLA), de todos aquellos periodistas, columnistas, alumnos de comunicación y profesores que tengan la osadía de criticar a Mario Marín, que apoyen la denuncia de Lydia Cacho y que demandan una profunda investigación en torno al poder corruptor del empresario Kamel Nacif.
Particularmente grave es la situación en la UDLA. En otro tiempo, esta universidad se destacó como un espacio crítico, plural y de alta calidad académica. A raíz de la llegada del escritor Pedro Angel Palou, exsecretario de Cultura en los dos últimos gobiernos priistas, a la rectoría de esta universidad, los casos de abusos y de presiones contra profesores y alumnos se han incrementado.
A Palou ya lo llaman el rector precioso, en clara referencia a su apoyo a Marín –cuyos hijos estudian en la UDLA-- y por los nada claros vínculos de la familia Jenkins –que se han apropiado del patronato de la universidad-- como constructores de ciertas obras financiadas por el gobierno estatal marinista.
A los alumnos que editan el periódico estudiantil La Catarina, el equipo de Palou los ha censurado desde que tuvieron la osadía de invitar a Lydia Cacho al Congreso de Comunicación que organizaron en octubre de 2006. Ahora, los editores y colaboradores de esta publicación son señalados como “incómodos” por un rector que aspiró a encabezar un nuevo grupo intelectual con asiento en Puebla.
Como la cadena de abusos y arbitrariedades se va concatenando, Palou también ha despedido en las últimas tres semanas a una decena de profesores, la mayoría con posgrados y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), para acallar las voces críticas que le han reprochado su proclividad con el gobierno de Marín. Entre esos profesores recientemente corridos se encuentran Claudia Magallanes Blanco, Jorge Alberto Calles Santillana y Anthony Castells, este último profesor de origen catalán que fungió como asesor de los editores de La Catarina.
El ambiente de censura no es mejor en otros espacios académicos como la propia Universidad Autónoma de Puebla (UAP), en donde se resienten también las presiones del góber precioso. Sin embargo, el caso de la UDLA ha traspasado el territorio poblano por las graves implicaciones políticas y académicas que están involucradas.
3. El otro efecto precioso es la transformación de una buena parte de la prensa poblana en espacios copados por Marín para acallar cualquier sombra de crítica y para emprender ataques ominosos contra Lydia Cacho y contra todos aquellos que osen acreditar o simplemente investigar la cadena de abusos que se ha articulado en torno al caso.
El ejemplo más claro de esta cooptación fue el operativo de “filtración”, a través de la oficina de Comunicación Social del gobierno poblano, sobre partes del dictamen de la Suprema Corte de Justicia y, en especial, sobre las presuntas irregularidades que la defensa de Mario Marín, encabezada por el despacho de Alonso Aguilar Zinser, encontró en este dictamen.
Se trató claramente de un operativo para inducir a la opinión pública y para presionar a los ministros de la Corte. No han sido pocos los poblanos que se preguntan de dónde salen y a cuánto ascienden los recursos que Mario Marín ha destinado en defenderse y en cooptar a periodistas, columnistas, comentaristas y espacios mediáticos.
La última línea de esta historia no se ha escrito, pero la cadena de abusos seguramente se incrementará en las últimas semanas. En tanto, ninguno de los “distinguidos” priistas que defienden a Marín ha osado dirigir una sola palabra en favor de las niñas y los niños víctimas de este crimen organizado que es la pornografía y la pederastia usufructuada por nuestros preciosos pillos.
Nota de jenaro villamil, Apro.
Como Sam me llegó a comentar si se aplazaba este hecho era porque el PRI aceptaba entrar a negociar la reforma fiscal y estarían con una justicia mediocre para acorralar a los caciques priístas.
La SCJN pospone indefinidamente su fallo sobre el caso Lydia Cacho
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un “respiro” al gobernador de Puebla, Mario Marín, al posponer de manera indefinida la votación sobre el informe judicial que lo responsabiliza de confabulación para violar de forma grave las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.
El pleno de ministros decidió, por mayoría de ocho votos contra tres, aplazar su decisión sobre el informe presentado por el ministro Juan Silva Meza, en el que se establece también la existencia de un “grave problema” de pederastia y pornografía infantil en México, y que desató el escándalo que involucra al góber precioso.
Bajo el argumento de la transparencia y de la garantía del debido proceso, el pleno de la Corte hizo eco de los argumentos de la defensa de Marín, quien busca a toda costa evitar el juicio político y su posible destitución debido a la gravedad de la acusación.
A iniciativa del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, el pleno acordó que el análisis del informe se haga una vez que se escuche a la parte acusada y se elabore el reglamento para las investigaciones, mismo que será aprobado por la Corte cuando decida ejercer su facultad indagatoria establecida en el artículo 97 constitucional, en el caso de grave violación a las garantías individuales.
La elaboración de ese reglamento se decidió la semana pasada, cuando la SCJN aprobó investigar las denunciadas violaciones a los derechos humanos en Oaxaca el año pasado.
La decisión de la Corte de posponer la discusión sobre el caso Puebla tomó por sorpresa a muchos, en especial a Cacho y su equipo de abogados encabezado por Xavier Olea Peláez, aunque la periodista destacó las acusaciones de la comisión investigadora en contra de Marín.
Olea responsabilizó de la posposición al ministro Mariano Azuela, a quien calificó del “octavo abogado” de Marín, en alusión al equipo de siete litigantes que están a cargo de la defensa del gobernador.
También acusó a Azuela de haber filtrado el informe a los abogados del gobernador para hacer una descalificación jurídica del mismo en los medios de información en la víspera de que se discutiera en la Corte.
Poco antes de dejar la presidencia de la Corte, a fines del año pasado, Azuela acudió a Puebla para inaugurar la construcción del Palacio de Justicia Federal en ese estado y, en todo momento, estuvo acompañado por el gobernador.
Dos de los abogados de Marín estuvieron presentes en la sesión: Fabián Aguinaco Bravo y Alonso Aguilar Zinser, quienes dijeron que la Corte hizo caso a sus señalamientos de que la comisión investigadora actuó sin ninguna reglamentación.
Silva Meza sólo tuvo apoyo de sus colegas Genaro Góngora Pimentel y Sergio Valls, a pesar la defensa que hizo para que su informe se discutiera.
Señaló que Marín sí tuvo derecho de audiencia y que incluso el 28 de mayo acudió a la Corte a dar su versión sobre los hechos, acompañado de sus siete abogados.
Molesto, Silva Meza señaló que la posición de la mayoría “de facto es una desaprobación” de su informe, por lo que pidió ser relevado en los trabajos de la comisión investigadora.
El ministro está a cargo además de los casos de Oaxaca y de San Salvador Atenco.
El acuerdo de posponer la decisión sobre el futuro de Marín se tomó luego que durante una hora Silva Meza leyera un resumen de la investigación que le fue encomendada en abril pasado para investigar la participación del gobernador en la detención y maltrato de la periodista, en diciembre de 2005.
De acuerdo con el informe, la detención fue en represalia por la publicación del libro Los demonios del edén, en el que aparece implicado el empresario textilero Kamel Nacif, amigo cercano de Marín.
Hubo “un ánimo vengativo” y un “aprovechamiento y uso ilegítimo del aparato de gobierno en contra de una persona”, estableció el ministro, quien recordó que la investigación fue solicitada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado.
La investigación indica que Marín actuó de forma concertada con funcionarios de la Procuraduría de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, así como autoridades judiciales de Quintana Roo para actuar en contra de las garantías de Lydia Cacho.
Con esa decisión, añadió, Marín violó el principio de división de poderes y, más grave, se entrometió en la esfera del Poder Judicial del estado.
Añadió que, como consecuencia, al Congreso de la Unión le correspondería establecer la procedencia o no del juicio político en contra de Marín, además que se deben fincar responsabilidades en contra de las autoridades de Puebla y Quintana Roo involucradas.
Así mismo, consideró que la información sobre la red de explotación infantil y actos de pederastia se debería proporcionar a la Procuraduría General de la República (PGR), porque lo escrito por Cacho en su libro “es apenas una mínima parte de la gravedad del problema” en México.
Nota de jorge carrasco araizaga, también de Apro.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario