El nuevo Cofipe vulnera avances democráticos

CCE se ampara porque la reforma atenta contra la libertad de expresión

Jesús Robledo y Aleida Jaramillo

PRI, PAN y PRD reformaron el marco jurídico en materia electoral sólo procurando la salvaguarda de sus intereses y sin pensar en las modificaciones que de verdad necesita el país.

En medio de reclamos del Partido del Trabajo y Convergencia por el tema de las coaliciones, y con la división de la fracción perredista, PRI, PAN y PRD aprobaron en el Senado la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que, a decir de los partidos pequeños, analistas y distintas voces de la sociedad civil, es regresiva y atenta contra la democracia al vulnerar avances como la libertad de expresión.
A pesar de que priistas y panistas afirman que se trata de una reforma histórica que fortalece al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el senador de Convergencia, Dante Delgado Rannauro, denunció que se trata de una reforma regresiva con la que se sientan las bases del bipartidismo y se excluye cualquier manifestación contraria a los intereses de los grandes partidos.
Por su parte, y en un hecho inédito, el Consejo Coordinador Empresarial (cce) interpuso un juicio de amparo contra la reforma por constituir una “inquisición” a los derechos de la libertad de expresión y de asociación y de acceso a la información.
El presidente de la cúpula del sector empresarial, Armando Paredes Arroyo, a nombre de los 12 organismos que la integran calificó como trascendental la defensa de estos derechos, en especial el de la libertad de expresión, pues es fundamental para construir la opinión pública, componente necesario para una democracia participativa.
Por si fuera poco, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y sus 73 centros empresariales anunciaron que también se ampararán por considerar que atenta contra la libertad de expresión y el derecho de manifestación de los ciudadanos. El presidente del organismo empresarial, Ricardo González Sada, afirmó que “la consolidación de nuestra democracia requiere de leyes y disposiciones que fomenten la participación ciudadana y no que la restrinjan”.
Diversos especialistas advierten de los riesgos de que se coarte la libertad de expresión consagrada en el artículo 6° de la Constitución, al impedir que cualquier persona física o moral pueda contratar espacios de comunicación en televisión o radio.
Así cae por su propio peso el argumento de Jorge Alcocer, artífice de las reformas al Cofipe y curiosamente uno de los aspirantes que inicialmente pretendía dirigir al ife, en el sentido de que la libertad de expresión —según él— no se coarta para toda la sociedad, puesto que los sectores de menores ingresos no tienen recursos para contratar espacios publicitarios en televisión y radio: como si en la democracia los derechos políticos fuesen una cuestión de dinero y no se tratara, precisamente, de garantizar que cada sufragio tenga exactamente el mismo valor, independientemente del nivel económico del votante.
De este modo, la reforma abre la puerta para eventuales actos contra la libertad de expresión al censurar la libre manifestación de preferencias políticas en los medios de comunicación.
Esto es grave, si consideramos que entre los propósitos centrales de la reforma está, supuestamente, el de cerrar huecos legales para que no se repitan experiencias vividas en comicios pasados que dañaron profundamente a nuestra democracia. Sin embargo, lejos de apuntar hacia este objetivo refuerza el poder de los tres grandes partidos en detrimento de otras instituciones y de movimientos ciudadanos que no podrán defender sus posturas durante las campañas mediante espacios mediáticos pagados.
Para los analistas es claro que pan, pri y prd realizaron esos cambios con la intención de salvaguardar sus intereses en lugar de promover las verdaderas reformas en la materia que se requieren de acuerdo con la nueva realidad electoral.
Riesgos de las nuevas reglas
Salvo algunas modificaciones de última hora, el dictamen que cambia de fondo el marco jurídico electoral fue aprobado en el Senado el miércoles 5 de diciembre por 90 votos a favor, 16 en contra y una abstención, antes de ser enviado a la Cámara de Diputados para que sea aprobada sin cambios, como lo adelantaron pri y pan.
El nuevo Cofipe consta de 394 artículos, divididos en siete libros, de los cuales el séptimo, relativo a las sanciones, es nuevo.
La reforma establece los ejes rectores de un nuevo sistema de partidos en donde éstos están obligados a la transparencia y acceso de los ciudadanos a su información, y un nuevo modelo de prerrogativas partidistas de acceso a la televisión y a la radio.
Por lo que hace al ife, se establece una renovación escalonada de los consejeros electorales y del consejero presidente, el cual puede ser reelegido una vez más, así como la creación de una contraloría interna que, a decir de los analistas, será una instancia censora al interior del instituto, sobre todo porque será designada y controlada por las cúpulas parlamentarias de los tres grandes partidos.
Entre los puntos negativos destaca igualmente el hecho de que las autoridades electorales sólo podrán intervenir en la vida interna de los partidos según lo disponen la Constitución y las leyes… que aprueban los propios partidos políticos.
Por eso muchos expertos y analistas políticos afirman que se trata de una reforma de la partidocracia, pues las nuevas reglas dan pie a que los mismos partidos controlen al ife, prohíban campañas de cierto tipo o censuren a organizaciones ciudadanas durante los procesos electorales. Hay politólogos que, advierten sobre inconsistencias y riesgos en las reformas.
En este sentido señalan, que el artículo Cuarto transitorio no prevé qué sucederá si uno o más de los actuales consejeros propietarios se niegan a formar parte del nuevo Consejo General que debe designar la Cámara de Diputados ni se puede echar mano de los suplentes, porque el mismo artículo ordena la destitución de todos los actuales.
También resaltan la fracción v del artículo 99, pues señala que “para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, y que la ley establecerá las reglas y plazos aplicables”.
Y estas disposiciones, a juicio de los consultados, no hacen más que favorecer la toma de decisiones cupulares y los abusos de los dirigentes por encima de la militancia.
Así, la reforma deja muchos pendientes.
El financiamiento a los partidos en la nueva reforma, presenta un cambio en las reglas de cálculo: ahora 30% se otorgará a cada órgano político y 70% de acuerdo con la votación que tenga, a la fuerza política que represente.
Así, un partido de reciente creación tendrá acceso sólo a 30% del total de los recursos de financiamiento que corresponden a los tres grandes partidos del país, por lo cual jamás podrá superar a los que ya tienen estructura, elecciones ganadas y votos cautivos para obtener aquel 70% restante del financiamiento público.
En lo que respecta a publicidad propone que no haya un sistema mixto de contratación en los medios, sino que se utilicen exclusivamente los tiempos del Estado.
Esto impide que los partidos o terceras personas paguen inserciones, para defender sus preferencias políticas e implica que cuando eventualmente un locutor o periodista exprese de manera libre si comulga o no con las ideas o posturas, planes o programas de tal o cual candidato, se le pueda señalar por presuntamente hacer campaña en favor o en contra del mismo.
Sucedería en el caso de que un ciudadano utilice anuncios pagados para defender sus preferencias electorales. Y si esto no es una ley mordaza, ¿qué es?
Por lo tanto, la libre manifestación de las preferencias políticas se transforma de hecho en un delito electoral, por el cual, primero, se recibiría una amonestación, después una sanción económica, posteriormente se duplicaría esa amonestación y finalmente se le sancionaría con “la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por 36 horas”, según los artículos 350 y 354 del nuevo Cofipe.
Coaliciones
Otro de los cambios que provocan polémica es el referido a las coaliciones, pues la reforma al Cofipe obliga a todas las fuerzas políticas a demostrar su fuerza real: cuando participen en elecciones con candidaturas comunes deberán hacerlo incluyendo en la boleta de votación su propio emblema.
La llamada “cláusula de vida eterna”, que permite que los partidos que no alcancen 1% de la votación nacional no pierdan su registro porque recibirá el otro 1% mínimo del partido con el cual se coaliga, se incluyó en el artículo 96 de manera tal que no puede interpretarse como propiciadora de transferencias de votos.
Con la reforma se busca que los partidos coaligados aparezcan en la boleta electoral con su propio emblema y que los votos se sumen a favor del candidato de la coalición y cuenten, por separado, a favor de cada partido. Por ello, los partidos coaligados deberán registrar listas de candidatos a diputados y a senadores por el principio de representación proporcional.
Sin embargo, para reducir la molestia de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y el de Convergencia se eliminó la disposición de que al ir en coalición se tendría una sola representación ante el ife: “En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, cada partido conservará su representación en los consejos del instituto y ante las mesas directivas de casilla”, puntualiza el artículo 97.
“Selección” de consejeros
Junto a la reforma del Cofipe, otro paso hacia la modificación del sistema electoral se dio cuando la Cámara de Diputados publicó la lista definitiva de las 106 personas que obtuvieron registro como candidatos a consejeros electorales del ife.
Entre los 106 ciudadanos inscritos que pasaron a la fase de consulta para determinar quién sustituirá en la presidencia del ife a Luis Carlos Ugalde, destacaban: el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel; Mauricio Merino, ex consejero del ife e integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas; María de los Ángeles Fromow, ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales; el ex consejero Jaime Cárdenas; el ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, Leonardo Valdez Zurita, y el ex presidente del mismo instituto, Javier Santiago Castillo, muchos de los cuales quedaron descartados en las primeras fases de “selección”.
También figuraron Mireille Roccatti, ex presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; José Fernando Ojesto Martínez, ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Fernando Serrano Migallón, director de la Facultad de Derecho de la unam; Rosa María Mirón Lince, ex consejera del iedf; Fernando Agiss Vitar, funcionario del ife; Ezra Shabot, conductor de noticiarios.
Se trata de una “selección” que a todas luces representa una simulación de legalidad, como lo demuestra el hecho de que los tres grandes partidos impugnan o rechazan las postulaciones de aquellos aspirantes que consideran abiertamente ligados a un determinado partido: en el pan dicen reconocer las trayectorias de Merino y Nacif, que son cuestionados por prd y pri por su presunta inclinación hacia el panismo; en el prd se vislumbra cierto apoyo a Jaime Cárdenas, a quien descalifican extraoficialmente priistas y panistas; y en el pri hay preferencias por Serrano Migallón, lo que atrae hacia éste recelos de panistas y perredistas.
Es decir: cada uno de los tres grandes partidos tiene ya definidas sus preferencias y el presunto “proceso de selección” resulta una mera mascarada.
De acuerdo con el calendario, se presentará una lista de propuestas prácticamente definitivas el martes 11, para que se presente una terna al pleno en la sesión del jueves 13.
Traje a la medida: PT
El senador del Partido del Trabajo, Alejandro González Yáñez, acusó a los partidos mayoritarios de fraguar un “traje a la medida” supuestamente para tres, pero que en realidad es para dos.
“Nos dicen cándidamente qué de malo tiene que cada partido salga a generar sus votos y se cuenten. Lo que no dicen es que quien opte por esta nueva figura que se propone, la candidatura como un total, verá disminuida su prerrogativa mediática. En otras palabras, te dicen: ‘Vete al campo de batalla a conseguir votos y que se te cuenten’; pero por otro lado te reducen las herramientas de trabajo para conseguirlo. Ahí es donde está la trampa y por eso no estamos de acuerdo”,dijo.
A los partidos grandes les anunció que van a una victoria pírrica porque tienen los números, pero no la razón, y adelantó que también el pt promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para que nuevamente le enmiende la plana “al incapaz” Poder Legislativo.
Así, una vez aprobada la reforma al Cofipe en el Senado, el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para que sea discutida y aprobada esta semana tal como la pasó el Senado, sin mayores cambios, adelantaron las bancadas del pri y el pan, en tanto que los partidos minoritarios comenzaron a analizar los argumentos que presentarán en la controversia que promoverán ante la Suprema Corte.
Atenta contra garantías
El Consejo Coordinador Empresarial interpuso de hecho un juicio de amparo contra la reforma realizada por el Congreso de la Unión y publicada el 13 de noviembre pasado, tras evaluar a detalle sus alcances e implicaciones, pues consideró que si bien representa avances en algunos temas, al mismo tiempo atenta contra las garantías contenidas en la Constitución y acuerdos internacionales.
En el mismo sentido se pronunció la Confederación Patronal de la República Mexicana, que anunció que sus 73 centros empresariales también se ampararán contra la reforma.
Según la Coparmex, sus agremiados consideran también que la reforma atenta contra la libertad de expresión y el derecho de manifestación de los ciudadanos.
El presidente del organismo empresarial, Ricardo González Sada, afirmó de hecho que “la consolidación de nuestra democracia requiere de leyes y disposiciones que fomenten la participación ciudadana y no que la restrinjan”.
Al respecto, Armando Paredes, presidente del cce —acompañado de empresarios como Valentín Diez Morodo, Lorenzo Ysasi Martínez, Claudio x. González, Ismael Plascencia Núñez, Eugenio Carrión, Jaime Yesaky Cavazos, entre otros—, señaló que si bien las reformas son un factor determinante para el desarrollo del país, éstas requieren del consenso social. “No pueden, en ningún momento, resultar violatorias de las garantías individuales que consagra la Constitución”, explicó.
El dirigente del cce afirmó que la reforma es violatoria de las garantías individuales de libertad de expresión, derecho a la información y asociación, por lo que es necesaria la defensa de estos derechos, sobre todo el de la libertad de expresión, pues es fundamental para construir la opinión pública y en consecuencia un componente indispensable para una democracia participativa.
La libertad de expresión, destacó, no puede ser ejercida de manera intermitente y con limitaciones, dejándola para su ejercicio únicamente a los partidos políticos.
El juzgador rechazó la demanda porque el amparo no puede ser utilizado para cuestionar el contenido de la Constitución. El cce tendrá diez días hábiles para interponer un recurso de revisión que será turnado a un tribunal colegiado de circuito.
Una vez conocida la resolución del juez, el cce afirmó que la demanda de amparo es el primer capítulo de una larga batalla, por lo que continuará impulsando, a través de los cauces institucionales, su derecho “a defender no sólo la libertad de expresión y el derecho a la información, sino el régimen de garantías individuales consagradas en la Constitución.
“Confiamos en que el recurso de revisión que presentaremos dentro del plazo legal establecido será estudiado a fondo, profundizando en el respeto irrestricto de las garantías individuales que los mexicanos tenemos, más aún cuando éstas puedan ser afectadas por actos de autoridad del Congreso de la Unión”, concluyó.
Al tiempo
Y si bien este primer recurso de amparo fue rechazado por motivos jurídicos, lo cierto es que la reforma contiene elementos que provocan el repudio no sólo de organismos empresariales, sino también de académicos, politólogos, investigadores, analistas y diversos sectores de la sociedad mexicana que deploran toda esta serie de modificaciones constitucionales que atentan contra la propia Constitución.
Se trata, en otras palabras, de una reforma que en el fondo deja en los mismos partidos políticos el control de las instituciones y procesos electorales, mientras hace de plano a un lado la opinión y el sentir de una ciudadanía que no dejará de exigir la implantación de un sistema electoral verdaderamente democrático: más temprano que tarde, quienes hoy pretenden concretar la partidocracia en el país tendrán que rectificar el camino, obligados por la sociedad toda. Ni duda cabe.