El nuevo Cofipe

Florence Toussaint

Un artículo constitucional, para que sea aplicable, debe poseer ley secundaria y reglamento con sanciones. Por tanto, las modificaciones a la Ley Electoral no podían quedarse sin las adecuaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Los legisladores están obligados a crear un código que se adecue al planteamiento general de la ley, ésta busca reglas para que las elecciones no sean controladas por los medios, sino por el IFE, y que no suceda otra vez lo acontecido en 2006. Y en este proceso, la CIRT no tiene por qué intervenir, se le puede escuchar, pero sus pretensiones van más allá. Desató de nuevo una campaña de presiones a los integrantes de las cámaras de Senadores y Diputados, para que no queden establecidas sanciones graves a los reincidentes que violen la norma. También se opusieron a que el Consejo General del IFE “presente” a la CIRT los “lineamientos” en materia de difusión electoral durante los períodos de precampaña y campaña. Algo que ya se hacía, aunque no hubo ganancia alguna. Si bien, debido al monitoreo los tiempos para los principales partidos se emparejaron, no así el tratamiento. Ello sucedió en el Distrito Federal, mientras que en pequeñas ciudades de los estados la iniquidad siguió prevaleciendo.

Se va haciendo costumbre, desde 1997, que sea Ricardo Salinas Pliego quien utilice la pantalla que tiene en concesión para alegar –en nombre de todos los empresarios del ramo– que se está violando la libertad de expresión, que se atenta contra los derechos de la libre empresa, que los poderes se extralimitan en sus funciones. Y lo hace de una manera estridente, a tono con la mayor parte de los contenidos de las televisoras que dirige: el 7 y el 13.

Dentro de las propias cámaras se encuentran defensores de oficio de Televisa y de Tv Azteca. Los senadores Jorge Mendoza, del PRI, y Javier Orozco, del PVEM, arman ruido y se oponen a las medidas propuestas por sus colegas. Los diputados Emilio Gamboa Patrón, Eduardo Sánchez Hernández y Patricio Flores Sandoval, del PRI, se organizan en contra de las medidas más democráticas del nuevo Cofipe.

La estrategia utilizada les ha dado resultado. Los coordinadores de las tres bancadas mayores cedieron en los dos puntos álgidos, que podían haber servido de freno al protagonismo electoral que los medios han asumido en México desde hace tres sexenios. El más importante era la sanción que los sacaba del aire de 24 horas a 10 días en caso “de infracciones graves y sistemáticas a la legislación electoral”. La propuesta se modifica para quedar en retirar del aire solamente los anuncios comerciales. El argumento esgrimido es falaz: no afectar al público que desea ver telenovelas y futbol. Es decir, se da por sentado que la medida no será disuasiva, porque los concesionarios seguirán infringiendo “de manera grave y sistemática” la legislación electoral. Habría entonces que sacarlos del aire y afectar al público. Ahora resulta que los legisladores están muy preocupados porque la audiencia no sufra al quedarse sin sus melodramas y partidos favoritos. ¿En qué ocasiones los senadores o diputados se han preocupado por lo que ven las audiencias, por la manera arbitraria en que entran o salen de los sistemas de cable programas y canales, por la forma en que difieren los partidos mundialistas para poder cobrar la señal en vivo, y por tantas otros atentados contra el televidente debido al exceso de anuncios, al corte de películas, en fin a los contenidos atentatorios de la dignidad que difunden impunemente?

En otro artículo, el cambio de palabras: “presentar” por “sugerir” es irrelevante; ya hemos visto que de cualquier manera hacen lo que les parece mejor. Mientras las sanciones sean leves y la autoridad haga como que no ve las infracciones de los concesionarios, seguiremos teniendo una radio y una televisión que se comportan como un poder por encima del Estado, a contrapelo de los ciudadanos y sus derechos.