Por Eduardo Ibarra Aguirre
En la víspera del primer año de gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa , la Fundación Konrad Adenauer, que se presenta como independiente pero no logra ocultar su perfil demócratacristiano, colocó a México “en semáforo rojo”, porque descendió en más de 6 por ciento en la evaluación anual del Índice de Desarrollo Democrático en América Latina (IDD-Lat 2007).
Las causas son diversas, pero dos las decisivas. La primera es la crisis institucional en que cayó México después del 2 de julio de 2006 y las políticas gubernamentales para afrontar el reclamo social y político oaxaqueño.
La crisis poselectoral castigó con 20 puntos porcentuales el valor de “la calidad institucional y eficiencia política” del país, además de que el año pasado México obtuvo el peor desempeño en el indicador “desestabilización y crisis de gobierno”. Lo anterior lo situó en el lugar 13 entre 18 países del subcontinente.
Seguramente estos altísimos costos que excluyen a México del 17 por ciento de los países latinoamericanos que “destacan por su alto desarrollo democrático”, lo contemplaron Vicente Fox Quesada , la inolvidable Martha María Sahagún Jiménez , Calderón Hinojosa y José Carlos María Abascal Carranza cuando tomaron la decisión de poner el erario, el aparato gubernamental y el mediático al servicio del tercero.
El viernes 23 le platiqué a usted del genial pronóstico –de alguna manera hay que denominarlo-- que dos meses antes de la cita con las urnas, hizo el secretario de Gobernación, en la privacidad de su despacho del Palacio de Cobián:
--No se equivoque. Por medio punto o por uno, pero va a ganar Felipe Calderón.
Con el uso faccioso de (casi) todo el poder del Estado no tiene demasiada ciencia hacer realidad pronósticos. Pero sí tiene un alto grado de complejidad aquilatar las consecuencias políticas, y la que nunca previeron fue que tras los comicios “sólo media sociedad se sentía representada por un gobierno electo”, como estima Jorge Arias , consultor de Política Latinoamericana.
Este fenómeno colocó a nuestro país en una situación de “semáforo en rojo”, porque se agudizó con fuerza el indicador relativo a la “desestabilización”, en tanto que el de las “libertades civiles y el de la anormalidad democrática” decrecieron levemente, sostuvo Christoph Korneli , de la fundación alemana. El pequeño decrecimiento en los índices, sin embargo, “aún no reflejan una mejoría”.
También en materia de “calidad institucional y eficiencia política”, México y su gobierno se colocan por debajo del promedio obtenido por los 18 países de América Latina evaluados por la IDD-Lat 2007.
Los enormes costos, pues, siguen a la orden del día. Sólo no existen para el ensoberbecido grupo gobernante que desde mediados de noviembre, en Acapulco, Guerrero, subió los decibeles del discurso de las cuentas alegres, a pesar de que de acuerdo con la encuesta nacional de Ipsos-Bimsa, publicada en El Universal (5-XI-07), de agosto a la fecha, la aprobación presidencial descendió siete puntos porcentuales, al pasar de 64 a 57 por ciento.
Tampoco existen los enormes costos para los que más por comisión que por convicción, cierran filas, micrófonos, pantallas y periódicos para privar a los ciudadanos de los juicios e informaciones que rescatamos de instituciones extranjeras, conservadoras ciertamente, pero que tienen en alta estima el derecho de los gobernados a estar bien informados.
Con 31 años de transición a la democracia, una de las más longevas y costosas de la aldea global, el sistema político mexicano se ubica entre los países “con desarrollo democrático medio”, de 4.5 a 7.5 en una escala de 10 puntos, junto a Argentina, Brasil, Colombia --con todo y añeja guerra civil y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez más que subordinado a la Casa Blanca-- , Honduras y Panamá.
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