Guerrilla en México

La guerrilla toma nota del combate entre el narco y militares

Desde la clandestinidad la guerrilla mexicana podría estar aprendiendo del combate que libran en varias entidades del país las bandas de narcotraficantes contra el Ejército Mexicano y los cuerpos policiacos federales y estatales, opina Jorge Lofredo, analista de los movimientos armados en América Latina,.

Si bien la guerrilla en México le apuesta más a la “vía política” que a la militar, las acciones y reacciones de narco y Estado mexicano servirían de referente a los reclamos de los “luchadores sociales”, considera el especialista. El coordinador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados en América Latina (Cedema) habla sobre la violencia que se vive en México, del narco, de la movilización y el despliegue policiaco-militar, pero sobre todo de la guerrilla que hasta ahora se ha mantenido al margen de estos choques.

“Nunca la guerrilla ha representado una amenaza seria para la seguridad interior, y sí lo ha sido el narco. Hoy la amenaza la constituye el narco, no la guerrilla”, considera Lofredo.

Explica que en este escenario de violencia cruzada y operativos militares de gran despliegue, la guerrilla ha optado por mantener –como lo viene sosteniendo desde hace un par de años– su “silencio armado”.

“Este no significa la renuncia a la actividad militar --por cierto, limitada desde el 98 a la fecha--, sino se privilegia la actividad política y clandestina”, dice el argentino conocedor de la guerrilla latinoamericana.

Recuerda que se han registrado algunas emisiones de comunicados, conferencias de prensa o alguna otra actividad subterránea pero nunca estas acciones van más allá de su presencia virtual.

“Esta circunstancia, vale recordar, arrancó con el zapatismo como movimiento que ha llegado a utilizar la tecnología como medio de desarrollo político y social. En este aspecto, su ‘silencio’ se destaca debido a que no agrega episodios ni cuotas de violencia mayores a las que ya ocurren, lo que le ofrece –al menos– un aspecto diferenciador de otros grupos armados”, observa Lofredo.

Indica que más que la guerrilla, la principal preocupación para el Estado mexicano es el narco, pues la expansión de la actividad insurgente no va más allá de sus alcances locales o regionales; en cambio, el narco ha desarrollado una expansión territorial demasiado importante y poderosa.

Lofredo hace una lectura política de los recientes operativos, y señala que eso significan precisamente para el Estado mexicano, “recuperar territorio”, y ese espacio está ahora en manos del narco y no de la guerrilla. “Aquí no se habla de ‘zonas liberadas’ ni de ‘exclusión’ –etapa que se alcanza luego de la reversión de la ‘asimetría de fuerzas’-- sino de ‘áreas de influencia e interés’. La colombianización de la que hoy tanto se habla, no se condice con la realidad de aquel país con la de México, sino que este efecto puede referir exclusivamente al narco. Hoy la amenaza la constituye el narco, no la guerrilla”, insiste Lofredo.

Dice que los guerrilleros presos reconocidos como tales, han sido condenados a largas penas y mezclados en los penales con narcotraficantes y asesinos comunes: “El mensaje del Estado mexicano es, pues, que no hay diferencia entre narco, delincuente y guerrillero”.

Recuerda que en tiempos de Lucio Cabañas pasaba lo mismo: para el gobierno mexicano el maestro rural y cabeza del Partido de los Pobres era un “roba-vacas” o “gavillero”.

Señala que mientras la guerrilla no ‘desestabilice’, el Estado mexicano articulará políticas que hoy están reservadas para desplegar los operativos con la presencia de militares en las calles y poblados, lo que también es un mensaje muy fuerte para las comunidades en resistencia social desde hace muchos años.

Sobre una posible fusión clandestina o pactos del narco y la guerrilla en México, como en alguna ocasión se dio en Colombia, señala que el poderío del primero es tan fuerte que es imposible no suponer que algunos de los grupos armados hayan sido alcanzados por los narcotraficantes.

Refiere que algunos grupos armados han acusado públicamente a otras organizaciones clandestinas de haberse ligado al narco, pero que es difícil saberlo a ciencia cierta y desvincularlo de campañas de descalificación entre aquéllas.

“Pero lo que sí se ve –advierte Lofredo--, es la manipulación que las bandas del narco pueden hacer de una sigla que se presenta como guerrillera, pero que en verdad es una estrategia de alguno de estos cárteles. Históricamente ha ocurrido, y la cuestión también ha sido conocida en otros lugares, cuando los Estados han recurrido a esta circunstancia para desprestigiar a los guerrilleros”.

Sostiene que la guerrilla en México es la misma fuerza que siempre ha sido, no ha variado, permanece en una circunstancia latente, sin vida aparente, que apela al factor sorpresa para aparecer y de inmediato volver al “silencio”.

“En esta ocasión no habría que esperar acciones armadas de la guerrilla, y menos aún en aquellos estados donde se realizan operativos, como por ejemplo en Guerrero, cuna de los movimientos armados mexicanos”, dice Lofredo.

En su opinión en esta coyuntura la guerrilla mexicana no tiene mucho margen de acción, pues sus incursiones podrían ser equiparadas a las incursiones del narco y se les traté de la misma forma. “La guerrilla en México enfrenta otra batalla: la de la credibilidad –que el gobierno también está dando a partir de los operativos–, y la de trascender como una fuerza diferenciada a la del mero asesinato, descuartizamientos, decapitación, etcétera. “Esa crueldad con los cuerpos no refiere a una actitud política –que la guerrilla reivindica para sí--, sino a una de tipo mafiosa. No hay un mensaje político tras las decapitaciones, sino de miedo, terror y disputa de poder y territorio”, evalúa el analista.

El ‘silencio armado’

En el escenario de la guerra entre el narco y el Estado mexicano, abunda que la guerrilla está obligada a diferenciarse de esta circunstancia: de ahí lo de “silencio armado”.

Ese es un silencio que no se niega a si mismo su razón de ser –pues no hay que olvidar que son organizaciones “político-militares”–, sino que produce una política diferente a la legal y, a la vez, de la actividad meramente criminal o delincuencial, recuerda Lofredo.

Explica que el silencio hoy es un reaseguro de su existencia, de la diferenciación de sus políticas frente al resto de los actores y como una ‘imantación’ de confianza hacia la opinión pública después de tanto desprestigio que ha sufrido.

Sobre la embestida militar contra el narco en México, dice que la guerrilla podría tener dos procesos de aprendizaje, uno de ellos desde las perspectiva política: “Reafirmará sus puntos de vista, sobre todo los que refieren a la caracterización del Estado mexicano, también del narco (como subproducto del neoliberalismo) y la lucha entre factores de poder que no dan alternativa al statu quo”.

Y que el otro proceso de aprendizaje es el militar, pues esta guerra le sirve para medir la fuerza real del narco y la capacidad de respuesta del Ejército.

“Las decisiones políticas que el Estado y el narco toman a partir de este enfrentamiento también resultarán políticas a futuro, y esas lecturas se están elaborando paulatinamente y están viendo la luz de a poco, en distintos comunicados que las organizaciones están dando a conocer”, acota Lofredo. Sin embargo, observa que actualmente el debate que dan las guerrillas es de corte político y no militar, y que un ejemplo de ello es la referencia a “luchadores sociales” y no guerrilleros, como fue el caso de los integrantes del Ejército Popular de Revolucionario (EPR) desaparecidos en Oaxaca.

“Esto no es extraño –advierte--, pues todas las guerrillas lo han hecho, pues ilustra el momento por el que transitan”. Considera que existe un posicionamiento político previo muy fuerte en el sentido de que el guerrillero es, antes que nada, un luchador social.

“Lo que sucede es que la inversión de la fórmula no es cierta --no todo luchador social es guerrillero—“.

Pero las corporaciones de seguridad y algunos medios invierten los medios: y ahí están los casos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los macheteros de Atenco. “Hoy la lucha guerrillera es particularmente social y política, no militar”, concluye.

Plan misterioso

El gobierno de México solicitó al de Estados Unidos aplicar una modalidad del llamado “Plan Colombia”, con el fin de exterminar el narcotráfico y disminuir los impactos que ha provocado en la sociedad.

Sin embargo, tanto el presidente Felipe Calderón como el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, no han explicado a los legisladores en qué consistió la solicitud de ayuda al presidente norteamericano George W. Bush.

El tema de la ayuda norteamericana en México se mantiene en el silencio. En tanto, la violencia se recrudece en el país, como consecuencia de la guerra contra los cárteles y los choques de éstos por imponer sus dominios en las rutas de trasiego.

Cuantas veces se le ha preguntado al procurador Medina Mora en qué consistiría el Plan Colombia que se aplicaría en México, el funcionario ha respondido que la ayuda sólo consiste en una cooperación más estrecha entre ambas naciones para combatir al crimen organizado.

Pese a esta explicación, los legisladores de todas las fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados exigen la comparecencia de todo el Gabinete de Seguridad, pues, a juicio de los diputados, se debe detallar en qué consistirá la ayuda estadunidense: si tal apoyo equivale a la intervención directa de la DEA o de cualquier otra fuerza de seguridad de Estados Unidos en territorio nacional.

En su versión original, el llamado Plan Colombia fue uno de los proyectos más ambiciosos que se aplicaron en Colombia para abatir el tráfico de drogas, aunque no estuvo exento de costos políticos.

El Plan Colombia fue un ambicioso proyecto para disminuir el tráfico de drogas y resolver de paso el nudo originado por el conflicto armado que vive Colombia, por medio de la ayuda de Estados Unidos.

El proyecto fue concebido en 1999 por el entonces presidente Andrés Pastrana Arango y su homólogo de Estados Unidos, Bill Clinton. Los objetivos: generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado y crear una estrategia antinarcóticos.

Sin embargo, el elemento más controvertido de este plan ha sido la estrategia de fumigaciones aéreas para erradicar los cultivos de cocaína (en México esta tarea ya es controlada por el Ejército y no por la PGR). Esta actividad ha sido blanco de críticas debido a los daños provocados a los cultivos lícitos y, según expertos colombianos, tiene consecuencias adversas en la salud, en particular sobre las personas expuestas al contacto con los herbicidas.

Las razones del entonces presidente Pastrana para aplicar el plan Colombia eran variadas. Las más sólidas se basaban, según el presidente colombiano, en que “la cocaína era un problema social, cuya solución debía incluir resolución del conflicto armado (en concreto la guerrilla); que los países desarrollados deberían brindar ayuda para implementar una especie de Plan Marshall para Colombia, el cual –según Pastrana– permitiría desarrollar grandes inversiones en el campo social, con el fin de ofrecer a los campesinos alternativas diferentes a los cultivos ilícitos”.

Según los datos históricos consultados, el diseño del Plan Colombia no contemplaba, al inicio, el combate al tráfico de drogas. Por lo menos no hacía mención al combate al narcotráfico, a través de un incremento de la ayuda militar o mediante las campañas de fumigación. Sólo enfatizaba la erradicación manual de los cultivos como una alternativa mejor.

Pero en agosto de 1998 todo dio un giro drástico. Durante un encuentro entre Clinton y Pastrana se discutió el tema crucial: la posibilidad de asegurar un aumento en la ayuda para los proyectos antinarcóticos; desarrollo sostenible; la protección de los derechos humanos; ayuda humanitaria, y estímulo a la inversión privada y unión con otras donantes e instituciones financieras internacionales para promover el crecimiento económico de Colombia.

Si embargo, la apertura de Colombia para la intervención militar estadunidense significó para Estados Unidos la posibilidad de penetrar al Estado colombiano. Si bien el plan original contemplaba el combate a la guerrilla –en particular a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)--, el escrito elaborado por Washington tuvo mayores alcances: el 68% de toda la ayuda de Estados Unidos se enfocó a la esfera militar y antinarcóticos.

El costo fue muy alto, según los registros consultados: 7.5 mil millones de dólares, de los que el 51% se dedicaría al desarrollo institucional y social; un 32% para combatir el narcotráfico, un 16% se destinó a la revitalización social y económica, y un 0.8% se canalizó al apoyo de los procesos de negociación política con los grupos guerrilleros. El apoyo económico de Estados Unidos fue de 1.3 mil millones de dólares y algo más: 500 efectivos militares para el entrenamiento de las fuerzas locales.

La revista Semana –una de las publicaciones más importantes de Colombia– sostuvo en un reportaje titulado “El Plan Colombia, instrumento de Washington”, que unos 300 civiles fueron enviados para apoyar las actividades de eliminación de los cultivos de coca. No sólo eso: Estados Unidos dispuso, tiempo después, de unos 330 mil millones de dólares para el apoyo militar.

La aportación de dinero no paró ahí. Según la publicación, en 2000 se destinaron 818 mil millones de dólares y en 2001, 256 mil millones. Esto convirtió a Colombia en el tercer país mayor receptor de ayuda estadunidense, sólo debajo de países como Afganistán e Irak.

El Plan Colombia fue unas de las intervenciones militares más cuestionadas en el ámbito internacional. En junio de 2000, por ejemplo, la organización Amnistía Internacional cuestionó sus alcances:

“El Plan Colombia se basa en un análisis que enfoca las raíces del conflicto desde el punto de vista de las drogas y la crisis de los derechos humanos e ignora completamente las responsabilidades históricas del propio Estado colombiano. También ignora que las raíces profundas del conflicto están en la crisis de los derechos humanos. El plan propone principalmente una estrategia militar para atacar los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas, a través de una sustanciosa asistencia militar a las fuerzas armadas y a la policía. Los programas de desarrollo social y humanitario que el programa incluye no alcanzan para disfrazar la naturaleza esencialmente militar del plan. Además, es aparente que el Plan Colombia no es el resultado de un proceso genuino de consulta con las organizaciones no gubernamentales nacionales ni internacionales que (se esperaba) implementaran los proyectos, ni con los beneficiarios de humanitarios, de derechos humanos y de desarrollo social. Como consecuencia, el componente de derechos humanos del plan, es defectuoso….”.

El extermino de la guerrilla

Aunque el Plan Colombia tiene algunos componentes que buscaron fomentar la ayuda social y la reforma institucional en Colombia, la iniciativa forma parte de un proyecto cuyo único objetivo es la ayuda militar y antinarcóticos.

La justificación oficial en Estados Unidos es que éste plan es parte de la guerra contra las drogas, aunque sus críticos consideran que el plan se centra en el exterminio de la guerrilla colombiana. En el Congreso norteamericano se festinan los logros del Plan Colombia porque, según los legisladores, se lograron erradicar 13 mil kilómetros cuadrados de plantaciones ilícitas --principalmente coca– en 2003, lo cual ha prevenido la producción –dicen– de más de 500 toneladas métricas de cocaína, lo que ha causado, además, pérdidas para los narcotraficantes del orden de los cien millones de dólares.

Pero actualmente otra es la realidad. Después de la intervención militar en Colombia y de las millonarias inversiones contra el narcotráfico, en Colombia sigue boyante el negocio de las drogas: unas 300 pequeñas organizaciones tienen ahora bajo su dominio la exportación de cocaína hacia Estados Unidos, cuyo paso obligado es México.

Estas microempresas exportadoras de cocaína tienen una bien organizada red de apoyos y una estratégica división del trabajo: cuentan con apoyos en casi todos los puertos colombianos y tienen capacidad para exportar drogas a cualquier parte del mundo.

Los cabecillas de lo que ahora de conoce como los “Baby cártels” son, en su mayoría, empresarios que mantienen camufladas sus operaciones ilícitas con actividades como el comercio, la renta de autos o, bien, el negocio de los bienes raíces, lo que también les permite lavar sus activos.

Ambas nota tienen su fuente en la agencia Apro.

Mi opinión: pero Sam me ha explicado que ni los insurgentes, ni los mismos liberales, hasta ni los revolucionarios lograron por las armas un cambio para la clase de abajo del país. Yo no se mucho de historia de México, pero de lo poco que me ha explicado el jefe Sam es muy cierto que hoy más que nunca debemos pensar en cambiar las cosas pacíficamente, no le veo sentido que se mueran y maten más personas sin sentido. De imaginar ese escenario me da pavor, veremos hasta donde llevan las cosas calderón y sus jefecitos.