Daniel Lizárraga, Proceso 1597.
En concordancia con una mentalidad según la cual todo debe ser negocio, el equipo calderonista incurrió en una suerte de privatización de las políticas públicas. Documentos obtenidos por Proceso muestran que el Programa Nacional del Primer Empleo, el Plan Maestro de Infraestructura, la Estrategia para Combatir al Narcomenudeo, así como una parte del Plan Nacional de Desarrollo no son obra del gabinete del presidente Calderón. En realidad estas iniciativas fueron diseñadas por “especialistas” que le pusieron precio a su trabajo: 6 millones 822 mil 40 pesos...
A mediados de septiembre de 2006, apenas a dos semanas de ser declarado presidente electo, Felipe Calderón y sus más cercanos colaboradores contrataron a cinco empresas y a un grupo de especialistas en políticas públicas para que convirtieran en programas de gobierno las principales promesas de campaña del panista.
A partir del 19 de septiembre de 2006, los integrantes del llamado “cuarto de guerra” de Calderón decidieron olvidarse de su principal adversario, Andrés Manuel López Obrador. Comenzaron a buscar a especialistas para que les diseñaran lo que ahora se conoce como el Programa Nacional del Primer Empleo, el Plan Maestro de Infraestructura, la Estrategia para Combatir al Narcomenudeo y una parte del recién presentado Plan Nacional de Desarrollo.
Según consta en documentos cuyas copias fueron obtenidas por Proceso mediante la Ley Federal de Transparencia, entre esa fecha y el 20 de octubre de 2006 el grupo calderonista firmó siete contratos con las empresas Grupo de Economistas y Asociados (GEA), McKinsey Company, Human Staff, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y con Ana Luisa Valle, una especialista en asuntos de seguridad nacional.
El monto total de estos contratos fue de 6 millones 822 mil 40 pesos, dinero que fue pagado con parte de los 150 millones de pesos del fondo asignado al equipo de transición. Los trabajos fueron entregados durante la última semana de noviembre de 2006.
El coordinador del equipo de transición y ahora jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, se encargó de esta operación, que duró 32 días. Sin embargo, la información alusiva a los contratos ha sido omitida tanto en los discursos oficiales como en el reporte sobre el uso del fondo citado.
Entre los servicios contratados destacan las encuestas que levantó GEA para obtener la información que le permitiera al gobierno jerarquizar los programas de acuerdo con las expectativas sociales y para saber qué esperaban los mexicanos del nuevo presidente.
Las siete adjudicaciones fueron directas. No hubo de por medio ninguna licitación pública. Sin embargo, Proceso averiguó que integrantes del equipo de transición, entre ellos Dionisio Pérez Jácome, coordinador de Políticas Económicas; Ernesto Cordera, coordinador de Políticas Públicas; Alejandra Sota, directora de Imagen y encargada de los discursos de Calderón, así como Gustavo Merino, subcoordinador de Política Social, fueron quienes solicitaron los servicios a las empresas mencionadas y firmaron de conformidad cuando recibieron los proyectos.
El 19 de septiembre de 2006 se inició la firma de contratos, que concluyó el 20 de octubre. En algunos casos, el Comité Técnico del fideicomiso que manejaba los 150 millones de pesos aprobó la viabilidad financiera y las propuestas de las empresas el mismo día que se concretaron las transacciones. Había prisa, sobre todo en el caso de Human Staff, cuyos especialistas diseñaron el Programa Nacional del Primer Empleo.
Las omisiones
En febrero pasado la Presidencia de la República publicó un Informe del equipo de transición. En ninguna de sus 84 páginas se menciona la contratación de las empresas referidas; por el contrario, los programas de gobierno se atribuyen a los colaboradores de Calderón.
En la página 10, por ejemplo, en el capítulo correspondiente a Ernesto Cordera, el informe indica: “Para atender estos encargos (el diseño de políticas públicas) dicha coordinación se encomendó a Ernesto Cordera y se subdividió en tres subcoordinaciones: Política Económica, Política Social y de Gobierno, desde donde se realizaron diagnósticos sobre cada uno de esos temas, proponiendo programas concretos de impacto presupuestal, las adecuaciones legales requeridas y una ruta de implementación”.
En el Informe también se endosa al despacho de Cordera el diseño del Programa Nacional del Primer Empleo y el Plan emergente para la producción de maíz, frijol, caña de azúcar y leche. Sin embargo, en los contratos en poder de Proceso consta que el primero en realidad es obra de Human Staff, en tanto que el segundo lo diseñaron expertos de GEA.
En los siete contratos, Banjército –institución que manejó el dinero público para el cambio de gobierno– y la entonces delegada del equipo de transición, María del Carmen Urzaiz Osorio, establecieron cláusulas de confidencialidad con las empresas contratadas.
Cuando el 31 de mayo pasado el presidente Felipe Calderón presentó su Plan Nacional de Desarrollo, también omitió los nombres de los especialistas y de las compañías que diseñaron los programas de gobierno. El Informe, de 319 páginas, no hace ninguna alusión al respecto.
Sin embargo, un cruce de información entre los siete contratos –tres de ellos asignados al GEA– y los enunciados de las llamadas 100 acciones para los 100 primeros días de gobierno deja entrever que al menos 43 de éstas provienen de los estudios de las compañías referidas.
De los siete contratos, uno llama la atención. Se trata del clasificado con la clave 029/2006, titulado: Prestación de servicios profesionales para la producción de maíz, frijol, caña de azúcar y leche. A un costo de 431 mil 250 pesos, GEA entregó al gobierno en ciernes un diagnóstico sobre la problemática que enfrenta cada uno de los mercados, medidas para adoptar una adecuada política interna y externa, así como una ruta crítica de las acciones que deben adoptarse.
Pese a ello, en enero el precio del kilogramo de tortilla se elevó a más de 15 pesos. Ante el descontento social que provocó el incremento, la Secretaría de Economía, y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social y Pesca informaron que la medida obedeció a un desabasto mundial de maíz.
El 22 de febrero pasado, en San Luis Potosí, Calderón presentó el programa Cumpliéndole al Procampo. Desde un templete, rodeado por líderes de organizaciones rurales, dijo estar contento de haber regresado a esa entidad a cumplir una de sus promesas.
Antes, el 8 de diciembre de 2006, Banjército entregó al GEA un cheque por 431 mil 250 pesos como pago por sus estudios La continuidad de Procampo y Plan emergente para la producción de maíz, frijol, caña de azúcar y leche. Hace tres semanas, Proceso solicitó a la coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, a cargo de Maximiliano Cortázar, información acerca de la forma en que se utilizaron los recursos públicos asignados al equipo de transición calderonista, así como una explicación sobre la firma de los contratos mencionados. Hasta el viernes 8 no hubo respuesta.
Pago de facturas
Tras rendir protesta ante el Congreso de la Unión el 1 de diciembre pasado, Calderón incluyó en su gabinete a dos representantes de GEA: el expresidente ejecutivo de esta compañía, Jesús Reyes Heroles, quien ahora es director de Petróleos Mexicanos, y a Guillermo Valdés Castellanos, exdirector de la misma firma, quien despacha ya en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
La relación de los calderonistas con el GEA siempre ha sido estrecha. Esta empresa levantó las encuestas durante la precampaña y la campaña del panista. La noche del 2 de julio, por ejemplo, Calderón se proclamó ganador con base en una encuesta del GEA.
En el libro colectivo Los suspirantes, el periodista Salvador Camarena relata un pasaje que muestra la cercanía entre Calderón y Valdés Castellanos: Una tarde de diciembre de 1995, en una cantina del Centro de la Ciudad de México, Calderón le confió a un grupo de amigos –uno de los cuales era Guillermo Valdés– su decisión de lanzarse como candidato a la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN). “–Quiero ser presidente de mi partido, pero estoy muy chavo y no me van a querer –se lamentaba. Ahí estaban también Rodrigo Morales y Andrés Albo, hoy consejeros del IFE.
“–Casi lloraba –recuerda Valdés.
“–Felipe, si quieres, sí puedes, le animaban los ahí reunidos”, escribió Camarena.
Cuando Calderón llegó a la dirigencia del PAN, Guillermo Valdés era su asesor. Y lo siguió siendo, aunque de manera informal, cuando el panista renunció a la Secretaría de Energía y se dedicó a su campaña electoral.
Ya en el período de transición de gobierno, los calderonistas entregaron tres contratos al GEA. Además del referente al Procampo y a la producción de maíz, frijol, caña de azúcar y leche, los analistas de ese despacho se encargaron de los siguientes proyectos: Acciones para apoyar la generación de empleos y abatir el rezago social, cuyo costo fue de 862 mil 500 pesos, y el levantamiento de cuatro encuestas para obtener información que contribuya al diseño del programa de gobierno, así como para definir prioridades y elaborar estrategias de instrumentación, trabajo por el que cobraron 1 millón 62 mil 600 pesos.
En el primer proyecto, el equipo calderonista solicitó a los expertos del GEA apuntalar una de las principales promesas de campaña: la creación de empleos. Según el contrato 025/2006 y su anexo 1, los “asesores profesionales” aceptaron atender las prioridades del entonces presidente electo. Incluso sugirieron que sus propuestas finales “fueran incorporadas a mediano plazo; que las alternativas formaran parte del Presupuesto de Egresos de la Federación y que se maximizara el impacto por peso invertido de recursos públicos”.
En el segundo, GEA levantó cuatro encuestas para reunir información útil con el propósito de incorporarla al programa de gobierno calderonista, así como para definir prioridades y diseñar una estrategia de comunicación.
La muestra consistió en mil 200 entrevistas con un intervalo de confianza estimado en 95%. Los temas fueron los siguientes: percepciones sobre la situación económica, social y política del país; expectativas sobre la nueva administración, priorización de demandas sociales y económicas, y nivel de confianza de la ciudadanía en las instituciones.
A su vez, el Tecnológico de Monterrey cobró 1 millón 345 mil 40 pesos por el trabajo Diálogos del proyecto México 2030. De acuerdo con el contrato 027/2006, esta institución organizó foros de consulta y talleres con expertos en las ciudades de Monterrey, Mérida, Guadalajara, Toluca y Hermosillo.
La filial mexicana de McKinsey Company se encargó de elaborar el Plan Maestro de Infraestructura 2006-2012, según el contrato 026/2006. El equipo de transición pagó por este trabajo 2 millones 300 mil pesos.
Aun así, en febrero último, durante su primera gira por Europa, en la cual visitó Alemania, Suiza, Gran Bretaña y España, Calderón puso a consideración de los ejecutivos de grandes consorcios internacionales precisamente un Plan Maestro de Infraestructura. Les pidió invertir en carreteras, aeropuertos, ferrocarriles y puertos; tanto, les dijo, como lo permitan la Constitución y las leyes nacionales.
Malabares e invitaciones
Otra de las beneficiadas por el equipo de transición es Ana Luisa Valle Coulón, una mujer rubia, de piel blanca, afable, que viaja con frecuencia con el mandatario. Ella recibió 855 mil pesos por su asesoría en materia de seguridad y estado de derecho. Su trabajo consistió en trazar líneas generales en torno de la estrategia de lucha contra el narcomenudeo, la creación de una policía metropolitana para el Valle de México, así como en la elaboración de un sistema único de información criminal y en la modernización de los cuerpos policiacos. Además es autora del Programa para Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Varias personas que participaron en la campaña electoral del panista identifican a Valle Coulón como una de las asesoras de Calderón y destacan también su cercanía con Alejandra Sota, encargada de elaborar los discursos del mandatario.
Human Staff, otra de las empresas requeridas por el equipo de transición calderonista, realizó prácticas outsourcing, es decir, sirvió para enviar grupos de empleados especializados a compañías en situación de crisis.
El 20 de septiembre de 2006, los asesores de Calderón encargaron a Human Staff un estudio sobre el subsidio de las cuotas obrero-patronales pagadas al IMSS, así como el Programa Nacional del Primer Empleo, que posteriormente los calderonistas publicitaron como una de sus propuestas centrales al arrancar el nuevo gobierno. Por ese trabajo, la empresa cobró 265 mil 650 pesos.
El 15 de enero, Calderón anunció en Los Pinos dicho programa, mediante el cual, dijo, su gobierno destinará fondos del erario federal para el pago de las cuotas patronales de seguridad social de los trabajadores que sean contratados por primera vez. Lo singular es que en ese acto el programa fue validado por los secretarios del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Eduardo Sojo, además del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas, quienes firmaron un decreto para aplicarlo.
Finalmente, el 31 de mayo pasado, el Palacio Nacional se vistió de gala para que Calderón presentara el Plan Nacional de Desarrollo. Rodeado de su gabinete, legisladores y dirigentes partidistas dijo que se trataba de una perspectiva del futuro que los mexicanos desean a la vuelta de 23 años, según el proyecto Visión México 2030.
“El Plan Nacional de Desarrollo constituye la fase inicial de un proyecto para lograr la transformación de nuestro país con vistas al futuro. Es el primer paso para poner a México en la ruta del desarrollo humano sustentable”, escribió en el mensaje que abre el tomo de 325 páginas.
En este documento, repartido entre los invitados y los medios de comunicación que asistieron al acto, el presidente explicó que hubo cinco mecanismos para la consulta del plan: Mesas de diálogo con integrantes del Congreso de la Unión y con los partidos; foros de consulta popular realizados por las secretarías y entidades gubernamentales; una consulta ciudadana organizada por la Oficina de la Presidencia, y reuniones de trabajo con especialistas. Nunca habló Calderón de los siete contratos ni de las cinco empresas que realizaron los proyectos que ahora incluye en su programa de gobierno.
Nada más comentaré esto: 6 millones 822 mil 40 pesos... las porquerías de planes del espurio y de sus saca dinero externos al gobierno. Ahora, 0 pesos 0 centavos, con toda el alma y corazón en Revoluciones he propuesto las Comisiones Ciudadanas para generar Plan de Desarrollo en todas las áreas habidas y por haber en México... ellos viven por lo visto pensando en el dinero, en como invertir tantito para fingir que progresamos, YO NO FINJO, YO LE SUMO AL PAÍS Y NO COBRO... ¿Cómo ven?
En concordancia con una mentalidad según la cual todo debe ser negocio, el equipo calderonista incurrió en una suerte de privatización de las políticas públicas. Documentos obtenidos por Proceso muestran que el Programa Nacional del Primer Empleo, el Plan Maestro de Infraestructura, la Estrategia para Combatir al Narcomenudeo, así como una parte del Plan Nacional de Desarrollo no son obra del gabinete del presidente Calderón. En realidad estas iniciativas fueron diseñadas por “especialistas” que le pusieron precio a su trabajo: 6 millones 822 mil 40 pesos...
A mediados de septiembre de 2006, apenas a dos semanas de ser declarado presidente electo, Felipe Calderón y sus más cercanos colaboradores contrataron a cinco empresas y a un grupo de especialistas en políticas públicas para que convirtieran en programas de gobierno las principales promesas de campaña del panista.
A partir del 19 de septiembre de 2006, los integrantes del llamado “cuarto de guerra” de Calderón decidieron olvidarse de su principal adversario, Andrés Manuel López Obrador. Comenzaron a buscar a especialistas para que les diseñaran lo que ahora se conoce como el Programa Nacional del Primer Empleo, el Plan Maestro de Infraestructura, la Estrategia para Combatir al Narcomenudeo y una parte del recién presentado Plan Nacional de Desarrollo.
Según consta en documentos cuyas copias fueron obtenidas por Proceso mediante la Ley Federal de Transparencia, entre esa fecha y el 20 de octubre de 2006 el grupo calderonista firmó siete contratos con las empresas Grupo de Economistas y Asociados (GEA), McKinsey Company, Human Staff, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y con Ana Luisa Valle, una especialista en asuntos de seguridad nacional.
El monto total de estos contratos fue de 6 millones 822 mil 40 pesos, dinero que fue pagado con parte de los 150 millones de pesos del fondo asignado al equipo de transición. Los trabajos fueron entregados durante la última semana de noviembre de 2006.
El coordinador del equipo de transición y ahora jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, se encargó de esta operación, que duró 32 días. Sin embargo, la información alusiva a los contratos ha sido omitida tanto en los discursos oficiales como en el reporte sobre el uso del fondo citado.
Entre los servicios contratados destacan las encuestas que levantó GEA para obtener la información que le permitiera al gobierno jerarquizar los programas de acuerdo con las expectativas sociales y para saber qué esperaban los mexicanos del nuevo presidente.
Las siete adjudicaciones fueron directas. No hubo de por medio ninguna licitación pública. Sin embargo, Proceso averiguó que integrantes del equipo de transición, entre ellos Dionisio Pérez Jácome, coordinador de Políticas Económicas; Ernesto Cordera, coordinador de Políticas Públicas; Alejandra Sota, directora de Imagen y encargada de los discursos de Calderón, así como Gustavo Merino, subcoordinador de Política Social, fueron quienes solicitaron los servicios a las empresas mencionadas y firmaron de conformidad cuando recibieron los proyectos.
El 19 de septiembre de 2006 se inició la firma de contratos, que concluyó el 20 de octubre. En algunos casos, el Comité Técnico del fideicomiso que manejaba los 150 millones de pesos aprobó la viabilidad financiera y las propuestas de las empresas el mismo día que se concretaron las transacciones. Había prisa, sobre todo en el caso de Human Staff, cuyos especialistas diseñaron el Programa Nacional del Primer Empleo.
Las omisiones
En febrero pasado la Presidencia de la República publicó un Informe del equipo de transición. En ninguna de sus 84 páginas se menciona la contratación de las empresas referidas; por el contrario, los programas de gobierno se atribuyen a los colaboradores de Calderón.
En la página 10, por ejemplo, en el capítulo correspondiente a Ernesto Cordera, el informe indica: “Para atender estos encargos (el diseño de políticas públicas) dicha coordinación se encomendó a Ernesto Cordera y se subdividió en tres subcoordinaciones: Política Económica, Política Social y de Gobierno, desde donde se realizaron diagnósticos sobre cada uno de esos temas, proponiendo programas concretos de impacto presupuestal, las adecuaciones legales requeridas y una ruta de implementación”.
En el Informe también se endosa al despacho de Cordera el diseño del Programa Nacional del Primer Empleo y el Plan emergente para la producción de maíz, frijol, caña de azúcar y leche. Sin embargo, en los contratos en poder de Proceso consta que el primero en realidad es obra de Human Staff, en tanto que el segundo lo diseñaron expertos de GEA.
En los siete contratos, Banjército –institución que manejó el dinero público para el cambio de gobierno– y la entonces delegada del equipo de transición, María del Carmen Urzaiz Osorio, establecieron cláusulas de confidencialidad con las empresas contratadas.
Cuando el 31 de mayo pasado el presidente Felipe Calderón presentó su Plan Nacional de Desarrollo, también omitió los nombres de los especialistas y de las compañías que diseñaron los programas de gobierno. El Informe, de 319 páginas, no hace ninguna alusión al respecto.
Sin embargo, un cruce de información entre los siete contratos –tres de ellos asignados al GEA– y los enunciados de las llamadas 100 acciones para los 100 primeros días de gobierno deja entrever que al menos 43 de éstas provienen de los estudios de las compañías referidas.
De los siete contratos, uno llama la atención. Se trata del clasificado con la clave 029/2006, titulado: Prestación de servicios profesionales para la producción de maíz, frijol, caña de azúcar y leche. A un costo de 431 mil 250 pesos, GEA entregó al gobierno en ciernes un diagnóstico sobre la problemática que enfrenta cada uno de los mercados, medidas para adoptar una adecuada política interna y externa, así como una ruta crítica de las acciones que deben adoptarse.
Pese a ello, en enero el precio del kilogramo de tortilla se elevó a más de 15 pesos. Ante el descontento social que provocó el incremento, la Secretaría de Economía, y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social y Pesca informaron que la medida obedeció a un desabasto mundial de maíz.
El 22 de febrero pasado, en San Luis Potosí, Calderón presentó el programa Cumpliéndole al Procampo. Desde un templete, rodeado por líderes de organizaciones rurales, dijo estar contento de haber regresado a esa entidad a cumplir una de sus promesas.
Antes, el 8 de diciembre de 2006, Banjército entregó al GEA un cheque por 431 mil 250 pesos como pago por sus estudios La continuidad de Procampo y Plan emergente para la producción de maíz, frijol, caña de azúcar y leche. Hace tres semanas, Proceso solicitó a la coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, a cargo de Maximiliano Cortázar, información acerca de la forma en que se utilizaron los recursos públicos asignados al equipo de transición calderonista, así como una explicación sobre la firma de los contratos mencionados. Hasta el viernes 8 no hubo respuesta.
Pago de facturas
Tras rendir protesta ante el Congreso de la Unión el 1 de diciembre pasado, Calderón incluyó en su gabinete a dos representantes de GEA: el expresidente ejecutivo de esta compañía, Jesús Reyes Heroles, quien ahora es director de Petróleos Mexicanos, y a Guillermo Valdés Castellanos, exdirector de la misma firma, quien despacha ya en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
La relación de los calderonistas con el GEA siempre ha sido estrecha. Esta empresa levantó las encuestas durante la precampaña y la campaña del panista. La noche del 2 de julio, por ejemplo, Calderón se proclamó ganador con base en una encuesta del GEA.
En el libro colectivo Los suspirantes, el periodista Salvador Camarena relata un pasaje que muestra la cercanía entre Calderón y Valdés Castellanos: Una tarde de diciembre de 1995, en una cantina del Centro de la Ciudad de México, Calderón le confió a un grupo de amigos –uno de los cuales era Guillermo Valdés– su decisión de lanzarse como candidato a la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN). “–Quiero ser presidente de mi partido, pero estoy muy chavo y no me van a querer –se lamentaba. Ahí estaban también Rodrigo Morales y Andrés Albo, hoy consejeros del IFE.
“–Casi lloraba –recuerda Valdés.
“–Felipe, si quieres, sí puedes, le animaban los ahí reunidos”, escribió Camarena.
Cuando Calderón llegó a la dirigencia del PAN, Guillermo Valdés era su asesor. Y lo siguió siendo, aunque de manera informal, cuando el panista renunció a la Secretaría de Energía y se dedicó a su campaña electoral.
Ya en el período de transición de gobierno, los calderonistas entregaron tres contratos al GEA. Además del referente al Procampo y a la producción de maíz, frijol, caña de azúcar y leche, los analistas de ese despacho se encargaron de los siguientes proyectos: Acciones para apoyar la generación de empleos y abatir el rezago social, cuyo costo fue de 862 mil 500 pesos, y el levantamiento de cuatro encuestas para obtener información que contribuya al diseño del programa de gobierno, así como para definir prioridades y elaborar estrategias de instrumentación, trabajo por el que cobraron 1 millón 62 mil 600 pesos.
En el primer proyecto, el equipo calderonista solicitó a los expertos del GEA apuntalar una de las principales promesas de campaña: la creación de empleos. Según el contrato 025/2006 y su anexo 1, los “asesores profesionales” aceptaron atender las prioridades del entonces presidente electo. Incluso sugirieron que sus propuestas finales “fueran incorporadas a mediano plazo; que las alternativas formaran parte del Presupuesto de Egresos de la Federación y que se maximizara el impacto por peso invertido de recursos públicos”.
En el segundo, GEA levantó cuatro encuestas para reunir información útil con el propósito de incorporarla al programa de gobierno calderonista, así como para definir prioridades y diseñar una estrategia de comunicación.
La muestra consistió en mil 200 entrevistas con un intervalo de confianza estimado en 95%. Los temas fueron los siguientes: percepciones sobre la situación económica, social y política del país; expectativas sobre la nueva administración, priorización de demandas sociales y económicas, y nivel de confianza de la ciudadanía en las instituciones.
A su vez, el Tecnológico de Monterrey cobró 1 millón 345 mil 40 pesos por el trabajo Diálogos del proyecto México 2030. De acuerdo con el contrato 027/2006, esta institución organizó foros de consulta y talleres con expertos en las ciudades de Monterrey, Mérida, Guadalajara, Toluca y Hermosillo.
La filial mexicana de McKinsey Company se encargó de elaborar el Plan Maestro de Infraestructura 2006-2012, según el contrato 026/2006. El equipo de transición pagó por este trabajo 2 millones 300 mil pesos.
Aun así, en febrero último, durante su primera gira por Europa, en la cual visitó Alemania, Suiza, Gran Bretaña y España, Calderón puso a consideración de los ejecutivos de grandes consorcios internacionales precisamente un Plan Maestro de Infraestructura. Les pidió invertir en carreteras, aeropuertos, ferrocarriles y puertos; tanto, les dijo, como lo permitan la Constitución y las leyes nacionales.
Malabares e invitaciones
Otra de las beneficiadas por el equipo de transición es Ana Luisa Valle Coulón, una mujer rubia, de piel blanca, afable, que viaja con frecuencia con el mandatario. Ella recibió 855 mil pesos por su asesoría en materia de seguridad y estado de derecho. Su trabajo consistió en trazar líneas generales en torno de la estrategia de lucha contra el narcomenudeo, la creación de una policía metropolitana para el Valle de México, así como en la elaboración de un sistema único de información criminal y en la modernización de los cuerpos policiacos. Además es autora del Programa para Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Varias personas que participaron en la campaña electoral del panista identifican a Valle Coulón como una de las asesoras de Calderón y destacan también su cercanía con Alejandra Sota, encargada de elaborar los discursos del mandatario.
Human Staff, otra de las empresas requeridas por el equipo de transición calderonista, realizó prácticas outsourcing, es decir, sirvió para enviar grupos de empleados especializados a compañías en situación de crisis.
El 20 de septiembre de 2006, los asesores de Calderón encargaron a Human Staff un estudio sobre el subsidio de las cuotas obrero-patronales pagadas al IMSS, así como el Programa Nacional del Primer Empleo, que posteriormente los calderonistas publicitaron como una de sus propuestas centrales al arrancar el nuevo gobierno. Por ese trabajo, la empresa cobró 265 mil 650 pesos.
El 15 de enero, Calderón anunció en Los Pinos dicho programa, mediante el cual, dijo, su gobierno destinará fondos del erario federal para el pago de las cuotas patronales de seguridad social de los trabajadores que sean contratados por primera vez. Lo singular es que en ese acto el programa fue validado por los secretarios del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Eduardo Sojo, además del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas, quienes firmaron un decreto para aplicarlo.
Finalmente, el 31 de mayo pasado, el Palacio Nacional se vistió de gala para que Calderón presentara el Plan Nacional de Desarrollo. Rodeado de su gabinete, legisladores y dirigentes partidistas dijo que se trataba de una perspectiva del futuro que los mexicanos desean a la vuelta de 23 años, según el proyecto Visión México 2030.
“El Plan Nacional de Desarrollo constituye la fase inicial de un proyecto para lograr la transformación de nuestro país con vistas al futuro. Es el primer paso para poner a México en la ruta del desarrollo humano sustentable”, escribió en el mensaje que abre el tomo de 325 páginas.
En este documento, repartido entre los invitados y los medios de comunicación que asistieron al acto, el presidente explicó que hubo cinco mecanismos para la consulta del plan: Mesas de diálogo con integrantes del Congreso de la Unión y con los partidos; foros de consulta popular realizados por las secretarías y entidades gubernamentales; una consulta ciudadana organizada por la Oficina de la Presidencia, y reuniones de trabajo con especialistas. Nunca habló Calderón de los siete contratos ni de las cinco empresas que realizaron los proyectos que ahora incluye en su programa de gobierno.
Nada más comentaré esto: 6 millones 822 mil 40 pesos... las porquerías de planes del espurio y de sus saca dinero externos al gobierno. Ahora, 0 pesos 0 centavos, con toda el alma y corazón en Revoluciones he propuesto las Comisiones Ciudadanas para generar Plan de Desarrollo en todas las áreas habidas y por haber en México... ellos viven por lo visto pensando en el dinero, en como invertir tantito para fingir que progresamos, YO NO FINJO, YO LE SUMO AL PAÍS Y NO COBRO... ¿Cómo ven?
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