Díficil de creer. Señores, señoras, me cae que el pan diario es la misma burrada tras la misma burrada ¿hasta cuando dejaran a un lado la negociación chantajista y se pondrán las pilas los que se las tengan que poner y como dijo AMLO un día ¡fuera mascaras!? Tal parece que la clase política y varios "medios" se empeñan en seguirnos vendiendo la misma porquería, para que la leamos, nos lamentemos u otros pongamos la esperanza en las "instituciones". Hasta donde yo escuche y mis orejitas no me fallan, mandamos al diablo toda institución caduca y corrupta, ¿tons que diantres están los señores FAPenses perdiendo tiempo "dialogando-negociando" reformas, puestos, etc.? El pueblo mexicano debe prepararse para luchar sin el FAP, eso ya lo tengo claro. Si gusta puede leer la nota que viene, de todos modos es más valioso leer este parrafito, que todo ese chorote que no necesariamente porque Proceso lo publique tengamos que decir "es veridico", no, no y no, nadie niega sea cierta la nota, PERO EL FONDO ES FALSO, ES DECIR, LA CLASE POLÍTICA NO CAMBIA AUNQUE APRO REPORTE ESTO, AUNQUE LA JORNADA DIGA AQUELLO, AUNQUE REVOLUCIONES POSTEE LO QUE POSTEE... señores, señoras, hagamos más, hablemos menos...
La “captura” electoral
Uno de los cambios urgentes que ha sido planteado por prácticamente todos los partidos políticos en medio del debate sobre la constitucionalidad de la Ley Televisa y la discusión sobre la próxima reforma electoral, reclama romper con el círculo vicioso que se compone de la relación entre poder político, despilfarro de recursos y publicidad electoral en la pantalla.
Está de moda utilizar el término “captura del Estado” que puso en circulación el Banco Mundial para criticar a las instituciones que responden a intereses monopólicos, como en el caso de la Cofetel actual. Sin embargo, la captura no es sólo en telecomunicaciones. También se ha generado en procesos como los electorales, que están prácticamente “capturados” por ese círculo vicioso.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avanzaron en el decreto de anticonstitucionalidad de la Ley Televisa afectaron el negocio de la convergencia que pretende ser monopolizado por dos empresas televisivas y condenaron la “captura” de los organismos responsables de regular el sector, pero no fijaron ninguna línea en relación con el despilfarro mediático en campañas. No les correspondía en ese momento, pero indudablemente marcaron una pauta que influirá en la discusión de la reforma electoral.
En la Cámara de Diputados, el actual legislador priista Carlos Rojas presentó ya una iniciativa de reforma a los artículos 190 y 191 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para combatir el despilfarro en medios electrónicos por parte de los partidos.
En su exposición de motivos, Rojas afirma que los principales problemas en el sistema electoral “están vinculados con un elemento central que es la mediatización de las campañas políticas, con un gasto inadmisible, sobre todo en una sociedad que padece enormes carencias. De lo que se trata es de evitar que se repita la inequidad en las elecciones y disminuir el gran costo económico que representan en la actualidad y, el cual, es financiado fundamentalmente con recursos públicos”.
En esencia, la propuesta de Carlos Rojas es que los llamados “tiempos oficiales” que el gobierno tiene destinado en la radio y la televisión concesionada, se dejen de usar para promover la obra pública en los periodos electorales y se distribuyan entre los partidos políticos.
Al mismo tiempo, se prohíbe que cualquier persona física o moral u organización de la sociedad civil realice propaganda o la financie “a favor o en contra de candidato alguno durante el proceso electoral”.
Este candado tiene como objetivo evitar que se reproduzca el fenómeno de la guerra sucia en la pantalla televisiva, vía spots televisivos financiados por organismos privados, como fue el caso de los anuncios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en contra del candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, integrado por organizaciones de amplia trayectoria a favor de la democracia, como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Alianza Cívica, Cencos, Incide Social y Red por la Participación Ciudadana, entre otras, presentó el 22 de mayo sus propuestas sobre reforma electoral.
En la parte relativa a la publicidad electoral establecen:
“Toda la propaganda o publicidad electoral deberá ser administrada y regulada por el nuevo instituto electoral. En relación con los medios de comunicación electrónica, se determinará el uso de tiempos oficiales y sólo en caso de ser necesario se contratarán espacios privados por parte del instituto.
“Los tiempos en medios de comunicación electrónica deberán ser igualitarios entre los contendientes. La diferencia derivada de la fuerza e historia de los partidos políticos podrá emplearse en otro tipo de publicidad y en actividades de campaña por la geografía y entidad de que se trate”.
Similares pronunciamientos han realizado senadores del PRD, como Carlos Sotelo, y el mismo coordinador del PAN en el Senado, Santiago Creel, secretario de Gobernación durante el gobierno de Vicente Fox.
Para observadores críticos, estos pronunciamientos no son más que “buenos deseos” o intentos de “lavar culpas” ante lo sucedido en 2006 y lo que se comienza a reproducir en las campañas estatales electorales de 2007, como la ocurrida en Yucatán.
Para otros, lo importante es que se legisle y se pueda romper el círculo vicioso en que se ha convertido la relación entre medios, poder y dinero. Es una razón de Estado, no una simple deseo.
Fuente: Apro.
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