Golpea la reforma a los minipartidos

Jesús Cantú

Aunque en la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se pueden atenuar o magnificar los impactos previsibles a partir de las reformas a la Constitución, hay algunas consecuencias que no es posible modificar, dado lo preciso de las disposiciones en la Carta Magna. Por ejemplo, las campañas terrestres (la llamada promoción del voto) prevalecerán sobre las de aire (propaganda en medios de comunicación masiva); se agudizarán las desigualdades entre los partidos con mayor participación electoral y los de menor participación, y los institutos políticos de nuevo registro o con registro estatal competirán todavía con más desventaja, lo cual casi inevitablemente se traducirá en la reducción del número de partidos y en la consolidación de los tres con mayor votación.

En los últimos cuatro procesos electorales los partidos reportaron al Instituto Federal Electoral (IFE) que, en promedio, 60% de los gastos de campaña se destinaron a los medios electrónicos de comunicación, lo cual implicaría que en la búsqueda del voto prevalecían las campañas mediáticas sobre el resto de las fórmulas de promoción del voto.

Sin embargo, principalmente a partir de los casos Pemexgate y Amigos de Fox, es factible deducir que los partidos no informan de todos los gastos que realizan, y puesto que los spots dejan una constancia incontrovertible, sobre todo a partir de los monitoreos que realiza el IFE, los egresos que ocultan seguramente se destinan a otros medios de promoción, con lo cual no es posible asegurar indubitablemente que prevalecían las campañas mediáticas. Si esto ocurría en el pasado al haber libertad absoluta para contratar tiempos en radio y televisión, con las nuevas normas constitucionales, no hay duda de que prevalecerán las campañas terrestres.

En las elecciones de 2009 –de acuerdo con las disposiciones y únicamente considerando las participaciones electorales de los ocho partidos políticos con registro–, el reparto de los tiempos en cada una de las estaciones de radio y canales de televisión se efectuará aproximadamente de la siguiente manera:

El PAN tendrá casi 14 minutos diarios, lo que implica 46 segundos por hora; el PRD, 10 minutos diarios, 33 segundos por hora; el PRI, casi 7 minutos diarios, 23 segundos por hora; el PVEM, 4 minutos diarios, 13 segundos por hora; el PT, 3.8 minutos diarios, 13 segundos por hora; Convergencia, 3.6 minutos diarios, 12 segundos por hora; el Panal, 3.4 minutos diarios, 11 segundos por hora, y Alternativa 2.5 minutos diarios, 8 segundos por hora.

Estos tiempos contrastan notablemente con las intensas campañas de difusión que se observaron en las pasadas elecciones presidenciales, sobre todo en el caso de los tres partidos con mayor participación electoral. Obviamente la publicidad se concentraba en unas cuantas estaciones de radio y canales de televisión, los de mayor audiencia.

Así, en el caso de los canales 2 y 13, las emisoras insignia de las dos principales cadenas, Televisa y TV Azteca, los televidentes descansarán del bombardeo electoral, particularmente si se toma en cuenta que tampoco habrá propaganda gubernamental. Mientras que en 2006 los televidentes tenían que soportar alrededor de 20 minutos por hora de propaganda electoral en los horarios de mayor audiencia, en 2009 la proporción será de casi una séptima parte.

Sin duda los partidos políticos tendrán a su disposición una mayor cantidad de minutos diarios, pero tendrán menor audiencia, pues ya no podrán concentrar sus baterías, como lo hacían antes, en aquellas emisoras de radio y televisión que cuentan con la mayor cobertura y el más alto número de escuchas y televidentes. Por lo demás, como los partidos mantienen los niveles de financiamiento público, destinarán mayores recursos a las campañas terrestres.

Y es justamente en este último aspecto en el que se agudizarán las desigualdades, pues mientras en las campañas mediáticas lo importante es la creatividad, lo que pone en igualdad de circunstancias a todos los partidos, en las campañas terrestres la clave es la estructura partidista, por lo que en ese sentido se fortalecerán los partidos con mayor participación electoral (PAN, PRI y PRD) o los que tienen acceso a una sólida organización, como el Panal.

Por otra parte, de acuerdo con la disposición constitucional, el reparto de los tiempos en los medios de comunicación electrónica se realizará en los mismos términos que el financiamiento público, lo cual también evitará que los partidos con menor participación electoral compensen sus debilidades con una mayor difusión mediática, como lo hizo el PVEM en 2003, cuando destinó a las dos televisoras nacionales 60% más de recursos (102 millones de pesos contra 64 millones) que el PAN y el PRD.

Los partidos de nuevo registro o con registro estatal competirán todavía en peores condiciones, pues únicamente les corresponderán (suponiendo que únicamente hay un partido en estas condiciones) 1.6 minutos diarios, es decir, 5 segundos por hora. Así, casi no tendrán presencia en las estaciones y canales con mayor audiencia en los mejores horarios, y aunque concentraran todos sus promocionales en un horario (lo cual es prácticamente imposible, porque el resto de los partidos no lo permitirán), les corresponderían únicamente 96 segundos; es decir, minuto y medio.

A lo anterior se agrega el hecho de que ahora la fórmula para calcular la bolsa de financiamiento público incentiva las coaliciones, pues cada partido que conserva su registro aporta más recursos a dicha bolsa de los que recibía. Así, en el presente año la existencia de los cinco partidos políticos con menor participación electoral incrementó el monto total de la bolsa en aproximadamente mil 500 millones de pesos, pero de este monto ellos sólo reciben 950 millones; los otros tres partidos se reparten los 550 millones de pesos restantes (casi 275 millones para el PAN, 160 para el PRD y 115 millones para el PRI), que de otro modo no tendrían.

La nueva fórmula ya no tiene el elemento multiplicador constituido por el número de partidos, por lo cual el incentivo es exactamente contrario. Dado que la bolsa es fija (sin importar el número de partidos), cada partido que sobreviva les restará financiamiento a los de mayor participación. Así se termina la motivación económica, y la única razón para formar una coalición será la electoral, ya sea que la unión les permita obtener el triunfo en las elecciones de mayoría relativa o que la aportación electoral del partido con menor participación le permita al otro partido obtener más posiciones de representación proporcional.

Todo esto conduce a la reducción de partidos y se constituye en un obstáculo más para la formación de otros. Las nuevas reglas llevan en el mediano plazo a la consolidación de los tres partidos con mayor participación electoral, y eventualmente del Panal mientras mantenga la simbiosis con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Habrá que estar muy atentos a los efectos de largo plazo, pues las encuestas muestran sistemáticamente el creciente descrédito de los actuales institutos políticos y sus dirigentes, que con sus decisiones e insensibilidad contribuyen cada día más a ello. Más allá de los altos porcentajes de votación (90% en todas las últimas elecciones) que concentran las tres fuerzas políticas con mayor participación electoral, también hay que leer los crecientes niveles de abstencionismo y la falta de opciones convincentes que enfrenta el elector en la boleta electoral.

Sin duda es cuestionable que todos los partidos políticos con menor participación electoral representen en estos momentos una verdadera alternativa con respecto a los tres partidos con mayor votación; igualmente, hay que reconocer que varios de estos institutos políticos, algunos de fugaz vida, han sido más un rentable negocio para sus dirigentes que una opción política. Tampoco puede negarse que todas las encuestas muestran que más de 40% de la ciudadanía no se identifica con ninguno de los partidos políticos con registro, lo cual también indica que esos institutos no representan fielmente la diversidad de la sociedad mexicana.

En estas condiciones, lo deseable es que el sistema electoral facilite la formación de nuevos partidos (especialmente estatales y regionales, que es la verdadera característica de varios de los partidos actuales), permita su participación en la contienda en condiciones de equidad y que el ciudadano decida su permanencia o su desaparición; obviamente, hay que cerrar las puertas al desvío de los recursos que reciben, pero impidiendo la entrada de éstos. La puerta de entrada debe ser muy ancha, pero igualmente la de salida, previa verificación de que no saquearon al erario.

Esta es la única vía para construir, y en su momento consolidar, un sólido sistema de partidos que represente la heterogeneidad de la sociedad mexicana. Hoy las tres organizaciones con mayor participación electoral adelantan los tiempos para acrecentar su poder y, sobre todo, su financiamiento público.