Propuestas para medios públicos

Florence Toussaint

Esta coyuntura política y legislativa parece propiciar nuevas esperanzas de que los medios audiovisuales sean reorganizados. El fallo de la Suprema Corte respecto de la llamada Ley Televisa, la aprobación de los cambios a la Ley Electoral, los foros abiertos en el Senado de la República para discutir propuestas y diseñar proyectos, constituyen indicios de que una nueva reglamentación puede surgir, una ley que sea equitativa, democrática y en consonancia con la tecnología de punta que surge continuamente.

El sector de los medios públicos parece también decidido a intervenir para llevar adelante los intereses de un tipo de radio, televisión y hoy telecomunicaciones que deberían definirse por su servicio público, ser un espacio para la inteligencia y las mejores manifestaciones de la cultura en todos sus aspectos. Medios que contribuyan al aprendizaje continuado, a la reflexión sobre el entorno, a visiones políticas amplias, a reconocer la historia y que lleve a los miembros de la población a reconocerse como sujetos de un proceso que no les es ajeno.

La radio y televisión en manos de instituciones gubernamentales constituye un conglomerado variopinto, su tamaño es significativo, especialmente porque cubre casi la totalidad de las capitales de los estados. Existen 27 señales televisivas aéreas abiertas, pertenecientes la mayoría a los gobiernos locales y a universidades públicas, las de Monterrey y Hermosillo. Varias de estas emisoras se encuentran enclavadas en sistemas que cuentan con radiodifusoras y televisoras que repiten las señales en municipios de la entidad federativa en donde se encuentran. Tanto su presupuesto como su capacidad de producción va de los escasos 700 mil pesos anuales a más de 100 millones al año, como es el caso de Canal 11, Canal 22 y Canal 34 de Televisión Mexiquense.

En los últimos siete años han aparecido cuatro señales que únicamente transitan por cable o satélite: Canal del Congreso, Canal Judicial, AprendeTv y TV UNAM. Su origen se encuentra en el Distrito Federal y sus presupuestos son considerables, en muchos casos superiores a los de señales abiertas, modestas, de los estados. Su limitación se encuentra justamente en que se trata de señales de paga a la que sólo tienen acceso aquellos cuyo ingreso les da para suscribirse a alguno de los sistemas existentes. Con el agravante de que quienes toman su señal lo hacen de manera gratuita. Es decir, los cableros lucran con una señal que no les cuesta producir y tampoco pagan derechos por emitirla. Este es un tema que habría que discutir. El cable y el satélite son concesiones. Por tanto, la ley tendría que contemplar la obligación de éstos de portar las señales públicas y pagar a sus productores una cuota por cada suscriptor, como lo hacen con las señales extranjeras que ofrecen a sus clientes.

Ahora que se discuten innovadoras formas de financiamiento, esta podría ser una propuesta que allegara a los medios del Estado dinero proveniente de los concesionarios, quienes apenas si pagan impuestos y a los cuales no se les cobra en efectivo por utilizar un bien propiedad de la nación.

Los medios públicos se han agrupado para formar una Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C. Tal circunstancia los pone en mejor situación para pelear un trato justo y ya no solamente su mera sobrevivencia. Durante el sexenio pasado, tanto Canal 11 como Radio Educación organizaron varios foros con invitados extranjeros para darle visibilidad al problema y tratar de frenar la caída de sus presupuestos. Hoy es la Red misma la que busca reavivar el fuego, con un Tercer Congreso Internacional que lleva por título Regulación y futuro digital de los medios públicos.

Durante dos días, especialistas, productores y abogados de Brasil, Europa y México hablarán sobre el marco regulador, garantía jurídica de independencia, retos frente a la convergencia digital, organización y financiamiento. El viernes 28 se presentará una propuesta de ley que ha sido sigilosamente guardada y que engrosará las opciones a discutirse.

El programa es muy amplio y, sin embargo, son los extranjeros, en mayor cantidad los europeos, quienes llevan la batuta. Una pena que los mexicanos apenas si figuren en un congreso que se realiza en el país, organizado por una entidad nacional.