El IFE, Calderón y Salinas
La reforma del Instituto Federal Electoral (IFE) que se negocia en el Congreso de la Unión, está encaminada a quitarle a los grupos de presión el control de los procesos electorales del que se hicieron en años recientes.
En buena medida, es una autonomía respecto del poder fáctico de los medios electrónicos, en especial de la televisión, y de las organizaciones empresariales que, en el proceso electoral de 2006, exacerbaron el enfrentamiento político de la mano del Ejecutivo federal, con la complicidad de la propia autoridad electoral.
Si en la primera mitad de los años noventa se logró de forma paulatina la autonomía del IFE respecto del Ejecutivo federal, mediante la designación de consejeros ciudadanos con facultades plenas de organización de los comicios federales, la reforma electoral que se perfila ahora busca que los partidos políticos, a través de la Cámara de Diputados, controlen los procesos electorales federales.
Por sobrevivencia, el sistema político mexicano ha tenido que reaccionar ante dos situaciones de crisis provocadas por la negativa de los grupos de presión políticos y económicos a permitir el desarrollo de la democracia en México. En 1988, fue la cuestionada elección presidencial con la que Carlos Salinas de Gortari se hizo del poder. En 2006, el impugnado triunfo de Felipe Calderón, avalado no en las urnas, sino por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En ambas reformas hay un personaje que une a Salinas y Calderón: Manlio Fabio Beltrones, entonces subsecretario de Gobernación, encargado de la reforma electoral, y ahora coordinador del PRI en el Senado y autor de la iniciativa de la reforma del estado, que entre sus componentes tiene la reforma electoral.
En ambos casos, la izquierda ha sido la agraviada. Primero Cuauhtémoc Cárdenas y, después, Andrés Manuel López Obrador, han evidenciado, en circunstancias diferentes, la debilidad institucional democrática de México.
En la primera mitad de su sexenio, Salinas comenzó con el proceso de ciudadanización del IFE, que como instituto empezó a operar en 1990, aunque todavía era presidido por el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.
El levantamiento armado del EZLN en Chiapas, en enero de 1994, y el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luís Donaldo Colosio, en marzo de ese mismo año, obligó a que la autoridad se apresurara a sacar las manos de la organización del IFE y se nombraran los primeros consejeros ciudadanos.
En 1996, ya con Zedillo en la presidencia, se logró la plena autonomía del IFE que, por primera vez en la historia de México, dio suficiente credibilidad a los procesos electorales. Así fue hasta 2003, cuando se renovó el Consejo General del instituto en un proceso desaseado del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados, que a la larga terminó por dinamitar al propio instituto.
Controlado por esos partidos, toda vez que, en un acto de irresponsabilidad política el PRD se negó a participar en la designación de los consejeros porque las negociaciones no le favorecieron, el IFE acabó en manos de intereses corporativos, más que partidistas, con lo que perdió su autoridad.
Elba Esther Gordillo, entonces coordinadora del PRI en la Cámara de Diputados, se quedó con la operación del IFE mediante la designación de un número suficiente de consejeros afines. A su salida del PRI, puso a los consejeros al servicio del PAN y su candidato presidencial.
A favor de Calderón estuvieron, además, el entonces presidente Vicente Fox –cuya desfachatez política puso en peligro la elección, de acuerdo con el propio Tribunal Electoral– y los poderosos grupos empresariales que, mediante un activismo descarado, infundieron el voto de medio entre la población en contra de López Obrador, con el apoyo de los medios electrónicos.
La reforma está encaminada a corregir esos excesos mediante el fortalecimiento del IFE, que también tendrá un mayor margen para fiscalizar a los partidos políticos, en especial por lo que hace a gastos electorales.
El control estará ahora en manos de la Cámara de Diputados, que además tendrá un auditor para vigilar los actos administrativos de los consejeros electorales.
El nuevo diseño conlleva el riesgo de que el IFE quede a merced del Poder Legislativo si es que los consejeros electorales no hacen valer su autoridad, como ocurrió con el Consejo Electoral defenestrado por esta reforma electoral.
La reforma del Instituto Federal Electoral (IFE) que se negocia en el Congreso de la Unión, está encaminada a quitarle a los grupos de presión el control de los procesos electorales del que se hicieron en años recientes. En buena medida, es una autonomía respecto del poder fáctico de los medios electrónicos, en especial de la televisión, y de las organizaciones empresariales que, en el proceso electoral de 2006, exacerbaron el enfrentamiento político de la mano del Ejecutivo federal, con la complicidad de la propia autoridad electoral.
Si en la primera mitad de los años noventa se logró de forma paulatina la autonomía del IFE respecto del Ejecutivo federal, mediante la designación de consejeros ciudadanos con facultades plenas de organización de los comicios federales, la reforma electoral que se perfila ahora busca que los partidos políticos, a través de la Cámara de Diputados, controlen los procesos electorales federales. Por sobrevivencia, el sistema político mexicano ha tenido que reaccionar ante dos situaciones de crisis provocadas por la negativa de los grupos de presión políticos y económicos a permitir el desarrollo de la democracia en México. En 1988, fue la cuestionada elección presidencial con la que Carlos Salinas de Gortari se hizo del poder. En 2006, el impugnado triunfo de Felipe Calderón, avalado no en las urnas, sino por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En ambas reformas hay un personaje que une a Salinas y Calderón: Manlio Fabio Beltrones, entonces subsecretario de Gobernación, encargado de la reforma electoral, y ahora coordinador del PRI en el Senado y autor de la iniciativa de la reforma del estado, que entre sus componentes tiene la reforma electoral.
En ambos casos, la izquierda ha sido la agraviada. Primero Cuauhtémoc Cárdenas y, después, Andrés Manuel López Obrador, han evidenciado, en circunstancias diferentes, la debilidad institucional democrática de México.
En la primera mitad de su sexenio, Salinas comenzó con el proceso de ciudadanización del IFE, que como instituto empezó a operar en 1990, aunque todavía era presidido por el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.
El levantamiento armado del EZLN en Chiapas, en enero de 1994, y el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luís Donaldo Colosio, en marzo de ese mismo año, obligó a que la autoridad se apresurara a sacar las manos de la organización del IFE y se nombraran los primeros consejeros ciudadanos.
En 1996, ya con Zedillo en la presidencia, se logró la plena autonomía del IFE que, por primera vez en la historia de México, dio suficiente credibilidad a los procesos electorales. Así fue hasta 2003, cuando se renovó el Consejo General del instituto en un proceso desaseado del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados, que a la larga terminó por dinamitar al propio instituto.
Controlado por esos partidos, toda vez que, en un acto de irresponsabilidad política el PRD se negó a participar en la designación de los consejeros porque las negociaciones no le favorecieron, el IFE acabó en manos de intereses corporativos, más que partidistas, con lo que perdió su autoridad.
Elba Esther Gordillo, entonces coordinadora del PRI en la Cámara de Diputados, se quedó con la operación del IFE mediante la designación de un número suficiente de consejeros afines. A su salida del PRI, puso a los consejeros al servicio del PAN y su candidato presidencial.
A favor de Calderón estuvieron, además, el entonces presidente Vicente Fox –cuya desfachatez política puso en peligro la elección, de acuerdo con el propio Tribunal Electoral– y los poderosos grupos empresariales que, mediante un activismo descarado, infundieron el voto de medio entre la población en contra de López Obrador, con el apoyo de los medios electrónicos.
La reforma está encaminada a corregir esos excesos mediante el fortalecimiento del IFE, que también tendrá un mayor margen para fiscalizar a los partidos políticos, en especial por lo que hace a gastos electorales.
El control estará ahora en manos de la Cámara de Diputados, que además tendrá un auditor para vigilar los actos administrativos de los consejeros electorales.
El nuevo diseño conlleva el riesgo de que el IFE quede a merced del Poder Legislativo si es que los consejeros electorales no hacen valer su autoridad, como ocurrió con el Consejo Electoral defenestrado por esta reforma electoral.
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