Álvaro Delgado
México, D.F., 18 de diciembre (apro).- En todas las dictaduras, de derecha y de izquierda, y aun en regímenes con tradición democrática --como Estados Unidos y España--, se alegan razones de Estado para conculcar libertades y cometer arbitrariedades contra los ciudadanos que hacen uso de derechos obtenidos a contrapelo del autoritarismo o de quienes delinquen a sabiendas.
Guardar silencio y aun justificar decisiones basadas en supuestas razones de Estado para coartar, acotar o liquidar derechos establecidos en el andamiaje constitucional --aun, insisto, en el caso de quienes delinquen-- no sólo implica complicidad, sino que incuba el huevo de la serpiente dictatorial, cuyas consecuencias en el tejido social tardan mucho en sanar o no lo hacen jamás.
Lo estamos viendo en Chile, donde la dictadura de más de tres lustros de Augusto Pinochet hirió a una sociedad de rancia tradición legalista con la razón de Estado para cometer desapariciones, torturas, asesinatos y corruptelas. Muerto el caudillo en medio del desprecio social, aunque también del duelo de sus incondicionales, esa nación no encuentra reposo, ni siquiera con la escuálida bonanza bajo el terror.
En México se acumulan, a veces estruendosa y en otras silenciosamente, hechos que, de no darles la dimensión debida, detonarán la ya de por sí débil estructura institucional vigente y el marco de convivencia civilizada, cuyas consecuencias pondrían el riesgo la fortaleza como nación, sobre todo porque no han sido resueltas muchas atrocidades cometidas --antes y todavía-- por razones de Estado.
Es elocuente que la falta de legitimidad --o debilidad, si se quiere-- de Felipe Calderón lo ha hecho atrincherarse en las Fuerzas Armadas, una de las instituciones con respaldo popular --porque popular es su origen e integración-- para ejercer el gobierno, que ha adquirido, como se esperaba, un perfil excluyente en los dichos y en los hechos.
La integración del gabinete de Calderón, subordinado a la coalición de intereses que lo respaldó, y el proyecto de presupuesto para su primer año de gestión, en la misma lógica de aquélla, sólo acreditan los compromisos adquiridos y la deposición de un elemento que hoy no es sólo necesario, sino urgente: la inclusión.
No hace falta que pasen más de quince días, como alegan los cortesanos --que exigen el beneficio de la duda--, para concluir lo que ya se veía desde la campaña, incluida la impunidad de personajes del establo panista y aun priista, como Mario Martín, Arturo Montiel y Ulises Ruiz con su cauda de crímenes.
Pero hay un hecho reciente que es preciso no perder de vista sobre la línea de retroceso que padece México: la resolución de la Comisión de Transparencia del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre la solicitud del semanario Proceso, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para acceder a las boletas de la elección presidencial del 2 de julio.
La argumentación del IFE, para sustentar su negativa al derecho de la sociedad a saber y proceder a la destrucción de las boletas electorales, es espeluznante, porque se funda en razones de Estado. De consumarse tal arbitrariedad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que es la última instancia en este ámbito, representaría un precedente de enorme gravedad en un derecho arrancado por la sociedad al poder público.
Y es que ahora el derecho de la sociedad a la información, consagrado en el artículo sexto constitucional, y su vertiente de acceso a la información pública establecido en la ley, es de menor jerarquía a la obligación de destruir los paquetes electorales porque, de acuerdo con el IFE, esto representaría un atentado a los poderes del Estado.
Según el IFE, que ya había decretado que las boletas electorales ¡no son documentos!, el derecho fundamental a la información “se encuentra sujeto a restricciones, las cuales no sólo tienen por objeto salvaguardar la intimidad de las personas, sino también garantizar el orden público, el interés social, así como funciones primordiales del Estado mexicano, incluidas entre ellas, por ejemplo, la seguridad nacional”
Quién sabe qué sea para el IFE el “interés social”, el “orden público” y la “seguridad nacional”, pero en su dictamen aprobado por la comisión, el jueves 14, insiste en su negativa de permitir a Proceso revisar las boletas electorales, y de plano decreta que, una vez concluido el proceso electoral, “dichos paquetes no pueden brindar mayor información que la ya dada a conocer” por ese mismo órgano electoral y el TEPJF.
“De estimar lo contrario, no sólo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral federal, sino a la Constitución en sí misma, al pacto federal rector de la actividad estatal de nuestro país, tutor de la integración de los poderes de la unión y protector al mismo tiempo de los derechos de los ciudadanos mexicanos, así como de sus expectativas frente al Estado”.
Según los altos burócratas de IFE, cuya vinculación con Calderón y Elba Esther Gordillo está sólidamente acreditada, la negativa a dar acceso a las boletas electorales no sólo tiene que ver con la reserva establecida en la ley, que no la hay, sino “además que exista un elemento de daño que permita afirmar que su divulgación podría afectar gravemente una de las funciones del Estado, cuestión que acontece en el presente asunto”.
El IFE llega al extremo de sugerir una especie de golpismo a quien quiere, como Proceso, ejercer su derecho a saber, y justifica “la restricción de un derecho fundamental y los fines perseguidos por el Estado con dicha restricción”, al citar una legislación alemana sobre “democracia limitante”.
Según el concepto de “democracia limitante” de la legislación alemana, que expone el IFE, se “restringe la libertad de expresión o la de información cuando el ejercicio de la misma atente en contra de determinados valores públicos de importancia fundamental para la colectividad, entre los que se incluyen todos los procedimientos para la integración de los órganos de gobierno”.
Añade el IFE: “Por lo que existen determinados valores o principios, como son los de certeza y definitividad de los procesos electorales para la integración de los órganos del Estado, que por su importancia para el Estado y la colectividad se constituye como una limitación legítima al derecho a la información. Por lo tanto, el acceso a los paquetes electorales, incluso concluido el proceso electoral, no puede quedar al arbitrio de la autoridad, so pena de vulnerar el sistema jurídico e institucional diseñado por el legislador. La permisión de tales conductas no sólo conllevaría al menoscabo del Estado de derecho al vulnerarse un mandato impuesto por ley, sino también el interés de la sociedad mexicana y el orden constitucional.”
Tal cual.
Apuntes
Este dictamen del IFE contrasta con el emitido por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) a una solicitud de información sobre el acceso a las boletas de la elección para jefe de gobierno capitalino, cuyo derecho este organismo garantizó sin atenuantes. Es decir, a una misma petición, dos varas distintas. Urge, por ello, un amplio debate sobre un asunto definitorio para México… Pero tan definitorio en este asunto como la profundidad en la transformación del régimen político, incluido el régimen de partidos. Los parches, como la demagógica propuesta de Alternativa de reducir unos pesos el financiamiento público, sólo son síntoma de la simulación electorera en curso. Otro ejemplo es que el PRD busque, como parte de la descomposición partidista, postular para el gobierno de Yucatán a los inconformes del PRI, Dulce María Sauri, y del PAN, Ana Rosa Payán, aplastada por el uso de recursos ilegales e inmorales en la elección interna de ayer domingo. ¡Vaya coherencia perredista!... Triste, también, el fin político de Luis H. Álvarez, que de prominente figura del panismo transmuta a burócrata pegado a la ubre presupuestal… Historias de Jalisco: Rodolfo Chávez Calderón es periodista de la Organización Editorial Mexicana y está en ciernes su despido por informar en su columna “Juicios juzgados” del homicidio del joven Néstor Alan Rodríguez Licea en un accidente provocado por Christian Arias de la Torre, hijo del vocero de la Secretaría de Gobernación que encabeza Francisco Ramírez Acuña, y su amigo Francisco Álvarez del Castillo Iñiguez, nieto de Enrique Álvarez del Castillo. Resulta que el director de los periódicos propiedad de Mario Vázquez Raña en Jalisco, Rodolfo González Reyes, es compadre de Arias… Otra: el ayuntamiento panista de Tepatitlán derribó de la plaza principal la estatua de José María Morelos y Pavón para levantar una fuente danzarina… la estatua del prócer, que tanto dice inspirar a Calderón, está arrumbada en una bodega convertida en un muladar…
México, D.F., 18 de diciembre (apro).- En todas las dictaduras, de derecha y de izquierda, y aun en regímenes con tradición democrática --como Estados Unidos y España--, se alegan razones de Estado para conculcar libertades y cometer arbitrariedades contra los ciudadanos que hacen uso de derechos obtenidos a contrapelo del autoritarismo o de quienes delinquen a sabiendas.
Guardar silencio y aun justificar decisiones basadas en supuestas razones de Estado para coartar, acotar o liquidar derechos establecidos en el andamiaje constitucional --aun, insisto, en el caso de quienes delinquen-- no sólo implica complicidad, sino que incuba el huevo de la serpiente dictatorial, cuyas consecuencias en el tejido social tardan mucho en sanar o no lo hacen jamás.
Lo estamos viendo en Chile, donde la dictadura de más de tres lustros de Augusto Pinochet hirió a una sociedad de rancia tradición legalista con la razón de Estado para cometer desapariciones, torturas, asesinatos y corruptelas. Muerto el caudillo en medio del desprecio social, aunque también del duelo de sus incondicionales, esa nación no encuentra reposo, ni siquiera con la escuálida bonanza bajo el terror.
En México se acumulan, a veces estruendosa y en otras silenciosamente, hechos que, de no darles la dimensión debida, detonarán la ya de por sí débil estructura institucional vigente y el marco de convivencia civilizada, cuyas consecuencias pondrían el riesgo la fortaleza como nación, sobre todo porque no han sido resueltas muchas atrocidades cometidas --antes y todavía-- por razones de Estado.
Es elocuente que la falta de legitimidad --o debilidad, si se quiere-- de Felipe Calderón lo ha hecho atrincherarse en las Fuerzas Armadas, una de las instituciones con respaldo popular --porque popular es su origen e integración-- para ejercer el gobierno, que ha adquirido, como se esperaba, un perfil excluyente en los dichos y en los hechos.
La integración del gabinete de Calderón, subordinado a la coalición de intereses que lo respaldó, y el proyecto de presupuesto para su primer año de gestión, en la misma lógica de aquélla, sólo acreditan los compromisos adquiridos y la deposición de un elemento que hoy no es sólo necesario, sino urgente: la inclusión.
No hace falta que pasen más de quince días, como alegan los cortesanos --que exigen el beneficio de la duda--, para concluir lo que ya se veía desde la campaña, incluida la impunidad de personajes del establo panista y aun priista, como Mario Martín, Arturo Montiel y Ulises Ruiz con su cauda de crímenes.
Pero hay un hecho reciente que es preciso no perder de vista sobre la línea de retroceso que padece México: la resolución de la Comisión de Transparencia del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre la solicitud del semanario Proceso, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para acceder a las boletas de la elección presidencial del 2 de julio.
La argumentación del IFE, para sustentar su negativa al derecho de la sociedad a saber y proceder a la destrucción de las boletas electorales, es espeluznante, porque se funda en razones de Estado. De consumarse tal arbitrariedad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que es la última instancia en este ámbito, representaría un precedente de enorme gravedad en un derecho arrancado por la sociedad al poder público.
Y es que ahora el derecho de la sociedad a la información, consagrado en el artículo sexto constitucional, y su vertiente de acceso a la información pública establecido en la ley, es de menor jerarquía a la obligación de destruir los paquetes electorales porque, de acuerdo con el IFE, esto representaría un atentado a los poderes del Estado.
Según el IFE, que ya había decretado que las boletas electorales ¡no son documentos!, el derecho fundamental a la información “se encuentra sujeto a restricciones, las cuales no sólo tienen por objeto salvaguardar la intimidad de las personas, sino también garantizar el orden público, el interés social, así como funciones primordiales del Estado mexicano, incluidas entre ellas, por ejemplo, la seguridad nacional”
Quién sabe qué sea para el IFE el “interés social”, el “orden público” y la “seguridad nacional”, pero en su dictamen aprobado por la comisión, el jueves 14, insiste en su negativa de permitir a Proceso revisar las boletas electorales, y de plano decreta que, una vez concluido el proceso electoral, “dichos paquetes no pueden brindar mayor información que la ya dada a conocer” por ese mismo órgano electoral y el TEPJF.
“De estimar lo contrario, no sólo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral federal, sino a la Constitución en sí misma, al pacto federal rector de la actividad estatal de nuestro país, tutor de la integración de los poderes de la unión y protector al mismo tiempo de los derechos de los ciudadanos mexicanos, así como de sus expectativas frente al Estado”.
Según los altos burócratas de IFE, cuya vinculación con Calderón y Elba Esther Gordillo está sólidamente acreditada, la negativa a dar acceso a las boletas electorales no sólo tiene que ver con la reserva establecida en la ley, que no la hay, sino “además que exista un elemento de daño que permita afirmar que su divulgación podría afectar gravemente una de las funciones del Estado, cuestión que acontece en el presente asunto”.
El IFE llega al extremo de sugerir una especie de golpismo a quien quiere, como Proceso, ejercer su derecho a saber, y justifica “la restricción de un derecho fundamental y los fines perseguidos por el Estado con dicha restricción”, al citar una legislación alemana sobre “democracia limitante”.
Según el concepto de “democracia limitante” de la legislación alemana, que expone el IFE, se “restringe la libertad de expresión o la de información cuando el ejercicio de la misma atente en contra de determinados valores públicos de importancia fundamental para la colectividad, entre los que se incluyen todos los procedimientos para la integración de los órganos de gobierno”.
Añade el IFE: “Por lo que existen determinados valores o principios, como son los de certeza y definitividad de los procesos electorales para la integración de los órganos del Estado, que por su importancia para el Estado y la colectividad se constituye como una limitación legítima al derecho a la información. Por lo tanto, el acceso a los paquetes electorales, incluso concluido el proceso electoral, no puede quedar al arbitrio de la autoridad, so pena de vulnerar el sistema jurídico e institucional diseñado por el legislador. La permisión de tales conductas no sólo conllevaría al menoscabo del Estado de derecho al vulnerarse un mandato impuesto por ley, sino también el interés de la sociedad mexicana y el orden constitucional.”
Tal cual.
Apuntes
Este dictamen del IFE contrasta con el emitido por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) a una solicitud de información sobre el acceso a las boletas de la elección para jefe de gobierno capitalino, cuyo derecho este organismo garantizó sin atenuantes. Es decir, a una misma petición, dos varas distintas. Urge, por ello, un amplio debate sobre un asunto definitorio para México… Pero tan definitorio en este asunto como la profundidad en la transformación del régimen político, incluido el régimen de partidos. Los parches, como la demagógica propuesta de Alternativa de reducir unos pesos el financiamiento público, sólo son síntoma de la simulación electorera en curso. Otro ejemplo es que el PRD busque, como parte de la descomposición partidista, postular para el gobierno de Yucatán a los inconformes del PRI, Dulce María Sauri, y del PAN, Ana Rosa Payán, aplastada por el uso de recursos ilegales e inmorales en la elección interna de ayer domingo. ¡Vaya coherencia perredista!... Triste, también, el fin político de Luis H. Álvarez, que de prominente figura del panismo transmuta a burócrata pegado a la ubre presupuestal… Historias de Jalisco: Rodolfo Chávez Calderón es periodista de la Organización Editorial Mexicana y está en ciernes su despido por informar en su columna “Juicios juzgados” del homicidio del joven Néstor Alan Rodríguez Licea en un accidente provocado por Christian Arias de la Torre, hijo del vocero de la Secretaría de Gobernación que encabeza Francisco Ramírez Acuña, y su amigo Francisco Álvarez del Castillo Iñiguez, nieto de Enrique Álvarez del Castillo. Resulta que el director de los periódicos propiedad de Mario Vázquez Raña en Jalisco, Rodolfo González Reyes, es compadre de Arias… Otra: el ayuntamiento panista de Tepatitlán derribó de la plaza principal la estatua de José María Morelos y Pavón para levantar una fuente danzarina… la estatua del prócer, que tanto dice inspirar a Calderón, está arrumbada en una bodega convertida en un muladar…
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