Laura Itzel Castillo
Desde la Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México hemos venido denunciando los efectos lacerantes de la política habitacional neoliberal. Hoy comentaremos el caso de Sonora, donde se vive una brutal ola de desalojos y una represión social cada vez más intensa promovida por el Infonavit.
En ese estado, la cartera vencida de la dependencia, según su propia información al 31 de agosto de 2007, asciende a 15 mil 367 créditos —la mayoría vendida a Pendulum en menos de 10% de su valor, como se expuso en este mismo espacio el pasado 1 de octubre—. Según reportes de la oficina de Enlace de Transparencia estatal, los desalojos promovidos por el Instituto han aumentado de manera sostenida y acelerada en los últimos meses. En septiembre de 2006, la cifra era de 9 al mes, mientras que en junio de este año el número aumentó a 45, sólo en Hermosillo. Esto para el caso de Infonavit. Hay que sumarle los créditos hipotecarios otorgados por otros órganos de vivienda, Sofoles, Sociedad Hipotecaria Federal y los bancos. Se calcula que hay 22 millones de tarjetas de crédito distribuidas en el país, que su cartera vencida alcanza los 15 mil millones de pesos y que se han iniciado 500 mil juicios contra sus deudores, a los que se exige como garantía la hipoteca de su casa.
En este contexto de mercantilización de la política habitacional, de acumulación de riqueza por despojo social y de impunidad institucional, se inscribe la detención de Juan Murguía Franco, de Ciudad Obregón, luchador social que durante 15 años se ha distinguido por defender el techo de las familias sonorenses. Juan fue apresado el pasado 1 de noviembre por orden directa del jurídico nacional del Infonavit, aun cuando se encontraba en mesas de negociación con el Instituto y apenas el 23 de octubre, 8 días antes de su aprehensión, acudió al DF a entregar un padrón de acreditados con el din de alcanzar un acuerdo. Las autoridades sonorenses, cínicamente, han informado que sólo se requiere del “perdón” del director general del Instituto, Víctor Manuel Borrás Setién, para que pueda obtener su libertad.
Este esquema de terrorismo jurídico y represión se reproduce en todo México, pero en Sonora ha adquirido tintes vergonzantes, gracias a que halla campo propicio por la actitud del gobernador, Eduardo Bours, que se ha convertido en un auténtico policía y cobrador del Infonavit, recuperadoras, bancos e inmobiliarias. Exigimos la libertad inmediata de Murguía.
consejodedefensadelavivienda@gmail.com
http://vivienda.gobiernolegitimo.org.mx
Desde la Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México hemos venido denunciando los efectos lacerantes de la política habitacional neoliberal. Hoy comentaremos el caso de Sonora, donde se vive una brutal ola de desalojos y una represión social cada vez más intensa promovida por el Infonavit.
En ese estado, la cartera vencida de la dependencia, según su propia información al 31 de agosto de 2007, asciende a 15 mil 367 créditos —la mayoría vendida a Pendulum en menos de 10% de su valor, como se expuso en este mismo espacio el pasado 1 de octubre—. Según reportes de la oficina de Enlace de Transparencia estatal, los desalojos promovidos por el Instituto han aumentado de manera sostenida y acelerada en los últimos meses. En septiembre de 2006, la cifra era de 9 al mes, mientras que en junio de este año el número aumentó a 45, sólo en Hermosillo. Esto para el caso de Infonavit. Hay que sumarle los créditos hipotecarios otorgados por otros órganos de vivienda, Sofoles, Sociedad Hipotecaria Federal y los bancos. Se calcula que hay 22 millones de tarjetas de crédito distribuidas en el país, que su cartera vencida alcanza los 15 mil millones de pesos y que se han iniciado 500 mil juicios contra sus deudores, a los que se exige como garantía la hipoteca de su casa.
En este contexto de mercantilización de la política habitacional, de acumulación de riqueza por despojo social y de impunidad institucional, se inscribe la detención de Juan Murguía Franco, de Ciudad Obregón, luchador social que durante 15 años se ha distinguido por defender el techo de las familias sonorenses. Juan fue apresado el pasado 1 de noviembre por orden directa del jurídico nacional del Infonavit, aun cuando se encontraba en mesas de negociación con el Instituto y apenas el 23 de octubre, 8 días antes de su aprehensión, acudió al DF a entregar un padrón de acreditados con el din de alcanzar un acuerdo. Las autoridades sonorenses, cínicamente, han informado que sólo se requiere del “perdón” del director general del Instituto, Víctor Manuel Borrás Setién, para que pueda obtener su libertad.
Este esquema de terrorismo jurídico y represión se reproduce en todo México, pero en Sonora ha adquirido tintes vergonzantes, gracias a que halla campo propicio por la actitud del gobernador, Eduardo Bours, que se ha convertido en un auténtico policía y cobrador del Infonavit, recuperadoras, bancos e inmobiliarias. Exigimos la libertad inmediata de Murguía.
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