Por: Noelio TiunaOficialmente se le llama Plan Mérida, pero para muchos se trata de evitar que el Plan México huela, como todos perciben, al Plan Colombia y por el cual Estados Unidos se ha involucrado militarmente en ese país sudamericano.
Son muchas las coincidencias. La iniciativa del gobierno estadounidense, de las pocas para América Latina, tiene como propósito oficial combatir al terrorismo y al narcotráfico, pero un trasfondo importante es atajar el fenómeno de la emigración ilegal, en momentos en que se imponen del otro lado de la frontera disposiciones estaduales y federales contra ese importante sector poblacional.
El presidente George W. Bush pidió al Congreso los fondos de la partida extraordinaria solicitada para mantener las guerras en Irak y Afganistán, lo que levanta todavía más las suspicacias sobre el proyecto para México, con todas las trazas de ser apenas la punta de un plan más allá de las fronteras del país azteca.
No tuvo reparos el subsecretario de Estado, John Negroponte, de confirmarlo durante una reunión con empresarios en Monterrey. Luego de México viene toda Centroamérica, esta vez con el pretexto de combatir a las pandillas y al crimen organizado.
Bush pidió mil 400 millones de dólares al Congreso, de los cuales 500 millones serán empleados este año para, según la prensa norteamericana, iniciar el adiestramiento y el envío de equipos y tecnología de punta para operaciones de inteligencia.
Y aunque en el Senado mexicano, encargado de validar los acuerdos internacionales del país, no conocen el contenido de lo acordado con Washington, ya tienen lugar reuniones de funcionarios de la Defensa, Marina e Inteligencia con personal de la embajada norteamericana en el Distrito Federal.
La parte estadounidense reclama mayores controles en los aeropuertos locales, la instalación de radares, depuración de la policía y mano dura con los emigrantes y, sobre todo, mayor presencia en México de personal de la DEA y los servicios de seguridad de la vecina potencia.
Ello porque ni los senadores mexicanos y al parecer tampoco el gobierno, tienen copia de la iniciativa de Estados Unidos, donde también el tema levanta suspicacias en el Capitolio por la poca transparencia del Ejecutivo al respecto.
Requerida por la Cámara alta mexicana, la canciller Patricia Espinosa negó que se tratara de un convenio o tratado y lo calificó de acuerdo político con Washington.
Legisladores aztecas, entretanto, cuestionan los propósitos reales del plan, por el cual México asume la agenda de seguridad de Estados Unidos a despecho de intereses y prioridades nacionales.
Es por ello que se levantan voces para denunciar la desnacionalización en materia de seguridad nacional y los intentos del gobierno de Felipe Calderón de conformar un Estado militar con rostro civil, al servicio del gran capital.
Sobre todo porque el Plan Mérida llega en un momento de crecimiento de movimientos sociales y de resistencia civil, lo que presume la utilización de las nuevas tecnologías para reprimir a sectores opositores.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario