En concreto
Laura Itzel Castillo
30 de abril de 2008
La lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer ha sido larga y, desde luego, no ha terminado. Aún hoy se nos descalifica por ser la vanguardia del movimiento de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo. Pero tampoco hay que asombrarse: el machismo no distingue colores. Las expresiones misóginas se dan en todos los ámbitos políticos, sociales y culturales del país. El parlamento no podía ser la excepción, como ha quedado claro en estos días.
1 Repasemos brevemente la historia reciente: los derechos políticos de la mujer, promovidos por el general Lázaro Cárdenas y aprobados por el Congreso durante su administración, simplemente quedaron congelados al omitirse la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Fue aquélla una decisión política altamente discriminatoria.
La lógica imperante entonces era que estos derechos se irían reconociendo paulatinamente. El conservadurismo de Manuel Ávila Camacho detuvo cualquier iniciativa al respecto. El liberalismo de Miguel Alemán Valdés, apenas alcanzó para otorgar el voto femenino a nivel municipal. Ocurrió en 1946 con la reforma al artículo 115 constitucional.
Fue hasta 1953, durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, cuando finalmente se reconocieron los derechos políticos de la mujer mexicana. Para ello fue necesario modificar el artículo 34 constitucional. Sin embargo, el ejercicio del sufragio se inscribió en el contexto de un sistema monopartidista. Así, la incorporación a los cargos públicos siguió siendo lenta, limitada e inequitativa.
Aurora Jiménez de Palacios se convirtió en la primera diputada federal, en 1954. Diez años después, en 1964, fueron electas las primeras senadoras. El nivel de atraso en México resulta evidente si se toma en consideración que después de la Primera Guerra Mundial, muchos países reconocieron el derecho de la mujer a votar y ser votada.
Así ocurrió en Estados Unidos, Canadá, Austria, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Rusia y Suiza, entre varios más.
Hasta ya muy entrada la segunda mitad del siglo XX, la equidad de género fue una aspiración sin sustento en nuestro país. La mínima representación parlamentaria no logró modificar ese estado de cosas. Fue necesario que surgiera un movimiento feminista, y que éste actuara de manera articulada en el contexto de una serie de cambios culturales, para ubicar en el centro del debate no sólo los derechos políticos, sino también otros como los reproductivos y sexuales.
Durante las últimas décadas, muchas mujeres nos hemos ido incorporando a la lucha por la democracia, bajo la premisa de que para lograr la igualdad de género y eliminar la cultura patriarcal, se requiere vencer al régimen autoritario en el poder, ayer bajo las siglas del PRI, hoy transformado en una sociedad mercantil llamada Acción Nacional. Y en esas estamos.
Laura Itzel Castillo
30 de abril de 2008
La lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer ha sido larga y, desde luego, no ha terminado. Aún hoy se nos descalifica por ser la vanguardia del movimiento de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo. Pero tampoco hay que asombrarse: el machismo no distingue colores. Las expresiones misóginas se dan en todos los ámbitos políticos, sociales y culturales del país. El parlamento no podía ser la excepción, como ha quedado claro en estos días.
1 Repasemos brevemente la historia reciente: los derechos políticos de la mujer, promovidos por el general Lázaro Cárdenas y aprobados por el Congreso durante su administración, simplemente quedaron congelados al omitirse la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Fue aquélla una decisión política altamente discriminatoria.
La lógica imperante entonces era que estos derechos se irían reconociendo paulatinamente. El conservadurismo de Manuel Ávila Camacho detuvo cualquier iniciativa al respecto. El liberalismo de Miguel Alemán Valdés, apenas alcanzó para otorgar el voto femenino a nivel municipal. Ocurrió en 1946 con la reforma al artículo 115 constitucional.
Fue hasta 1953, durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, cuando finalmente se reconocieron los derechos políticos de la mujer mexicana. Para ello fue necesario modificar el artículo 34 constitucional. Sin embargo, el ejercicio del sufragio se inscribió en el contexto de un sistema monopartidista. Así, la incorporación a los cargos públicos siguió siendo lenta, limitada e inequitativa.
Aurora Jiménez de Palacios se convirtió en la primera diputada federal, en 1954. Diez años después, en 1964, fueron electas las primeras senadoras. El nivel de atraso en México resulta evidente si se toma en consideración que después de la Primera Guerra Mundial, muchos países reconocieron el derecho de la mujer a votar y ser votada.
Así ocurrió en Estados Unidos, Canadá, Austria, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Rusia y Suiza, entre varios más.
Hasta ya muy entrada la segunda mitad del siglo XX, la equidad de género fue una aspiración sin sustento en nuestro país. La mínima representación parlamentaria no logró modificar ese estado de cosas. Fue necesario que surgiera un movimiento feminista, y que éste actuara de manera articulada en el contexto de una serie de cambios culturales, para ubicar en el centro del debate no sólo los derechos políticos, sino también otros como los reproductivos y sexuales.
Durante las últimas décadas, muchas mujeres nos hemos ido incorporando a la lucha por la democracia, bajo la premisa de que para lograr la igualdad de género y eliminar la cultura patriarcal, se requiere vencer al régimen autoritario en el poder, ayer bajo las siglas del PRI, hoy transformado en una sociedad mercantil llamada Acción Nacional. Y en esas estamos.
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