Rogelio Ramírez de la O
30 de abril de 2008
La segunda fase de la crisis de crédito de Estados Unidos toma a México desprevenido, como lo tomó la primera fase, el año pasado, pues su meta de crecimiento se mantiene en 2.8% y considera a su programa de 10 puntos como una política contracíclica. En realidad dicho programa aumenta el gasto público, pero sus efectos sobre la economía son mínimos y se ven superados por los efectos negativos del IETU, entre ellos la inflación, según Banxico.
La crisis estadounidense, hasta ahora circunscrita al sector financiero, se ha extendido al ciudadano común. Los impactos reales están en el aumento de la tasa de desempleo a 5.1%, el alza alarmante en el costo de nuevos financiamientos para empresas e individuos, la continua caída de precios de las casas, la reducción del consumo y la pérdida de confianza. Lo único que ha impedido que la economía estadounidense se derrumbe es el dólar barato, mismo que permite un repunte de exportaciones.
Pero este repunte será temporal porque el resto del mundo ya comenzó a desacelerarse. Sólo dos ejemplos: España e Inglaterra tienen un problema aún mayor al estadounidense en su sector de bienes raíces y tendrán muy bajo crecimiento.
En México las empresas apenas comienzan a reconocer esta nueva fase de debilidad. Varias de ellas se preguntan cómo, si México recibe ingresos petroleros de 30 mil millones de dólares en 2007 y 2008 por encima del monto presupuestado por el Congreso, esto no se refleja en sus ventas. Y tienen razón, pues la única explicación es que el gobierno no lo está gastando eficazmente.
El gasto público corriente aumentó en 154 mil millones de pesos en el primer año de la administración (2007), a pesar de que en 2006 ya había aumentado en 100 mil millones. Así, en sólo dos años, este gasto, del cual casi la mitad son salarios, aumentó en 254 mil millones de pesos, casi cuatro veces lo que se espera obtener del IETU. Más aún, sigue aumentando en 2008 en 8% en términos reales, lo que representará 120 mil millones de pesos más. En suma, 374 mil millones más en sólo tres años.
Habrá quienes digan que el Congreso es corresponsable de este gasto porque lo aprueba cada año y tendrán razón. Pero no hay que olvidar que al jefe del Ejecutivo le corresponde proponer al Congreso y luego persuadirlo de los cambios en la asignación del gasto.
La opinión pública no tiene detalles más que anecdóticos del gasto del gobierno. Los empresarios, en cambio, se enteran de contratos, gastos de los gobiernos estatales, aumentos a sindicatos como el de maestros, o hasta costos de la publicidad gubernamental. Una de sus quejas constante sigue inexplicablemente desatendida, la falta de insumos energéticos competitivos.
Por eso es que sus expectativas han comenzado a deteriorarse. Sus márgenes de utilidad están apretándose por el alza alarmante de sus costos de insumos. Con la feroz competencia en varios mercados, la única forma de crecer es con mayores porcentajes de mercado, es decir, quitándole ventas a los competidores. Pero eso requiere más inversiones, lo que a la larga bajará su rendimiento por capital invertido. Las menores utilidades de la Bolsa en el primer trimestre son el primer anuncio de una baja más prolongada. Las empresas con deudas altas se verán en serios problemas y varias de ellas tendrán que vender activos.
La clase media está muy endeudada y sus pagos por servicio de deuda ocupan una mayor parte de su ingreso, justo cuando la inflación de alimentos le hace perder entre 4% y 10% del ingreso disponible. Sus oportunidades de empleo ya se frenaron y en el segundo habrá despidos.
Cada gobierno en el mundo está respondiendo a esta segunda fase de la crisis estadounidense. Estados Unidos regresó 168 mil millones de dólares de impuestos a los contribuyentes.
Lo que sugiere el sentido común es que en México el gobierno debería reducir su gasto burocrático; aprovechar bien el ingreso petrolero; fijar precios competitivos de los energéticos; y ser innovador impulsando la producción de alimentos.
30 de abril de 2008
La segunda fase de la crisis de crédito de Estados Unidos toma a México desprevenido, como lo tomó la primera fase, el año pasado, pues su meta de crecimiento se mantiene en 2.8% y considera a su programa de 10 puntos como una política contracíclica. En realidad dicho programa aumenta el gasto público, pero sus efectos sobre la economía son mínimos y se ven superados por los efectos negativos del IETU, entre ellos la inflación, según Banxico.
La crisis estadounidense, hasta ahora circunscrita al sector financiero, se ha extendido al ciudadano común. Los impactos reales están en el aumento de la tasa de desempleo a 5.1%, el alza alarmante en el costo de nuevos financiamientos para empresas e individuos, la continua caída de precios de las casas, la reducción del consumo y la pérdida de confianza. Lo único que ha impedido que la economía estadounidense se derrumbe es el dólar barato, mismo que permite un repunte de exportaciones.
Pero este repunte será temporal porque el resto del mundo ya comenzó a desacelerarse. Sólo dos ejemplos: España e Inglaterra tienen un problema aún mayor al estadounidense en su sector de bienes raíces y tendrán muy bajo crecimiento.
En México las empresas apenas comienzan a reconocer esta nueva fase de debilidad. Varias de ellas se preguntan cómo, si México recibe ingresos petroleros de 30 mil millones de dólares en 2007 y 2008 por encima del monto presupuestado por el Congreso, esto no se refleja en sus ventas. Y tienen razón, pues la única explicación es que el gobierno no lo está gastando eficazmente.
El gasto público corriente aumentó en 154 mil millones de pesos en el primer año de la administración (2007), a pesar de que en 2006 ya había aumentado en 100 mil millones. Así, en sólo dos años, este gasto, del cual casi la mitad son salarios, aumentó en 254 mil millones de pesos, casi cuatro veces lo que se espera obtener del IETU. Más aún, sigue aumentando en 2008 en 8% en términos reales, lo que representará 120 mil millones de pesos más. En suma, 374 mil millones más en sólo tres años.
Habrá quienes digan que el Congreso es corresponsable de este gasto porque lo aprueba cada año y tendrán razón. Pero no hay que olvidar que al jefe del Ejecutivo le corresponde proponer al Congreso y luego persuadirlo de los cambios en la asignación del gasto.
La opinión pública no tiene detalles más que anecdóticos del gasto del gobierno. Los empresarios, en cambio, se enteran de contratos, gastos de los gobiernos estatales, aumentos a sindicatos como el de maestros, o hasta costos de la publicidad gubernamental. Una de sus quejas constante sigue inexplicablemente desatendida, la falta de insumos energéticos competitivos.
Por eso es que sus expectativas han comenzado a deteriorarse. Sus márgenes de utilidad están apretándose por el alza alarmante de sus costos de insumos. Con la feroz competencia en varios mercados, la única forma de crecer es con mayores porcentajes de mercado, es decir, quitándole ventas a los competidores. Pero eso requiere más inversiones, lo que a la larga bajará su rendimiento por capital invertido. Las menores utilidades de la Bolsa en el primer trimestre son el primer anuncio de una baja más prolongada. Las empresas con deudas altas se verán en serios problemas y varias de ellas tendrán que vender activos.
La clase media está muy endeudada y sus pagos por servicio de deuda ocupan una mayor parte de su ingreso, justo cuando la inflación de alimentos le hace perder entre 4% y 10% del ingreso disponible. Sus oportunidades de empleo ya se frenaron y en el segundo habrá despidos.
Cada gobierno en el mundo está respondiendo a esta segunda fase de la crisis estadounidense. Estados Unidos regresó 168 mil millones de dólares de impuestos a los contribuyentes.
Lo que sugiere el sentido común es que en México el gobierno debería reducir su gasto burocrático; aprovechar bien el ingreso petrolero; fijar precios competitivos de los energéticos; y ser innovador impulsando la producción de alimentos.
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