jorge carrasco araizaga México, D.F. (apro).- Álvaro Uribe, presidente de Colombia, está ensoberbecido. Tan orgulloso está de su ataque militar a las FARC que ahora se empeña en que, el gobierno de su asesorado Felipe Calderón, confirme que los mexicanos muertos por el ejército colombiano en Ecuador eran unos consumados terroristas y narcotraficantes.
No sólo ha copado al gobierno mexicano con información de sus servicios de inteligencia, sino que ha obtenido el apoyo de los sectores más conservadores de la derecha mexicana, con los cuales tuvo una reunión la semana pasada en Cancún, cuando participó en el Foro Económico de América Latina.
El gobierno de Colombia ha encontrado un amplio margen de acción ante la pasividad del gobierno de Calderón, quien, forzado por las destempladas declaraciones de Uribe, tuvo que pedirle a su asesor en asuntos de narcotráfico que no adelantara juicios sobre la condición en que se encontraban los mexicanos muertos en esa acción militar.
Peor todavía es que el representante de Uribe en México, el embajador Luis Camilo Osorio, desestime la defensa que ha hecho la UNAM de los cuatro universitarios muertos y de Lucía Morett, quien resultó herida en el ataque.
“Nadie ha invitado a la UNAM a este debate, en el sentido de que se le hay citado, acusado o señalado. El rector (José) Narro le abrió al presidente (de Ecuador, Rafael) Correa un escenario para que entre en debate una cosa que él debía internamente más bien en centrarse a hacer la tarea de qué está ocurriendo en su universidad”, declaró el embajador a Apro.
Tres de los cuatro mexicanos muertos en el bombardeo de la milicia colombiana pertenecían a la comunidad universitaria; por ello, las autoridades de la UNAM han tenido que responder a los cargos de terrorismo internacional que el gobierno de Uribe les imputa.
Pero no son sólo cinco los universitarios acusados. Por lo menos, una docena más están siendo investigados por la PGR, a instancias del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, presidida por José Antonio Ortega, y Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, encabezada por Guillermo Velasco Arzac.
Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, por cierto, es la autora del spot que, la semana pasada, empezó a transmitirse por televisión, en el que se compara a Andrés Manuel López Obrador con Hitler, Mussolini, Pinochet y Victoriano Huerta, por haber “clausurado” el Congreso mexicano.
Ortega y Arzac se reunieron durante más de una hora con Uribe en Cancún. La información no trascendió en México, pero la prensa colombiana reportó que, además de Ortega y Arzac, en el encuentro también participó el gobernador de Jalisco, Emilio González. Los tres fueron presentados en Colombia, como los “nuevos aliados” de Uribe.
Con información que les entregó la embajada de Colombia en México y de los propios servicios de inteligencia mexicanos, ambas organizaciones le piden a la PGR que concentre sus pesquisas en la Facultad de Filosofía de la UNAM, donde, según la denuncia de hechos que Ortega y Arzac presentaron el 25 de marzo pasado, se ubica un núcleo de las FARC en México.
El argumento del gobierno colombiano es que ese grupo formaba parte de la célula que las FARC tienen en México, en particular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
De acuerdo con esa línea, la sobreviviente, Lucía Morett, es el núcleo de esa célula, pues habría sustituido a Olga Marín, hija del jefe de las FARC, Manuel Marulanda, y esposa de Raul Reyes, el segundo al mando las FARC, muerto en la acción del ejército de Colombia en el campamento que la guerrilla colombiana tenía en Ecuador.
Marín fue representante de las FARC en México hasta que la organización guerrillera fue expulsada en 2002 por el gobierno de Fox. Su lugar habría sido ocupado por Morett.
Ese es el argumento principal de la demanda interpuesta por Ortega y Arzac en contra de los mexicanos que estaban en el campamento guerrillero, y que, según los mismos, eran al menos 14.
Y como las FARC están consideradas internacionalmente como un grupo narcoterrorista, los mexicanos que entran en contacto con ellos, “por extensión”, también lo son.
Acusado él mismo de haber fomentado el paramilitarismo en su país, Uribe utilizó la reunión de Cancún, para desplegar una intensa actividad en la opinión pública mexicana, con el propósito de convencerla de que ese grupo de nacionales no se encontraba por razones académicas ni humanitarias en el campamento de las FARC bombardeado el pasado 1 de marzo.
Uribe es el gran surtidor de la información con la que la PGR hará la investigación. De avalarla, el gobierno de Calderón tendrá que iniciar acciones legales contra mexicanos bajo el cargo de terrorismo internacional. Uribe no dejará de presionar para que así sea.
No sólo ha copado al gobierno mexicano con información de sus servicios de inteligencia, sino que ha obtenido el apoyo de los sectores más conservadores de la derecha mexicana, con los cuales tuvo una reunión la semana pasada en Cancún, cuando participó en el Foro Económico de América Latina.
El gobierno de Colombia ha encontrado un amplio margen de acción ante la pasividad del gobierno de Calderón, quien, forzado por las destempladas declaraciones de Uribe, tuvo que pedirle a su asesor en asuntos de narcotráfico que no adelantara juicios sobre la condición en que se encontraban los mexicanos muertos en esa acción militar.
Peor todavía es que el representante de Uribe en México, el embajador Luis Camilo Osorio, desestime la defensa que ha hecho la UNAM de los cuatro universitarios muertos y de Lucía Morett, quien resultó herida en el ataque.
“Nadie ha invitado a la UNAM a este debate, en el sentido de que se le hay citado, acusado o señalado. El rector (José) Narro le abrió al presidente (de Ecuador, Rafael) Correa un escenario para que entre en debate una cosa que él debía internamente más bien en centrarse a hacer la tarea de qué está ocurriendo en su universidad”, declaró el embajador a Apro.
Tres de los cuatro mexicanos muertos en el bombardeo de la milicia colombiana pertenecían a la comunidad universitaria; por ello, las autoridades de la UNAM han tenido que responder a los cargos de terrorismo internacional que el gobierno de Uribe les imputa.
Pero no son sólo cinco los universitarios acusados. Por lo menos, una docena más están siendo investigados por la PGR, a instancias del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, presidida por José Antonio Ortega, y Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, encabezada por Guillermo Velasco Arzac.
Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, por cierto, es la autora del spot que, la semana pasada, empezó a transmitirse por televisión, en el que se compara a Andrés Manuel López Obrador con Hitler, Mussolini, Pinochet y Victoriano Huerta, por haber “clausurado” el Congreso mexicano.
Ortega y Arzac se reunieron durante más de una hora con Uribe en Cancún. La información no trascendió en México, pero la prensa colombiana reportó que, además de Ortega y Arzac, en el encuentro también participó el gobernador de Jalisco, Emilio González. Los tres fueron presentados en Colombia, como los “nuevos aliados” de Uribe.
Con información que les entregó la embajada de Colombia en México y de los propios servicios de inteligencia mexicanos, ambas organizaciones le piden a la PGR que concentre sus pesquisas en la Facultad de Filosofía de la UNAM, donde, según la denuncia de hechos que Ortega y Arzac presentaron el 25 de marzo pasado, se ubica un núcleo de las FARC en México.
El argumento del gobierno colombiano es que ese grupo formaba parte de la célula que las FARC tienen en México, en particular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
De acuerdo con esa línea, la sobreviviente, Lucía Morett, es el núcleo de esa célula, pues habría sustituido a Olga Marín, hija del jefe de las FARC, Manuel Marulanda, y esposa de Raul Reyes, el segundo al mando las FARC, muerto en la acción del ejército de Colombia en el campamento que la guerrilla colombiana tenía en Ecuador.
Marín fue representante de las FARC en México hasta que la organización guerrillera fue expulsada en 2002 por el gobierno de Fox. Su lugar habría sido ocupado por Morett.
Ese es el argumento principal de la demanda interpuesta por Ortega y Arzac en contra de los mexicanos que estaban en el campamento guerrillero, y que, según los mismos, eran al menos 14.
Y como las FARC están consideradas internacionalmente como un grupo narcoterrorista, los mexicanos que entran en contacto con ellos, “por extensión”, también lo son.
Acusado él mismo de haber fomentado el paramilitarismo en su país, Uribe utilizó la reunión de Cancún, para desplegar una intensa actividad en la opinión pública mexicana, con el propósito de convencerla de que ese grupo de nacionales no se encontraba por razones académicas ni humanitarias en el campamento de las FARC bombardeado el pasado 1 de marzo.
Uribe es el gran surtidor de la información con la que la PGR hará la investigación. De avalarla, el gobierno de Calderón tendrá que iniciar acciones legales contra mexicanos bajo el cargo de terrorismo internacional. Uribe no dejará de presionar para que así sea.
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