Como suele suceder y ya es costumbre en el corrupto sistema de justicia mexicano, cuando se trata de procesar judicialmente a algún ‘pez gordo' caído en desgracia (en la desgracia de su propia decrepitud) como al ex presidente Luis Echeverría, o a soldados depravados que violan y matan ancianas indígenas, o hasta delincuentes comunes incluso ‘pescados' en flagrancia durante la comisión de un delito verdadero, siempre o casi siempre, resulta que por alguna razón los jueces y magistrados les conceden el ‘beneficio de la duda', otorgándoles derecho a libertad provisional bajo caución mediante el pago de una fianza mientras están sometidos a proceso, eso claro, si se les consigue fincar responsabilidades mediante la presentación de pruebas que los inculpen más o menos contundentemente.
Sin embargo, cuando se trata de luchadores sociales o de simples manifestantes que marchan y protestan –como es su derecho- contra la visita ‘non grata' de un presidente asesino y torturador como George ‘Baby' Bush la cosa cambia; son arrestados casi siempre con lujo de violencia y repentinamente esos mismos jueces cambian su criterio de indulgencia y ‘olimpicamente' deciden que no debe haber ninguna duda en que son culpables de cualquier cosa que se les impute.
Tal es el caso de la Licda. Rubí Guadalupe González Alpuche, titular del Juzgado Séptimo de Defensa Social del Estado de Yucatán, quién decretó auto de formal prisión sin derecho a fianza en contra de 19 de los 21 detenidos la noche del 13 de marzo en el centro histórico de aquella entidad, durante las protestas por la presencia de Bush y Calderón, basándose únicamente en el testimonio verbal de los policías que los arrestaron.
Sólo a dos de los inculpados les concedió la libertad por falta de elementos. A los otros diecinueve haciendo caso omiso de todas las pruebas de las aportadas por la defensa les impuso cárcel sin la menor consideración por los supuestos delitos de “daño en propiedad ajena y portación de armas e instrumentos prohibidos y ataques peligrosos cometidos contra servidores públicos y en pandilla”. Ahora sus casos tendrán que ser ventilados en segunda instancia, la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, o inclusive en la tercera que sería el amparo de un juez federal.
La gran mayoría de los jóvenes presos fueron detenidos cuando salían de la escuela, otros habían salido de sus centros de trabajo y otros protestaban pacíficamente e incluso “ni aparecen en las fotografías ni en los videos consignados por el Ministerio Público” , acotaron los abogados defensores, aún así fueron víctimas de las medidas represivas tomadas contra los protestantes. Por lo tanto no se les decretó la libertad por falta de elementos para procesar; “quizá porque había la consigna del Secretario General de Gobierno, Pedro Rivas Gutiérrez de mantenerlos encerrados en represalia por haber manifestado su libre derecho de expresión” , ahondaron.
Se encuentran presos e injustamente procesados David Tomás Espadas Dzib, Julián Campos Casanova, Isaac Mutul Guevara, Léonido Gilberto Moguel Bergmann, William Enrique Vera Véliz, Carlos Miguel López Sierra, Juan José García Ortiz, Juan Carlos Couoh Uicab, Roger Adolfo Magaña Yam, Rigoberto Moreno Mendoza, Edgar Manuel Gómez Navarro, Eduardo Ojeda García, Carlos Mejía Cocom, Luís Fernando Rodríguez López, µgata Deraí Said (o) Carolina Ruiz Puc, Claudia Cerón Vega, Yajaira Solís Carrillo, Gerardo González Miranda, Miguel Sulú Mut, Reyes Valentín Narváez Euán, Emiliano Pérez Guarneros, Pedro Pablo Coral Marfil, Noé Augusto Cabrera Garrido, Mario Alberto Tuz Molina, Lorenzo Avilés Pérez y Alfonso Ek Ojeda.
Las protestas no se hicieron esperar, marchas, mítines y plantones continuarán en distintos puntos hasta que se obtenga la libertad de los detenidos, advirtieron la defensa y los familiares.
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