Las últimas dos semanas han demostrado que el estado de Oaxaca vive en una situación en la que la represión sigue siendo la protagonista y la única contestación del Gobernador Ulises Ruiz al miedo ante una nueva posible embestida del movimiento popular. Las detenciones ilegales por parte de las diferentes policías, la continuidad en la acción de grupos paramilitares e, incluso, la presencia del ejército en las calles de la capital del Estado y en las comunidades, ha sido la respuesta con la que el Gobierno de Oaxaca ha seguido intimidando y violando los derechos fundamentales de aquellos que muestran su disconformidad de manera pacífica.
El hecho posiblemente más grave, ocurrido fuera de la capital, fue el “accidente” que sufrieron el pasado 12 de marzo 4 integrantes del Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos (CODEP), 2 de ellos pertenecientes al Consejo Estatal de la APPO, cuando regresaban a la capital de una asamblea en la costa. La embestida de un autobús turístico que se salió de su carril cuando no llevaba ningún pasajero a bordo, provocó heridas graves a dos de los ocupantes del vehículo que quedó completamente destrozado. Las extrañas circunstancias en las que se produjo el suceso y el hecho de que un miembro de la CODEP sufriera el pasado 26 de noviembre un atentado en el que recibía 8 impactos de bala y 177 la camioneta en que viajaba, han hecho que la CODEP califique lo sucedido de “criminal atentado” cuyo responsable directo sería Ulises Ruíz Ortíz.
Por otro lado, la intimidación y los actos de represión vividos en la capital ante las repetidas manifestaciones venidas de diversos sectores en contra del actual gobierno, han sido constantes.
El 9 de marzo la integrante de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Yolanda Crucita Ramírez, fue objeto de lo que ella misma calificaba como una detención “ilegal y arbitraria” cuando se dirigía a Ciudad Universitaria. La movilización inmediata del movimiento oaxaqueño y de organismos internacionales como la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCDIOH), hacían que fuera puesta en libertad al día siguiente.
El 15 de marzo se realizaba una concentración en contra de la brutalidad policial convocada por Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) a las puertas del Comisión Estatal de Derechos Humano de Oaxaca. Durante la celebración del evento múltiples camionetas repletas de policías con armas largas, civiles haciendo fotografías a los asistentes e incluso la presencia del comandante de la policía municipal, Aristeo Ramos, trataron de intimidar a quienes se reunieron para exigir justicia ante los sucesos de los últimos meses. Al acabar la concentración, 5 de los presentes fueron perseguidos por tres camionetas policiales por las calles de Oaxaca durante más de media hora. La intervención de una organización de derechos humanos permitió a los perseguidos burlar a los instigadores y evitar su posible detención.
El 22 de marzo era arrestado el estudiante de medicina Daniel Velásquez tras asistir a un acto del Gobernador que tanto él como sus compañeros acompañaron con gritos de “¡Asesino!, ¡asesino!”. Al intentar desplegar una manta con consignas en contra del mandatario, policías vestidos de civil intervinieron impidiendo la acción estudiantil. Al acabar el acto, el detenido se alejó del lugar en un taxi que fue interceptado por la policía del que fue violentamente bajado y brutalmente golpeado. Una hora después y mientras se realizaba un mitin en la puerta de la Facultad de Medicina para reclamar su libertad, fue puesto en libertad sin cargo alguno.
Al día siguiente, 5 activistas eran agredidos en una colonia cercana a la capital. Mientras 4 de ellos eran detenidos el quinto, que dos días antes había participado en el ayuno que se desarrolló a las puertas de las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir justicia por los miembros del movimiento oaxaqueño asesinados y en apoyo a los que en esos momento testificaban por el caso “Brad Will”, conseguía escapar y contar lo sucedido. La violencia de la acción policial, no fue sin embargo certificada por el médico que los visitó, a pesar de los evidentes signos de maltrato físico que mostraban los detenidos. Después de inventarles cargos por alteración al orden público y daños a una motocicleta y una camioneta de la policía, fueron puestos en libertad tras el pago de una fianza y un monto equivalente a los supuestos daños causados.
Mientras en el Zócalo de la ciudad los músicos entretienen a locales y turistas (que vuelven a poblar la ciudad), los niños juegan con grandes globos y las parejas pasean relajadamente, existe otra Oaxaca, más profunda, que sigue esperando el momento de volver a tomar las calles en exigencia de justicia e igualdad, parte de la cual, la que se muestra más combativa, sigue siendo reprimida de manera más silenciada que silenciosa.
El hecho posiblemente más grave, ocurrido fuera de la capital, fue el “accidente” que sufrieron el pasado 12 de marzo 4 integrantes del Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos (CODEP), 2 de ellos pertenecientes al Consejo Estatal de la APPO, cuando regresaban a la capital de una asamblea en la costa. La embestida de un autobús turístico que se salió de su carril cuando no llevaba ningún pasajero a bordo, provocó heridas graves a dos de los ocupantes del vehículo que quedó completamente destrozado. Las extrañas circunstancias en las que se produjo el suceso y el hecho de que un miembro de la CODEP sufriera el pasado 26 de noviembre un atentado en el que recibía 8 impactos de bala y 177 la camioneta en que viajaba, han hecho que la CODEP califique lo sucedido de “criminal atentado” cuyo responsable directo sería Ulises Ruíz Ortíz.
Por otro lado, la intimidación y los actos de represión vividos en la capital ante las repetidas manifestaciones venidas de diversos sectores en contra del actual gobierno, han sido constantes.
El 9 de marzo la integrante de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Yolanda Crucita Ramírez, fue objeto de lo que ella misma calificaba como una detención “ilegal y arbitraria” cuando se dirigía a Ciudad Universitaria. La movilización inmediata del movimiento oaxaqueño y de organismos internacionales como la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCDIOH), hacían que fuera puesta en libertad al día siguiente.
El 15 de marzo se realizaba una concentración en contra de la brutalidad policial convocada por Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) a las puertas del Comisión Estatal de Derechos Humano de Oaxaca. Durante la celebración del evento múltiples camionetas repletas de policías con armas largas, civiles haciendo fotografías a los asistentes e incluso la presencia del comandante de la policía municipal, Aristeo Ramos, trataron de intimidar a quienes se reunieron para exigir justicia ante los sucesos de los últimos meses. Al acabar la concentración, 5 de los presentes fueron perseguidos por tres camionetas policiales por las calles de Oaxaca durante más de media hora. La intervención de una organización de derechos humanos permitió a los perseguidos burlar a los instigadores y evitar su posible detención.
El 22 de marzo era arrestado el estudiante de medicina Daniel Velásquez tras asistir a un acto del Gobernador que tanto él como sus compañeros acompañaron con gritos de “¡Asesino!, ¡asesino!”. Al intentar desplegar una manta con consignas en contra del mandatario, policías vestidos de civil intervinieron impidiendo la acción estudiantil. Al acabar el acto, el detenido se alejó del lugar en un taxi que fue interceptado por la policía del que fue violentamente bajado y brutalmente golpeado. Una hora después y mientras se realizaba un mitin en la puerta de la Facultad de Medicina para reclamar su libertad, fue puesto en libertad sin cargo alguno.
Al día siguiente, 5 activistas eran agredidos en una colonia cercana a la capital. Mientras 4 de ellos eran detenidos el quinto, que dos días antes había participado en el ayuno que se desarrolló a las puertas de las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir justicia por los miembros del movimiento oaxaqueño asesinados y en apoyo a los que en esos momento testificaban por el caso “Brad Will”, conseguía escapar y contar lo sucedido. La violencia de la acción policial, no fue sin embargo certificada por el médico que los visitó, a pesar de los evidentes signos de maltrato físico que mostraban los detenidos. Después de inventarles cargos por alteración al orden público y daños a una motocicleta y una camioneta de la policía, fueron puestos en libertad tras el pago de una fianza y un monto equivalente a los supuestos daños causados.
Mientras en el Zócalo de la ciudad los músicos entretienen a locales y turistas (que vuelven a poblar la ciudad), los niños juegan con grandes globos y las parejas pasean relajadamente, existe otra Oaxaca, más profunda, que sigue esperando el momento de volver a tomar las calles en exigencia de justicia e igualdad, parte de la cual, la que se muestra más combativa, sigue siendo reprimida de manera más silenciada que silenciosa.
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