juan pablo proal
Puebla, Pue., 26 de marzo (apro).- Como ya se ha hecho costumbre cada vez que se le solicita, el gobernador Mario Marín Torres se negó a hacer públicos los gastos que ha erogado en materia de publicidad, bajo el argumento de que su difusión “puede causar perjuicio o daño a las funciones públicas del estado”. [pobrecito como si de verdad fueran "funciones públicas" y como si de verdad fuera un "estado"].
La cerrazón de la administración estatal fue censurada por Josefina Busadé Castelán, miembro de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y por el Partido Acción Nacional.
Desde hace once meses Apro, el PAN y varios periodistas poblanos han solicitado en distintas ocasiones un informe sobre los gastos publicitarios del gobernador, quien incrementó sustancialmente su promoción luego del escándalo que derivó de su conversación con el empresario Kamel Nacif Borge. [Hasta eso, los escandalos les resultan ser sendos negociasos, uno ya no sabe si son hechos a drede o de que se trata en realidad].
Sin embargo, mediante distintas argucias, la administración estatal se ha negado a proporcionar la relación de sus gastos en medios locales y del Distrito Federal.
Con base en la Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, Apro solicitó en dos ocasiones –la última hace dos meses-- copia de las facturas que ha firmado la Dirección de Comunicación Social.
El miércoles pasado por la noche, el mismo día en que se cumplía el plazo legal para que lo hiciera, la dependencia negó la información:
“De revelarse puede causar perjuicio o daño a las funciones públicas del estado; así como a aquella que contiene opiniones, recomendaciones o información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que son parte de un proceso deliberativo para la toma de una decisión administrativa, así como a la que por disposición legal es considerada secreta, reservada, restringida u otra análoga.”
Sin haber leído totalmente la respuesta de la Dirección de Comunicación Social, la comisionada para el Acceso a la Información Pública, Josefina Buxadé Castelán, sostuvo que las facturas son documentos públicos que no pueden ser negados por la administración de Marín Torres. [¡haga usted favor!].
Argumentó, además, que es imposible que la difusión de los convenios publicitarios ponga en riesgo a “las funciones públicas del estado”, debido a que se firmaron mediante una previa decisión derivada de un proceso deliberativo.
Desde que el 10 de abril del año pasado Apro solicitara los convenios de publicidad del gobierno del estado, la Dirección de Comunicación Social ha ofrecido diferentes argumentos para negar la información. Sus respuestas las ha remitido en el límite legal para contestar, que es de 30 días hábiles.
En el recurso PUE-2006-000193, por ejemplo, respondió que el concepto “materia de publicidad” es muy amplio y se presta a muchas interpretaciones, “por lo que no se sabe a ciencia cierta a qué se refiere”. [Si no vaya a ser la de malas que se refieran a publicdad hecha para promover la prostitución infantil o promover marranadas al Kamel Chafin, eso si que publicidad de esa no se vale balconiar].
Días después, cuando el gobierno despilfarraba los recursos de Comunicación Social en la defensa mediática de Marín Torres por la exhibición de su contubernio con Nacif Borge para aprehender a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, Apro solicitó un informe de los gastos en anuncios relacionados con el tema, así como el capital que destinó para un estudio que mandó a hacer a la empresa privada Repetto, en un intento por demostrar que la voz del mandatario había sido alterada.
A esto, la Dirección de Comunicación Social respondió:
“La información que usted solicita referente al costo del análisis de la grabación que alude, es de información reservada de conformidad con el artículo 12 fracción V y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del estado de Puebla; toda vez que es información que compromete las investigaciones que realizan las autoridades competentes, por lo que no puede difundirse o usarse con un fin distinto al señalado por la ley.” [Carajo si tanto riesgo hay de transparencia ¿porque no se van a China o más lejos a marte a gobernar?].
El PAN también ha exigido en otras ocasiones –principalmente a través del diputado federal Arturo Flores Grande— una relación del capital gastado por la administración estatal en materia de publicidad, aunque el resultado ha sido igual de insatisfactorio.
“Si el gasto ha sido normal o no genera sospecha que nos lo hagan del conocimiento”, afirmó Marcos Castro Martínez, secretario general del PAN, quien añadió que la cerrazón del gobierno se debe a que “no están invirtiendo el dinero de forma correcta”.
Miembros de la Comisión de Acceso a la Información Pública aseguran que la negativa del gobierno representa una clara violación a los artículos 5, 5 y 6 de la Ley de Acceso a la Información.
El artículo V en particular cita: “En la interpretación de esta Ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados”.
Comentario: Les digo que hay cada espurio en este país que jijo, como han agarrado de muletitas a los medios y la población ¿cuando va a actuar?
Puebla, Pue., 26 de marzo (apro).- Como ya se ha hecho costumbre cada vez que se le solicita, el gobernador Mario Marín Torres se negó a hacer públicos los gastos que ha erogado en materia de publicidad, bajo el argumento de que su difusión “puede causar perjuicio o daño a las funciones públicas del estado”. [pobrecito como si de verdad fueran "funciones públicas" y como si de verdad fuera un "estado"].
La cerrazón de la administración estatal fue censurada por Josefina Busadé Castelán, miembro de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y por el Partido Acción Nacional.
Desde hace once meses Apro, el PAN y varios periodistas poblanos han solicitado en distintas ocasiones un informe sobre los gastos publicitarios del gobernador, quien incrementó sustancialmente su promoción luego del escándalo que derivó de su conversación con el empresario Kamel Nacif Borge. [Hasta eso, los escandalos les resultan ser sendos negociasos, uno ya no sabe si son hechos a drede o de que se trata en realidad].
Sin embargo, mediante distintas argucias, la administración estatal se ha negado a proporcionar la relación de sus gastos en medios locales y del Distrito Federal.
Con base en la Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, Apro solicitó en dos ocasiones –la última hace dos meses-- copia de las facturas que ha firmado la Dirección de Comunicación Social.
El miércoles pasado por la noche, el mismo día en que se cumplía el plazo legal para que lo hiciera, la dependencia negó la información:
“De revelarse puede causar perjuicio o daño a las funciones públicas del estado; así como a aquella que contiene opiniones, recomendaciones o información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que son parte de un proceso deliberativo para la toma de una decisión administrativa, así como a la que por disposición legal es considerada secreta, reservada, restringida u otra análoga.”
Sin haber leído totalmente la respuesta de la Dirección de Comunicación Social, la comisionada para el Acceso a la Información Pública, Josefina Buxadé Castelán, sostuvo que las facturas son documentos públicos que no pueden ser negados por la administración de Marín Torres. [¡haga usted favor!].
Argumentó, además, que es imposible que la difusión de los convenios publicitarios ponga en riesgo a “las funciones públicas del estado”, debido a que se firmaron mediante una previa decisión derivada de un proceso deliberativo.
Desde que el 10 de abril del año pasado Apro solicitara los convenios de publicidad del gobierno del estado, la Dirección de Comunicación Social ha ofrecido diferentes argumentos para negar la información. Sus respuestas las ha remitido en el límite legal para contestar, que es de 30 días hábiles.
En el recurso PUE-2006-000193, por ejemplo, respondió que el concepto “materia de publicidad” es muy amplio y se presta a muchas interpretaciones, “por lo que no se sabe a ciencia cierta a qué se refiere”. [Si no vaya a ser la de malas que se refieran a publicdad hecha para promover la prostitución infantil o promover marranadas al Kamel Chafin, eso si que publicidad de esa no se vale balconiar].
Días después, cuando el gobierno despilfarraba los recursos de Comunicación Social en la defensa mediática de Marín Torres por la exhibición de su contubernio con Nacif Borge para aprehender a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, Apro solicitó un informe de los gastos en anuncios relacionados con el tema, así como el capital que destinó para un estudio que mandó a hacer a la empresa privada Repetto, en un intento por demostrar que la voz del mandatario había sido alterada.
A esto, la Dirección de Comunicación Social respondió:
“La información que usted solicita referente al costo del análisis de la grabación que alude, es de información reservada de conformidad con el artículo 12 fracción V y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del estado de Puebla; toda vez que es información que compromete las investigaciones que realizan las autoridades competentes, por lo que no puede difundirse o usarse con un fin distinto al señalado por la ley.” [Carajo si tanto riesgo hay de transparencia ¿porque no se van a China o más lejos a marte a gobernar?].
El PAN también ha exigido en otras ocasiones –principalmente a través del diputado federal Arturo Flores Grande— una relación del capital gastado por la administración estatal en materia de publicidad, aunque el resultado ha sido igual de insatisfactorio.
“Si el gasto ha sido normal o no genera sospecha que nos lo hagan del conocimiento”, afirmó Marcos Castro Martínez, secretario general del PAN, quien añadió que la cerrazón del gobierno se debe a que “no están invirtiendo el dinero de forma correcta”.
Miembros de la Comisión de Acceso a la Información Pública aseguran que la negativa del gobierno representa una clara violación a los artículos 5, 5 y 6 de la Ley de Acceso a la Información.
El artículo V en particular cita: “En la interpretación de esta Ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados”.
Comentario: Les digo que hay cada espurio en este país que jijo, como han agarrado de muletitas a los medios y la población ¿cuando va a actuar?
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