>> EN POCAS PALABRAS <<
PENSAMIENTO POLÍTICO LIBRE
Recientemente, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que nacionalizaría a la mayor telefónica de su país, la CANTV. — Reuters
Descarta Slim cundan nacionalizaciones
Cd. de México (23 marzo 2007).—La nacionalización de empresas de telecomunicaciones y energía por parte de Venezuela no será copiada en masa por el resto de Latinoamérica, pues la mayoría de los gobiernos de la región reconocen la necesidad de la inversión privada, dijo el jueves el empresario Carlos Slim.
Recientemente, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que nacionalizaría a la mayor telefónica de su país, la CANTV, y Electricidad de Caracas, una de las principales eléctricas privadas y, ordenó a petroleras extranjeras que entreguen la mayoría accionaria de sus operaciones en la nación caribeña.
La decisión fue mal vista por los mercados financieros y por el gobierno de Estados Unidos.
Slim, el tercer hombre más rico del mundo y el empresario más influyente de Latinoamérica, dijo que no cree que muchos países sigan el ejemplo de Chávez. "No creo que sea una tendencia, sería una regresión", comentó el empresario la noche del jueves en el Foro sobre Inversión en América Latina. A diferencia de Venezuela, que cuenta con abundantes ingresos petroleros, muchos países de la región no pueden permitirse alejar a los inversionistas privados, dijo Slim, quien mantiene contactos con varios gobiernos del continente. "Es al revés, y yo siento lo que se está buscando es combinar inversión privada y pública", añadió.
Slim, de 67 años, es el propietario de la mayor telefónica celular de Latinoamérica, América Móvil, y además tiene bancos, firmas de construcción y empresas minoristas.
La nacionalización de CANTV se ha llevado a cabo a través de una oferta de compra de acciones que comenzará la semana que viene y podría dejar en manos del gobierno entre un 60 y un 70 por ciento de la empresa.
UNA ADVERTENCIA A VENEZUELA:
SIGAN EL EJEMPLO DE ALLENDE: <>
El 11 de julio de 1971 el Congreso Chileno aprobó por unanimidad (incluyendo el voto de los miembros del Partido Demócrata Cristiano que componía la mayoría), a iniciativa del presidente Salvador Allende, la reforma constitucional que autorizaba la nacionalización del de la industria del cobre y establecía los términos mediante los cuales se implementaría.
En cuanto a las condiciones de compensación los artículos transitorios de la reforma diseñaban una fórmula que por primera vez hacía su aparición en este tipo de transacciones:
Compensación: (Costo Original de Inversión) – (Depreciación) – (“Lucro Excesivo”) = el Precio Pagadero a 30 años.
El Contralor General del Gobierno se encargaría de fijar el “valor en libros” de las instalaciones y de la depreciación; el concepto de “lucro excesivo” sería determinado por el Ejecutivo. Para efectos de apelación se previó un Tribunal Especial, compuesto por personas desempeñando distintos cargos públicos, removiéndose así la competencia de la Suprema Corte de Justicia, la cual había dado muestras de tradicionalismo. Aparentemente este Tribunal era la única y última instancia.
El presidente Allende firmó y proclamó la reforma constitucional el 16 de julio y el mismo día el Estado tomó posesión formalmente de las compañías mineras y nombró administradores para cada una de ellas. El Contralor General inmediatamente se abocó a su tarea de valuación. El 28 de septiembre, antes de que el Contralor General rindiera su informe, el presidente Allende promulgó el decreto concerniente a la determinación del “lucro excesivo”, previsto en la reforma. Sus cálculos arrojaron la cantidad de US$774 millones de dólares que deberían ser reducidos por concepto de “lucro excesivo” de la compensación a ser pagada a Kennecott y a Anaconda. Los cálculos parecen haber sido hechos tomando las utilidades de cada una de las minas en Chile desde 1955 tal como aparecían en “libros” a los cual se restaba el 10 por ciento del “valor en libros” por ganancias “aceptables” después de impuestos por año. El 10 por ciento que como ganancias “aceptables” apareció en la fórmula fue el resultado de la estimación del porcentaje de rendimiento sobre capital que comúnmente una empresa minera comparable obtiene en los Estados Unidos o en Canadá y que fluctúa entre el 9 o el 10 por ciento.
De acuerdo con lo dispuesto por el presidente Allende, el promedio de las utilidades de Kennecott en Chile de 1955 a 1970 ascendían a un 52.81 por ciento sobre la inversión (presuntamente asentado en “libros”) y de este modo la deducción decretada fue del orden de US$410 millones de dólares. Poco después el Contralor General rindió su informe negando a Kennecott una revaluación hecha en libros con motivo del plan de expansión en proceso y deduciendo además US$20 millones de dólares por instalaciones defectuosas. Así la contabilidad para la compensación a Kennecott puede expresarse en cifras:
(1) Valor en libros hasta 12/31/70 = US$318,801,198
(2) Revaluación denegada desde 1964 – 198,483,929
(3) Derechos de mina denegados – 223,519
(4) Instalaciones defectuosas – 20,520,167
(5) Saldo del Contralor General = 99,573,582
(6) Lucro Excesivo fijado x Ejecutivo – 410,000,000
Compensación US$ – (310,426,417)
Como resultado Kennecott en lugar de ser acreedor del valor de sus instalaciones, se transformó en deudor y por lo tanto ninguna compensación quedó pendiente de pago.
Sin duda el aspecto más original del programa de nacionalización emprendido por Salvador Allende fue su idea de que la compensación debe ser reducida en la cantidad de “lucro excesivo.” Nacionalización en otros países había dado lugar a reclamaciones en contra de los inversionistas extranjeros por impuestos causados y no pagados o por operaciones ilícitas. Sin embargo, Kennecott fue acusada exclusivamente de haber ganado mucho y que dicha utilidad fue en detrimento de Chile y de su pueblo y que éste era el momento de aclarar cuentas.
La respuesta de Kennecott fue simple: Había operado en Chile desde 1915, había publicado anualmente su Estado de Pérdidas y Ganancias y había pagado sus obligaciones fiscales y actuado siempre dentro del marco legal. ¿Cómo era posible que una compañía fuera responsable por algún otro concepto? Al mismo tiempo, como era de esperarse, los cálculos hechos por Kennecott mostraban un rendimiento sobre capital no mayor de un 11 por ciento. La discrepancia tan grande entre el 58.2 de Allende y el 11 por ciento de Kennecott se debe a la distinta definición de utilidades. Por ejemplo, pagos realizados or la compañía chilena por concepto de regalías, comisiones sobre ventas, gastos de administración y cuentas por el estilo son consideradas por Kennecott y Anaconda como gastos de la empresa chilena, mientras que para el Gobierno de Chile son utilidades para las transnacionales.
Los Estados Unidos habían intervenido como entidad oficial mediante una de sus agencias extendiendo pólizas de seguro contra “riesgos políticos” a las empresas cupreras chilenas y dicho negocio estaba en peligro. Los EEUU consideraron que la manera de compensación a sus nacionales era violatoria de la Resolución adoptada por la O.N.U. en 1962 que dispone justa compensación en caso de expropiación y por lo tanto se preparaban para esta “agresión”, pero la duda era ¿Cómo? ¿Derrocándolo?
Evidencia desclasificada a partir de 1975 en el Senado Norteamericano ha demostrado que los esfuerzos para impedir que el Dr. Salvador Allende fuera elegido y tomara posesión, recibieron más apoyo de los EEUU (incluyendo al presidente Nixon) de lo que en un principio se pensaba.
Información basada en: © «The New York Times».
El otro 11 de Septiembre
A las 4:30 a.m. del 11 de Septiembre de 1973, fuerzas militares y paramilitares atacaron el Palacio [de la calle] de la Moneda en Santiago de Chile y derrocaron al gobierno del presidente Salvador Allende. Allende murió en el palacio después de rechazar demandas de rendición —si fue por su propia mano o por la mano de sus atacantes no se ha esclarecido con certeza. De la noche a la mañana, Chile fue transformado de una democracia de izquierda en un estado autoritario de derecha. No hubo guerra civil y la resistencia armada duró apenas unas horas. El poder fue asumido por una Junta militar formada por un almirante, dos generales y un jefe de los carabineros, encabezada por el General Augusto Pinochet Ugarte, Comandante del Ejército.
Pinochet no había participado nunca en política y había sido nombrado por el presidente Allende apenas un mes antes con la esperanza de que pudiera controlar el ejército y mantenerlo fuera de la contienda entre la izquierda y la derecha. Sin embargo, una vez en el poder, Pinochet se convirtió en un rígido dictador militar. Suprimió toda posibilidad de oposición, declaró ilegal toda actividad política, arrestó a miles de ‘extremistas’, impuso estricto toque de queda y suspendió la Constitución de 1925.
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