Hay varias maneras de lograr que se incremente el número de conectados de un país. Una, que debería ser prioritaria, es por vía de políticas públicas de largo aliento para hacer factible la conexión a la red de amplios sectores.
Otra es darle a prestadores de servicios, por ejemplo, cibercafés, esquemas de apoyo y financiamiento para que puedan extender la conexión a un mayor número de personas a precios accesibles y con un ancho de banda adecuado.
Pero hay otra manera que se aplica en México desde hace algún tiempo: la conexión obligatoria. Los gobiernos en afán de coaccionar a los ciudadanos, pequeños y medianos contribuyentes, a que cumplan con sus compromisos fiscales establece como criterio para efectuar los pagos hacerlo vía internet.
Nadie duda que es positivo que las gestiones ante la administración pública se puedan realizar a través de internet, que ahorra tiempo en el trámite y a costos marginales para los contribuyentes. De hecho, lo deseable es que cualquier relación con la siempre tortuosa burocracia se hiciera por esa vía. Pero eso debe ser opcional, no coercitivo. No puede ser comprensible que los contribuyentes sean obligados a usar internet para hacer sus pagos de impuestos.
Esa frontera entre la decisión personal y las condiciones materiales de los contribuyentes la borra el SAT con la mano en la cintura. México históricamente ha sido ineficaz en la captación fiscal como lo muestra el hecho de que el impuesto sobre la renta recaudado por el estado sólo fue pagado el último año por 8.8 millones de personas, lo que representa el 8 por ciento de la población total mientras que en Chile y en Argentina esa proporción representa 42.9 por ciento y 25.4 por ciento, respectivamente.
No se debe soslayar que el sector de la pequeña y mediana empresa engloba todo tipo de negocios, una parte no tiene problema para relacionarse con el SAT vía internet, para otros eso representa el infierno, ya que muchos pequeños empresarios jamás se han conectado a internet y es posible que ni siquiera cuenten con acceso a la red. En este caso la obligatoriedad de pagar en línea los impuestos no solo supone una traba para dichas personas, sino que puede estimular a los contribuyentes a no cumplir con sus cargas fiscales y de paso elevar artificialmente un número de usuarios de internet.
En mi opinión: avanzamos poco a poco hacia un control absoluto de la red sobre las sociedades, pero en México es muy díficil se nos de un servicio de internet digno, ya sabemos que pagamos muchisimo y luego se cae el servicio, son muchas defiencias para tan altos costos. Las empresas deberían de recibir por parte del gobierno autorización para usar el internet en un costo bajo, o darle entrada libre en una conexión provista por el mismo gobierno para accesar solo a paginas gubernamentales.
Otra es darle a prestadores de servicios, por ejemplo, cibercafés, esquemas de apoyo y financiamiento para que puedan extender la conexión a un mayor número de personas a precios accesibles y con un ancho de banda adecuado.
Pero hay otra manera que se aplica en México desde hace algún tiempo: la conexión obligatoria. Los gobiernos en afán de coaccionar a los ciudadanos, pequeños y medianos contribuyentes, a que cumplan con sus compromisos fiscales establece como criterio para efectuar los pagos hacerlo vía internet.
Nadie duda que es positivo que las gestiones ante la administración pública se puedan realizar a través de internet, que ahorra tiempo en el trámite y a costos marginales para los contribuyentes. De hecho, lo deseable es que cualquier relación con la siempre tortuosa burocracia se hiciera por esa vía. Pero eso debe ser opcional, no coercitivo. No puede ser comprensible que los contribuyentes sean obligados a usar internet para hacer sus pagos de impuestos.
Esa frontera entre la decisión personal y las condiciones materiales de los contribuyentes la borra el SAT con la mano en la cintura. México históricamente ha sido ineficaz en la captación fiscal como lo muestra el hecho de que el impuesto sobre la renta recaudado por el estado sólo fue pagado el último año por 8.8 millones de personas, lo que representa el 8 por ciento de la población total mientras que en Chile y en Argentina esa proporción representa 42.9 por ciento y 25.4 por ciento, respectivamente.
No se debe soslayar que el sector de la pequeña y mediana empresa engloba todo tipo de negocios, una parte no tiene problema para relacionarse con el SAT vía internet, para otros eso representa el infierno, ya que muchos pequeños empresarios jamás se han conectado a internet y es posible que ni siquiera cuenten con acceso a la red. En este caso la obligatoriedad de pagar en línea los impuestos no solo supone una traba para dichas personas, sino que puede estimular a los contribuyentes a no cumplir con sus cargas fiscales y de paso elevar artificialmente un número de usuarios de internet.
Fuente de la info: Sánchez Antulio, Internet, Milenio.
En mi opinión: avanzamos poco a poco hacia un control absoluto de la red sobre las sociedades, pero en México es muy díficil se nos de un servicio de internet digno, ya sabemos que pagamos muchisimo y luego se cae el servicio, son muchas defiencias para tan altos costos. Las empresas deberían de recibir por parte del gobierno autorización para usar el internet en un costo bajo, o darle entrada libre en una conexión provista por el mismo gobierno para accesar solo a paginas gubernamentales.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario