Trabajadores de la Red de Transportes de Pasajeros denuncian irregularidades y anomalías en el servicio. No hay condiciones seguras para que desarrollen su trabajo y sus garantías laborales son violadas. Además, se les obliga a cumplir con cuotas y trabajo proselitista. “Si no nos alineamos, somos despedidos”, afirman Paulina Monroy
Frente a la Asamblea Legislativa descansa un ataúd de papel que lleva el epitafio: “Ha muerto RTP por una mala administración”. A los costados también se lee “organismo desahuciado, sálvanos jefe Ebrard” y “los trabajadores no son responsables de este triste deceso”. Los trabajadores de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) se manifiestan con pancartas y una sola consigna: “Ya basta de represión laboral”.
Son 3 mil 500 empleados de la RTP , quienes exponen sus inconformidades respecto al trato laboral al que están expuestos; 50 trabajadores han sido despedidos, entre otros motivos, por la renovación de la planta laboral, que sustituye gente allegada a la directora Ariadna Montiel Reyes, y por denunciar las anomalías al interior del sistema. En total, RTP ha gastado casi 2 millones de pesos en liquidaciones, cuando no hay refacciones ni insumos para mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades.
Es el caso de Juan Leandro Muñoz, exsupervisor “C” de las rutas 33, 37, 39, 39-A, 39-B y 43, quien impulsó la creación de la Coordinadora de Trabajadores Democráticos de RTP Ricardo Flores Magón, ala opositora al sindicato oficial y quien por haberse manifestado contra la política laboral al interior de RTP, fue despedido en febrero pasado.
Declara que él y otros empleados fueron obligados a hacer actividades proselitistas a favor de Andrés Manuel López Obrador y a dar un “diezmo” para apoyar a su gobierno legítimo.
Como respuesta, el 24 de julio Ariadna Montiel dijo ante medios de comunicación que Muñoz “fue sorprendido en varias ocasiones, no realizando su labor porque estaba conformando un nuevo sindicato, razón por la que rescindió de su contrato”.
No obstante, no existen reportes de sus superiores sobre supuestas faltas. Muñoz interpuso una demanda por despido injustificado y lamenta que no puede encontrar empleo por estar ya boletinado por la directora de RTP.
Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la RTP –ahora Coordinadora Ricardo Flores Magón– como los operadores Hermenegildo Ramírez, nombrado secretario general del grupo sindical; Marco Rodolfo García; Martín Rea Mercado; Fernando Arriaga García y el carrocero Víctor Martínez Rosas fueron reinstalados en otros módulos. Los cambios han afectado sus vidas: ahora, los traslados a sus lugares de trabajo pueden llegar a durar hasta tres horas.
Ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal los trabajadores inconformes presentaron una queja por violaciones cometidas a sus garantías individuales y sociales, y a su libertad de expresión. “La inquietud de los 26 trabajadores que conformamos la Coordinadora generó situaciones de hostigamiento laboral, maltrato de los jefes inmediatos superiores, amenazas y despidos injustificados”, exponen.
Señalan que son pésimas las condiciones en que desarrollan sus labores. En los circuitos o bases –describen– los conductores, que comienzan su jornada a las 2:30 de la madrugada, utilizan un servicio sanitario insalubre y descansan en dormitorios donde los colchones están infectados de insectos y no hay luz.
Luis Antonio Zamora, operador adscrito al Módulo 23, refiere que gana 800 pesos semanales por 40 horas de trabajo de 3 de la tarde a 11 de la noche. Aunque el Contrato Colectivo de Trabajo estipula que ésa será la jornada máxima y que, para horas más altas, se contrataría personal, el operador debe cubrir toda la demanda de pasajeros de esa ronda y el tiempo extra se lo pagan con más tiempo en contravención a Ley Federal de Trabajo.
Además, no gozan de permisos, no se les respetan períodos vacacionales y tampoco días festivos: “A tal grado ha llegado la situación que compañeros se van al Metro a vender dulces y discos para completar su gasto”.
El extrabajador de la Ruta 100 explica que el seguro del que goza solamente cubre daños a terceros. Ellos deben pagar los daños a los autobuses: “A mí se me voló una llanta en una ocasión y me la cobraron. Como ya estaba desgastada, me cobraron 500 pesos. Yo considero que uno está en la casa del jabonero, siempre hay accidentes”.
La queja demuestra que, de manera ilícita, se cobran a los operadores los daños a autobuses, el extravío de herramientas, materiales y utensilios: “ La Gerencia Modular o de Procesos y Gestoría cobra indebidamente estos conceptos sin que se pruebe fehacientemente su responsabilidad”.
Las causas de los despedidos van desde ser parte de la oposición hasta no bajar la mirilla del receptor primario de las alcancías. El secretario de la coordinadora asegura que deben moverse al segundo o tercer carril de tránsito porque sus carriles están ocupados camiones y microbuses; pero, si son descubiertos, los operadores pueden ser castigados o dados de baja.
Mateo Atón Mendoza, operador que gana mil 500 pesos al mes y tiene tres hijos, está a punto de perder su empleo por denunciar que el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros gastó 2 mil pesos para sobornar al del seguro, luego de un accidente en el que se vio involucrado el conductor. Ahora, no quieren respetarle un día de descanso que ellos mismos le dieron y afirman que faltó en esa fecha.
A esta “falta” se suma una más de una visita médica que no le quieren aceptar, aún cuando existe un comprobante, y dos anteriores. Las cuatro ausencias acumuladas, que son justificadas, fueron motivo suficiente para que Mateo, con 14 años laborando para RTP, sea despedido.
En contrapartida, el hijo del líder sindical, Clemente Estrada Jiménez, quien fue sorprendido robando tres cámaras de llantas en octubre de 2006, sólo fue sancionado con un día de suspensión. El jefe de oficina del módulo 34, quien levantó el acta administrativa, fue castigado con dos días de suspensión y los policías que lo detuvieron fueron cambiados. Tiempo después, el hijo de Estrada Jiménez recibió una categoría mayor y pasó de lavador de autobuses a auxiliar carrocero.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje se niega a otorgarle el registro al Sindicato Único de Trabajadores. Ello a pesar de haber ganado un amparo el 26 de junio, cuando el Juzgado Sexto de Distrito resolvió dejar sin efecto el laudo emitido en su contra. “Si un juez federal resolvió el caso de esa manera es porque toda la documentación está en regla. No hay pretexto para no darnos el registro”, afirma Hermenegildo Ramírez.
Anomalías en el servicio
Como trabajador del área de suministros, Muñoz constató que los insumos para las unidades de RTP son de ínfima de calidad y se compran excedentes que no se utilizan. Es el caso de una compra de 253 metros de polietileno para el Metrobus –con un precio de 249 mil 700 pesos, facturado el 22 de agosto de 2005–, material del que sólo ingresaron al almacén 112 metros . Ya en 2003, la Asamblea Legislativa hizo un señalamiento para que RTP aclarara un monto por un millón de pesos en consumo de diesel.
Según los trabajadores, se reutiliza aceite quemado y de bajo costo. Incluso en el 2003 se compraron más de 70 mil litros de lubricante para los siete módulos del organismo. Un análisis realizado por los laboratorios del STC Metro concluyó que éste dañaría los motores de los autobuses y el medio ambiente, por lo que realizaría una tercería de peritaje a la Distribuidora de Aceites Mexicanos Aceimex, S.A. de C.V.
No obstante, en un oficio dirigido al gerente de Ingeniería y Desarrollo del STC Metro se afirma que no es posible realizar otra evaluación del lote 030516- 247 debido a que la existencia del mismo se agotó. Otra empresa examinó el producto y lo aprobó.
La falta de refacciones es una queja constante entre los operadores de RTP: “En cada módulo hay entre 20 o 30 autobuses parados por la falta de refacciones e insumos. No hay cómo echarlos andar y tampoco hay herramientas. No se cuenta con lo mínimo y los chóferes tienen que comprar su material con tal de sacarlos”. Por ello, los operadores toman refacciones de unidades dadas de bajas y a veces sólo les queda el chasis cuando su valor aproximado es de 700 mil pesos.
Tan sólo en enero de 2006 estaban inmovilizadas 28 unidades modelo Torino en la delegación Miguel Hidalgo, todas por falta de balatas. También en la Gustavo A. Madero 25 fueron los autobuses que no daban servicio porque no tenían muelles, cámaras de suspensión, amortiguadores ni anticongelante.
Al respecto, Hermenegildo Ramírez sostiene que los autobuses están en el abandono y pasan meses enteros en los talleres: “Los camiones tienen las llantas totalmente lisas, no hay refacciones como balatas o líquido refrigerante. Les dan mantenimiento, pero está mal hecho por la falta de equipo. Los camiones no tienen luces, no tienen la limpieza adecuada y hay hasta cucarachas”.
En 2004, RTP recaudó 35 millones de pesos mensuales. En 2006, sólo ganó 25 millones promedio cada mes. No obstante, no es falta de presupuesto la razón por la que los autobuses no tienen un mantenimiento adecuado. Según Juan Leandro Muñoz, RTP emitió oficios a cada módulo donde los obligaban de gastar semanalmente hasta 172 mil pesos, aunque se compraran materiales excedentes. Como sea tenían que justificar esa cantidad.
En un documento enviado a diferentes módulos y firmado por el gerente de mantenimiento, se advierte que, a partir del 29 de mayo de 2006, se evaluará la eficacia en cada módulo según el consumo de refacciones. Así, el módulo 3 tendría que gastar 100 mil pesos a la semana para 19 autobuses; el 8, 172 mil pesos para 33; el 9, 86 mil para 11; el 12, también 100 mil para 16; el 15, 25 mil para 10; el 23, 108 mil para 19; y el 34, 100 mil para 16.
El 20 de septiembre de 2001 se firmó contrato de prestación de servicios con la empresa Progress Software por casi 9 millones de pesos. No obstante, la empresa no cumplió y el producto jamás llego; RTP demandó a la compañía, pero perdió el litigio. “Antes los módulos tenían un fondo propio, eran autónomos, pero con las nuevas direcciones llegaron los proveedores y los precios aumentaron”, advierte Muñoz.
Copias de facturas comprueban que éstas se inflan incluso al doble de su precio normal. Por ejemplo, en octubre de 2005, una hoja de vidrio plano inastillable de 1.20 por 1.80 metros y 5 milímetros de espesor costó 312 pesos. Un mes después, el mismo producto costó 600 pesos.
En una segunda solicitud de averiguación ante la contraloría, el diputado Jorge Romero denunció las irregularidades en facturas de insumos y refacciones de la Red de Transportes. El asambleísta señala que “hay un absoluto descuido. Los mismos trabajadores aseguran que los ciudadanos están en riesgo cuando se suben a unidades RTP, porque están a borde de explotar, a punto de quedarse sin líquido de frenos o sin transmisión”.
Un reporte elaborado en noviembre de 2006 apunta que, entre noviembre y diciembre de 2005, varios autobuses modelo Capre se quemaron. Uno ocurrió en el paradero de la estación Constitución. Otro en el paradero del Metro Potrero (de éste se decía estaba escondido en San Pablo Xalpa). Dos más que se lograron apagar sin que los usuarios salieran lesionados. Además, un camión del módulo 3 se quedó sin frenos en la carretera Xochimilco-Topilejo.
Hasta el 2006 –de acuerdo a un análisis económico, político y laboral de la RTP realizado por los propios trabajadores– se remodelaban camiones tipo Capre, “cuando lo único nuevo es el motor, ya que lo demás es usado y reparado de autobuses chatarra”.
Metrobus, transporte concesionado a Corredor Insurgentes S. A. (CISA) en asociación con RTP, también sufre fallas constantes. En febrero de 2006, en la Estación de la Bombilla , a una unidad tipo San Marino, con valor de 1 millón 800 mil pesos, se le salió una llanta trasera.
Diezmo y proselitismo
En julio pasado, Jorge Romero presentó dos solicitudes de averiguación para fincar responsabilidades administrativas en el sector público de transporte y vialidad ante la Contraloría del Distrito Federal. En una primera, la denuncia fue por el despido injustificado de 82 personas despedidas que no aportaron un “diezmo” al gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador.
Fue el caso de Juan Leandro Muñoz. Aunque no se sabe a bien el destino de sus aportaciones, los empleados de confianza de RTP deben pagar un diezmo a la administración. Si se niegan, pueden ser dados de baja. Muñoz declara que trabajadores de RTP llevaron junto con el asambleísta la denuncia ante la contraloría. Cada catorce días pasan con una hoja en blanco y deben entregar el 10 por ciento de su salario; si no lo hacen, pasan a la “lista negra”.
“No se lo piden a gente de base, sino a la que está por honorarios o que no están unidos a un sindicato y no pueden exigir sus derechos, pero les pasan un pago domiciliado, un formato de Banorte para que les descuenten su 10 por ciento mensual”, agrega el asambleísta miembro de la Comisión de Transporte y Vialidad.
El exsupervisor, Juan Leandro Muñoz, también comenta que, además de estar obligado a cubrir su diezmo, debía hacer labores de proselitismo. Así, durante las elecciones presidenciales de 2006, fue trasladado a Guanajuato para ocupar un cargo en casilla.
“De octubre a noviembre del año pasado, a mí y a otros compañeros nos enviaron al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática para hacer labor de telemarketing a fin de invitar al público a asistir a la toma de protesta de Andrés Manuel.”
Juan Leandro Muñoz causó escozor en la dirección de RTP cuando denunció el hecho y más tarde fue despedido. El diputado local descalifica la consigna de RTP, pues emplean horarios y cargos de servicio a la ciudadanía para apoyar a un partido político: “En Transporte y Vialidad, por un lado, emplean los cargos para clientelizar, oprimir y obligar a los trabajadores a tareas a las que no están obligados y, por otro, hay un pésimo manejo financiero”.
RTP en desventaja
Con la llegada del Metrobus, la iniciativa privada y la Red de Transportes de Pasajeros compartieron su administración. No obstante, CISA se quedó con 68 autobuses y RTP sólo con 30. En total son 98 camiones en 34 estaciones y dos terminales que transportan a 259 mil pasajeros en días hábiles por Insurgentes.
El fundador de la Coordinadora de Trabajadores de RTP Ricardo Flores Magón, advierte que, antes de la construcción del Metrobus, la Red de Transporte cubría de Insurgentes a Villa Olímpica y del Metro Insurgentes a San Pedro Mártir, con 102 autobuses y 204 operadores. Actualmente, desde la inauguración del Metrobus, son 30 los autobuses y 60 los conductores. Por lo que el resto de personal fue dado de baja o cambiado a otra área.
Una vez que se fortalezca el servicio del Metrobus –con su nueva ampliación de servicio de Doctor Gálvez al Monumento de El Caminero–, Juan Leandro Muñoz revela que de RTP podrían quedar sólo tres o cuatro módulos que atenderán el área conurbada y la periferia del Distrito Federal para dar servicio a la población con menos recursos: “Todo lo demás lo van a concesionar y RTP desaparecerá en seis años. Al no haber oposición del sindicato, se va a repetir lo sucedido con la quiebra de Ruta 100” .
Mientras –según la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal– las nueve empresas de transporte público concesionado colectivo y los 28 mil concesionados individuales cubren el 60 por ciento de la demanda de transporte en toda la ciudad, RTP únicamente satisface el 2 por ciento, es decir, 700 mil pasajeros al día con mil 400 autobuses. Tan sólo la totalidad de camiones RTP llenarían sólo un módulo de la extinta Ruta 100.
“Avivan el Metrobus y RTP es un cero a la izquierda. Cuando hay cualquier imprevisto en el Metro corre la Red , sólo sirve para eso”, opina el secretario de la Coordinadora Hermenegildo Ramírez. “Hasta reos y granaderos transportamos”, afirma.
Además, diariamente se requieren los camiones para movilizar gente según las necesidades del Gobierno del Distrito Federal. Por ejemplo, no importando el horario y el servicio común, en noviembre de 2005, se utilizaron tres unidades de la ruta 27 para trasladar del Zócalo a un albergue en Vallejo a 150 personas de Chiapas.
También las unidades se rentan para particulares como lo comprueba un oficio dirigido a Catatonia Films, S.A. de C.V., el 30 de marzo, donde se responde que se proporcionará el apoyo de un autobús para la filmación de un comercial por 707 pesos la hora. En otra circular, RTP solicita se le reembolse a la empresa mil 728 pesos porque no lo utilizaron por todas las horas rentadas.
El también operador señala que los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal y sus bicicletas son llevados por los camiones RTP a sus lugares de trabajo, ello a pesar de lo anunciado por el jefe de gobierno cuando aseguró que cada servidor iría en bicicleta hasta sus oficinas: “Los camiones tienen portabicicletas y una vez que llegan, los funcionarios se bajan con ellas para no hacer todo el recorrido”.
El asambleísta Jorge Romero concluye que “no porque amalgamen a RTP y Metrobus en un nuevo esquema de transporte público, se justifica que no mantengan las unidades a las que se suben miles de personas diariamente”.
Se solicitó entrevista con la directora de RTP, Ariadna Montiel Reyes, pero no se recibió respuesta.
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