Legisladores integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente citaron a comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para explicar el destino de los más de 206 millones de dólares incautados al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon.
Durante la reunión legisladores de todos los partidos políticos exigieron a Luis Miguel Álvarez Alonso, titular del SAE, precisar el curso que se dio a los recursos incautados en el domicilio de las Lomas de Chapultepec, e incluso propusieron que el Poder Judicial de la Federación rechace la donación millonaria.
Álvarez Alonso al hablar sobre los recursos enajenados en la casa de las Lomas, aseguró que la ruta de las transferencias electrónicas siempre estuvieron en total control del gobierno federal, y los recursos depositados siempre estuvieron en poder del gobierno federal.
Álvarez Alonso expuso que del 20 al 30 de marzo se recibieron las confirmaciones electrónicas de los depósitos, aunque existió una diferencia entre los montos pues se descontaron los billetes falsos y dañados. Las transferencias de los recursos del SAE a la Tesorería se realizaron el 25 de abril y el 4 de mayo. Finalmente, el 13 de julio se recibió el comunicado del Ministerio Público que distribuía los recursos en tres partes iguales.
La senadora María Teresa Ortuño Gurza, PAN, posterior a la comparecencia del titular del SAE, solicitó se aclarara de que manera la filial del Bank of America, Santander Serfin, validó la autenticidad del dinero y pidió precisar si los recursos estuvieron en algún momento en los Estados Unidos de América. Pidió también que se explicara la forma en que serán auditadas las partidas, ya que el Poder Judicial, no puede ser auditado por la Secretaría de la Contraloría pues no tiene las facultades correspondientes, mientras que en la en las otras dependencias se realiza de manera diferente.
El funcionario indicó que no hay posibilidad de que los recursos sean recuperados, pues fueron declarados como abandonados.
En cuanto a la pregunta de dónde se encuentra el dinero, explicó que no hubo restricción en el manejo de los recursos por lo que se depositaron en Banjercito. Y posteriormente se corroboró su autenticidad a través de la Reserva Federal, ya que es la emite los dólares físicamente.
En tanto, el diputado Mario Alberto Salazar Madera, PAN, dijo que no tenía la claridad del monto cobrado por el banco norteamericano por el conteo del dinero y la declaratoria de autenticidad. Y preguntó ¿hasta dónde el SAE podía incidir para direccional los recursos y si la institución tiene la facultad para su aplicación?
El titular del SEA respondió que se debe considerar que el cobro de las comisiones y los seguros son tarifas ya establecidas por cualquier institución bancaria. Y en este se incluyen los seguros. Y en cuanto a la distribución de los recursos, aclaró, que no tienen ingerencia.
El senador Tomas Torres Mercado, PRD, en su intervención indicó que se tiene la confianza en el SAE cumpla de manera correcta con la administración de los recursos, sin embargo calificó la comparecencia como limitada.
Mencionó que la urgencia de la repartición del dinero tiene que ver más con la intención de acabar con el escándalo político. Mencionó que por dignidad y por cuestión legal, el Poder Judicial de la Federación debería repudiar la donación millonaria que el SAE le hace.
Al dar respuesta, el funcionario del SAE explicó que la institución tiene fundamentos para generar el destino de acuerdo a los elementos emitidos por la PGR, y agregó que la urgencia de partir los recursos es un procedimiento recurrente ya establecido en la ley, sin embargo, en algunos casos se tardan años la distribución.
Al respecto, el diputado Jesús González Macías, PVEM, cuestionó el por qué el SAE continuó con el proceso de repartición de los recursos, cuando fue el Ministerio Público quien dio la declaratoria de abandono y no un Juez Federal como debía haber sido.
Álvarez Alonso dijo que en el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes estudiaron la declaratoria antes de su publicación, y su procedimiento está fundamentado en la Ley del SAT, por lo que están seguros respecto a ella.
Por su parte el senador Tomás Torres Mercado, PRD, señaló que el procedimiento realizado por la Procuraduría de la República para dar la declaratoria de abandono no está bien hecho, porque fue rebasado por el tema político.
Explicó que la figura de abandono puede tener diversos significados, y desde el punto de vista de la Ley Civil advirtió que en 10 años se pueden tener las demandas de Zhenli Ye Gon y de sus abogados.
“Yo pregunto cómo se dispone del dinero, supuestamente porque no es instrumento, no es producto, no es efecto del delito. Entonces no hay forma de comprobación del cuerpo del delito para instaurar un proceso penal por lavado de dinero” inquirió el senador Torres Mercado.
La senadora Maria Teresa Ortuño Gurza, PAN, propuso solicitar la comparecencia de otras autoridades debido a que “es necesario conocer más información sobre este tema en voz de otros actores involucrados, para saber los cuáles son los motivos por los cuales se está procediendo de determinada forma”.
Finalmente, resaltó el hecho de que el gobierno mexicano haya asegurado al empresario de origen chino la histórica cantidad y que hoy haya un proceso en curso en contra de éste.
Posteriormente en la reunión, se aprobaron cinco puntos de acuerdo entre los que destacan el requisito de planta para la comercialización de medicamentos de importación, el relativo a medidas de seguridad en empresas subcontratadas de Petróleos Mexicanos y por el que se considera atendida proposición sobre la reestructuración de la deuda de la Ciudad de México.
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