Lisandro Otero Rebelión
El gobierno de Bush está entrando en una etapa final de colapso generalizado. Karl Rove, el politiquero ducho en trucos sucios, en difamación y embustes renunció hace pocos días, abandonando el barco en naufragio. Rumsfeld tuvo que dimitir su cartera de Defensa apabullado por unas elecciones legislativas que fueron un enorme rechazo a su política belicista. Porter Goss, el jefe de la CIA tuvo que renunciar envuelto en una especulación de bienes raíces por valor de 16 millones de dólares.
Scooter Libby, jefe de despacho del gángster Dick Cheney, también tuvo que salir a escape y evitó el encarcelamiento por el perdón otorgado por Bush, a los cargos de perjurio y obstrucción de la justicia. Lobby fue el delator que reveló a Valerie Plame, ─esposa del embajador Wilson que desmintió las falsedades de Bush sobre las armas de destrucción masiva en Irak─, como agente de la CIA. De igual manera tuvo que renunciar George Tenet, jefe de la CIA, por los errores cometidos por la agencia en la valoración de Irak, previa a la guerra.
Puede apreciarse que el gobierno de Bush está compuesto de funcionarios incompetentes, deshonestos, sin ningún sentido de la ética, capaces de las peores fechorías, de mentir al Congreso, de acudir a todo un repertorio de trucos y tretas con tal de lograr sus propósitos. Ahora, a la tribu de delincuentes en fuga, hay que añadir el nombre de Alberto Gonzáles.
El Secretario de Justicia accedió, al renunciar, a un reclamo de los principales líderes políticos de los dos partidos que declararon que ya no contaba con la confianza del establecimiento legislativo. Como es natural en él, Bush lo defendió como un ser íntegro, decente y virtuoso lo cual se contradice con el expediente de Gonzáles.
Durante el período de Bush como gobernador de Texas se ejecutaron más sentencias de muerte que nunca antes en la historia del estado. Gonzáles era el asesor legal del gobernador que rechazaba apelaciones y rehusaba atender razones para la exoneración. En 1996 logró que eximieran a Bush de jurado en una causa por conducir vehículos en embriaguez, temeroso de que apareciera el propio arresto de Bush, por igual causa, en 1976.
En febrero de 2005, tras el acceso de la pandilla petrolera a la Casa Blanca, fue nombrado Fiscal General, que equivale al de Secretario de Justicia. Fue especialmente activo en el cumplimiento de la llamada Acta Patriótica de Bush que permite violar los derechos constitucionales y las libertades civiles ampliando las posibilidades de registros ilegales, supervisión telefónica, arrestos sin habeas corpus, juicios militares por delitos civiles, investigaciones de expedientes bancarios, médicos, siquiátricos y estudiantiles, grabaciones telefónicas, pesquisas por internet y encarcelamiento por sospecha. Un verdadero catálogo de medidas draconianas empleadas por el totalitarismo nazi fascista. En enero de 2002 Gonzáles defendió la tesis de que la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra no se aplicaba a los talibanes ni a los militantes de Al Quaeda. Con esto se negaba el respeto a la dignidad humana y el tratamiento humano a los cautivos. Esto legitimó el camino de las torturas.
Lo que realmente motivó su salida fue la purga de ocho fiscales por motivos políticos. Funcionarios con una impecable hoja de servicios fueron separados de sus cargos por no ser suficientemente “bushistas” y no cooperar con el Partido Republicano. Gonzáles mintió en la encuesta realizada por el Comité Judicial del Senado sobre esta sucia expulsión politiquera. Impúdicamente González se escudó en su mala memoria para no responder las preguntas de la indagación y en 71 ocasiones respondió con un “no me acuerdo”, a las interrogaciones de los senadores.
No hay que desdeñar el inmenso daño que ha hecho al prestigio de la comunidad latina, porque Gonzáles era el funcionario de origen hispano que más alto había llegado en la historia de Estados Unidos. Si a este desconcierto moral se une la gran crisis económica que ya se insinúa, el rechazo a la guerra en Irak y el bajo apoyo de opinión, tenemos el escenario de la hecatombe final a la que Bush ha llevado a su pueblo, insistiendo tozudamente en sus errores, entre ellos el de reforzar el bloqueo a Cuba e insistir en las medidas punitivas contra el pueblo cubano.
El gobierno de Bush está entrando en una etapa final de colapso generalizado. Karl Rove, el politiquero ducho en trucos sucios, en difamación y embustes renunció hace pocos días, abandonando el barco en naufragio. Rumsfeld tuvo que dimitir su cartera de Defensa apabullado por unas elecciones legislativas que fueron un enorme rechazo a su política belicista. Porter Goss, el jefe de la CIA tuvo que renunciar envuelto en una especulación de bienes raíces por valor de 16 millones de dólares.
Scooter Libby, jefe de despacho del gángster Dick Cheney, también tuvo que salir a escape y evitó el encarcelamiento por el perdón otorgado por Bush, a los cargos de perjurio y obstrucción de la justicia. Lobby fue el delator que reveló a Valerie Plame, ─esposa del embajador Wilson que desmintió las falsedades de Bush sobre las armas de destrucción masiva en Irak─, como agente de la CIA. De igual manera tuvo que renunciar George Tenet, jefe de la CIA, por los errores cometidos por la agencia en la valoración de Irak, previa a la guerra.
Puede apreciarse que el gobierno de Bush está compuesto de funcionarios incompetentes, deshonestos, sin ningún sentido de la ética, capaces de las peores fechorías, de mentir al Congreso, de acudir a todo un repertorio de trucos y tretas con tal de lograr sus propósitos. Ahora, a la tribu de delincuentes en fuga, hay que añadir el nombre de Alberto Gonzáles.
El Secretario de Justicia accedió, al renunciar, a un reclamo de los principales líderes políticos de los dos partidos que declararon que ya no contaba con la confianza del establecimiento legislativo. Como es natural en él, Bush lo defendió como un ser íntegro, decente y virtuoso lo cual se contradice con el expediente de Gonzáles.
Durante el período de Bush como gobernador de Texas se ejecutaron más sentencias de muerte que nunca antes en la historia del estado. Gonzáles era el asesor legal del gobernador que rechazaba apelaciones y rehusaba atender razones para la exoneración. En 1996 logró que eximieran a Bush de jurado en una causa por conducir vehículos en embriaguez, temeroso de que apareciera el propio arresto de Bush, por igual causa, en 1976.
En febrero de 2005, tras el acceso de la pandilla petrolera a la Casa Blanca, fue nombrado Fiscal General, que equivale al de Secretario de Justicia. Fue especialmente activo en el cumplimiento de la llamada Acta Patriótica de Bush que permite violar los derechos constitucionales y las libertades civiles ampliando las posibilidades de registros ilegales, supervisión telefónica, arrestos sin habeas corpus, juicios militares por delitos civiles, investigaciones de expedientes bancarios, médicos, siquiátricos y estudiantiles, grabaciones telefónicas, pesquisas por internet y encarcelamiento por sospecha. Un verdadero catálogo de medidas draconianas empleadas por el totalitarismo nazi fascista. En enero de 2002 Gonzáles defendió la tesis de que la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra no se aplicaba a los talibanes ni a los militantes de Al Quaeda. Con esto se negaba el respeto a la dignidad humana y el tratamiento humano a los cautivos. Esto legitimó el camino de las torturas.
Lo que realmente motivó su salida fue la purga de ocho fiscales por motivos políticos. Funcionarios con una impecable hoja de servicios fueron separados de sus cargos por no ser suficientemente “bushistas” y no cooperar con el Partido Republicano. Gonzáles mintió en la encuesta realizada por el Comité Judicial del Senado sobre esta sucia expulsión politiquera. Impúdicamente González se escudó en su mala memoria para no responder las preguntas de la indagación y en 71 ocasiones respondió con un “no me acuerdo”, a las interrogaciones de los senadores.
No hay que desdeñar el inmenso daño que ha hecho al prestigio de la comunidad latina, porque Gonzáles era el funcionario de origen hispano que más alto había llegado en la historia de Estados Unidos. Si a este desconcierto moral se une la gran crisis económica que ya se insinúa, el rechazo a la guerra en Irak y el bajo apoyo de opinión, tenemos el escenario de la hecatombe final a la que Bush ha llevado a su pueblo, insistiendo tozudamente en sus errores, entre ellos el de reforzar el bloqueo a Cuba e insistir en las medidas punitivas contra el pueblo cubano.
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