Por: Laura M. López Murillo
En algún lugar entre las reglas no escritas del juego de la política, el premio mayor del proceso electoral es el ascenso al poder; tampoco está escrito que para lograr el triunfo será preciso aplicar recursos intangibles y contubernios incuantificables, que la ficción política encubrirá como simples coincidencias y meras casualidades…
Cuando ha terminado la contienda y se ha erigido al vencedor de la jornada electoral, en uno de los rincones del proselitismo, se archivan en un legajo olvidado, todos los datos duros y las cifras oficiales que se hilvanaron en las promesas de campaña.
A un año de distancia del conflicto post electoral más ríspido en la incipiente experiencia democrática en México, resultado de una legislación deficiente y pletórica de ambigüedades, aún no se elabora un proyecto razonado y razonable para la Reforma Electoral.
El tema se actualiza y cobra vigencia por la cercanía de la ceremonia protocolaria del primer informe de gobierno de Felipe Calderón. El Congreso de la Unión, que fue el escenario de la tumultuosa ceremonia de cambio de poderes, podría adquirir ahora la cualidad de enmarcar el reconocimiento oficial al mandatario por parte de la bancada perredista.
A un intenso teje y maneje se reducen las aspiraciones de un proyecto emergente y urgente de Reforma Electoral. Durante todo un año nadie consideró como imperiosa la necesidad de adaptar la legislación electoral a las actuales circunstancias socio políticas del país. Hasta hoy, nadie se había percatado del anacronismo del formato del informe presidencial.
La Reforma Electoral no debe circunscribirse a los caprichos de los legisladores, ni al cabildeo de la partidocracia. Los actuales instrumentos para la calificación de los procesos electorales se caracterizan por la estrechez de su rango, por la tardía emisión de sus dictámenes, por la tersura de sus sentencias.
La Reforma Electoral es urgente porque mientras los legisladores buscan un consenso para elegir el color de su ineptitud, ya se han realizado, y se realizarán, procesos electorales en los estados debido a un calendario electoral carente de lógica y sincronía.
En Baja California, en el reciente proceso electoral que culminó con los comicios del 5 de Agosto, el abstencionismo mantuvo un elevado índice que se traduce en un costo de 239 pesos por cada voto emitido y el organismo electoral de la entidad resulta uno de los más caros del país.
En las leyes electorales vigentes no existen sanciones que castiguen en su justa medida el retraso en el retiro de la propaganda convertida en basura electoral, ni los excesos incurridos en los gastos de campaña. Es por eso que el Arco del Triunfo es el lugar más concurrido en cuestiones de justicia electoral.
Las ambigüedades de las actuales leyes electorales impiden la confirmación de un criterio para determinar la incursión del gobierno en el proselitismo; se limitan a las actividades públicas del ejecutivo, como la propaganda de los logros y acciones del gobierno, ó la entrega de despensas y materiales de toda índole con matices electoreros.
No obstante, la incursión del ejecutivo en el proceso electoral no es solamente una intervención susceptible de monitoreo. La participación que produce más y mejores resultados en las urnas es incuantificable, como intangibles son: las denuncias contra los órganos electorales, y el acceso a los proyectos del ejecutivo ó de las cúpulas empresariales.
Si el ejecutivo estatal se ha esmerado en desmentir las afirmaciones del presidente del Consejo Estatal Electoral respecto a su involucramiento en el proceso electoral, en la práctica ciertas coincidencias lo confirman.
Con el fin de obtener mayores recursos para las escuelas de la entidad, el Gobierno del Estado está buscando se apruebe una lotería estatal para destinar sus fondos principalmente a la rehabilitación de las aulas. Y por azares del destino, la lotería estatal surgió como una de las propuestas en la pre-campaña del panista Francisco Vega para atenuar los estragos de las adicciones en la seguridad pública y, como mera casualidad, ahora resulta que es un proyecto del ejecutivo estatal para rehabilitar las instalaciones educativas.
Una de las promesas de Osuna Millán en su ya famoso Libro Azul fue construir una planta generadora de energía, y por pura coincidencia, el sector empresarial ya había realizado los estudios necesarios para la construcción de una fuente alterna de energía para minimizar las pérdidas por los cortes repentinos y por los daños por bajas en el voltaje.
Me queda claro que todas las semejanzas y cualquier parecido con personajes y proyectos reales es obra de los azares del destino, que en el juego de la política el premio mayor del proceso electoral es el ascenso al poder, que las incursiones intangibles serán una de tantas figuras que seguirán afectando los procesos electorales, y que lograr tipificarlas como un ilícito será tan probable como sacarse la lotería estatal… porque los contubernios incuantificables serán encubiertos por la ficción política como simples coincidencias y meras casualidades…
En algún lugar entre las reglas no escritas del juego de la política, el premio mayor del proceso electoral es el ascenso al poder; tampoco está escrito que para lograr el triunfo será preciso aplicar recursos intangibles y contubernios incuantificables, que la ficción política encubrirá como simples coincidencias y meras casualidades…
Cuando ha terminado la contienda y se ha erigido al vencedor de la jornada electoral, en uno de los rincones del proselitismo, se archivan en un legajo olvidado, todos los datos duros y las cifras oficiales que se hilvanaron en las promesas de campaña.
A un año de distancia del conflicto post electoral más ríspido en la incipiente experiencia democrática en México, resultado de una legislación deficiente y pletórica de ambigüedades, aún no se elabora un proyecto razonado y razonable para la Reforma Electoral.
El tema se actualiza y cobra vigencia por la cercanía de la ceremonia protocolaria del primer informe de gobierno de Felipe Calderón. El Congreso de la Unión, que fue el escenario de la tumultuosa ceremonia de cambio de poderes, podría adquirir ahora la cualidad de enmarcar el reconocimiento oficial al mandatario por parte de la bancada perredista.
A un intenso teje y maneje se reducen las aspiraciones de un proyecto emergente y urgente de Reforma Electoral. Durante todo un año nadie consideró como imperiosa la necesidad de adaptar la legislación electoral a las actuales circunstancias socio políticas del país. Hasta hoy, nadie se había percatado del anacronismo del formato del informe presidencial.
La Reforma Electoral no debe circunscribirse a los caprichos de los legisladores, ni al cabildeo de la partidocracia. Los actuales instrumentos para la calificación de los procesos electorales se caracterizan por la estrechez de su rango, por la tardía emisión de sus dictámenes, por la tersura de sus sentencias.
La Reforma Electoral es urgente porque mientras los legisladores buscan un consenso para elegir el color de su ineptitud, ya se han realizado, y se realizarán, procesos electorales en los estados debido a un calendario electoral carente de lógica y sincronía.
En Baja California, en el reciente proceso electoral que culminó con los comicios del 5 de Agosto, el abstencionismo mantuvo un elevado índice que se traduce en un costo de 239 pesos por cada voto emitido y el organismo electoral de la entidad resulta uno de los más caros del país.
En las leyes electorales vigentes no existen sanciones que castiguen en su justa medida el retraso en el retiro de la propaganda convertida en basura electoral, ni los excesos incurridos en los gastos de campaña. Es por eso que el Arco del Triunfo es el lugar más concurrido en cuestiones de justicia electoral.
Las ambigüedades de las actuales leyes electorales impiden la confirmación de un criterio para determinar la incursión del gobierno en el proselitismo; se limitan a las actividades públicas del ejecutivo, como la propaganda de los logros y acciones del gobierno, ó la entrega de despensas y materiales de toda índole con matices electoreros.
No obstante, la incursión del ejecutivo en el proceso electoral no es solamente una intervención susceptible de monitoreo. La participación que produce más y mejores resultados en las urnas es incuantificable, como intangibles son: las denuncias contra los órganos electorales, y el acceso a los proyectos del ejecutivo ó de las cúpulas empresariales.
Si el ejecutivo estatal se ha esmerado en desmentir las afirmaciones del presidente del Consejo Estatal Electoral respecto a su involucramiento en el proceso electoral, en la práctica ciertas coincidencias lo confirman.
Con el fin de obtener mayores recursos para las escuelas de la entidad, el Gobierno del Estado está buscando se apruebe una lotería estatal para destinar sus fondos principalmente a la rehabilitación de las aulas. Y por azares del destino, la lotería estatal surgió como una de las propuestas en la pre-campaña del panista Francisco Vega para atenuar los estragos de las adicciones en la seguridad pública y, como mera casualidad, ahora resulta que es un proyecto del ejecutivo estatal para rehabilitar las instalaciones educativas.
Una de las promesas de Osuna Millán en su ya famoso Libro Azul fue construir una planta generadora de energía, y por pura coincidencia, el sector empresarial ya había realizado los estudios necesarios para la construcción de una fuente alterna de energía para minimizar las pérdidas por los cortes repentinos y por los daños por bajas en el voltaje.
Me queda claro que todas las semejanzas y cualquier parecido con personajes y proyectos reales es obra de los azares del destino, que en el juego de la política el premio mayor del proceso electoral es el ascenso al poder, que las incursiones intangibles serán una de tantas figuras que seguirán afectando los procesos electorales, y que lograr tipificarlas como un ilícito será tan probable como sacarse la lotería estatal… porque los contubernios incuantificables serán encubiertos por la ficción política como simples coincidencias y meras casualidades…
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