Por Alberto Híjar. Nadie en sus cabales puede negar el empeño por preservar el estado de derecho por parte del propio Estado. Procuradurías especiales ceden el paso a fiscalías especiales y a comisiones con mandato específico para investigar delitos del pasado y hasta del presente oaxaqueño. Las comisiones de derechos humanos se apersonan en los focos rojos y emiten recomendaciones y los mismísimos procuradores y ombudsmanes declaran en ocasiones contra los boletines oficiales.
Hasta el presidente y el secretario de gobernación muestran su preocupación y reciben a comisiones de alto nivel de Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Cruz Roja Internacional. Saben o al menos intuyen que el estado de derecho que procuran preservar, en rigor es el aparato de justicia parcial al servicio de la clase social y el grupo en el poder. Saben, eso sí, del mal llamado concierto de naciones que en rigor es el jaloneo entre estados por el botín de la globalización cada vez más salvaje, donde es mal vista la violación sistemática de los derechos humanos.
El mayor violador de la historia, George Bush, pretexta el punto para invadir, asesinar, torturar, entrometerse en las vidas privadas con espionajes muy variados legalizados, por supuesto, en beneficio de lo que los yanquis llaman seguridad nacional y que no es más que el conjunto de intereses trasnacionales desparramados por todo el mundo por los consorcios protegidos por cientos de bases militares y sistemas satelitales preparados para acciones de largo plazo y también para ataque rápido con la tecnología altamente sofisticada que sólo ellos deben emplear.
¡Ay del estado que se oponga a la manera de Putin que amenaza con un escudo ante los misiles de la OTAN apuntados contra Rusia!, ¡ay de Corea del Norte y Pakistán que defienden su derecho a desarrollar la energía atómica y el armamento nuclear!.
Lo dicho, no hay más derecho que el encabezado por el estado yanqui y para preservarlo, los responsables de la seguridad nacional del poder en México han comunicado sin mucha alharaca la recepción de equipo de preciso funcionamiento para interceptar teléfonos, celulares incluidos, computadoras, transmisores de radio. A la par, grupos especiales de kaibiles guatemaltecos participan con equivalentes mexicanos (bueno, es un decir) en la frontera sur para aniquilar indocumentados y en Chiapas, los retenes exhiben ahora a biencomidos y entrenados mocetones y oficiales, en lugar de los chaparros y escuálidos soldaditos característicos de los servicios a los expresidentes y generales retirados y en activo que los usan de jardineros y choferes.
Cuatro diputados italianos anduvieron por acá y viajaron y registraron las violencias muy variadas en Oaxaca y Chiapas. Descubrieron una bien organizada red de complicidades entre las diferentes policías, el ejército, los ministerios públicos, los jueces, los secretarios. No alcanzaron a registrar en su reporte el caso de la exprocuradora de Oaxaca Lizbeth Cañas, ahora diputada por el sistema de los pilones para los partidos con mayor votación. La feroz y cínica licenciada ni siquiera tuvo que hacer campaña, sino nada más esperar a ser beneficiada como premio a sus perversos oficios de negadora de amparos en complicidad con magistrados venales y de fianzas para hundir en cárceles oaxaqueñas y de otros estados a decenas de inocentes, muchos de ellos, aún presos o perseguidos. Los heridos y dañados de por vida como el aún internado y casi parapléjico Emeterio Merino Cruz, son parte de lamentables sucesos propios, claro, del estado de derecho.
El caso Cañas es elocuente porque no es el único, no es la excepción para dar cuenta de los niveles a los que llega el Estado mexicano (bueno, es un decir) para preservar a su derecho que exige calificativos: racista, genocida, clasista, traidor al juramento que hacen los funcionarios cuando toman posesión. No es para tanto, dijo el opositor políticamente correcto y empeñado en la reforma de estado. La exprocuradora forma parte de la legión de incondicionales encabezados ahora por el Secretario de Gobernación, reconocido defensor de las detenciones y desapariciones forzadas, de las torturas y las sentencias excesivas a raíz de las protestas pacíficas contra la Cumbre de Presidentes en Guadajalara en 2004 cuando exaltó la mano dura para probar que Jalisco no es el D.F. y ahora es el responsable de la concertación política nacional (bueno, es un decir), valido de las acciones de los responsables de las masacres de Atenco, como el General Medina Mora y los responsables de la seguridad nacional como Genaro García Luna. Bien que preservan su estado de derecho parcial hasta el aniquilamiento de comunidades enteras y la persecución selectiva a familias con militantes históricos a quienes hay que tomarles rehenes para inmovilizarlos.
Los paramilitares son una necesidad de este derecho tan chueco. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio para impedir que sean uniformados, tenazmente violadores de los derechos humanos quienes asalten mujeres para violarlas y asesinarlas o masacren campesinos por sospechar que puedan ser bases subversivas. Los paramilitares son el enlace represivo entre los caciques locales y regionales, el crimen organizado y los mandos gubernamentales.
Todo mundo sabe quienes son talamontes, narcotraficantes, contrabandistas, ordeñadores de ductos de PEMEX, pero todo mundo calla y voltea para otro lado cuando sabe de los fiestones donde participa desde el obispo y a veces arzobispo, hasta el comandante de la zona militar, los jefes policíacos, codo a codo con presidentes municipales, jueces y ministerios públicos.
Por ahí los priístas con fama bien ganada de matones a sueldo y bandas de maleantes bien dispuestas a servir al amo. Cuadros políticos hay en este juego infame para infiltrar comunidades y pueblos y a cambio de despensas, atención médica y créditos rurales logrados con las secretarías de estado adecuadas, ofrecer protección y alentar la contrainsurgencia. Todo por el estado de derecho y contra quienes osan organizarse para defender sus maltrechos derechos ancestralmente manejados por caciques y políticos corruptos protegidos por todas las policías y fuerzas armadas que la hacen de escoltas de los paramilitares.
Los diputados italianos presentaron su informe en el Parlamento y elevaron una denuncia ante el Parlamento Europeo. Atiza el fuego purificador necesario el maltrato sufrido por las cuatro catalanas despojadas de sus documentos por policías oaxaqueños para escándalo de toda Europa. Pero en fin, al igual que el reciente asesinato con cuatro balazos de un indocumentado, engrosarán el voluminoso expediente de los llamados incidentes negociables por diplomáticos elegantes dispuestos a creer que las evidencias paramilitares y de fuerzas de ocupación uniformadas que secuestran, destruyen casas y sembrados, violan y matan, son rezagos del pasado que siempre se dirá que está en vías de solución democrática cuando las evidencias prueban lo contrario.
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