Aceptar el fraude

Por: Eduardo Ibarra Aguirre

Un pésimo abogado de sí mismo resultó Luis Carlos Ugalde Ramírez. O por lo menos de ello hace ostentación que raya en el ridículo.

En la medida en que los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional quitan paulatinamente los corchetes que establecen los puntos en desacuerdo para emprender una reforma electoral, el maestro por partida doble, doctor en ciencias políticas y portador de una destacada carrera como profesor e investigador en universidades privadas, igual que en las que se formó, da muestras crecientes de torpeza política y falta de recato ciudadano y personal.

Ugalde Ramírez fue nombrado consejero presidente del Instituto Federal Electoral en octubre 2003 por la Cámara de Diputados, con el decisivo apoyo de Elba Esther Gordillo Morales, secretaria general y coordinadora del Grupo Parlamentario priísta; con la venia de Juan de Dios Castro Lozano –el mismo que le pidió perdón públicamente al presunto genocida Ulises Ruiz Ortiz--, y el rechazo del perredismo en bloque a través de Pablo Gómez Alvarez, senador que en mayo pasado cumplió tres décadas de presidir congresos partidistas, sin contar los 10 años que dirigió asambleas estudiantiles.

La advertencia que acompañó al rechazo fue: las del 2 julio de 2006 quedan en manos de funcionarios que favorecerán al llamado PRIAN. Y para desgracia de la República y de la incipiente democracia política, el pronóstico se cumplió ampliamente.

Ni el Consejo General ni su presidente mostraron tener nociones básicas del papel de árbitro que estaban obligados a desempeñar: permitieron que Vicente Fox Quesada y Martha María Sahagún Jiménez realizaran su propia campaña presidencial, además con recursos públicos y en horarios laborables; se hicieron de la vista gorda ante la escandalosa propaganda negra del panismo, diseñada por españoles y estadunidenses, auspiciada por el Consejo Coordinador Empresarial y financiada por varios de los 39 dueños de México y trasnacionales como Wal-Mart, la número uno de la aldea global, hasta que tardíamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enmendó la plana al IFE. El panista Juan Carlos Mondragón dijo a Alvaro Delgado que el TEPJF “actúa como le da la gana” (Proceso, 26-VIII-07, p. 25).

El descrédito en que se debate el IFE y sus consejeros es lo mínimo que se puede esperar de una ciudadanía que en su tercera parte considera --¡14 meses después!-- que el 2 de julio de 2006 hubo fraude en los comicios presidenciales. Tampoco es de obviarse que al consejero presidente desde temprano le fue señalada su militancia en el Revolucionario Institucional, hecho que negó pero que finalmente se vio obligado a aceptarlo.

Como bien advierte el presidente del IFE y repite Héctor Larios Córdova: “Si el Congreso aprueba la remoción de los consejeros electorales estaría aceptando que, políticamente hablando, hubo fraude electoral en 2006”.

Tienen razón ambos. Justamente por eso la Cámara de Diputados les retirará su confianza a los consejeros. Para unos, ya no son útiles sino desechables como los pañuelos, porque ya fueron usados y el desprestigio los sella a todos y lastima al IFE. Para otros, no hicieron su tarea de manera satisfactoria y no garantizan certidumbre para 2009. Para más de un tercio de los legisladores, aquellos son una parte de la base institucional que al no cumplir sus obligaciones generaron un litigio poselectoral de largo aliento. Y mañana éste será inocultable en San Lázaro por más que las buenas o las malas maneras parlamentarias predominen, en virtud o no de las negociaciones políticas que tanto irritan a los que se presentan como más obradoristas y consecuentes que el mismo Andrés Manuel López Obrador.