Por: Eduardo Ibarra Aguirre Las más que influyentes, decisivas cámaras de Televisa, presidida por Emilio Azcárraga Jean, y de Televisión Azteca, encabezada por Ricardo Salinas Pliego, están empeñadas en una batalla sin precedente, por lo menos en las formas puestas en juego en contra de la Cámara de Diputados y del Senado.
Uno de los poderes fácticos que no pocas veces sometió a su voluntad e intereses a buena parte de las instituciones de los tres poderes de la Unión, convirtió en su causa central la suerte de Luis Carlos Ugalde Ramírez y la de los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral.
Sin previo aviso a los televidentes, el consejero presidente pasó a formar parte de la programación y del reparto de las estrellas que laboran en los dos consorcios propietarios del 93 por ciento de los canales de televisión del país.
Para implantar la verdad única establecida por los 39 dueños de México que casualmente convergen en los consejos de administración de la televisión duopólica, ésta puso en sintonía a sus voces: levanta cejas mejor conocidos como conductores, reporteros con notas sin reportear e intelectuales orgánicos como Héctor Aguilar Camín y Leo Zuckerman con capacidad histriónica pero incapaces de distinguir entre las necesidades materiales de la vida diaria y la sumisión a proyectos plutocráticos.
A los consejeros de ambas televisoras les tiene sin el menor cuidado la suerte laboral y burocrática de sus homólogos ciudadanos, pero ésta resultó una excelente coartada para arrinconar a diputados y senadores para que no se atrevan a alterar las normas legales y sobre todo la ausencia de éstas que permiten el gran negocio: 80 de cada 100 pesos de financiamiento del Estado a los partidos políticos se destina a publicidad y 70 de ellos a pagar anuncios en la televisión. Esto metamorfoseó en espotera a la democracia electoral.
Además de esquilmar a la denominada clase política para lavarle la imagen en vísperas de elecciones, el mismo duopolio televisivo se encarga de ensuciarla en los términos más primitivos y superficiales.
Preocupa sobremanera que las dos televisoras son grandes electores, aunque la legislación establece que cada sufragio vale por uno. Prácticamente no existe presidente de la República, gobernador, alcalde de significación, senador y diputado federal que no deba parte de su cargo de elección popular a los servicios prestados por el duopolio. Por cierto, el mismo papel de padrino desempeña Carlos Slim Helú. Y los padrinazgos, como bien sabe Ugalde, se pagan.
Por ello es trascendente la decisión de los senadores de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, expresada por Manlio Fabio Beltrones Rivera y Carlos Navarrete Ruiz de que las televisoras “No doblegarán al Senado” en sus labores de reformar la Constitución para que elecciones, dinero y medios de comunicación social sean un trípode de la participación ciudadana y la soberanía popular.
No sobra advertirlo. Si esta decisiva batalla democrática no la sostienen los diputados y senadores, junto con la sociedad, hasta sus últimas consecuencias, está echada la suerte política de los mencionados y de los que auspician los 15 elementos que contiene la reforma legislativa en materia de elecciones. Mas esto es lo de menos.
Lo verdaderamente crucial es que si los legisladores, todos los partidos políticos y la sociedad entera no frenan legislativa y políticamente a este poder fáctico desbordado, como lo ostentó hasta la saciedad durante y después de las elecciones de 2006, la República quedará a merced de éste.
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