“Es mi voz pero no es mi voz”, otra del trife.

¿Promovemos los amparos?
René Sánchez Galindo
30 de abril de 2007

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (trife) decidió que las boletas de la elección presidencial de 2006 son documentos públicos, pero de acceso restringido, y no están disponibles para nadie, con excepción de las juntas distritales electorales y el propio trife, en plena semana de la despenalización del aborto en el DF.

Entre otros cientos de solicitantes de información, la revista proceso pidió al IFE consultar todas las boletas electorales sobre la elección presidencial del 2006. La respuesta fue negativa y entonces acudió en vía de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano ante el trife. Este tribunal modifica la resolución del IFE al establecer que las boletas sí son documentos públicos, pero inexplicablemente impide el acceso a ellas al establecer que no están disponibles más que para las autoridades electorales.

Algo así como la clásica preciosidad: “es mi voz pero no es mi voz”; o la sangrienta y represora conclusión “hay ingobernabilidad pero sí existen los poderes” a cargo del Senado en el caso Ulises Ruiz (URO) contra la APPO. Ahora que el trife ya no es primerizo en este tipo de argumentaciones ya nos recetó el año pasado la incongruencia consistente en que sí existieron violaciones a la ley pero no podemos determinar que tanto afectaron a la elección a pesar de que la diferencia entre primero y segundo, según estas autoridades, fue de medio punto porcentual.

En otras palabras, lo que quieren es acostumbrarnos. En el caso del precioso, la Suprema Corte ya eliminó las famosas grabaciones como prueba; en lo que toca Oaxaca, URO aplica un régimen del terror contra la APPO con el respaldo de Felipe Calderón y en medio de un cúmulo de reformas e iniciativas que buscan reprimir a los movimientos sociales a la usanza de Bush en el mundo; por lo que hace a las elecciones 2006 ya hasta Fox reconoció que con ellas se desquitó. Por si esto fuera poco, ahora sabemos con la cuenta pública de 2005 que el “gobierno del cambio” resultó igual o peor que los anteriores gobiernos, en materia de robarle al pueblo.

Y entonces para qué escribir sobre este tema si de todas formas las cosas seguirán igual. Un correo que recibí este fin de semana pasado responde a esta pregunta diciendo que podrán retrasar o reprimir a los movimientos sociales, pero lo único que lograrán es que estos se reorganicen y que replanteen nuevas estrategias; Julio Hernández de la Jornada escribió la semana pasada que no están aniquilados ni la APPO ni el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (de Atenco); y la Convención Nacional Democrática y el Gobierno Legítimo están todos los días buscando alternativas, propuestas y formas para defender los derechos de la gente.

Desde mi punto de vista: no podemos aceptar este tipo de actitudes y tenemos que expresar nuestra opinión ante ellos, no caer en ese tipo de provocaciones y organizarnos para construir una nueva República donde quepamos todes.

Volviendo al punto de la negativa del trife a las boletas electorales y para quienes crean que no se puede poner en duda el trabajo de un millón de personas que contaron los votos el 2 de julio pasado, les envío anexo un par de estudios de un compañero del grupo de los “matemáticos” donde desmenuza estas anomalías.

No sobra recordar que la falta de certeza del año pasado un grupo de 9 personas, científicos, físicos e ingenieros, “vacas sagradas” pues, presentaron en tiempo y forma legal y bajo protesta de decir verdad 8 dictámenes de los que se desprendía la una elección plagada de errores aritméticos, un comportamiento del conteo probabilísticamente inexplicable y una repetición de dígitos que científiciamente hacían dudar de los resultados, entre otros estudios.

A pesar de que el propio trife dos años antes había sentenciado que en la ley no se podía prever todos los casos para dudar del resultado de una casilla y de que la ley lo faculta para actuar de oficio, decidió no hacer caso a estas pruebas “para mejor proveer” y a la fecha sigue violando el derecho de petición de más de 1000 personas que respaldaron esta solicitud.

Ante este hecho y a pesar de la negativa de la reciente mesa directiva de la Cámara de Diputados, más de 70 personas lograron ratificar una denuncia de juicio político en contra de estos magistrados.

Esto viene a cuento porque la ley reglamentaria del procedimiento del juicio político establece dos vías para acceder a estas boletas negadas por el trife. Una es la gestión directa ante el IFE y otra es el ofrecimiento como prueba ante la Cámara de Diputados.

Ambas vías han sido utilizadas y en ambos casos se carece de respuestas y por lo tanto se viola el derecho de petición consagrado en la Constitución en el artículo octavo. En el caso de la solicitud al IFE, se dirigió al Consejo General y solamente a través de la oficina de la presidencia del Consejo se dio una ilegal respuesta. Conforme a ese documento el Consejo no ha dado respuesta directa ni tampoco ha ordenado a nadie que respondas; es más probablemente ni siquiera esté enterado.

Toda vez que esta violación a las garantías individuales es continua y permanente mientras no nos den respuesta, la posibilidad de acudir al amparo está presente, por lo que les pregunto a quienes hacen el favor de leerme y a quienes han emprendido todas estas acciones el año pasado: ¿PROMOVEMOS LOS AMPAROS?