En todos los ámbitos de la realidad nacional cada día es más claro, aún para aquellos que le concedían el "beneficio de la duda", que las políticas instrumentadas por el impuesto presidente Felipe Calderón se corresponden con los intereses de los grupos políticos y económicos, algunos de ellos entrelazados con el narcotráfico, que dominan el país y han sumido a la mayoría de su población en la pobreza y a la sociedad en su conjunto en la incertidumbre y en la inseguridad.
En las páginas de POR ESTO!, diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía, se informa y se denuncia sin concesiones sobre la situación que se vive a lo largo y ancho de la República, en la que poblados y ciudades, antes apacibles, se convierten en campos de batalla en los que a balazo limpio y con extrema crueldad, dirimen sus diferencias los cárteles del narcotráfico, vinculados a diversas corporaciones policíacas, locales y federales, y a elementos del Ejército, así como a encumbrados políticos y gobernantes.
Felipe Calderón, carente de legitimidad, optó por refugiarse tras el poder militar, estrechar lazos con la reaccionaria cúpula eclesiástica, reforzar posiciones dentro de su partido y aliarse con los sectores más reaccionarios de dentro y fuera del PAN, incluidos, por supuesto, connotados priístas y sectores que representan, al tiempo que incrementa concesiones a los grupos económicos predominantes y monopólicos.
Ejemplos de la política neoliberal que continúa profundizándose, son: la negativa a que se instale una tercera cadena de televisión, decisión con la que se devuelven favores a los dueños de Televisa y TV Azteca; reformas a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, con las que se afectan sus intereses futuros y en principio se ponen cuantiosos recursos en manos de la burocracia sindical para que, posteriormente, pasen a manos de especuladores de la iniciativa privada.
En el plano de la seguridad se alzan variadas voces, que alertan sobre el fracaso de la estrategia aplicada por Calderón, entre ellas de especialistas en el tema, de tímidos gobernadores como el de Michoacán que no ve resultados positivos a pesar de la intervención de cientos de elementos armados en su territorio; hay que subrayar la del presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, quien enfatizó que el combate emprendido por el gobierno usurpador realmente no tuvo la intención de combatir al crimen organizado, sino "sólo fue pura faramalla".
El impacto mediático de los espectaculares operativos militares, en los que se utiliza a soldados de verde olivo acompañados por militares habilitados a toda prisa de policías federales, se diluye en la roja sangre de decenas de ejecutados, crímenes en que con alarmante frecuencia se encuentran involucrados elementos de policías locales y federales.
La relación de sometimiento del débil presidente impuesto con quienes predominan dentro del Ejército mexicano, pueden constatarse con otros hechos, entre ellos el del cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), ordenada el último día del gobierno de Vicente Fox y avalado por el nuevo titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora.
Según palabras del comprensiblemente cauteloso ex Fiscal Especial Ignacio Carrillo Prieto, en búsqueda de legitimidad Felipe Calderón cedió a exigencias de altos mandos militares que se oponen a que se indague la responsabilidad del Ejército en las desapariciones de cientos de personas, ocurridas en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado.
Con todo y sus limitaciones la FEMOSPP documentó, en decenas de averiguaciones previas aún no consignadas, que la Dirección Federal de Seguridad y agrupamientos del Ejército asignados a combatir a organizaciones guerrilleras, detuvieron, torturaron y desaparecieron a un gran número de integrantes de agrupaciones armadas, familiares de ellos y personas consideradas como parte de su base social.
A la desaparición forzada, delito de lesa humanidad, se suman otras graves violaciones al Estado de Derecho y a los ahora reconocidos derechos humanos, cometidos por el Estado mexicano y sus representantes, desde los presidentes de la República y altos jefes policíacos y militares, con la estrecha colaboración de los poderes Legislativo y Judicial, así como con la complicidad de gran parte de la clase política de la época y de otros poderes fácticos, entre ellos casi todos los medios de comunicación.
Desde la óptica de la filosofía de la contrainsurgencia guerrillera, aplicada en dicha etapa de nuestra historia en todo el país y con particular saña en el Estado de Guerrero, Entidad en la que se reportan más de 600 personas detenidas desaparecidas por el Ejército, todos ellos eran culpables de subversión del orden predominante y, por lo tanto, no tenían derechos legales, mucho menos humanos, y merecían ese trato cruel y degradante.
Este pasado no tan remoto, desgraciadamente está presente en el México actual y vemos cómo desde el poder se extiende la idea de que la solución a los problemas de inseguridad debe de tener como eje central la aplicación de la mano dura, dejando de lado la búsqueda de estrategias integrales de combate a la delincuencia organizada.
Hay que subrayar que una opción que tome en cuenta las vertientes económicas, políticas, sociales y culturales de los fenómenos de violencia que padecemos cotidianamente, y que con una amplia participación social los enfrente desde una visión amplia, firme y humana, solamente podrá ser llevada adelante por una amplia fuerza política democrática, popular e incluyente, diferente a la que domina a México desde hace ya varias décadas.
Haremos breve referencia que en otro ámbito de este predominio de la política de fuerza, destaca el tema de la inminente derogación, impulsada por el PAN en la Cámara de Diputados, de la llamada "ley de neutralidad" que por más de medio siglo impidió que México participara en guerras internacionales o alojara en su territorio a tropas extranjeras.
La disposición prohíbe, en sus cuatro artículos, que en nuestros puertos y aguas permanezcan submarinos y barcos de bandera ajena a la nuestra, equipados para usos de guerra; que utilicen nuestro espacio aéreo aviones y helicópteros extranjeros a fin de atacar a otros países, o que aviones de combate despeguen con fines bélicos desde portaviones estacionados en los límites marítimos mexicanos.
Se dice que es una ley obsoleta y que las condiciones que le dieron origen durante la Segunda Guerra Mundial han cambiado, pero se oculta que en muchos sentidos se han modificado para mal con el predominio de la política terrorista impulsada por George W. Bush y los halcones del Pentágono, que no verían mal que México se sumara incondicionalmente a sus designios de lucha contra lo que ellos llaman, paradójicamente, el eje del mal.
En las páginas de POR ESTO!, diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía, se informa y se denuncia sin concesiones sobre la situación que se vive a lo largo y ancho de la República, en la que poblados y ciudades, antes apacibles, se convierten en campos de batalla en los que a balazo limpio y con extrema crueldad, dirimen sus diferencias los cárteles del narcotráfico, vinculados a diversas corporaciones policíacas, locales y federales, y a elementos del Ejército, así como a encumbrados políticos y gobernantes.
Felipe Calderón, carente de legitimidad, optó por refugiarse tras el poder militar, estrechar lazos con la reaccionaria cúpula eclesiástica, reforzar posiciones dentro de su partido y aliarse con los sectores más reaccionarios de dentro y fuera del PAN, incluidos, por supuesto, connotados priístas y sectores que representan, al tiempo que incrementa concesiones a los grupos económicos predominantes y monopólicos.
Ejemplos de la política neoliberal que continúa profundizándose, son: la negativa a que se instale una tercera cadena de televisión, decisión con la que se devuelven favores a los dueños de Televisa y TV Azteca; reformas a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, con las que se afectan sus intereses futuros y en principio se ponen cuantiosos recursos en manos de la burocracia sindical para que, posteriormente, pasen a manos de especuladores de la iniciativa privada.
En el plano de la seguridad se alzan variadas voces, que alertan sobre el fracaso de la estrategia aplicada por Calderón, entre ellas de especialistas en el tema, de tímidos gobernadores como el de Michoacán que no ve resultados positivos a pesar de la intervención de cientos de elementos armados en su territorio; hay que subrayar la del presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, quien enfatizó que el combate emprendido por el gobierno usurpador realmente no tuvo la intención de combatir al crimen organizado, sino "sólo fue pura faramalla".
El impacto mediático de los espectaculares operativos militares, en los que se utiliza a soldados de verde olivo acompañados por militares habilitados a toda prisa de policías federales, se diluye en la roja sangre de decenas de ejecutados, crímenes en que con alarmante frecuencia se encuentran involucrados elementos de policías locales y federales.
La relación de sometimiento del débil presidente impuesto con quienes predominan dentro del Ejército mexicano, pueden constatarse con otros hechos, entre ellos el del cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), ordenada el último día del gobierno de Vicente Fox y avalado por el nuevo titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora.
Según palabras del comprensiblemente cauteloso ex Fiscal Especial Ignacio Carrillo Prieto, en búsqueda de legitimidad Felipe Calderón cedió a exigencias de altos mandos militares que se oponen a que se indague la responsabilidad del Ejército en las desapariciones de cientos de personas, ocurridas en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado.
Con todo y sus limitaciones la FEMOSPP documentó, en decenas de averiguaciones previas aún no consignadas, que la Dirección Federal de Seguridad y agrupamientos del Ejército asignados a combatir a organizaciones guerrilleras, detuvieron, torturaron y desaparecieron a un gran número de integrantes de agrupaciones armadas, familiares de ellos y personas consideradas como parte de su base social.
A la desaparición forzada, delito de lesa humanidad, se suman otras graves violaciones al Estado de Derecho y a los ahora reconocidos derechos humanos, cometidos por el Estado mexicano y sus representantes, desde los presidentes de la República y altos jefes policíacos y militares, con la estrecha colaboración de los poderes Legislativo y Judicial, así como con la complicidad de gran parte de la clase política de la época y de otros poderes fácticos, entre ellos casi todos los medios de comunicación.
Desde la óptica de la filosofía de la contrainsurgencia guerrillera, aplicada en dicha etapa de nuestra historia en todo el país y con particular saña en el Estado de Guerrero, Entidad en la que se reportan más de 600 personas detenidas desaparecidas por el Ejército, todos ellos eran culpables de subversión del orden predominante y, por lo tanto, no tenían derechos legales, mucho menos humanos, y merecían ese trato cruel y degradante.
Este pasado no tan remoto, desgraciadamente está presente en el México actual y vemos cómo desde el poder se extiende la idea de que la solución a los problemas de inseguridad debe de tener como eje central la aplicación de la mano dura, dejando de lado la búsqueda de estrategias integrales de combate a la delincuencia organizada.
Hay que subrayar que una opción que tome en cuenta las vertientes económicas, políticas, sociales y culturales de los fenómenos de violencia que padecemos cotidianamente, y que con una amplia participación social los enfrente desde una visión amplia, firme y humana, solamente podrá ser llevada adelante por una amplia fuerza política democrática, popular e incluyente, diferente a la que domina a México desde hace ya varias décadas.
Haremos breve referencia que en otro ámbito de este predominio de la política de fuerza, destaca el tema de la inminente derogación, impulsada por el PAN en la Cámara de Diputados, de la llamada "ley de neutralidad" que por más de medio siglo impidió que México participara en guerras internacionales o alojara en su territorio a tropas extranjeras.
La disposición prohíbe, en sus cuatro artículos, que en nuestros puertos y aguas permanezcan submarinos y barcos de bandera ajena a la nuestra, equipados para usos de guerra; que utilicen nuestro espacio aéreo aviones y helicópteros extranjeros a fin de atacar a otros países, o que aviones de combate despeguen con fines bélicos desde portaviones estacionados en los límites marítimos mexicanos.
Se dice que es una ley obsoleta y que las condiciones que le dieron origen durante la Segunda Guerra Mundial han cambiado, pero se oculta que en muchos sentidos se han modificado para mal con el predominio de la política terrorista impulsada por George W. Bush y los halcones del Pentágono, que no verían mal que México se sumara incondicionalmente a sus designios de lucha contra lo que ellos llaman, paradójicamente, el eje del mal.
Fuente: Julio Pimentel Ramírez, POR ESTO!
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