René Sánchez Galindo, Revoluciones
Ante la publicidad y alarde de los cuantiosos resultados obtenidos por el gobierno foxista y el actual régimen cabe reflexionar sobre los siguientes puntos:
El excesivo valor de los créditos a la vivienda de interés social, la violación a las reglas de desarrollo urbano, la amenaza de desalojar a miles de derechohabientes y la opacidad con la que se maneja el principal organismo de gobierno en la materia.
Créditos caros.
Conforme a los procedimientos utilizados desde la décadas de los 90 la construcción de vivienda de interés social ha recaído en mayor medida en la iniciativa privada que en organismos públicos descentralizados como Infonavit o Fovissste. De manera general podría decirse que mediante contratos que estas dependencias suscriben con constructoras privadas les concesionan tanto la construcción de las viviendas como la colocación de los créditos de seguridad social entre la población legalmente beneficiaria. Es decir prácticamente les encomiendan toda la labor que por ley deberían realizar los entes del gobierno. (¿No les recuerdan los contratos de servicios múltiples o los pidiregas?)
Habrá quienes digan que esta situación no es en sí misma dañina ni fraudulenta. Sin embargo si a esta información le agregamos que la mayoría de estos contratos entre el gobierno y la industria de la construcción privada, establecen el pago total de las casas vendidas a favor de las constructoras, y que el riesgo del crédito a la vivienda lo absorbe absolutamente los organismos de gobierno, la cosa cambia. ¿Este sistema servirá para dar créditos más accesibles? Parece lo contrario.
Violación a reglas de desarrollo urbano.
Al platicar con habitantes de estos nuevos conjuntos habitacionales nos percatamos que existen todo tipo de problemas con las áreas comunes (estacionamientos y algunas calles) por falta de una adecuada escrituración. Además la problemática de algunas viviendas construidas en zonas de riesgo, en zonas de difícil acceso o en zonas que carecen de servicios públicos medianamente dignos. Todo esto se traduce en la violación a la mayoría de las reglas que sobre desarrollo urbano establecen estados y municipios. Queda al descubierto la corrupción imperante entre autoridades federales, estatales, municipales y la iniciativa privada, en perjuicio de quienes generalmente no puede protestar porque su única aspiración es acceder a una vivienda.
Desalojo de acreditados.
Recientemente se han conocido los planes de Infonavit para desalojar a derechohabientes de sus viviendas por el hecho de atrasarse en 3 pagos mensuales consecutivos, o 3 meses dentro de un año. Habrá que revisar cada caso, pero esta política dejos de parecer propia de un organismo descentralizado con vocación de seguridad social y de interés público, asemeja más a las políticas de un banco privado y por qué no decirlo extranjero.
En realidad lo que debería constitucionalmente revisar es si los créditos son realmente accesibles, si se trata de créditos de interés social y si en esos casos se cumple con la obligación legal de prestar un servicio público de seguridad social para trabajadores y trabajadoras.
Opacidad.
La muestra más escandalosa de la opacidad en esta materia es el hecho de que el Infonavit es la única dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal sobre el cual el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública) no tiene ningún poder, control o facultad. La única que escapa al IFAI.
Todo lo anterior se complica y acentúa al conocer la falta de transparencia que existe para con los y las trabajadoras que en realidad difícilmente acceden a información básica relativa a sus créditos. Hay que decir aquí que aunque existen avances sobre todo por Internet, en realidad no se conocen bien todas las reglas de vivienda, ni las tasas de interés, ni el derecho a ejercer defensas legales contra abusos.
En este sentido resulta fundamental que las organizaciones sociales, sindicatos, derechohabientes, y ciudadanía en general despierten, se organicen y hagan valer sus derechos.
Así, la propuesta para la integración “…de un órgano formal de carácter nacional que encauce las distintas problemáticas, articule los esfuerzos y pueda delinear el rumbo a seguir para hacer frente organizada y eficientemente a la voracidad financiera del régimen federal disfrazada de política social y abonar a la construcción de un auténtico modelo estatal reivindicador (sic) del derecho constitucional a la vivienda digna y decorosa”, resulta fundamental. El próximo 2 de junio habrá de constituirse esta institución ciudadana (Consejo de Defensa de la Vivienda o CDV) que deberíamos apoyar.
23 de abril de 2007
Ante la publicidad y alarde de los cuantiosos resultados obtenidos por el gobierno foxista y el actual régimen cabe reflexionar sobre los siguientes puntos:
El excesivo valor de los créditos a la vivienda de interés social, la violación a las reglas de desarrollo urbano, la amenaza de desalojar a miles de derechohabientes y la opacidad con la que se maneja el principal organismo de gobierno en la materia.
Créditos caros.
Conforme a los procedimientos utilizados desde la décadas de los 90 la construcción de vivienda de interés social ha recaído en mayor medida en la iniciativa privada que en organismos públicos descentralizados como Infonavit o Fovissste. De manera general podría decirse que mediante contratos que estas dependencias suscriben con constructoras privadas les concesionan tanto la construcción de las viviendas como la colocación de los créditos de seguridad social entre la población legalmente beneficiaria. Es decir prácticamente les encomiendan toda la labor que por ley deberían realizar los entes del gobierno. (¿No les recuerdan los contratos de servicios múltiples o los pidiregas?)
Habrá quienes digan que esta situación no es en sí misma dañina ni fraudulenta. Sin embargo si a esta información le agregamos que la mayoría de estos contratos entre el gobierno y la industria de la construcción privada, establecen el pago total de las casas vendidas a favor de las constructoras, y que el riesgo del crédito a la vivienda lo absorbe absolutamente los organismos de gobierno, la cosa cambia. ¿Este sistema servirá para dar créditos más accesibles? Parece lo contrario.
Violación a reglas de desarrollo urbano.
Al platicar con habitantes de estos nuevos conjuntos habitacionales nos percatamos que existen todo tipo de problemas con las áreas comunes (estacionamientos y algunas calles) por falta de una adecuada escrituración. Además la problemática de algunas viviendas construidas en zonas de riesgo, en zonas de difícil acceso o en zonas que carecen de servicios públicos medianamente dignos. Todo esto se traduce en la violación a la mayoría de las reglas que sobre desarrollo urbano establecen estados y municipios. Queda al descubierto la corrupción imperante entre autoridades federales, estatales, municipales y la iniciativa privada, en perjuicio de quienes generalmente no puede protestar porque su única aspiración es acceder a una vivienda.
Desalojo de acreditados.
Recientemente se han conocido los planes de Infonavit para desalojar a derechohabientes de sus viviendas por el hecho de atrasarse en 3 pagos mensuales consecutivos, o 3 meses dentro de un año. Habrá que revisar cada caso, pero esta política dejos de parecer propia de un organismo descentralizado con vocación de seguridad social y de interés público, asemeja más a las políticas de un banco privado y por qué no decirlo extranjero.
En realidad lo que debería constitucionalmente revisar es si los créditos son realmente accesibles, si se trata de créditos de interés social y si en esos casos se cumple con la obligación legal de prestar un servicio público de seguridad social para trabajadores y trabajadoras.
Opacidad.
La muestra más escandalosa de la opacidad en esta materia es el hecho de que el Infonavit es la única dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal sobre el cual el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública) no tiene ningún poder, control o facultad. La única que escapa al IFAI.
Todo lo anterior se complica y acentúa al conocer la falta de transparencia que existe para con los y las trabajadoras que en realidad difícilmente acceden a información básica relativa a sus créditos. Hay que decir aquí que aunque existen avances sobre todo por Internet, en realidad no se conocen bien todas las reglas de vivienda, ni las tasas de interés, ni el derecho a ejercer defensas legales contra abusos.
En este sentido resulta fundamental que las organizaciones sociales, sindicatos, derechohabientes, y ciudadanía en general despierten, se organicen y hagan valer sus derechos.
Así, la propuesta para la integración “…de un órgano formal de carácter nacional que encauce las distintas problemáticas, articule los esfuerzos y pueda delinear el rumbo a seguir para hacer frente organizada y eficientemente a la voracidad financiera del régimen federal disfrazada de política social y abonar a la construcción de un auténtico modelo estatal reivindicador (sic) del derecho constitucional a la vivienda digna y decorosa”, resulta fundamental. El próximo 2 de junio habrá de constituirse esta institución ciudadana (Consejo de Defensa de la Vivienda o CDV) que deberíamos apoyar.
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