Les dejo estas notas en relación al imperio pero en lo que pasa en torno suyo en AL, llama la atención la nota última que habla de la realidad de mujeres en este lado del mundo.
Siguen movilizaciones en Cuba contra la liberación de anticastrista Posada
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) se sumaron hoy a la intensa campaña de movilizaciones en protesta por la excarcelación en Estados Unidos del anticastrista Luis Posada Carriles, acusado de terrorismo por La Habana y Caracas.
Cientos de afiliados a los Comités, considerados los "ojos y oídos" de la revolución cubana, se concentraron hoy en el llamado "monte de las banderas", levantado en la tribuna antiimperialista de La Habana, frente a la Sección de Intereses de Estados Unidos.
Posada Carriles, de 79 años, cubano nacionalizado venezolano, fue detenido en 2005 en Estados Unidos acusado de fraude migratorio y testimonio falso y fue puesto en libertad el pasado jueves por un tribunal de El Paso (Texas) tras pagar una fianza de 350.000 dólares.
La Habana y Caracas acusan a Posada Carriles de múltiples actos terroristas, entre ellos la voladura de un avión de Cubana de Aviación que provocó 73 muertos en 1976.
Cuba y Venezuela han acusado al presidente de EE.UU., George Bush, de proteger a Posada Carriles, un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
El gobierno cubano reaccionó el jueves a la excarcelación del anticastrista con la movilización de miles de personas que reclamaron su extradición a Venezuela, donde tiene causas pendientes con la justicia.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció el domingo que su gobierno denunciará a Estados Unidos ante las Naciones Unidas por la liberación del "terrorista", a quien acusó de fraguar planes para asesinarlo a él y al líder cubano, Fidel Castro.
Familiares de las víctimas del atentado a un avión cubano en 1976 concluyeron el sábado una vigilia de 34 horas frente a la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana en protesta por su liberación.
Posada Carriles se encuentra en Miami (Florida, EE.UU.), donde deberá cumplir arresto domiciliario hasta ser juzgado por presuntamente mentir en su solicitud de la ciudadanía estadounidense, en un proceso que comenzará el 11 de mayo en El Paso (Texas).
Fidel Castro, convaleciente desde hace nueve meses de una enfermedad declarada secreto de Estado que le obligó a delegar el poder en su hermano, Raúl, convocó en un artículo a los cubanos a movilizarse contra la liberación de Posada Carriles el próximo 1 de mayo.
Bush insta al Congreso a aprobar TLC con Perú
El presidente de EE.UU., George W. Bush, instó hoy de nuevo al Congreso de su país a aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Perú, tras una reunión con su colega de esa nación andina, Alan García.
El presidente peruano se desplazó a Washington para convencer a los congresistas de que den su visto bueno a un acuerdo que su gobierno impulsa desde hace meses.
García obtuvo de Bush una nueva muestra de apoyo. "El presidente (peruano) está aquí para instar al Congreso, tanto a republicanos como a demócratas, a que apruebe el tratado de libre comercio con Perú, y yo los insto a votar que sí", dijo Bush en el Despacho Oval.
Eso fue todo lo que dijo sobre el pacto Bush, quien no aceptó preguntas de la prensa. En cambio, en la anterior visita de García, en octubre, el inquilino de la Casa Blanca fue más efusivo.
Entonces, el presidente de EE.UU. prometió trabajar con el Congreso "lo antes posible" para lograr la aprobación.
Más tarde, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, señaló que Estados Unidos estaba "absolutamente comprometido" con lograr su ratificación.
Pero desde entonces, poco ha sucedido. El pacto con Perú, así como los alcanzados por EE.UU. con Colombia, Panamá y Corea del Sur, también pendientes de ratificación, están atrapados en el fuego cruzado entre republicanos y demócratas, principalmente sobre las cláusulas laborales que deben incluir los textos.
En el Despacho Oval, García destacó la importancia del pacto para su país.
"Estoy en Estados Unidos para impulsar, promover el pronto acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y el Perú, que para nosotros es un hecho vital, fundamental para continuar el camino de crecimiento y redistribución social con justicia", dijo García.
Es un argumento que también esgrimen los ministros y los presidentes de los otros países, que acuden a Washington como en procesión.
En febrero vino el presidente de Panamá, Martín Torrijos, y la próxima semana volverá su colega de Colombia, Álvaro Uribe, mientras García se reunirá entre hoy y mañana con varias decenas de legisladores.
Su primera parada después de visitar la Casa Blanca fue la oficina del líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, quien pasó el último año nuevo en Perú junto a otros cinco legisladores.
Reid ha votado contra todos los acuerdos de libre comercio que han llegado al Congreso, pero comunicó a García que "está abierto a estudiar más de cerca" el de Perú, según dijo a Efe Federico de Jesús, su portavoz.
Prometió, por lo menos, "que no lo va a bloquear" y que "tratará que el proceso se mueva para adelante", aunque aún no ha decidido si lo apoyará o no, explicó el portavoz.
Según De Jesús, García recalcó en el encuentro que el TLC "contrarrestará la influencia de otros modelos del pasado, en una clara referencia a (el presidente de Venezuela, Hugo) Chávez".
La preocupación palpable en el Congreso por la influencia de Chávez en América Latina no ha acallado, sin embargo, las discrepancias sobre el acuerdo.
Perú no consiguió que la Legislatura dominada por los republicanos hasta diciembre diera el visto bueno al pacto, conocido oficialmente como Acuerdo de Promoción Comercial (APC), y la que se instaló en enero, controlada por la oposición, ha cambiado las reglas del juego.
El mes pasado, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja, Charles Rangel, presentó en nombre de su partido una declaración que instaba a "enmendar" los pactos como medida indispensable para su aprobación.
Rangel, con quien García se reunirá mañana, pidió que el texto obligue a los países firmantes a respetar las cinco normas básicas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): la prohibición del trabajo infantil, del trabajo esclavo y la discriminación, así como el derecho de asociación y de formar un sindicato.
La demanda de que se revise el pacto cayó como un jarro de agua fría en Perú, cuyo gobierno se ha negado a "renegociar" el texto.
Perú se enfrenta a una situación especialmente complicada porque su legislatura ya ratificó el pacto y una modificación sustancial de su contenido podría obligar al gobierno a someterlo de nuevo a un voto.
Estados Unidos: Las autoridades no protegen a las mujeres indígenas frente a los aterradores índices de violación
(Washington, D.C.) – Las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos sufren índices desproporcionadamente elevados de violación y violencia sexual, pero el gobierno federal ha creado importantes barreras que dificultan el acceso a la justicia, sostiene Amnistía Internacional en un informe que la organización ha hecho público hoy, 24 de abril de 2007. Las cifras del Departamento de Justicia indican que las mujeres indígenas tienen 2,5 veces más probabilidades de ser violadas o sufrir agresiones sexuales que las mujeres de Estados Unidos en general; más de una de cada tres mujeres indígenas serán violadas en el transcurso de su vida.
El gobierno de Estados Unidos ha creado un complejo laberinto de jurisdicciones tribales, estatales y federales que a menudo permite a los responsables de violaciones actuar con impunidad, y en algunos casos crea de hecho vacíos jurisdiccionales que alientan las agresiones. Es necesario establecer el lugar donde se cometió el delito y la identidad del responsable para determinar qué autoridades tienen jurisdicción, y en este proceso se pierde un tiempo decisivo. Estas deficiencias propician investigaciones inadecuadas o falta de respuesta.
Otras complicaciones son la falta de profesionales de medicina legal para casos de agresión sexual debidamente capacitados en las instalaciones del Servicio Indígena de Salud que se ocupen de los exámenes forenses y la posibilidad de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley manejen de forma incorrecta las pruebas cuando utilizan materiales para la recogida de pruebas en casos de violación. El resultado es que en muchos casos las mujeres indígenas
• No reciben una respuesta oportuna de la policía, en el supuesto de que reciban respuesta.
• Pueden no ser sometidas a exámenes médicos forenses.
• Pueden ver que sus casos no llegan a ser objeto de procesamiento.
"Los elevados índices de violencia sexual que experimentan las mujeres indígenas en Estados Unidos se agravan debido a fallos en todos los niveles del sistema de justicia. Amnistía Internacional manifiesta su solidaridad con las demandas de las mujeres indígenas para que el gobierno de Estados Unidos les proporcione la protección y la justicia que merecen", ha declarado Kate Gilmore, secretaria general adjunta ejecutiva de Amnistía Internacional.
"Las mujeres indígenas sufren un trato brutal en una proporción alarmante, y es lamentable que el gobierno de Estados Unidos, supuesto defensor de los derechos de la mujer, esté contribuyendo al problema", ha afirmado Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos. "Es vergonzoso que tales abusos incluso existan en nuestros días. Si no se toman medidas inmediatas, una situación que ya es terrible e indignante para las mujeres podría quedar aún más fuera de control. Ha llegado la hora de poner fin a estos abusos contra los derechos humanos que se vienen cometiendo sin trabas desde la fundación de este país."
El informe de Amnistía Internacional, Laberinto de injusticia: Falta de protección de las mujeres indígenas frente a la violencia sexual en Estados Unidos, advierte que las cifras oficiales, por muy inquietantes que sean, subestiman gravemente el problema porque muchas mujeres tienen demasiado miedo de la inacción para denunciar sus casos. Según una trabajadora de apoyo de Oklahoma, de los 77 casos de agresión sexual o violencia doméstica en los que estaba trabajando y que afectaban a mujeres indígenas, sólo tres víctimas denunciaron sus casos a la policía.
El gobierno de Estados Unidos ha menoscabado la autoridad de los sistemas de justicia tribal para responder ante los delitos de violencia sexual al no facilitarles de forma sistemática fondos en cantidad suficiente. La legislación federal limita a un año de privación de libertad la pena que los tribunales tribales pueden imponer por cada delito y prohíbe a los tribunales tribales juzgar a los sospechosos no indígenas, aun cuando datos recogidos por el Departamento de Justicia indican que al menos el 86 por ciento de los responsables son hombres no indígenas.
Además, las investigaciones de Amnistía Internacional indican que en los ámbitos estatal y federal no se da curso a casos de violencia sexual contra mujeres indígenas en los que están implicados presuntos autores no indígenas. Un ex fiscal federal manifestó a Amnistía Internacional: "Es difícil tramitar las causas en que hay una víctima indígena y un presunto autor no indígena". Una vez desestimado un caso en el ámbito estatal o federal, las supervivientes de violación no disponen de otros recursos en virtud de la legislación penal.
"Cuando los ancianos dicen, ‘demasiadas de nuestras mujeres y niñas han sido violadas’, sabemos que debemos reunirnos para superar la oscuridad y poner fin al silencio. Lo que no reconocemos, lo llevamos con nosotros", ha afirmado Denise Morris, directora ejecutiva y presidenta del Centro Indígena de Justicia de Alaska, que intervino en la presentación del informe de Amnistía Internacional. "El gobierno de Estados Unidos tiene le responsabilidad legal y moral de proporcionar recursos a las organizaciones indígenas para que puedan comenzar a desarrollar soluciones y promover la curación y el bienestar en el ámbito de la comunidad."
El informe se centra básicamente en tres regiones que plantean desafíos jurisdiccionales diferenciados: Oklahoma, Alaska y la Reserva Sioux de Standing Rock (Dakota del Norte y Dakota del Sur). El informe revela que cualesquiera que sean el lugar o el marco legal, el resultado es el mismo: la negación de justicia a muchas mujeres indígenas que han sufrido violencia sexual.
Además de la mejora de los niveles de capacitación, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades federales, estatales y locales a adoptar otras medidas concretas para reducir la violencia sexual y aumentar los servicios para las mujeres indígenas que son violadas:
• El Congreso de Estados Unidos debe financiar y aplicar plenamente la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres, y en particular el Título Tribal (Título IX), el primer intento en el marco de la Ley de combatir la violencia contra las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos. Esto incluye un estudio nacional de base sobre la violencia sexual contra las mujeres indígenas, un estudio sobre la incidencia de lesiones derivadas de actos de violencia sexual contra mujeres indígenas y un Registro Tribal en el que consten los responsables de delitos sexuales y las órdenes de protección.
• El Congreso de Estados Unidos debe aumentar la financiación asignada al Servicio Indígena de Salud y las instalaciones contratadas por el Servicio. Tales sumas de dinero deben utilizarse para incrementar el número de profesionales de medicina legal para casos de agresión sexual, con el fin de que las supervivientes puedan someterse a exámenes médicos forenses oportunos, sin costes, después de sufrir una agresión sexual. Además, el Servicio Indígena de Salud debe garantizar la existencia de protocolos adecuados para el tratamiento de las supervivientes de violencia sexual.
• El Congreso de Estados Unidos debe reconocer la jurisdicción de las autoridades tribales sobre todas las personas que cometan delitos en tierras tribales. El gobierno federal debe facilitar los fondos necesarios para las fuerzas de policía de los poblados indígenas de Alaska y de los territorios indígenas del resto de Estados Unidos, prestando especial atención a la mejora de la cobertura en las zonas rurales y a la financiación y los recursos que permitan a las autoridades tribales desarrollar y mantener tribunales tribales.
• El gobierno federal y los gobiernos de los estados deben consultar a las naciones tribales, y a las mujeres indígenas en especial, y cooperar con ellas para establecer planes de acción efectivos encaminados a poner fin a la violencia sexual contra las mujeres indígenas.
Amnistía Internacional seguirá haciendo campaña en Estados Unidos, en asociación con las mujeres indígenas de Alaska y del resto del país, para hacer frente a los graves abusos contra los derechos humanos que se documentan en este informe. El nuevo texto forma parte de la Campaña para Combatir la Violencia contra las Mujeres que Amnistía Internacional lleva a cabo en todo el mundo.
Siguen movilizaciones en Cuba contra la liberación de anticastrista Posada
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) se sumaron hoy a la intensa campaña de movilizaciones en protesta por la excarcelación en Estados Unidos del anticastrista Luis Posada Carriles, acusado de terrorismo por La Habana y Caracas.
Cientos de afiliados a los Comités, considerados los "ojos y oídos" de la revolución cubana, se concentraron hoy en el llamado "monte de las banderas", levantado en la tribuna antiimperialista de La Habana, frente a la Sección de Intereses de Estados Unidos.
Posada Carriles, de 79 años, cubano nacionalizado venezolano, fue detenido en 2005 en Estados Unidos acusado de fraude migratorio y testimonio falso y fue puesto en libertad el pasado jueves por un tribunal de El Paso (Texas) tras pagar una fianza de 350.000 dólares.
La Habana y Caracas acusan a Posada Carriles de múltiples actos terroristas, entre ellos la voladura de un avión de Cubana de Aviación que provocó 73 muertos en 1976.
Cuba y Venezuela han acusado al presidente de EE.UU., George Bush, de proteger a Posada Carriles, un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
El gobierno cubano reaccionó el jueves a la excarcelación del anticastrista con la movilización de miles de personas que reclamaron su extradición a Venezuela, donde tiene causas pendientes con la justicia.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció el domingo que su gobierno denunciará a Estados Unidos ante las Naciones Unidas por la liberación del "terrorista", a quien acusó de fraguar planes para asesinarlo a él y al líder cubano, Fidel Castro.
Familiares de las víctimas del atentado a un avión cubano en 1976 concluyeron el sábado una vigilia de 34 horas frente a la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana en protesta por su liberación.
Posada Carriles se encuentra en Miami (Florida, EE.UU.), donde deberá cumplir arresto domiciliario hasta ser juzgado por presuntamente mentir en su solicitud de la ciudadanía estadounidense, en un proceso que comenzará el 11 de mayo en El Paso (Texas).
Fidel Castro, convaleciente desde hace nueve meses de una enfermedad declarada secreto de Estado que le obligó a delegar el poder en su hermano, Raúl, convocó en un artículo a los cubanos a movilizarse contra la liberación de Posada Carriles el próximo 1 de mayo.
Bush insta al Congreso a aprobar TLC con Perú
El presidente de EE.UU., George W. Bush, instó hoy de nuevo al Congreso de su país a aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Perú, tras una reunión con su colega de esa nación andina, Alan García.
El presidente peruano se desplazó a Washington para convencer a los congresistas de que den su visto bueno a un acuerdo que su gobierno impulsa desde hace meses.
García obtuvo de Bush una nueva muestra de apoyo. "El presidente (peruano) está aquí para instar al Congreso, tanto a republicanos como a demócratas, a que apruebe el tratado de libre comercio con Perú, y yo los insto a votar que sí", dijo Bush en el Despacho Oval.
Eso fue todo lo que dijo sobre el pacto Bush, quien no aceptó preguntas de la prensa. En cambio, en la anterior visita de García, en octubre, el inquilino de la Casa Blanca fue más efusivo.
Entonces, el presidente de EE.UU. prometió trabajar con el Congreso "lo antes posible" para lograr la aprobación.
Más tarde, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, señaló que Estados Unidos estaba "absolutamente comprometido" con lograr su ratificación.
Pero desde entonces, poco ha sucedido. El pacto con Perú, así como los alcanzados por EE.UU. con Colombia, Panamá y Corea del Sur, también pendientes de ratificación, están atrapados en el fuego cruzado entre republicanos y demócratas, principalmente sobre las cláusulas laborales que deben incluir los textos.
En el Despacho Oval, García destacó la importancia del pacto para su país.
"Estoy en Estados Unidos para impulsar, promover el pronto acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y el Perú, que para nosotros es un hecho vital, fundamental para continuar el camino de crecimiento y redistribución social con justicia", dijo García.
Es un argumento que también esgrimen los ministros y los presidentes de los otros países, que acuden a Washington como en procesión.
En febrero vino el presidente de Panamá, Martín Torrijos, y la próxima semana volverá su colega de Colombia, Álvaro Uribe, mientras García se reunirá entre hoy y mañana con varias decenas de legisladores.
Su primera parada después de visitar la Casa Blanca fue la oficina del líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, quien pasó el último año nuevo en Perú junto a otros cinco legisladores.
Reid ha votado contra todos los acuerdos de libre comercio que han llegado al Congreso, pero comunicó a García que "está abierto a estudiar más de cerca" el de Perú, según dijo a Efe Federico de Jesús, su portavoz.
Prometió, por lo menos, "que no lo va a bloquear" y que "tratará que el proceso se mueva para adelante", aunque aún no ha decidido si lo apoyará o no, explicó el portavoz.
Según De Jesús, García recalcó en el encuentro que el TLC "contrarrestará la influencia de otros modelos del pasado, en una clara referencia a (el presidente de Venezuela, Hugo) Chávez".
La preocupación palpable en el Congreso por la influencia de Chávez en América Latina no ha acallado, sin embargo, las discrepancias sobre el acuerdo.
Perú no consiguió que la Legislatura dominada por los republicanos hasta diciembre diera el visto bueno al pacto, conocido oficialmente como Acuerdo de Promoción Comercial (APC), y la que se instaló en enero, controlada por la oposición, ha cambiado las reglas del juego.
El mes pasado, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja, Charles Rangel, presentó en nombre de su partido una declaración que instaba a "enmendar" los pactos como medida indispensable para su aprobación.
Rangel, con quien García se reunirá mañana, pidió que el texto obligue a los países firmantes a respetar las cinco normas básicas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): la prohibición del trabajo infantil, del trabajo esclavo y la discriminación, así como el derecho de asociación y de formar un sindicato.
La demanda de que se revise el pacto cayó como un jarro de agua fría en Perú, cuyo gobierno se ha negado a "renegociar" el texto.
Perú se enfrenta a una situación especialmente complicada porque su legislatura ya ratificó el pacto y una modificación sustancial de su contenido podría obligar al gobierno a someterlo de nuevo a un voto.
Estados Unidos: Las autoridades no protegen a las mujeres indígenas frente a los aterradores índices de violación
(Washington, D.C.) – Las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos sufren índices desproporcionadamente elevados de violación y violencia sexual, pero el gobierno federal ha creado importantes barreras que dificultan el acceso a la justicia, sostiene Amnistía Internacional en un informe que la organización ha hecho público hoy, 24 de abril de 2007. Las cifras del Departamento de Justicia indican que las mujeres indígenas tienen 2,5 veces más probabilidades de ser violadas o sufrir agresiones sexuales que las mujeres de Estados Unidos en general; más de una de cada tres mujeres indígenas serán violadas en el transcurso de su vida.
El gobierno de Estados Unidos ha creado un complejo laberinto de jurisdicciones tribales, estatales y federales que a menudo permite a los responsables de violaciones actuar con impunidad, y en algunos casos crea de hecho vacíos jurisdiccionales que alientan las agresiones. Es necesario establecer el lugar donde se cometió el delito y la identidad del responsable para determinar qué autoridades tienen jurisdicción, y en este proceso se pierde un tiempo decisivo. Estas deficiencias propician investigaciones inadecuadas o falta de respuesta.
Otras complicaciones son la falta de profesionales de medicina legal para casos de agresión sexual debidamente capacitados en las instalaciones del Servicio Indígena de Salud que se ocupen de los exámenes forenses y la posibilidad de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley manejen de forma incorrecta las pruebas cuando utilizan materiales para la recogida de pruebas en casos de violación. El resultado es que en muchos casos las mujeres indígenas
• No reciben una respuesta oportuna de la policía, en el supuesto de que reciban respuesta.
• Pueden no ser sometidas a exámenes médicos forenses.
• Pueden ver que sus casos no llegan a ser objeto de procesamiento.
"Los elevados índices de violencia sexual que experimentan las mujeres indígenas en Estados Unidos se agravan debido a fallos en todos los niveles del sistema de justicia. Amnistía Internacional manifiesta su solidaridad con las demandas de las mujeres indígenas para que el gobierno de Estados Unidos les proporcione la protección y la justicia que merecen", ha declarado Kate Gilmore, secretaria general adjunta ejecutiva de Amnistía Internacional.
"Las mujeres indígenas sufren un trato brutal en una proporción alarmante, y es lamentable que el gobierno de Estados Unidos, supuesto defensor de los derechos de la mujer, esté contribuyendo al problema", ha afirmado Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos. "Es vergonzoso que tales abusos incluso existan en nuestros días. Si no se toman medidas inmediatas, una situación que ya es terrible e indignante para las mujeres podría quedar aún más fuera de control. Ha llegado la hora de poner fin a estos abusos contra los derechos humanos que se vienen cometiendo sin trabas desde la fundación de este país."
El informe de Amnistía Internacional, Laberinto de injusticia: Falta de protección de las mujeres indígenas frente a la violencia sexual en Estados Unidos, advierte que las cifras oficiales, por muy inquietantes que sean, subestiman gravemente el problema porque muchas mujeres tienen demasiado miedo de la inacción para denunciar sus casos. Según una trabajadora de apoyo de Oklahoma, de los 77 casos de agresión sexual o violencia doméstica en los que estaba trabajando y que afectaban a mujeres indígenas, sólo tres víctimas denunciaron sus casos a la policía.
El gobierno de Estados Unidos ha menoscabado la autoridad de los sistemas de justicia tribal para responder ante los delitos de violencia sexual al no facilitarles de forma sistemática fondos en cantidad suficiente. La legislación federal limita a un año de privación de libertad la pena que los tribunales tribales pueden imponer por cada delito y prohíbe a los tribunales tribales juzgar a los sospechosos no indígenas, aun cuando datos recogidos por el Departamento de Justicia indican que al menos el 86 por ciento de los responsables son hombres no indígenas.
Además, las investigaciones de Amnistía Internacional indican que en los ámbitos estatal y federal no se da curso a casos de violencia sexual contra mujeres indígenas en los que están implicados presuntos autores no indígenas. Un ex fiscal federal manifestó a Amnistía Internacional: "Es difícil tramitar las causas en que hay una víctima indígena y un presunto autor no indígena". Una vez desestimado un caso en el ámbito estatal o federal, las supervivientes de violación no disponen de otros recursos en virtud de la legislación penal.
"Cuando los ancianos dicen, ‘demasiadas de nuestras mujeres y niñas han sido violadas’, sabemos que debemos reunirnos para superar la oscuridad y poner fin al silencio. Lo que no reconocemos, lo llevamos con nosotros", ha afirmado Denise Morris, directora ejecutiva y presidenta del Centro Indígena de Justicia de Alaska, que intervino en la presentación del informe de Amnistía Internacional. "El gobierno de Estados Unidos tiene le responsabilidad legal y moral de proporcionar recursos a las organizaciones indígenas para que puedan comenzar a desarrollar soluciones y promover la curación y el bienestar en el ámbito de la comunidad."
El informe se centra básicamente en tres regiones que plantean desafíos jurisdiccionales diferenciados: Oklahoma, Alaska y la Reserva Sioux de Standing Rock (Dakota del Norte y Dakota del Sur). El informe revela que cualesquiera que sean el lugar o el marco legal, el resultado es el mismo: la negación de justicia a muchas mujeres indígenas que han sufrido violencia sexual.
Además de la mejora de los niveles de capacitación, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades federales, estatales y locales a adoptar otras medidas concretas para reducir la violencia sexual y aumentar los servicios para las mujeres indígenas que son violadas:
• El Congreso de Estados Unidos debe financiar y aplicar plenamente la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres, y en particular el Título Tribal (Título IX), el primer intento en el marco de la Ley de combatir la violencia contra las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos. Esto incluye un estudio nacional de base sobre la violencia sexual contra las mujeres indígenas, un estudio sobre la incidencia de lesiones derivadas de actos de violencia sexual contra mujeres indígenas y un Registro Tribal en el que consten los responsables de delitos sexuales y las órdenes de protección.
• El Congreso de Estados Unidos debe aumentar la financiación asignada al Servicio Indígena de Salud y las instalaciones contratadas por el Servicio. Tales sumas de dinero deben utilizarse para incrementar el número de profesionales de medicina legal para casos de agresión sexual, con el fin de que las supervivientes puedan someterse a exámenes médicos forenses oportunos, sin costes, después de sufrir una agresión sexual. Además, el Servicio Indígena de Salud debe garantizar la existencia de protocolos adecuados para el tratamiento de las supervivientes de violencia sexual.
• El Congreso de Estados Unidos debe reconocer la jurisdicción de las autoridades tribales sobre todas las personas que cometan delitos en tierras tribales. El gobierno federal debe facilitar los fondos necesarios para las fuerzas de policía de los poblados indígenas de Alaska y de los territorios indígenas del resto de Estados Unidos, prestando especial atención a la mejora de la cobertura en las zonas rurales y a la financiación y los recursos que permitan a las autoridades tribales desarrollar y mantener tribunales tribales.
• El gobierno federal y los gobiernos de los estados deben consultar a las naciones tribales, y a las mujeres indígenas en especial, y cooperar con ellas para establecer planes de acción efectivos encaminados a poner fin a la violencia sexual contra las mujeres indígenas.
Amnistía Internacional seguirá haciendo campaña en Estados Unidos, en asociación con las mujeres indígenas de Alaska y del resto del país, para hacer frente a los graves abusos contra los derechos humanos que se documentan en este informe. El nuevo texto forma parte de la Campaña para Combatir la Violencia contra las Mujeres que Amnistía Internacional lleva a cabo en todo el mundo.
Fuente: Web Amnesty
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