INEGI: MEJOR "COMPRAR" A UN MAGISTRADO

31 de Julio de 2007

ÍNDICE POLÍTICO

FRANCISCO RODRÍGUEZ

En solidaridad con Héctor Acero Adame, dirigente en Guerrero de la Coordinadora Nacional de ex Trabajadores del INEGI Heberto Castillo, detenido por la PGR acusado de "sedición y sabotaje"

LA ADMINISTRACIÓN "DEL cambio" heredó en el INEGI un problema laboral mayúsculo. Dos mil 300 trabajadores mantienen demandado al Instituto desde el 2000. Piden reinstalación y pago de salarios caídos.

Por esas fechas, luego de la presentación de un amparo, se condenó al INEGI, en el expediente 835/98, a otorgar a 51 trabajadores sus nombramientos por tiempo indefinido (la base).

En 2001, a la llegada de Gilberto Calvillo a la presidencia del mismo –y lo peor, de Lino Vera Pérez como coordinador administrativo--, éste citó a los inconformes para reconocer que les asistía la razón y que se buscaría una solución al conflicto.

Tal "solución", empero, fue la contratación de José Manuel Contreras Botti como director de Apoyo Jurídico y quien, como Vera Pérez, venía de Pemex. Separado de la paraestatal, él mismo la había demandado.

Con tal experiencia, en su primera reunión con los trabajadores despedidos sorprendió a los mismos cuando les advirtió que, en su nueva posición, "para mi es más fácil pagar a un magistrado, que pagar a los trabajadores", refiriéndose, por supuesto a los del área laboral.

Más aún: afirmaba desde entonces saber los fallos de las siguientes sentencias.

Y presumió su buena relación con diversos magistrados.

Fue así que en 2002 se resolvió la demanda de despido de los mismos trabajadores que habían ganado la base en el expediente 835/98. Pero en una aberración jurídica, el Tribunal Colegiado dijo que el despido había sido injustificado, ¡pero le daba valor al último nombramiento!, lo cual es contrario a la jurisprudencia aplicable y vigente. De esta forma se cumplieron las amenazas de Contreras Botti.

En 2002 y 2003 este funcionario, bajo la amenaza de su contubernio con el Poder Judicial, amagó a los trabajadores para tomar una nueva propuesta de liquidación.

Nuevamente, Hacienda otorgó recursos al INEGI para llevar a cabo su supuesta conciliación.

Y otra vez, posteriormente, la Auditoria Superior de la Federación determinó que los recursos que pagó el INEGI habían causado daño al patrimonio de la institución, ya que los recursos no habían sido otorgados para emprender liquidaciones y pidió a la Contraloría Interna sancionar al responsable de la liberación de los recursos.

Sin importar esto la Secretaría de Hacienda ha liberado mas de 400 millones de los años 2003 a 2006 para permitir al INEGI seguir con estas prácticas ilegales.

En el año 2003 los inconformes iniciaron un plantón a las afueras de la Secretaria de Hacienda, mismo que duraría 3 años, debido a esto la Cámara de Diputados en octubre de 2003 aprobó la creación de 2 mil 300 plazas de base para la reinstalación de los despedidos, pero el propio INEGI en contubernio con la Secretaría de Hacienda evitaron que se dotara de los recursos suficientes para la reinstalación de estos trabajadores.