Ya son algunas semanas que se revisa la iniciativa de reforma fiscal que propuso la Secretaría de Hacienda y muchos comentarios han circulado. Recientemente los empresarios tanto nacionales como los representantes de las trasnacionales, los hoteleros Españoles y los rectores de las universidades privadas se manifestaron por reemplazar el nuevo impuesto CETU (Contribución Empresarial a Tasa Única) y eliminar el ISR (Impuesto Sobre la Renta o Ingreso). Desde luego el reemplazo de la CETU por el ISR está sujeto a condiciones. Dos de estas son que la tasa de impuesto no sea del 16% sino del 12% y que haya deducibilidad, es decir, no se paguen impuestos, ni por realizar inversiones, ni tampoco por el pago de las remuneraciones a los trabajadores.
Desde el Congreso de la Unión los legisladores del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) se han manifestado por no aprobar ninguna reforma fiscal que no incluya una revisión al esquema de pago de impuestos de Petróleos Mexicanos. Esta decisión es clave en el sentido de que Petróleos Mexicanos es una de las principales fuentes de ingreso para el Estado Mexicano, incluso en niveles superiores al 30% de los ingresos públicos totales. Esta excesiva transferencia de recursos de PEMEX al gobierno ha implicado la descapitalización de la paraestatal. El resultado concreto es la falta de recursos financieros en PEMEX para realizar la expansión de su capacidad productiva.
De esta forma el crecimiento de la infraestructura de PEMEX no ha podido realizarse mediante ingresos públicos, porque los recursos disponibles para éstos fines se han utilizado para financiar otras áreas de las finanzas públicas. La alternativa de los últimos años ha consistido en un Programa de Inversión Diferida con cargo al Gasto (PIDIREGAS) donde inversionistas privados han destinado sus recursos financieros y el gobierno mexicano les paga una tasa de interés por ello. De 2001 a 2005 estos recursos suman 225 mil 500 de millones de pesos. Esta cifra equivale, en los últimos años a cuatro de cada 100 pesos del presupuesto público, faltaría sumar otros conceptos de deuda y pago de intereses que representan más del 10% del presupuesto.
El contraste en la asignación de los recursos públicos es evidente si se comparan los últimos años de los setenta con la situación actual. En aquel entonces se destinaba entre 25% y 30% del presupuesto a inversiones (el gasto de capital incluye: obras públicas, bienes muebles e inmuebles y mantenimiento). Actualmente las inversiones de capital representan en el presupuesto público, cuando más el 15%, es decir una cifra cercana a la mitad, comparada con la del pasado. Esta tendencia es persistente desde los años noventa. Al no destinar una mayor proporción de recursos a las inversiones para ampliar la capacidad de operación del gobierno los ingresos públicos se han orientado al gasto corriente que incluye: sueldos y salarios a los funcionarios, ayudas, subsidios y transferencias, entre otras partidas presupuestarias.
Así muchas actividades en las cuales el gobierno representaba un actor central ahora están encabezadas por particulares. Ya se observa esto en las inversiones dentro de Petróleos Mexicanos a través del esquema de PIDIREGAS, pero también en los préstamos hipotecarios y en las AFORE, por mencionar algunos ejemplos. El riesgo latente en estos días es la aprobación de la iniciativa de reforma fiscal en la que la CETU (Contribución Empresarial a Tasa Única) permitiría que los particulares realicen inversiones sin tener que pagar impuestos por este motivo.
¿Será entonces que desde Hacienda están abiertamente previendo inversiones privadas en el sector energético sin que paguen impuestos? De ser así al aprobarse la iniciativa fiscal, en los términos originales, se estarán dando pasos adelante hacia la reforma energética que comprende tanto al sector petrolero como a la generación, transmisión y distribución del suministro eléctrico.
Cada año se observan más recursos públicos destinados al rubro de PIDIREGAS que son inversiones privadas en actividades del sector energético, responsabilidad encomendada al gobierno. Sin embargo, estos montos son crecientes y del orden de los 75 mil millones de pesos por año, ya decíamos que esta cifra equivale a cuatro pesos de cada 100 ejercidos en las finanzas públicas, lo cual significa una carga importante para el presupuesto.
En la experiencia del país, de lo que somos testigos, las enormes inversiones privadas para la compra de bancos que no han pagado ni un centavo de impuestos. Tendríamos que preguntarle a Hacienda cuánto ha recaudado como impuestos de los 200 mil millones de dólares que han entrado al país como Inversión Extranjera Directa entre 1994 y 2006. Al parecer en algunos sectores definen a nuestro modelo económico, basado en la liberalización económica, como ganancias libres de impuesto.
En el año 2001 se realizó la compra de uno de los bancos más grandes del país. En esa fecha entraron 27 mil 500 millones de dólares de inversión extranjera, la mitad de estos recursos -se anunció- tenían como destino el sector financiero. En los años siguientes, aunque en montos menores, el flujo de recursos también fue considerable. No obstante estas cifras millonarias, ahora seguimos teniendo un sector bancario con poca competencia, altas comisiones para el usuario, escaso acceso al crédito barato para franjas enormes de la población y entidades financieras que se benefician prestando dinero al gobierno.
Este recuento ayuda a entender el círculo vicioso de las finanzas públicas y qué papel jugaría la reforma fiscal. La Secretaría de Hacienda no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a las necesidades sociales, pero la principal fuente de impuestos son los trabajadores y no las empresas que -como varios documentos oficiales lo demuestran- cuentan con supuestos créditos fiscales y enormes posibilidades de eludir el pago de impuestos. Ante esto los ingresos provenientes de la industria petrolera han servido para financiar la operación del gobierno en detrimento de la solvencia económica de PEMEX.
Tanto para Petróleos Mexicanos, como para otras áreas de la economía, las inversiones privadas han sido privilegiadas sobre la actuación del gobierno, por lo cual el gasto público de capital se ha puesto en desuso y no funge más como un incentivo para el crecimiento económico, de tal manera que los beneficios para los inversionistas privados han sido palpables, más no así para el resto de la sociedad.
Ahora se anuncia en los medios de comunicación que sí se realizarán inversiones públicas para infraestructura, siempre y cuando se apruebe la iniciativa fiscal de Hacienda que no recabaría impuestos a los inversionistas extranjeros, ni a los banqueros que viven de prestarle al gobierno y que tampoco liberaría recursos para PEMEX. Entonces habrá que preguntarse si vale la pena la dichosa reforma fiscal o si lo que en verdad se requiere es un cambio profundo, no que no haya reformas.
* Taller de Economía Social y Políticas Públicas / Facultad de Economía de la UNAM
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