Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria
CIEPAC / CEPRID
Una de las tareas principales del equipo de CIEPAC es analizar permanentemente la situación que se vive en México, con especial atención a Chiapas. Este boletín es el resultado de una reflexión conjunta del Equipo CIEPAC A.C. realizada el 7 de febrero de 2007, en torno a la siguiente incógnita: ¿Cuáles son, a grandes rasgos, las tendencias que vemos en los distintos ámbitos de la vida en México desde la pasada elección presidencial de julio de 2006?
Política económica vs. soberanía nacional
Pese al cambio de gobierno, con la llegada de Felipe Calderón el pasado 1º de diciembre de 2006 continúa la misma política económica y social de Vicente Fox. Arropado por el PRI y PAN, dos partidos casi gemelos, Calderón tiene la tarea de dar continuidad a las estrategias económicas heredadas del anterior gobierno, basadas en el reajuste económico, el recorte presupuestal a la educación, las privatizaciones de los sectores energético, del agua y de la salud, y el incremento del gasto militar y policiaco, siguiendo al pie de la letra las directrices de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos, en beneficio de las grandes empresas transnacionales.
Felipe Calderón, claro exponente de la derecha -tanto o más que Fox-, mandó un claro mensaje al presentar un gabinete social y económico de tintes ultraderechistas y radicalmente neoliberales, integrando representantes del FMI y responsables de graves abusos, como Francisco Ramírez Acuña, quien ordenó las torturas a altermundistas en 2004 siendo gobernador de Jalisco, y Eduardo Medina Mora, jefe de la PFP en la toma de Atenco y Oaxaca, cuyos atentados contra los Derechos Humanos fueron detallados y denunciados por la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH).
Entretanto, se acentúan los efectos del modelo económico, como el encarecimiento de los productos de primera necesidad (la canasta básica), la caída del poder adquisitivo de los trabajadores asalariados (aumentó 1.89 pesos el salario mínimo), y la política de limosnas para la población más pobre (Procampo, Oportunidades, CODECOA, Nuevo Amanecer, CODEM, Chiapas Solidario, etc.) como estrategia de entretenimiento para prevenir un movimiento social que pudiera poner en jaque al sistema. Ante esta situación, el deterioro de las condiciones de vida de la gente es implacable. El modelo económico agudiza irremediablemente la pobreza, que se expande a la par que aumenta la población. Se puede simplificar diciendo que cada vez hay menos ricos, y que estos son cada vez más descaradamente ricos. El buque insignia de la desigualdad desvergonzada es el empresario Carlos Slim, quien ha amasado la tercera mayor fortuna del mundo durante los últimos años de neoliberalismo en México (La Jornada 09/03/2007)
En este contexto, las ya de por sí altas tarifas eléctricas continúan subiendo, a la vez que se abre la puerta a empresas extranjeras, como Iberdrola, Unión FENOSA o Endesa, para que se adueñen de los planes de generación de energía eólica, ante la supuesta incapacidad financiera del estado mexicano. Calderón, por otra parte, se propone acabar de construir la infraestructura de comunicación y conexión eléctrica contemplada en el Plan Puebla Panamá, ajustando aún más la política económica al beneficio de las empresas transnacionales.
El cóctel de la pobreza. Los costos del Tratado de Libre Comercio
Uno de los efectos más graves del modelo económico neoliberal en México y en la región Centroamericana es el éxodo de la población hacia los Estados Unidos. Ante esto, el gobierno norteamericano está levantando el muro fronterizo, que aunque probablemente disminuirá la migración, no conseguirá detenerla. A corto plazo, cruzar la frontera será un privilegio aún más caro, pues previsiblemente se encarecerán tanto los costos que cobran los traficantes, como la propia corrupción de los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. Pero sobre todo, se incrementarán los peligros que enfrentan los migrantes al intentar cruzar la frontera. Es posible que, en parte, la migración se dirija hacia otros países, pero el cierre de la válvula de escape que, para la presión socioeconómica en México y Centroamérica, supone esta migración agudizaría la problemática del país, la tensión, los choques y el deterioro social.
No es casual que, mientras la migración continúe estando "ilegalizada", Estados Unidos seguirá recibiendo mano de obra barata, básica para su economía. Pero no sólo de la migración se beneficia el principal impulsor del TLC. La crisis económica en México -fuente de los flujos migratorios- abre las puertas a las transnacionales (mayoritariamente estadounidenses) para hacerse con los sectores productivos e implantar salarios de hambre, perpetuando así la miseria. El pez se muerde la cola. Las causas inmediatas de la pobreza extrema, o sea, el alza de los precios de los productos de primera necesidad, la disminución de los precios de los productos agrícolas (en otras palabras, lo que reciben los y las campesinas) y la falta de subsidios para su producción, así como la falta de mercados y de apoyo tecnológico, se retroalimentan con la invasión de productos de importación en México y Centroamérica. La falta de empleo, el despido masivo de trabajadores y trabajadoras de las maquilas, la carestía de la vida y la alta marginación conducen, en definitiva, al mayor éxodo de la historia hacia el norte del continente.
Regresando a los altos precios, nos preguntamos ¿qué está pasando? ¿Por qué están al alza? En el caso del maíz, tendríamos que analizar este proceso desde 1987, cuando México recibió un préstamo de 300 mil millones de dólares por parte del Banco Mundial con la condición de eliminar los apoyos al campo, que protegían a los productores y consumidores. En el proceso de liberalización del precio de la tortilla han desaparecido progresivamente los apoyos a su producción. Sin embargo, el proceso de comercialización e industrialización que manejan las empresas sí cuenta con el apoyo gubernamental, por lo que las grandes corporaciones salen fortalecidas, como Minsa, Grupo Maseca, Cargill, Monsanto y Bayer, entre otras. En este aspecto vale la pena destacar que mientras aumenta el precio de la tortilla para el consumidor, disminuye el precio que recibe los y las campesinas por el maíz que cultiva, debido a la invasión de maíz transgénico importado de los Estados Unidos.
A nivel internacional el precio del maíz está también al alza, fruto de una caída de la producción combinada con una gran demanda. China e India ya no son países autosuficientes, por lo que demandan alimentos, lo cual provoca cambios en el ámbito mundial. Nuestro país también está perdiendo su soberanía alimentaria desde la firma de los Tratados de Libre Comercio. Importa un 20% del maíz, un 30% del trigo y un 90% de la leche y soya, siendo altamente susceptible a cualquier cambio estructural. Este contexto favorece que las grandes empresas productoras, como Monsanto, ejerzan el control en la compraventa de alimentos, con la consecuente concentración de riqueza en pocas manos. Cada vez es más evidente, pues, la contradicción del modelo neoliberal: mientras unas pocas empresas obtienen beneficios multimillonarios, las y los campesinos se quedan en la ruina y a menudo abandonan sus tierras.
México aceptó de manera sumisa realizar ajustes estructurales, como los recortes presupuestales que ha ido aplicando paulatinamente. En consecuencia, desaparecieron los bancos Bancrisa, Inmecafé y las instituciones que servían para apoyar la producción campesina. Frente a esto, no se ofrecen alternativas que puedan paliar los evidentes perjuicios de estas políticas sobre la mayoría de la población, solamente programas que no resuelven los problemas estructurales del campesino. En definitiva, el país se encuentra profundamente a la deriva y está pagando el precio de seguir las políticas de libre mercado dictadas por la OMC.
Complicidad mediática y control militar como solución a la falta de legitimidad
En un contexto de grave crisis política, en donde los partidos ya no pueden disimular ni su desinterés por las necesidades más sentidas de los ciudadanos ni su adhesión descarada al modelo neoliberal, se ha generado entre la mayoría de la población una profunda desconfianza hacia estos partidos, incluyendo el PRD.
La absoluta falta de credibilidad de la clase política cierra cualquier camino hacia la participación democrática real dentro de los cauces legales. Ante esta situación, el papel que puede jugar la sociedad civil como contrapeso de las instituciones y del poder económico que las controla es la principal fuerza con que cuenta la sociedad mexicana para recuperar el rumbo perdido.
Las disputas internas dentro del partido gobernante, el PAN, reflejadas en las declaraciones de Felipe Calderón durante su gira europea y las del presidente de su propio partido, Manuel Espino -totalmente opuestas-, hacen prever un ajuste de cuentas interno. Por otro lado, a esta crisis de unidad hay que sumarle la profunda falta de legitimidad con la que Calderón llegó a la Presidencia, luego de un evidente fraude electoral. Falto de apoyos, las fuerzas a las que se afierra para legitimarse y reforzarse en el cargo son los principales medios de comunicación, el Ejército y la ultraderecha, haciendo continuos guiños al Yunque y a la Iglesia jerárquica con mensajes moralistas. La PGR y la PFP también juegan un papel primordial en el control y la represión social. El renovado interés en la lucha contra el narcotráfico no es más que un intento por demostrar que tanto el Ejército como los cuerpos policíacos no están inmersos en él.
Además del lavado de imagen tras el fraude electoral, todavía en marcha, Calderón arrastra los favores que Fox dejó a deber a los medios de comunicación, quienes taparon y tergiversaron la grave represión del gobierno ante los movimientos que lo han cuestionado, como en Atenco, los mineros de Pasta de Conchos y Lázaro Cárdenas, la resistencia contra la represa La Parota, en Guerrero, y la mayor de todas, en Oaxaca, cuyas consecuencias y su conflicto aún no han terminado. Esta cortina de humo mediático se paga con el apoyo a la Ley Televisa, los sistemas de radios de comunicación y su privatización, mostrándose así el arraigamiento de las grandes corporaciones mediáticas en el mismo seno de la clase política.
Son de tener en cuenta, también, los vínculos que la clase empresarial vinculada al PAN mantiene con la jerarquía eclesiástica a través de las corrientes más intransigentes, como los Católicos Carismáticos y los Legionarios de Cristo. Estos vínculos, además, están salpicados por la desvergüenza más ruin mediante redes de prostitución y pornografía infantil. La punta del iceberg reluce con los casos de Mario Marín, gobernador de Puebla, Socorro Romero Sánchez, empresaria avícola de Tehuacán -Puebla- que mantiene excelente relación con Norberto Rivera Carrera, Ulises Ruiz Ortiz de Oaxaca (quizá sea esta una de las razones de la terquedad de mantenerlo como gobernador), Jean Succar Kuri, Kamel Nacif y Onésimo Zepeda, entre muchos otros. Estos vínculos, de otro lado, perpetuarán el desprestigio de la Iglesia mientras esta no abandone su complicidad con los sectores corruptos y mafiosos de la clase empresarial y opte por excomulgarlos.
Volviendo a los intentos de legitimar a Calderón, cabe insistir en que han sido constantes y descarados. De un lado, Vicente Fox, siendo todavía presidente de México, llevó a cabo toda una campaña electoral en su favor durante sus continuas visitas a los Estados Unidos, repartiendo incluso tarjetas telefónicas entre los agremiados sindicales mexicanos de la mayor central de aquel país, AFL-CIO, para que exhortasen telefónicamente a sus familiares a votar por el PAN. Paralelamente, a lo largo de toda la República se iniciaba una ofensiva político-militar con tal de legitimar a Calderón ante las diferentes facciones empresariales y de su propio partido. Lejos de lograr este objetivo, solo se ha conseguido dejar en evidencia la cara más represora del nuevo presidente, echando lastre sobre cualquier credibilidad a la hora de mediar o negociar en los conflictos sociales.
Esta fuerte represión ha asestado un golpe muy duro a los movimientos populares, en especial tras los graves acontecimientos de Oaxaca, en noviembre-diciembre del año pasado (donde se dio una auténtica cacería por las calles de la ciudad y las comunidades de montaña, dignas de las no tan lejanas dictaduras militares). Las secuelas de la salvaje actuación del gobierno federal todavía no se han superado, dejando un claro mensaje: se han "subido los costos" de la disidencia, en todos los sentidos, físico, psicológico e incluso monetario -con el ejemplo del traslado de los presos a Nayarit, y el consecuente gasto para las familias, además de las fianzas desmesuradas-.
Uno de los elementos más terribles, y trágicamente característicos, de los mayores operativos policiales del último año (Atenco y Oaxaca) es el uso de la violación a mujeres -y también hombres- a manos de las fuerzas de seguridad, como herramienta de guerra real y de guerra psicológica. El terror que el gobierno ha logrado infundir en la población no ha dejado prácticamente costos en el ámbito internacional, dejando en evidencia la farsa que representan las cláusulas democráticas que, supuestamente, condicionan los tratados comerciales al respeto a los Derechos Humanos por parte del gobierno mexicano. De la misma manera, esta despiadada estrategia para el control social tampoco ha provocado la reacción que se merece por parte de la sociedad mexicana, hecho que consideramos especialmente preocupante.
En definitiva, ¿qué situación queda tras esta embestida de violencia? En un principio, se ha perdido la amplísima base social que dotó de tanta fuerza, creatividad e impulso al movimiento social oaxaqueño visibilizado en la APPO. Costará de recuperar lo que fue, para tantos observadores, "casi una insurrección popular", donde por primera vez en muchos años los abuelos, los niños, las amas de casa, los vecinos no politizados fueron el alma de una lucha que llenó de barricadas las calles para poner en jaque durante meses a todo un aparato de represión. La Historia hablará de Oaxaca y su lucha popular, pero para que esta historia no acabe aquí se deberán pensar otras estrategias por parte de los movimientos sociales de cara a poder enfrentar las embestidas mortíferas que los acechan.
Disputas internas y aislamiento internacional
Mientras que el PRI basó su larga hegemonía en los monopolios de poder, la liberalización iniciada por Salinas de Gortari y consumada por Vicente Fox, con la consecuente entrada de capital extranjero, ha puesto definitivamente en jaque el monopolio nacional. Hoy prácticamente solo el Ejército pertenece al estado mexicano, aunque actúa según las directrices del gobierno de los Estados Unidos, especialmente en cuestión migratoria. Estas batallas entre las élites económicas también se dan en las cúpulas de los grandes partidos, PRI, PAN y PRD, descomponiéndose así la centralización del poder.
En estas disputas de poder encontramos a López Obrador, ex candidato presidencial por el PRD (junto a Convergencia y PT) y víctima de un descarado fraude electoral. Obrador trata ahora de pescar en río revuelto y canalizar el descontento social. Para ello está recorriendo 2 mil 500 ciudades de todo el país y tratando de fortalecer la Convención Nacional Democrática (CND). A pesar del impulso de los primeros meses ha ido perdiendo fuerza y credibilidad. Ha querido respetar la estructura oficial e institucional -al servicio de la clase empresarial que controla las "reglas del juego democrático" gracias al famoso Pacto de Chapultepec- lo cual le ha impedido dar un nuevo paso con el movimiento social, que le exigía pasar del descontento a la ofensiva. De esta manera, Obrador se va tendiendo como un muro de contención frente al movimiento social, al cual trata de capitalizar en vistas a su carrera presidencial de 2012.
Por otra parte, el aislamiento de Felipe Calderón en América Latina es cada vez más evidente. En sus recientes giras, la mayoría de los mandatarios le dieron la espalda, e incluso fue reprochado por parte de Lula. A pesar del escaso interés que México ha prestado a América Latina en los últimos años, esta situación preocupa a Calderón. No en vano, el gobierno de los Estados Unidos, en sus intentos por relanzar el ALCA, ha otorgado a México y Colombia el papel de paladines de su política. Y mientras tanto, desde el Río Bravo a la Patagonia se dan fuertes manifestaciones de rechazo total a esta iniciativa.
Finalmente, en su alineamiento extremo con las doctrinas de la Casa Blanca, tan preocupada por mantener su hegemonía en el ámbito mundial, México corre el peligro de descolgarse del todo en el ámbito internacional al no estar firmando acuerdos con las potencias económicas emergentes, como La India y especialmente China. Una vez más, las políticas nacionales se encaminan a ser el patio trasero de los Estados Unidos.
CIEPAC / CEPRID
Una de las tareas principales del equipo de CIEPAC es analizar permanentemente la situación que se vive en México, con especial atención a Chiapas. Este boletín es el resultado de una reflexión conjunta del Equipo CIEPAC A.C. realizada el 7 de febrero de 2007, en torno a la siguiente incógnita: ¿Cuáles son, a grandes rasgos, las tendencias que vemos en los distintos ámbitos de la vida en México desde la pasada elección presidencial de julio de 2006?
Política económica vs. soberanía nacional
Pese al cambio de gobierno, con la llegada de Felipe Calderón el pasado 1º de diciembre de 2006 continúa la misma política económica y social de Vicente Fox. Arropado por el PRI y PAN, dos partidos casi gemelos, Calderón tiene la tarea de dar continuidad a las estrategias económicas heredadas del anterior gobierno, basadas en el reajuste económico, el recorte presupuestal a la educación, las privatizaciones de los sectores energético, del agua y de la salud, y el incremento del gasto militar y policiaco, siguiendo al pie de la letra las directrices de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos, en beneficio de las grandes empresas transnacionales.
Felipe Calderón, claro exponente de la derecha -tanto o más que Fox-, mandó un claro mensaje al presentar un gabinete social y económico de tintes ultraderechistas y radicalmente neoliberales, integrando representantes del FMI y responsables de graves abusos, como Francisco Ramírez Acuña, quien ordenó las torturas a altermundistas en 2004 siendo gobernador de Jalisco, y Eduardo Medina Mora, jefe de la PFP en la toma de Atenco y Oaxaca, cuyos atentados contra los Derechos Humanos fueron detallados y denunciados por la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH).
Entretanto, se acentúan los efectos del modelo económico, como el encarecimiento de los productos de primera necesidad (la canasta básica), la caída del poder adquisitivo de los trabajadores asalariados (aumentó 1.89 pesos el salario mínimo), y la política de limosnas para la población más pobre (Procampo, Oportunidades, CODECOA, Nuevo Amanecer, CODEM, Chiapas Solidario, etc.) como estrategia de entretenimiento para prevenir un movimiento social que pudiera poner en jaque al sistema. Ante esta situación, el deterioro de las condiciones de vida de la gente es implacable. El modelo económico agudiza irremediablemente la pobreza, que se expande a la par que aumenta la población. Se puede simplificar diciendo que cada vez hay menos ricos, y que estos son cada vez más descaradamente ricos. El buque insignia de la desigualdad desvergonzada es el empresario Carlos Slim, quien ha amasado la tercera mayor fortuna del mundo durante los últimos años de neoliberalismo en México (La Jornada 09/03/2007)
En este contexto, las ya de por sí altas tarifas eléctricas continúan subiendo, a la vez que se abre la puerta a empresas extranjeras, como Iberdrola, Unión FENOSA o Endesa, para que se adueñen de los planes de generación de energía eólica, ante la supuesta incapacidad financiera del estado mexicano. Calderón, por otra parte, se propone acabar de construir la infraestructura de comunicación y conexión eléctrica contemplada en el Plan Puebla Panamá, ajustando aún más la política económica al beneficio de las empresas transnacionales.
El cóctel de la pobreza. Los costos del Tratado de Libre Comercio
Uno de los efectos más graves del modelo económico neoliberal en México y en la región Centroamericana es el éxodo de la población hacia los Estados Unidos. Ante esto, el gobierno norteamericano está levantando el muro fronterizo, que aunque probablemente disminuirá la migración, no conseguirá detenerla. A corto plazo, cruzar la frontera será un privilegio aún más caro, pues previsiblemente se encarecerán tanto los costos que cobran los traficantes, como la propia corrupción de los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. Pero sobre todo, se incrementarán los peligros que enfrentan los migrantes al intentar cruzar la frontera. Es posible que, en parte, la migración se dirija hacia otros países, pero el cierre de la válvula de escape que, para la presión socioeconómica en México y Centroamérica, supone esta migración agudizaría la problemática del país, la tensión, los choques y el deterioro social.
No es casual que, mientras la migración continúe estando "ilegalizada", Estados Unidos seguirá recibiendo mano de obra barata, básica para su economía. Pero no sólo de la migración se beneficia el principal impulsor del TLC. La crisis económica en México -fuente de los flujos migratorios- abre las puertas a las transnacionales (mayoritariamente estadounidenses) para hacerse con los sectores productivos e implantar salarios de hambre, perpetuando así la miseria. El pez se muerde la cola. Las causas inmediatas de la pobreza extrema, o sea, el alza de los precios de los productos de primera necesidad, la disminución de los precios de los productos agrícolas (en otras palabras, lo que reciben los y las campesinas) y la falta de subsidios para su producción, así como la falta de mercados y de apoyo tecnológico, se retroalimentan con la invasión de productos de importación en México y Centroamérica. La falta de empleo, el despido masivo de trabajadores y trabajadoras de las maquilas, la carestía de la vida y la alta marginación conducen, en definitiva, al mayor éxodo de la historia hacia el norte del continente.
Regresando a los altos precios, nos preguntamos ¿qué está pasando? ¿Por qué están al alza? En el caso del maíz, tendríamos que analizar este proceso desde 1987, cuando México recibió un préstamo de 300 mil millones de dólares por parte del Banco Mundial con la condición de eliminar los apoyos al campo, que protegían a los productores y consumidores. En el proceso de liberalización del precio de la tortilla han desaparecido progresivamente los apoyos a su producción. Sin embargo, el proceso de comercialización e industrialización que manejan las empresas sí cuenta con el apoyo gubernamental, por lo que las grandes corporaciones salen fortalecidas, como Minsa, Grupo Maseca, Cargill, Monsanto y Bayer, entre otras. En este aspecto vale la pena destacar que mientras aumenta el precio de la tortilla para el consumidor, disminuye el precio que recibe los y las campesinas por el maíz que cultiva, debido a la invasión de maíz transgénico importado de los Estados Unidos.
A nivel internacional el precio del maíz está también al alza, fruto de una caída de la producción combinada con una gran demanda. China e India ya no son países autosuficientes, por lo que demandan alimentos, lo cual provoca cambios en el ámbito mundial. Nuestro país también está perdiendo su soberanía alimentaria desde la firma de los Tratados de Libre Comercio. Importa un 20% del maíz, un 30% del trigo y un 90% de la leche y soya, siendo altamente susceptible a cualquier cambio estructural. Este contexto favorece que las grandes empresas productoras, como Monsanto, ejerzan el control en la compraventa de alimentos, con la consecuente concentración de riqueza en pocas manos. Cada vez es más evidente, pues, la contradicción del modelo neoliberal: mientras unas pocas empresas obtienen beneficios multimillonarios, las y los campesinos se quedan en la ruina y a menudo abandonan sus tierras.
México aceptó de manera sumisa realizar ajustes estructurales, como los recortes presupuestales que ha ido aplicando paulatinamente. En consecuencia, desaparecieron los bancos Bancrisa, Inmecafé y las instituciones que servían para apoyar la producción campesina. Frente a esto, no se ofrecen alternativas que puedan paliar los evidentes perjuicios de estas políticas sobre la mayoría de la población, solamente programas que no resuelven los problemas estructurales del campesino. En definitiva, el país se encuentra profundamente a la deriva y está pagando el precio de seguir las políticas de libre mercado dictadas por la OMC.
Complicidad mediática y control militar como solución a la falta de legitimidad
En un contexto de grave crisis política, en donde los partidos ya no pueden disimular ni su desinterés por las necesidades más sentidas de los ciudadanos ni su adhesión descarada al modelo neoliberal, se ha generado entre la mayoría de la población una profunda desconfianza hacia estos partidos, incluyendo el PRD.
La absoluta falta de credibilidad de la clase política cierra cualquier camino hacia la participación democrática real dentro de los cauces legales. Ante esta situación, el papel que puede jugar la sociedad civil como contrapeso de las instituciones y del poder económico que las controla es la principal fuerza con que cuenta la sociedad mexicana para recuperar el rumbo perdido.
Las disputas internas dentro del partido gobernante, el PAN, reflejadas en las declaraciones de Felipe Calderón durante su gira europea y las del presidente de su propio partido, Manuel Espino -totalmente opuestas-, hacen prever un ajuste de cuentas interno. Por otro lado, a esta crisis de unidad hay que sumarle la profunda falta de legitimidad con la que Calderón llegó a la Presidencia, luego de un evidente fraude electoral. Falto de apoyos, las fuerzas a las que se afierra para legitimarse y reforzarse en el cargo son los principales medios de comunicación, el Ejército y la ultraderecha, haciendo continuos guiños al Yunque y a la Iglesia jerárquica con mensajes moralistas. La PGR y la PFP también juegan un papel primordial en el control y la represión social. El renovado interés en la lucha contra el narcotráfico no es más que un intento por demostrar que tanto el Ejército como los cuerpos policíacos no están inmersos en él.
Además del lavado de imagen tras el fraude electoral, todavía en marcha, Calderón arrastra los favores que Fox dejó a deber a los medios de comunicación, quienes taparon y tergiversaron la grave represión del gobierno ante los movimientos que lo han cuestionado, como en Atenco, los mineros de Pasta de Conchos y Lázaro Cárdenas, la resistencia contra la represa La Parota, en Guerrero, y la mayor de todas, en Oaxaca, cuyas consecuencias y su conflicto aún no han terminado. Esta cortina de humo mediático se paga con el apoyo a la Ley Televisa, los sistemas de radios de comunicación y su privatización, mostrándose así el arraigamiento de las grandes corporaciones mediáticas en el mismo seno de la clase política.
Son de tener en cuenta, también, los vínculos que la clase empresarial vinculada al PAN mantiene con la jerarquía eclesiástica a través de las corrientes más intransigentes, como los Católicos Carismáticos y los Legionarios de Cristo. Estos vínculos, además, están salpicados por la desvergüenza más ruin mediante redes de prostitución y pornografía infantil. La punta del iceberg reluce con los casos de Mario Marín, gobernador de Puebla, Socorro Romero Sánchez, empresaria avícola de Tehuacán -Puebla- que mantiene excelente relación con Norberto Rivera Carrera, Ulises Ruiz Ortiz de Oaxaca (quizá sea esta una de las razones de la terquedad de mantenerlo como gobernador), Jean Succar Kuri, Kamel Nacif y Onésimo Zepeda, entre muchos otros. Estos vínculos, de otro lado, perpetuarán el desprestigio de la Iglesia mientras esta no abandone su complicidad con los sectores corruptos y mafiosos de la clase empresarial y opte por excomulgarlos.
Volviendo a los intentos de legitimar a Calderón, cabe insistir en que han sido constantes y descarados. De un lado, Vicente Fox, siendo todavía presidente de México, llevó a cabo toda una campaña electoral en su favor durante sus continuas visitas a los Estados Unidos, repartiendo incluso tarjetas telefónicas entre los agremiados sindicales mexicanos de la mayor central de aquel país, AFL-CIO, para que exhortasen telefónicamente a sus familiares a votar por el PAN. Paralelamente, a lo largo de toda la República se iniciaba una ofensiva político-militar con tal de legitimar a Calderón ante las diferentes facciones empresariales y de su propio partido. Lejos de lograr este objetivo, solo se ha conseguido dejar en evidencia la cara más represora del nuevo presidente, echando lastre sobre cualquier credibilidad a la hora de mediar o negociar en los conflictos sociales.
Esta fuerte represión ha asestado un golpe muy duro a los movimientos populares, en especial tras los graves acontecimientos de Oaxaca, en noviembre-diciembre del año pasado (donde se dio una auténtica cacería por las calles de la ciudad y las comunidades de montaña, dignas de las no tan lejanas dictaduras militares). Las secuelas de la salvaje actuación del gobierno federal todavía no se han superado, dejando un claro mensaje: se han "subido los costos" de la disidencia, en todos los sentidos, físico, psicológico e incluso monetario -con el ejemplo del traslado de los presos a Nayarit, y el consecuente gasto para las familias, además de las fianzas desmesuradas-.
Uno de los elementos más terribles, y trágicamente característicos, de los mayores operativos policiales del último año (Atenco y Oaxaca) es el uso de la violación a mujeres -y también hombres- a manos de las fuerzas de seguridad, como herramienta de guerra real y de guerra psicológica. El terror que el gobierno ha logrado infundir en la población no ha dejado prácticamente costos en el ámbito internacional, dejando en evidencia la farsa que representan las cláusulas democráticas que, supuestamente, condicionan los tratados comerciales al respeto a los Derechos Humanos por parte del gobierno mexicano. De la misma manera, esta despiadada estrategia para el control social tampoco ha provocado la reacción que se merece por parte de la sociedad mexicana, hecho que consideramos especialmente preocupante.
En definitiva, ¿qué situación queda tras esta embestida de violencia? En un principio, se ha perdido la amplísima base social que dotó de tanta fuerza, creatividad e impulso al movimiento social oaxaqueño visibilizado en la APPO. Costará de recuperar lo que fue, para tantos observadores, "casi una insurrección popular", donde por primera vez en muchos años los abuelos, los niños, las amas de casa, los vecinos no politizados fueron el alma de una lucha que llenó de barricadas las calles para poner en jaque durante meses a todo un aparato de represión. La Historia hablará de Oaxaca y su lucha popular, pero para que esta historia no acabe aquí se deberán pensar otras estrategias por parte de los movimientos sociales de cara a poder enfrentar las embestidas mortíferas que los acechan.
Disputas internas y aislamiento internacional
Mientras que el PRI basó su larga hegemonía en los monopolios de poder, la liberalización iniciada por Salinas de Gortari y consumada por Vicente Fox, con la consecuente entrada de capital extranjero, ha puesto definitivamente en jaque el monopolio nacional. Hoy prácticamente solo el Ejército pertenece al estado mexicano, aunque actúa según las directrices del gobierno de los Estados Unidos, especialmente en cuestión migratoria. Estas batallas entre las élites económicas también se dan en las cúpulas de los grandes partidos, PRI, PAN y PRD, descomponiéndose así la centralización del poder.
En estas disputas de poder encontramos a López Obrador, ex candidato presidencial por el PRD (junto a Convergencia y PT) y víctima de un descarado fraude electoral. Obrador trata ahora de pescar en río revuelto y canalizar el descontento social. Para ello está recorriendo 2 mil 500 ciudades de todo el país y tratando de fortalecer la Convención Nacional Democrática (CND). A pesar del impulso de los primeros meses ha ido perdiendo fuerza y credibilidad. Ha querido respetar la estructura oficial e institucional -al servicio de la clase empresarial que controla las "reglas del juego democrático" gracias al famoso Pacto de Chapultepec- lo cual le ha impedido dar un nuevo paso con el movimiento social, que le exigía pasar del descontento a la ofensiva. De esta manera, Obrador se va tendiendo como un muro de contención frente al movimiento social, al cual trata de capitalizar en vistas a su carrera presidencial de 2012.
Por otra parte, el aislamiento de Felipe Calderón en América Latina es cada vez más evidente. En sus recientes giras, la mayoría de los mandatarios le dieron la espalda, e incluso fue reprochado por parte de Lula. A pesar del escaso interés que México ha prestado a América Latina en los últimos años, esta situación preocupa a Calderón. No en vano, el gobierno de los Estados Unidos, en sus intentos por relanzar el ALCA, ha otorgado a México y Colombia el papel de paladines de su política. Y mientras tanto, desde el Río Bravo a la Patagonia se dan fuertes manifestaciones de rechazo total a esta iniciativa.
Finalmente, en su alineamiento extremo con las doctrinas de la Casa Blanca, tan preocupada por mantener su hegemonía en el ámbito mundial, México corre el peligro de descolgarse del todo en el ámbito internacional al no estar firmando acuerdos con las potencias económicas emergentes, como La India y especialmente China. Una vez más, las políticas nacionales se encaminan a ser el patio trasero de los Estados Unidos.
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