Elaborado por Mario Di CostanzoSecretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Agosto, 2007
El asesinato en Guerrero de dos miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) provoca de nuevo la sospecha de que existe una extensa red de corrupción y complicidades entre los más altos niveles de gobierno del país en relación al escandaloso caso del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado por las mismas autoridades por presunto tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas de propiedad exclusiva del Ejército.
El recelo toma nuevos bríos al conocerse que ambos agentes, Josué Hernández Hernández y Aníbal Sánchez Peredo, participaron tanto en el aseguramiento de 19 toneladas de seudoefedrina en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en noviembre de 2006, como en la el decomiso de más de 205 millones de dólares en la casa de Zhenli en la colonia Lomas de Chapultepec, en la ciudad de México, en marzo último.
Ambos agentes, que según la Secretaría de Seguridad Pública federal realizaban labores de inteligencia contra el crimen organizado en Guerrero, aparecieron muertos el martes en el paraje conocido como Cruz Alta, municipio guerrerense de Mochitlán.
Según los datos proporcionados por la SSP y divulgados por la prensa nacional, los dos agentes egresaron del Instituto de Capacitación Policial con reconocimiento honorífico y "tenían una carrera policial en ascenso", ya que "participaban en tareas especiales de alto riesgo".
Sánchez Peredo, por ejemplo, tomó parte en el desmantelamiento de laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas en Jalisco entre 2005 y 2006, así como en el decomiso de las 19 toneladas de seudoefedrina en noviembre de 2006, que luego llevaría al descubrimiento de los más de 205 millones de dólares en la residencia de Zhenli Ye Gon, operativo en el que también colaboró.
A su vez, Hernández Hernández, quien también estuvo involucrado en las investigaciones contra Zhenli, estuvo involucrado en las indagatorias relativas al desmantelamiento de bandas de secuestradores en el Distrito Federal.
La sospecha cobra igualmente mayor fuerza cuando trasciende que la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) ha iniciado en China, como parte del proceso que contra Zhenli lleva a cabo Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero, investigaciones en torno de las importaciones de seudoefedrina que desde aquel país hacia México realizó durante los últimos años el empresario naturalizado mexicano.
Y es que a diferencia de las autoridades mexicanas, los agentes estadunidenses sí decidieron comenzar su investigación desde el mismo país de origen del presunto narcotraficante, cuyo caso parece destapar el mayor caso de corrupción en la historia de nuestro país, si consideramos la red de personajes, funcionarios y entidades de gobierno que aparecen involucrados en el escándalo.
Sobre todo porque, según los primeros trascendidos respecto del trabajo de la DEA, las autoridades chinas rechazan toda posibilidad de corruptelas en su territorio y afirman que las ventas de seudoefedrina a la empresa de Zhenli cumplieron con absolutamente todos los requisitos que demanda una transacción de ese tipo. Es decir, que el gobierno de China asevera sin admitir replica alguna que dichas importaciones de la sustancia base para fabricar metanfetaminas fueron “legales”.
Más aún: a juicio de las autoridades de China, en el caso existen indicios claros de que sin el contubernio de altos funcionarios del gobierno de México, Zhenli Ye Gon no hubiese podido realizar las masivas importaciones de seudoefedrina que ahora le valen ser acusado de narcotráfico.
¿A quién o quiénes beneficia, entonces, el sospechoso homicidio de los agentes de la AFI que participaron en los operativos para destapar el escandaloso caso de Zhenli Ye Gon que traspasa cada vez más fronteras y se torna en un escándalo de dimensiones internacionales?
La sociedad civil exige respuestas inmediatas.
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