México, hacia un estado de excepción

México homologó su marco jurídico para equiparar sus amenazas y necesidades con las de Estados Unidos. Simultáneamente, vigorizó su integración a la superpotencia en el marco de la ASPAN

Nydia Egremy

Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, México permitió que su potencial energético y su agenda de seguridad quedaran bajo jurisdicción estadunidense.

Al adaptar su doctrina de seguridad nacional a la cruzada antiterrorista de Estados Unidos, Vicente Fox y Felipe Calderón consintieron en que la potencia ampliara su perímetro de seguridad –desde el Ártico hasta el río Suchiate–, mediante el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

Alfredo Jalife, especialista en geopolítica, afirma que esa apropiación de los espacios y recursos de otros países “radica en la naturaleza parasitaria de la economía estadunidense, que se nutre de los recursos planetarios”.

Paradójicamente, detrás de su expansión, “ese país tiene una colosal quiebra financiera que se manifiesta en la deuda por cada hogar, de medio millón de dólares. Por eso recurrió al montaje hollywoodense del auto atentado del 11-S y lanzó su guerra contra el terrorismo islámico para capturar los yacimientos de petróleo y gas en el golfo Pérsico, el mar Caspio y Asia central. Si Washington lo hubiese logrado, habría respirado otra década más, pues el saqueo petrolero del Medio-Oriente habría colmado sus agujeros negros financieros”.

Hace unas semanas, la economía estadunidense sufrió una crisis que ya habían previsto analistas y círculos financieros internacionales. La venta de viviendas cayó a su nivel más bajo desde 1990, el consumo bajó y los mercados mundiales se sacudieron.

México no escapará a esa sacudida, porque Estados Unidos debe pagar la factura por la deuda que contrajo para sostener su guerra. De acuerdo con Jalife Rahme, “va por el control del petróleo y el gas de sus vecinos: Canadá –con las mayores reservas de petróleo no convencional del planeta– y México, cuyo petróleo yace en las aguas profundas del golfo”.

La fragilidad económica de ese país se traduce en su dependencia del petróleo extranjero. Basta comparar que en los años setenta, cuando ocurrió el embargo petrolero, dependía un 22 por ciento del crudo importado; ahora, su dependencia del exterior supera el 50 por ciento de los insumos petroleros, particularmente mexicanos.

Para John Saxe Fernández, coordinador del Seminario México en el Siglo XXI de la Universidad Nacional Autónoma de México, “como todo estado imperial, Estados Unidos es parasitario y vive de los recursos que se allega”. Para lograr el sustento –asegura–, la elite del poder en Washington usó políticamente el temor de sus ciudadanos al terrorismo. Un ejemplo fue la declaración de Condoleeza Rice, cuando era asistente del Consejo de Seguridad Nacional: “hay que aprovechar el 11-S para modificar la doctrina estadunidense”.

El control del petróleo provino del uso de los instrumentos del Estado –el Departamento de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia y la Agencia Nacional de Seguridad– para la ocupación de Irak, a quien se le atribuyó responsabilidad en los ataques del 11-S. Esa “fue una excusa, pues no tuvo nada que ver con los ataques. Fue tan falaz que un analista estadunidense afirmó que era como si después de Pearl Harbor se hubiera decidido atacar a México”, observa Saxe.



Bajo la ASPAN

Tras la pretensión estadunidense de controlar la energía, agua y biodiversidad de México, ya existe una “integración silenciosa” –como la denominó Robert Pastor, el promotor del TLCAN y vocero del Foreign Relations Council– con México. Eso se expresa en una amplia red de normas jurídicas y reformas legales destinadas a contrarrestar el terrorismo.

Entre los efectos de esas reformas está la aprobación para permitir que agentes estadunidenses resguarden instalaciones estratégicas en nuestro país. También, se adoptaron medidas legales para prevenir el financiamiento a organizaciones terroristas, como informó el gobierno mexicano al Comité Contra el Terrorismo (CCT) de la Organización de la Naciones Unidas, de acuerdo con información obtenida a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Además, en mayo del 2005, se concretó el traspaso del Instituto Nacional de Migración (INM), al Consejo de Seguridad Nacional (CSN), una dependencia creada en enero de ese año, luego de largos debates parlamentarios. El objetivo de ese cambio consistió en que todos los bancos de datos del INM formaran parte de la Red Nacional de Información, la cual se comparte a nivel trinacional, en el marco de la ASPAN.

Aunque el primer objetivo del CSN es “proteger a la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente”, organizaciones civiles mexicanas advierten que el traspaso de la información del INM al Consejo de Seguridad criminaliza la migración.

El 24 de febrero de ese año, el Senado aprobó –con el aval del PRI y PAN– una reforma al artículo 76 constitucional para que las fuerzas armadas participen en operaciones internacionales de paz y en ejercicios militares con Estados Unidos y otros países. Prevé que las decisiones sobre el nuevo papel del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea recaerán en el Ejecutivo federal, sin pasar por el Senado.

Así se preparó el escenario para las iniciativas que propuso Felipe Calderón. Entre ellas, la derogación de la Ley de Neutralidad de 1939, la creación de un Código Penal único, la propuesta de autonomía del ministerio público de la Federación; y nuevas reglas en los procesos del crimen organizado.

Jalife ve en esas reformas un blindaje destinado a evitar que desde suelo mexicano penetren los numerosos enemigos de Estados Unidos. El TLCAN y la ASPAN son dos instrumentos que lograron que México “sea deglutido al esquema de la seguridad periférica de Estados Unidos”. Estima que las medidas civiles que diseñó México para contrarrestar el terrorismo islámico, “son parte de la estrategia estadunidense para controlar el petróleo mexicano”.

El investigador en temas de seguridad nacional, Raúl Benítez Manaut, llama la atención sobre las medidas legales aprobadas en Estados Unidos tras el 11-S. Todas ellas, amplían la esfera de seguridad de esa nación y acotan las libertades civiles de los estadunidenses mediante la ampliación de los poderes del Estado.

Benítez cita la ley FISA S, 1927, aprobada en agosto pasado, la cual permite las escuchas telefónicas e intercepción de correos electrónicos de personas en Estados Unidos que se comunican con individuos en el extranjero y modifica a la Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros, (FISA, por sus siglas en inglés) que data de 1978.

Cita la iniciativa estadunidense vinculada con la seguridad de aeropuertos y puertos. Se trata de una forma de “inspección total” y de “seguridad total” que, afirma, no afecta de manera directa las libertades. “Sólo las priva si se quiere viajar, pues con el control de pasajeros, se restringirá más el acceso al avión con bienes y deberán acostumbrarse a esas nuevas medidas”.

Los mexicanos están entre los que más resentirán esas restricciones pues son quienes más usan las fronteras terrestres de Estados Unidos, así como los pasajeros procedentes de Asia –cuyos viajes a aquella nación van en aumento– y los europeos.

La iniciativa HR418 –que presentó el congresista James Sensebrenner de Wisconsin, en enero de 2005– también afecta a millones de mexicanos, pues facultó al Secretario de Seguridad Interna a autorizar la construcción de bardas protectoras en la frontera con México.

A través de la ASPAN ese marco legal estadunidense podría pasar a las legislaciones de Canadá y México. Es posible que surjan iniciativas en esa dirección, explica Benítez Manaut, quien agrega que para que esas leyes se apliquen rápidamente, se emiten como Decretos y paulatinamente se adaptan o “se negocian con otros gobiernos. Este será el caso”.

Tal como ocurre en Estados Unidos desde el 11-S, también el gobierno mexicano recurrió a los decretos Ejecutivos para eludir su discusión por el Senado. Así ocurrió con la ASPAN, que entró en vigor en marzo del 2005 por decreto de los jefes de estado de Canadá, Estados Unidos y México.

Para John Saxe la remodelación del aparato judicial conforma el “desborde del Estado de Excepción” que se observa en el programa “de modernización” del sector judicial para el Código Penal, que desarrolló el Banco Mundial para México.

De igual manera, coinciden en tiempos la aprobación del espionaje telefónico de ciudadanos estadunidenses sin autorización judicial, la solicitud del Ejecutivo mexicano en el mismo sentido y la contratación gubernamental de firmas estadunidenses para monitorear teléfonos y comunicaciones privadas de mexicanos.

Para Saxe, el uso “deplorable” de los instrumentos del Estado en los comicios mexicanos del 2006 debilitó la credibilidad de las instituciones y, simultáneamente, propiciará el abstencionismo. Esos son factores “precipitantes de violencia interna”, advierte.

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