Por Sergio Elías Gutiérrez Salazar */ El Norte / Grupo REFORMA / 22 julio 2008
Las sesiones para la discusión de la reforma petrolera que se llevan a cabo en el Senado de la República han tenido factores positivos: muchas voces y muchas buenas ideas se han expresado. Han participado poco más de 150 ponentes, casi en el mismo porcentaje a favor y en contra de la propuesta de reformas.
En una sola ocasión, antes, que yo recuerde, se celebraron audiencias públicas para un proceso de reformas constitucionales. En 1977, Jesús Reyes Heroles convocó a una consulta pública para la reforma electoral. Académicos e intelectuales participaron con resultados satisfactorios.
El jueves pasado, en la sesión número 20, dedicada a los aspectos de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción en PEMEX, compareció un personaje que merecería mayor atención de los medios. Me refiero a Arturo González de Aragón, Auditor Superior de la Federación. En su intervención, el Auditor de la Nación señaló aspectos que deberían haber tenido mayor cobertura mediática.
De entrada puso en evidencia que PEMEX tendrá futuro siempre y cuando se sustente en una situación financiera sólida. Para ello, el Estado requiere emprender decididamente algunas acciones en materia fiscal, regulatoria y estructural.
La crítica a la política fiscal al Estado mexicano es contundente. González de Aragón expuso que, según la OCDE, México tiene la más baja eficiencia recaudatoria de los 30 países miembros de esa organización. El promedio de recaudación respecto del Producto Interno Bruto de estos países es del 36 por ciento. Suecia está a la cabeza, con 51 por ciento del PIB y México en el último lugar con sólo el 20 por ciento.
Además, en el caso mexicano, obra la circunstancia de que, en los últimos años, más de un tercio de los impuestos que el fisco recauda los recibe de la llamada renta petrolera.
Lo más preocupante es que, en los últimos seis años, la tasa de crecimiento de los impuestos disminuyó del 70 por ciento el 2001, al 58 por ciento el año pasado. La captación fiscal cae en lugar de aumentar, no obstante las promesas en contra.
González de Aragón señaló entre las causas de ese problema las excesivas devoluciones de impuestos a los contribuyentes, Sólo entre 2000 y 2006, en pleno foxiato, se regresaron 680 mil millones de pesos. El monto del 2005 fue el doble que el del 2000.
En el 2005, los 50 más grandes contribuyentes pagaron al fisco sólo 74 pesos en promedio. Ese año, casi la mitad de los créditos fiscales estaban en litigio. Hace unos días, EL NORTE publicó que se ha convertido en una industria tramitar amparos contra el pago de impuestos. En esta materia somos los número uno del mundo.
El Auditor de la Federación resaltó la urgencia de "mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado, requiriéndose para ello dotar a las entidades federativas y municipios de mayores facultades, ampliar el padrón de contribuyentes, eliminar el sector informal, acabar con el contrabando, simplificar el marco jurídico impositivo, reducir los regímenes especiales, contar con una política fiscal de largo plazo, otorgar certeza jurídica y mejorar la recuperación de las obligaciones en litigio".
Como se puede ver, son tan grandes las deficiencias en la administración tributaria, que sería más fácil obtener el voto de favorable de los perredistas en la reforma petrolera que mejorar la eficacia recaudatoria.
Lo más grave es que, además de la deficiente recaudación, existe una peor eficacia en materia de gasto público. Entre 2001 y 2006 se produjeron ingresos adicionales por 720 mil millones de pesos. De ésos, el 73 por ciento se aplicó a gasto corriente, el 14 por ciento a inversiones financieras y el 13 por ciento a inversión física directa. La industria petrolera, con todo y las deplorables condiciones en que está, ha sido la caja grande que ha pagado la fiesta de la burocracia que padecemos.
Un mínimo de racionalidad política aconsejaría que el Gobierno, al mismo tiempo que pide apoyo para privatizar lo que queda de esta industria, nos dijera cómo va a hacer efectivas las recomendaciones de Auditor de la Federación.
Si Calderón hubiera iniciado su gestión con un programa de racionalidad en el gasto y una mejoría sensible en los procesos de gobierno, sería más fácil obtener apoyo para vender los últimos activos que le quedan al País.
* Es abogado y doctor en derecho por la UANL. Profesor en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y Director y profesor en la Maestría en Derecho de la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del TEC de Monterrey (ITESM). Es autor de artículos especializados en derecho y administración pública y, Notario Publico en el Estado de Nuevo Leon.
Las sesiones para la discusión de la reforma petrolera que se llevan a cabo en el Senado de la República han tenido factores positivos: muchas voces y muchas buenas ideas se han expresado. Han participado poco más de 150 ponentes, casi en el mismo porcentaje a favor y en contra de la propuesta de reformas.
En una sola ocasión, antes, que yo recuerde, se celebraron audiencias públicas para un proceso de reformas constitucionales. En 1977, Jesús Reyes Heroles convocó a una consulta pública para la reforma electoral. Académicos e intelectuales participaron con resultados satisfactorios.
El jueves pasado, en la sesión número 20, dedicada a los aspectos de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción en PEMEX, compareció un personaje que merecería mayor atención de los medios. Me refiero a Arturo González de Aragón, Auditor Superior de la Federación. En su intervención, el Auditor de la Nación señaló aspectos que deberían haber tenido mayor cobertura mediática.
De entrada puso en evidencia que PEMEX tendrá futuro siempre y cuando se sustente en una situación financiera sólida. Para ello, el Estado requiere emprender decididamente algunas acciones en materia fiscal, regulatoria y estructural.
La crítica a la política fiscal al Estado mexicano es contundente. González de Aragón expuso que, según la OCDE, México tiene la más baja eficiencia recaudatoria de los 30 países miembros de esa organización. El promedio de recaudación respecto del Producto Interno Bruto de estos países es del 36 por ciento. Suecia está a la cabeza, con 51 por ciento del PIB y México en el último lugar con sólo el 20 por ciento.
Además, en el caso mexicano, obra la circunstancia de que, en los últimos años, más de un tercio de los impuestos que el fisco recauda los recibe de la llamada renta petrolera.
Lo más preocupante es que, en los últimos seis años, la tasa de crecimiento de los impuestos disminuyó del 70 por ciento el 2001, al 58 por ciento el año pasado. La captación fiscal cae en lugar de aumentar, no obstante las promesas en contra.
González de Aragón señaló entre las causas de ese problema las excesivas devoluciones de impuestos a los contribuyentes, Sólo entre 2000 y 2006, en pleno foxiato, se regresaron 680 mil millones de pesos. El monto del 2005 fue el doble que el del 2000.
En el 2005, los 50 más grandes contribuyentes pagaron al fisco sólo 74 pesos en promedio. Ese año, casi la mitad de los créditos fiscales estaban en litigio. Hace unos días, EL NORTE publicó que se ha convertido en una industria tramitar amparos contra el pago de impuestos. En esta materia somos los número uno del mundo.
El Auditor de la Federación resaltó la urgencia de "mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado, requiriéndose para ello dotar a las entidades federativas y municipios de mayores facultades, ampliar el padrón de contribuyentes, eliminar el sector informal, acabar con el contrabando, simplificar el marco jurídico impositivo, reducir los regímenes especiales, contar con una política fiscal de largo plazo, otorgar certeza jurídica y mejorar la recuperación de las obligaciones en litigio".
Como se puede ver, son tan grandes las deficiencias en la administración tributaria, que sería más fácil obtener el voto de favorable de los perredistas en la reforma petrolera que mejorar la eficacia recaudatoria.
Lo más grave es que, además de la deficiente recaudación, existe una peor eficacia en materia de gasto público. Entre 2001 y 2006 se produjeron ingresos adicionales por 720 mil millones de pesos. De ésos, el 73 por ciento se aplicó a gasto corriente, el 14 por ciento a inversiones financieras y el 13 por ciento a inversión física directa. La industria petrolera, con todo y las deplorables condiciones en que está, ha sido la caja grande que ha pagado la fiesta de la burocracia que padecemos.
Un mínimo de racionalidad política aconsejaría que el Gobierno, al mismo tiempo que pide apoyo para privatizar lo que queda de esta industria, nos dijera cómo va a hacer efectivas las recomendaciones de Auditor de la Federación.
Si Calderón hubiera iniciado su gestión con un programa de racionalidad en el gasto y una mejoría sensible en los procesos de gobierno, sería más fácil obtener apoyo para vender los últimos activos que le quedan al País.
* Es abogado y doctor en derecho por la UANL. Profesor en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y Director y profesor en la Maestría en Derecho de la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del TEC de Monterrey (ITESM). Es autor de artículos especializados en derecho y administración pública y, Notario Publico en el Estado de Nuevo Leon.
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