Gloria Leticia Díaz, Proceso 1589
En la zona tlapaneca de La Montaña, en Guerrero, los soldados del Ejército Mexicano“buscan” guerrilleros y con ese pretexto arrasan cultivos, roban cosechas y violan a mujeres indígenas. Y cuando alguien como la dirigente Obtilia Eugenio Manuel se atreve a denunciarlos, las procuradurías estatal y General de la República se niegan a investigar, en tanto que los militares toman represalias. Las denuncias ya están en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)…
Amenazada de muerte desde junio de 2002 por haber defendido a dos mujeres indígenas violadas, Obtilia Eugenio Manuel le reprochó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez: “Los funcionarios del gobierno protegen a los militares y no quieren investigar, mientras yo sigo vigilada y perseguida. Ustedes serán los responsables de lo que me ocurra a mí, a mi familia y los miembros de mi organización”.
La reacción de Obtilia, quien dirige la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco A.C., ocurrió el pasado 12 de abril, después de que el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín, y su subalterno José Ignacio Martín del Campo solicitaron a Meléndez dejar sin efecto el ordenamiento 6/05, del 14 de enero de 2005, para que el gobierno mexicano brindara protección cautelar a la indígena tlapaneca, a su familia y a los miembros de su organización, así como para “esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de las medidas”.
Mario Patrón Sánchez, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –y quien acompañó a Obtilia Eugenio a la SRE para la audiencia de revisión del cumplimiento de la mencionada recomendación–, explica que según los funcionarios federales “no hay evidencias de que en las amenazas participaron elementos del Ejército Mexicano”, lo cual, afirma, “es mentira, porque nosotros tenemos constancia de que al menos uno, Onésimo Rendón Cornelio, quien la amenazó nuevamente el 14 de febrero pasado, es miembro activo del Ejército. Además, las medidas cautelares nunca se llevaron a cabo de la manera en que se acordó, por lo que Obtilia sigue siendo vulnerable”.
Originaria de la comunidad tlapaneca Barranca de Guadalupe, en el municipio de Ayutla de los Libres, Obtilia Eugenio Manuel emprendió en febrero y marzo de 2002, respectivamente, la defensa de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, violadas por militares mientras las interrogaban sobre la presunta actividad de grupos guerrilleros en esa región indígena.
Entrevistada tras la reunión con el presidente de la CIDH, la dirigente tlapaneca dice que su labor consistió en convencer a las mujeres y a sus maridos para que denunciaran los hechos, y después acompañarlas a todas las diligencias judiciales como su traductora.
El 6 junio de 2002, durante la conmemoración de la masacre de 11 indígenas en la comunidad de El Charco, Obtilia fue interceptada por Alfonso Morales Silvino y Onésimo Rendón Cornelio, quienes le advirtieron que “los militares estaban muy enojados y querían vengarse” por su defensa de Valentina e Inés.
Obtilia les avisó a sus compañeros de esa amenaza. Un día después, en la comunidad de El Charco, los indígenas les pidieron su identificación a Morales y Rendón. Lograron que les entregaran una libreta que contenía datos sobre dirigentes indígenas, como domicilios, croquis y apuntes sobre la rutina de cada uno.
En diciembre de 2004, Obtilia Eugenio participó en el foro “Contra el silencio y el olvido. La voz de los pueblos indígenas de México”, organizado por el centro Tlachinollan. Ahí, la dirigente exigió el esclarecimiento de las violaciones de Inés y Valentina. El día 9 de ese mes llegó a su casa un mensaje anónimo con referencias a lo que declaró en el foro, se le advertía que era vigilada y se les amenazaba de muerte a ella y a su familia.
Por ese motivo, el 8 de enero de 2005 el centro Tlachinollan solicitó la intervención de la CIDH para que se otorgara protección cautelar para la defensora de derechos humanos y se investigaran a fondo las amenazas. Siete días después la CIDH emitió su recomendación 6/05.
Entre las medidas de seguridad, los defensores de Obtilia y el gobierno mexicano acordaron que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal realizaran rondines, y que la casa de la dirigente tlapaneca contara con vigilancia mediante una cámara de video y un monitor (que nunca funcionaron).
Desde ese mismo año, miembros de la organización Brigadas Internacionales de Paz acompañan a Obtilia para velar por su seguridad.
“El problema es que durante el paso del tiempo las medidas cautelares se han incumplido. Consideramos que la investigación de los hechos de amenazas y persecución es la mejor medida, porque desde nuestra perspectiva es justamente la impunidad lo que permite la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, y a nivel doméstico el Ejército Mexicano es la autoridad más impune: las autoridades civiles están subordinadas a él y tan es así que las investigaciones de Inés y Valentina las mandaron a la Procuraduría de Justicia Militar, que hasta ahora no ha señalado a responsables”, señala el abogado Patrón Sánchez. Él también representa ante la CIDH a las dos indígenas violadas.
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En la zona tlapaneca de La Montaña, en Guerrero, los soldados del Ejército Mexicano“buscan” guerrilleros y con ese pretexto arrasan cultivos, roban cosechas y violan a mujeres indígenas. Y cuando alguien como la dirigente Obtilia Eugenio Manuel se atreve a denunciarlos, las procuradurías estatal y General de la República se niegan a investigar, en tanto que los militares toman represalias. Las denuncias ya están en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)…
Amenazada de muerte desde junio de 2002 por haber defendido a dos mujeres indígenas violadas, Obtilia Eugenio Manuel le reprochó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez: “Los funcionarios del gobierno protegen a los militares y no quieren investigar, mientras yo sigo vigilada y perseguida. Ustedes serán los responsables de lo que me ocurra a mí, a mi familia y los miembros de mi organización”.
La reacción de Obtilia, quien dirige la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco A.C., ocurrió el pasado 12 de abril, después de que el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín, y su subalterno José Ignacio Martín del Campo solicitaron a Meléndez dejar sin efecto el ordenamiento 6/05, del 14 de enero de 2005, para que el gobierno mexicano brindara protección cautelar a la indígena tlapaneca, a su familia y a los miembros de su organización, así como para “esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de las medidas”.
Mario Patrón Sánchez, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –y quien acompañó a Obtilia Eugenio a la SRE para la audiencia de revisión del cumplimiento de la mencionada recomendación–, explica que según los funcionarios federales “no hay evidencias de que en las amenazas participaron elementos del Ejército Mexicano”, lo cual, afirma, “es mentira, porque nosotros tenemos constancia de que al menos uno, Onésimo Rendón Cornelio, quien la amenazó nuevamente el 14 de febrero pasado, es miembro activo del Ejército. Además, las medidas cautelares nunca se llevaron a cabo de la manera en que se acordó, por lo que Obtilia sigue siendo vulnerable”.
Originaria de la comunidad tlapaneca Barranca de Guadalupe, en el municipio de Ayutla de los Libres, Obtilia Eugenio Manuel emprendió en febrero y marzo de 2002, respectivamente, la defensa de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, violadas por militares mientras las interrogaban sobre la presunta actividad de grupos guerrilleros en esa región indígena.
Entrevistada tras la reunión con el presidente de la CIDH, la dirigente tlapaneca dice que su labor consistió en convencer a las mujeres y a sus maridos para que denunciaran los hechos, y después acompañarlas a todas las diligencias judiciales como su traductora.
El 6 junio de 2002, durante la conmemoración de la masacre de 11 indígenas en la comunidad de El Charco, Obtilia fue interceptada por Alfonso Morales Silvino y Onésimo Rendón Cornelio, quienes le advirtieron que “los militares estaban muy enojados y querían vengarse” por su defensa de Valentina e Inés.
Obtilia les avisó a sus compañeros de esa amenaza. Un día después, en la comunidad de El Charco, los indígenas les pidieron su identificación a Morales y Rendón. Lograron que les entregaran una libreta que contenía datos sobre dirigentes indígenas, como domicilios, croquis y apuntes sobre la rutina de cada uno.
En diciembre de 2004, Obtilia Eugenio participó en el foro “Contra el silencio y el olvido. La voz de los pueblos indígenas de México”, organizado por el centro Tlachinollan. Ahí, la dirigente exigió el esclarecimiento de las violaciones de Inés y Valentina. El día 9 de ese mes llegó a su casa un mensaje anónimo con referencias a lo que declaró en el foro, se le advertía que era vigilada y se les amenazaba de muerte a ella y a su familia.
Por ese motivo, el 8 de enero de 2005 el centro Tlachinollan solicitó la intervención de la CIDH para que se otorgara protección cautelar para la defensora de derechos humanos y se investigaran a fondo las amenazas. Siete días después la CIDH emitió su recomendación 6/05.
Entre las medidas de seguridad, los defensores de Obtilia y el gobierno mexicano acordaron que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal realizaran rondines, y que la casa de la dirigente tlapaneca contara con vigilancia mediante una cámara de video y un monitor (que nunca funcionaron).
Desde ese mismo año, miembros de la organización Brigadas Internacionales de Paz acompañan a Obtilia para velar por su seguridad.
“El problema es que durante el paso del tiempo las medidas cautelares se han incumplido. Consideramos que la investigación de los hechos de amenazas y persecución es la mejor medida, porque desde nuestra perspectiva es justamente la impunidad lo que permite la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, y a nivel doméstico el Ejército Mexicano es la autoridad más impune: las autoridades civiles están subordinadas a él y tan es así que las investigaciones de Inés y Valentina las mandaron a la Procuraduría de Justicia Militar, que hasta ahora no ha señalado a responsables”, señala el abogado Patrón Sánchez. Él también representa ante la CIDH a las dos indígenas violadas.
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