Atenderá Calderón observaciones a la cuenta foxista 2005
(apro).- El presidente Felipe Calderón envió una carta al auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, en la que se compromete a atender las observaciones sobre la Cuenta Pública 2005, cuyas presuntas irregularidades involucran 26 mil millones de pesos.
El viernes anterior, González de Aragón entregó ante la Cámara de Diputados su informe anual, en el que también aparecieron cuestionamientos a la decisión de la Secretaría de Hacienda –vía el Servicio de Administración Tributaria (SAT)— sobre la devolución de impuestos a diez grandes contribuyentes, por más de 17 mil millones de pesos en IVA e Impuesto sobre la Renta (ISR).
En su misiva, el Ejecutivo aseguró al titular de la ASF que la rendición de cuentas es un imperativo democrático:
“Desde el primer día de mi mandato he insistido en que el gobierno de la República debe mostrar, con acciones, que realiza un esfuerzo significativo para usar, de manera eficiente y transparente, los recursos de los ciudadanos”, indicó.
La ASF es un organismo vinculado a la Cámara de Diputados. Una de las encomiendas principales de su titular, González de Aragón, es vigilar el uso de los recursos públicos.
El reporte de la ASF detalló presuntas irregularidades cometidas por el gobierno del expresidente Vicente Fox, toda vez que se trata de la Cuenta Pública 2005. Sin embargo, corresponde a la administración federal en turno responder a las observaciones.
Durante la presentación del informe, el auditor explicó a los diputados que los entes auditados cuentan con 45 días hábiles para entregar las evidencias y documentación soporte de que se atendieron las observaciones y se corrigieron las irregularidades en el manejo del Presupuesto de Egresos 2005.
Por su parte, Calderón Hinojosa instruyó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que despliegue las acciones necesarias a fin de responder a las observaciones y acciones formuladas por la ASF.
“La Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación encontrarán seguimiento puntual a sus requerimientos de información, en relación con del desempeño de la administración federal”, indicó el titular del Ejecutivo.
Nota de la agencia Apro
Fiasco de Vicente Fox, el Seguro Popular: ASF
El Seguro Popular, utilizado en 2006 por Vicente Fox con fines electorales, es un programa que no cumplió -ni lo hará- con sus metas de afiliación, porque no consideró en sus proyecciones el incremento poblacional y utilizó la estructura médica de los institutos Mexicano del Segurto Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de las fuerzas armadas y de Petróleos Mexicanos (Pemex), e inclusive recurrió a clínicas privadas para otorgar consultas, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En el informe de la Cuenta Pública 2005, la auditoría determinó que aun el gobierno de Felipe Calderón no podrá cumplir con el compromiso de otorgar, en 2010, una cobertura total a la población que no tiene acceso a las prestaciones y servicios del Sistema Nacional de Salud.
Además, determinó que las partidas presupuestales del gobierno federal al Seguro Popular no serán suficientes para cubrir la demanda y que, de mantenerse el ritmo actual y la incorporación de padecimientos de alto costo, para el año 2025 tendrá un déficit de 430 mil 458 millones de pesos.
Como parte de las conclusiones de la auditoría de eficacia en la cobertura del seguro, el órgano superior de fiscalización refirió que, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Salud (Ssa) en el gobierno foxista, para 2010 el número de familias incorporadas a ese sistema de seguridad médica ascendería a 11 millones 986 mil 227, es decir, 94.7 por ciento de las 12 millones 649 mil 905 familias de la población objetivo del seguro, ''lo que significa que 663 mil 678 núcleos familiares no tendrán acceso a las prestaciones y servicios del sistema, en infracción del artículo octavo transitorio, primer párrafo'', de la Ley General de Salud.
La auditoría, además, estimó a partir de los alcances definidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, respecto de otorgar la cobertura total a la población a la que se dirigió el citado programa, que la administración foxista ''realizó una proyección lineal (de los objetivos), sin considerar el incremento poblacional''.
Y añadió: ''Las familias que constituyen la población objetivo se incorporarán después de 2010 al programa y, para entonces, considerando el crecimiento de la población, se calcula que las familias beneficiadas ascenderán a 14 millones 39 mil 620, lo cual significa que 2 millones 53 mil 393 no tendrán acceso a las prestaciones y servicios del sistema". Asimismo, parte de la controversia entre los diputados y el gobierno de Fox, respecto del programa, se sustentó en la crítica de que no se invirtieron recursos en infraestructura médica, hecho que se comprueba en las conclusiones de la ASF.
Al desglosar las unidades médicas en que se prestaron los servicios a los afiliados, el órgano fiscalizador determinó que de los 20 mil 568 establecimientos en el padrón, 3 mil 82 se integraron por unidades privadas y 17 mil 486 por clínicas u hospitales de la infraestructura ya existente.
De ese total, 10 mil 647 unidades médicas correspondieron a los servicios estatales de salud; 3 mil 610 al programa IMSS-Oportunidades; mil 345 al IMSS; mil 226 al ISSSTE; 366 a la Secretaría de la Defensa Nacional; 232 a la Secretaría de Marina y 60 a Pemex.
También, la auditoría superior realizó una evaluación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular de Salud, y concluyó que para el periodo 2005-2025, los ingresos captados serán insuficientes para garantizar la atención de padecimientos de altos costos en la población beneficiada.
Y es que para determinar si entre 2005 y 2010 se podría garantizar la prestación del seguro se analizaron los estudios actuariales sobre costos y desviaciones de la siniestralidad esperada para el programa, así como sus pasivos.
De dicha revisión, la ASF precisó que para 2010 los ingresos totales que se captarán por las aportaciones de los gobiernos federal y estatal, así como de las cuotas de atención, ascenderían a 142 millones 98 mil pesos, cuando las previsiones del costo del servicio son de 226 millones 10 mil, cifra a la que se llegó con base en el costo de los padecimientos incluidos en el Catálogo de Servicios Especiales (Cases).
''En consecuencia, en el periodo 2005-2010 los costos del Seguro Popular crecerán 52 por ciento en promedio anual, al pasar de 27 millones 877 mil pesos a 226 millones 10 mil. Al relacionar tanto ingresos como gastos estimados, se observó que para el periodo se registrará un déficit de 11 millones 560 mil pesos, que aumentará a 83 millones 912 mil, y no serán suficientes para cubrir el costo de atención del Cases'', indica la auditoría.
La ASF recomendó a Calderón ''elabore un estudio para identificar fuentes alternas de financiamiento que garanticen la prestación efectiva, oportuna, de calidad y sin desembolso al momento de la utilización de los servicios a la población afiliada al sistema, que los demanda para mejorar y restaurar su salud".
Nota original de La Jornada
El precio del maíz es la justicia social
El aumento en la demanda de producción de etanol en los Estados Unidos ha dejado a millones de mexicanos con una importante subida en los precios del maíz. Urge adoptar una reforma política para proteger a los agricultores mexicanos del impacto de la agroindustria estadounidense, fuertemente industrializada y subsidiada. Por John Burstein y Manuel Pérez Rocha.
El sistema de producción y distribución alimentaria en México se encuentra en una creciente crisis, tal como se reconoció, aunque indirectamente, en la declaración oficial con que se cerraron las recientes negociaciones entre los presidentes George Bush y Felipe Calderón. Ambos acordaron formar un grupo de trabajo binacional sobre la materia. El revisar el capítulo sobre agricultura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) quedó totalmente descartado, y la agenda binacional prevé en su lugar estudiar cómo “suavizar la transición” de los pequeños agricultores, que representan el 20 por ciento de la población mexicana. En otras palabras: “sí, no, quizá”. Todo el mundo sabe que es necesario abordar la cuestión de la pobreza rural y que, desde el punto de vista político, ésta se debe vincular con la reforma sobre inmigración que ha alcanzado un punto crítico en los Estados Unidos.
Para entender la crisis alimentaria, tomemos el ejemplo del maíz. Se ha dicho y escrito mucho sobre la importancia simbólica de este clásico alimento mexicano que, en las tradiciones indígenas adquiere rasgos de divinidad. Pero aún hoy en día, la mayoría de los 100 millones de mexicanos sigue dependiendo de las tortillas –y de los frijoles– para asegurarse hasta la mitad de su ingestión de calorías y proteínas. Por lo tanto, el aumento en el precio del maíz a principios de año, que se explica en parte por el incremento de la demanda de etanol en los Estados Unidos, es un hecho de graves dimensiones.
Dicho aumento afectó a las tortillas directamente –cuyos precios subieron entre un 40 y un 100 por ciento en el lapso de una semana– y, según Víctor Quintana, ex diputado federal y dirigente del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, las secuelas se seguirán notando con el aumento del precio de otros alimentos básicos como los huevos, la leche y la carne. El hecho ya ha provocado marchas de protesta multitudinarias que, como era de esperar, han exhibido un fervor que recuerda a las de las revueltas del pan más sonadas.
“Que coman pastel” fueron las famosas palabras pronunciadas por una reina que poco después perdió la cabeza. Felipe Calderón, que acababa de ocupar el despacho presidencial cuando estalló la crisis del maíz, reaccionó con lentitud, nunca se comprometió a defender el precio regulado de este alimento básico y, finalmente, recurrió a una negociación con las distribuidoras y las tortillerías. El pacto entre caballeros –que fijó un tope de 8,50 pesos por kilo– sólo fue firmado por unas 5.000 de las más de 65.000 tortillerías del país. Calderón aún tiene la cabeza pegada al cuerpo, pero el furor político está lejos de amainar. De hecho, a mediados de febrero, los precios de la leche y la carne, alimentos que proceden de reses alimentadas con maíz, comenzaron también a despuntar.
Esta oleada de encarecimiento de los alimentos de primera necesidad es síntoma de las profundas corrientes que están atravesando la economía y la sociedad. En primer lugar, hay un abismo que separa a los sectores productivo y comercial. Esto no son los Estados Unidos, donde la agricultura está mecanizada, tremendamente centralizada en las manos del capital globalizado, y cuya producción está subvencionada por el gobierno con miles de millones de dólares anuales. En México, sucede todo lo contrario; la asistencia técnica, los créditos y todo tipo de participación económica por parte del Estado en el sector primario se recortaron drásticamente hace más de una década. Es como si el sector estuviera sujeto a un veto presupuestario. De hecho, esta regresión se trató de una decisión ejecutiva, tomada por el presidente Carlos Salinas (1988-1994), antes de que México expulsara del poder al que durante tantos años fuera el partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 2000.
La iniciativa para liberalizar el sector agrícola llegó acompañada de la de abandonar el compromiso estatal con la reforma agraria y la de unir, de manera subordinada, la economía mexicana a la de Estados Unidos. Esto es lo que se conoce como TLCAN. Es cierto que la población campesina dedicada al cultivo –incluidos muchos pueblos indígenas– quedó parcialmente protegida por un período de transición de 15 años durante el que los trabajadores que no fueran competitivos globalmente debían ir saliendo del campo para entrar en la maquila y en otras industrias y servicios. ¿Acaso no bastó con esos 15 años para desarraigar a millones de hogares? Nunca lo sabremos porque, haciendo uso del más puro estilo draconiano, el Gobierno mexicano suprimió voluntariamente algunos aranceles sobre cereales básicos antes de lo previsto y permitió que se rebasaran las cuotas de importación establecidas. Sobra decir que el éxodo del campo no se detuvo en las fronteras mexicanas, sino que entró en el territorio y la economía estadounidenses.
Hay todo un escándalo en torno a la rápida invasión que está sufriendo el variado mercado de maíces autóctonos en México por parte del grano procedente del Medio Oeste de Estados Unidos, que es mucho más barato (es decir, industrializado, subvencionado y producido con biotecnologías). El sistema de distribución al por mayor en México se privatizó y se vendió a las transnacionales Maseca, Minsa, Cargill y otras grandes empresas mediante una oscura licitación proyectada por el hermano de Carlos Salinas, Raúl (que ha salido recientemente de prisión, acusado de narcotráfico y otros delitos de corrupción). A esto siguió, inevitablemente, la industrialización del sector. Las tortillerías “familaires” cerraron, o dejaron de utilizar la masa de nixtamal con base en el maíz fresco para pasarse al maíz deshidratado y pulverizado, bautizado con la marca de su propietario, “Maseca”, un nombre ahora tan conocido como “Kleenex” en los Estados Unidos.
Con la calidad de las pseudotortillas reducida al mínimo común denominador –que comparte con el pan blanco rebanado de la multinacional Grupo Bimbo–, las dos grandes empresas mexicanas, Maseca y Minsa, se hicieron con el mercado de la clase media. Como era de prever, los ingresos reales de los agricultores del maíz sufrieron una caída, que se vio exacerbada porque el maíz estadounidense inundó los mercados locales. Los beneficios se concentran ahora en estas empresas industrializadas que controlan el proceso de transformación y una parte cada vez mayor de la distribución a través de las cadenas de supermercados. Así es como funciona el capitalismo moderno.
En resumen, adoptando “eficientemente” economías de escala, el resultado inevitable fue el oligopolio. Los principales beneficios, como de costumbre, se acumulan en las fases de posproducción de transformación de la materia prima y en la distribución y marketing. Ahora que la industria está integrada verticalmente –desde la harina hasta la tortilla empaquetada– los pequeños agricultores han quedado marginados del mercado del maíz, y muchos de ellos han abandonado sus comunidades a cambio de una vida como trabajador indocumentado en los Estados Unidos.
El pacto social del país, que se remonta a la revolución mexicana de 1910, se basaba en garantizar la tierra por parte del Estado, mediante un ambicioso programa de reforma agraria, para aquellos que desearan cultivarla; además, los términos comerciales entre campo y ciudad eran más tolerables gracias a las ganancias del petróleo, monopolizadas durante la década de 1930 para el beneficio de la nación. Hoy en día, ese acuerdo se llamaría “soberanía alimentaria”. Por lo tanto, es un insulto político y una injuria económica que se haya sacrificado la soberanía alimentaria a favor de la eficiencia del mercado para recompensar económicamente a un puñado de empresas altamente capitalizadas. El salario mínimo mexicano –que no alcanza los seis dólares diarios– se incrementó menos del cuatro por ciento en 2007, mientras que los alimentos básicos podrían muy bien haber aumentado el doble.
Dada la precariedad política del país, las prácticas de acumulación y especulación de la agroindustria son audaces. La presión sobre el maíz y el precio de las tortillas empezó en enero, un mes después de que Calderón subiera al poder. Una escasísima diferencia en el recuento final de las elecciones presidenciales de 2006 condujo al candidato de izquierdas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, a denunciar un fraude y autoproclamarse “presidente legítimo” del país. Bertha Luján, miembro de su gabinete, ha previsto una grave depresión en la demanda interna. De hecho, con los salarios indexados a la inflación desde hace tiempo, la cuota de beneficios de los trabajadores ha caído muy por detrás del aumento en la productividad laboral. Sin duda, el creciente precio de los alimentos básicos desmiente el compromiso inaugural de Calderón de adoptar una política de reconciliación en el país.
La economía nacional se debería estimular en lugar de seguir asfixiándola. Para acabar de empeorar las cosas, es tan poco probable que se adopte la tan necesitada reforma fiscal progresista que quedó pendiente desde el Gobierno de Vicente Fox, predecesor de Calderón por el mismo partido, el Partido de Acción Nacional (PAN). Finalmente, sigue siendo un interrogante si la economía estadounidense seguirá creciendo a un ritmo capaz de generar una demanda continua y creciente para una desesperada fuerza de trabajo mexicana, o si el entorno político estadounidense lo permitirá. Hay muchos indicios que apuntan a un clima de retroceso en los Estados Unidos, marcado por la seguridad y contrario a la inmigración.
Así pues, ¿qué es lo que debería recomendar ese nuevo “grupo de trabajo” mexico-estadounidese? Una reforma política seria, integral y coordinada. El mercado mexicano de alimentos básicos se debería proteger para compensar por el tiempo robado a los agricultores mexicanos al principio del TLCAN, y los granos básicos deberían quedar fuera de toda negociación. Mientras tanto, los Estados Unidos deberían eliminar los subsidios concedidos a un sector agrícola industrial que ya es perfectamente competitivo y que ahora se ve recompensado con el incremento en la demanda de etanol. Una parte de lo ahorrado con esas medidas se debería destinar a inversiones para el desarrollo rural mexicano y, otra, para la integración legal de los más de 10 millones de trabajadores indocumentados en el país. México debería ajustar el salario mínimo y efectuar las reformas fiscales necesarias para canalizar mayores fondos a los trabajadores, tanto en forma de salarios urbanos como de beneficios para los pequeños agricultores. En conclusión, se debería trabajar por la coordinación de políticas en esos ámbitos interrelacionados que son el comercio, la inmigración y la agricultura.
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Los autores son miembros del Center for International Policy, en Washington, D.C., y de la Red Mexicana de Acción Frente el Libre Comercio e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo en la Ciudad de México. (Traducción de Beatriz Martínez)
Nota original de John Burstein and Manuel Pérez Rocha
Calentamiento Global y Contaminación
Cuatro veces, en la primera quincena de marzo, se alcanzaron temperaturas superiores a los 30 grados centígrados en el DF. Este calor elevado genera las condiciones idóneas para que los contaminantes que abundan en el medio ambiente sufran reacciones fotoquímicas que generan, a su vez, otro tipo de contaminantes, como el ozono.
En este mes, de acuerdo con información de la Red Automática de Monitoreo Ambiental (RAMA), se ha rebasado, por mucho, la norma que establece los niveles máximos permitidos de ozono en el medio ambiente que son de 100 puntos Imeca: los pasados 2 y 8 de marzo la zona noroeste del valle de México alcanzó los 159 y 158 puntos Imeca de ozono. La Norma de Salud 041 establece que no se debe rebasar la norma para ozono por más de una hora al año.
El 2 de marzo de las 16:00 a las 17:00 horas se registraron 158 imeca de ozono y el 8 de marzo de las 16:00 a las 18:00 horas se alcanzaron los 159 Imeca de este contaminante. Todos los índices se registran a la hora de más temperatura y de tránsito pesado en la ciudad.
El ozono es uno de los contaminantes que más afectan a la población vulnerable como bebés, niños y adultos mayores, quienes al estar expuestos a él pueden presentar problemas respiratorios, de ronquera, náuseas y congestión pulmonar.
Según el director general de Gestión Ambiental del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) del gobierno del Distrito Federal (GDF), Víctor Hugo Páramo, hay una relación que existe entre la alta temperatura y el ozono:
"Las altas temperaturas presentan dos fenómenos: el primero es una alta reactividad que funciona como el cerillo que prende la mecha para la formación del ozono. Es decir, debido a la alta contaminación en el ambiente hay gran cantidad de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Con los altos niveles de radiación solar se produce una reacción bioquímica que genera el ozono,
"Por otra parte, las altas temperaturas también propician el crecimiento de la capa donde los contaminantes se concentran. Si a eso le agregamos condiciones de estabilidad atmosférica en donde los vientos están en calma tenemos las condiciones ideales para que los contaminantes, en este caso el ozono, quede estancado en el valle" (Con información del Universal).
Nota publicada por Machete Arte
Disputan cárteles autopista de la coca
VILLAHERMOSA, Tab.- La frontera entre Tabasco y Guatemala es un corredor ideal para el tráfico de drogas, conocido como la autopista de la cocaína, que se ha convertido en un motivo de enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa-Juárez y el del Golfo.
En los 120 kilómetros de frontera que hay entre Guatemala y los municipios de Tenosique y Balancán, prácticamente no hay obstáculos para el flujo de cargamentos de droga.
El alcalde de Tenosique, Antonio Solá Vela, alerta sobre el descuido que existe en la zona y reclama ayuda para que la frontera "no se tijuanice".
La Procuraduría General de la República (PGR) ha admitido que por su situación geográfica y por el aislamiento de la mayor parte de su zona fronteriza, la entidad es un punto importante para los traficantes de drogas, armas e indocumentados.
Informes de la PGR señalan que las bandas del crimen organizado tienen presencia en 13 de los 17 municipios del estado, donde han comprado tanto a autoridades como a policías para operar.
Actualmente se encuentran detenidos bajo arraigo los principales jefes de la Secretaría de Seguridad Pública local, que conformaban un grupo de protección a narcotraficantes conocido como La Hermandad.
El control del coca-freeway, como lo conoce la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), desató desde 2005 una guerra entre los cárteles de la droga.
La importancia que adquirió la ruta quedó manifiesta cuando el cártel del Golfo envió a uno de los más importantes miembros de su grupo de sicarios Los Zetas, Mateo Díaz López, alias Comandante Mateo, detenido el 15 de julio de 2006. Su misión era apoderarse del corredor para facilitar el envío de cargamentos de esa organización y cobrar el derecho de paso a quienes pretendieran utilizar la vía.
Su captura provocó uno de los mayores choques armados en la entidad, cuando la policía enfrentó a más de 20 sicarios de Los Zetas que intentaron rescatar a Díaz López.
El gobernador Andrés Granier Melo reconoce que el estado debe aceptar su realidad "en el sentido de que hay narcotraficantes que operan desde hace años, y su presencia no es producto de la casualidad. Son parte de un mecanismo con el cual poco a poco pretendían apoderarse del territorio". Sin embargo, asegura que su gobierno no será sometido.
Nota original de El Universal
(apro).- El presidente Felipe Calderón envió una carta al auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, en la que se compromete a atender las observaciones sobre la Cuenta Pública 2005, cuyas presuntas irregularidades involucran 26 mil millones de pesos.
El viernes anterior, González de Aragón entregó ante la Cámara de Diputados su informe anual, en el que también aparecieron cuestionamientos a la decisión de la Secretaría de Hacienda –vía el Servicio de Administración Tributaria (SAT)— sobre la devolución de impuestos a diez grandes contribuyentes, por más de 17 mil millones de pesos en IVA e Impuesto sobre la Renta (ISR).
En su misiva, el Ejecutivo aseguró al titular de la ASF que la rendición de cuentas es un imperativo democrático:
“Desde el primer día de mi mandato he insistido en que el gobierno de la República debe mostrar, con acciones, que realiza un esfuerzo significativo para usar, de manera eficiente y transparente, los recursos de los ciudadanos”, indicó.
La ASF es un organismo vinculado a la Cámara de Diputados. Una de las encomiendas principales de su titular, González de Aragón, es vigilar el uso de los recursos públicos.
El reporte de la ASF detalló presuntas irregularidades cometidas por el gobierno del expresidente Vicente Fox, toda vez que se trata de la Cuenta Pública 2005. Sin embargo, corresponde a la administración federal en turno responder a las observaciones.
Durante la presentación del informe, el auditor explicó a los diputados que los entes auditados cuentan con 45 días hábiles para entregar las evidencias y documentación soporte de que se atendieron las observaciones y se corrigieron las irregularidades en el manejo del Presupuesto de Egresos 2005.
Por su parte, Calderón Hinojosa instruyó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que despliegue las acciones necesarias a fin de responder a las observaciones y acciones formuladas por la ASF.
“La Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación encontrarán seguimiento puntual a sus requerimientos de información, en relación con del desempeño de la administración federal”, indicó el titular del Ejecutivo.
Nota de la agencia Apro
Fiasco de Vicente Fox, el Seguro Popular: ASF
El Seguro Popular, utilizado en 2006 por Vicente Fox con fines electorales, es un programa que no cumplió -ni lo hará- con sus metas de afiliación, porque no consideró en sus proyecciones el incremento poblacional y utilizó la estructura médica de los institutos Mexicano del Segurto Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de las fuerzas armadas y de Petróleos Mexicanos (Pemex), e inclusive recurrió a clínicas privadas para otorgar consultas, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En el informe de la Cuenta Pública 2005, la auditoría determinó que aun el gobierno de Felipe Calderón no podrá cumplir con el compromiso de otorgar, en 2010, una cobertura total a la población que no tiene acceso a las prestaciones y servicios del Sistema Nacional de Salud.
Además, determinó que las partidas presupuestales del gobierno federal al Seguro Popular no serán suficientes para cubrir la demanda y que, de mantenerse el ritmo actual y la incorporación de padecimientos de alto costo, para el año 2025 tendrá un déficit de 430 mil 458 millones de pesos.
Como parte de las conclusiones de la auditoría de eficacia en la cobertura del seguro, el órgano superior de fiscalización refirió que, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Salud (Ssa) en el gobierno foxista, para 2010 el número de familias incorporadas a ese sistema de seguridad médica ascendería a 11 millones 986 mil 227, es decir, 94.7 por ciento de las 12 millones 649 mil 905 familias de la población objetivo del seguro, ''lo que significa que 663 mil 678 núcleos familiares no tendrán acceso a las prestaciones y servicios del sistema, en infracción del artículo octavo transitorio, primer párrafo'', de la Ley General de Salud.
La auditoría, además, estimó a partir de los alcances definidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, respecto de otorgar la cobertura total a la población a la que se dirigió el citado programa, que la administración foxista ''realizó una proyección lineal (de los objetivos), sin considerar el incremento poblacional''.
Y añadió: ''Las familias que constituyen la población objetivo se incorporarán después de 2010 al programa y, para entonces, considerando el crecimiento de la población, se calcula que las familias beneficiadas ascenderán a 14 millones 39 mil 620, lo cual significa que 2 millones 53 mil 393 no tendrán acceso a las prestaciones y servicios del sistema". Asimismo, parte de la controversia entre los diputados y el gobierno de Fox, respecto del programa, se sustentó en la crítica de que no se invirtieron recursos en infraestructura médica, hecho que se comprueba en las conclusiones de la ASF.
Al desglosar las unidades médicas en que se prestaron los servicios a los afiliados, el órgano fiscalizador determinó que de los 20 mil 568 establecimientos en el padrón, 3 mil 82 se integraron por unidades privadas y 17 mil 486 por clínicas u hospitales de la infraestructura ya existente.
De ese total, 10 mil 647 unidades médicas correspondieron a los servicios estatales de salud; 3 mil 610 al programa IMSS-Oportunidades; mil 345 al IMSS; mil 226 al ISSSTE; 366 a la Secretaría de la Defensa Nacional; 232 a la Secretaría de Marina y 60 a Pemex.
También, la auditoría superior realizó una evaluación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular de Salud, y concluyó que para el periodo 2005-2025, los ingresos captados serán insuficientes para garantizar la atención de padecimientos de altos costos en la población beneficiada.
Y es que para determinar si entre 2005 y 2010 se podría garantizar la prestación del seguro se analizaron los estudios actuariales sobre costos y desviaciones de la siniestralidad esperada para el programa, así como sus pasivos.
De dicha revisión, la ASF precisó que para 2010 los ingresos totales que se captarán por las aportaciones de los gobiernos federal y estatal, así como de las cuotas de atención, ascenderían a 142 millones 98 mil pesos, cuando las previsiones del costo del servicio son de 226 millones 10 mil, cifra a la que se llegó con base en el costo de los padecimientos incluidos en el Catálogo de Servicios Especiales (Cases).
''En consecuencia, en el periodo 2005-2010 los costos del Seguro Popular crecerán 52 por ciento en promedio anual, al pasar de 27 millones 877 mil pesos a 226 millones 10 mil. Al relacionar tanto ingresos como gastos estimados, se observó que para el periodo se registrará un déficit de 11 millones 560 mil pesos, que aumentará a 83 millones 912 mil, y no serán suficientes para cubrir el costo de atención del Cases'', indica la auditoría.
La ASF recomendó a Calderón ''elabore un estudio para identificar fuentes alternas de financiamiento que garanticen la prestación efectiva, oportuna, de calidad y sin desembolso al momento de la utilización de los servicios a la población afiliada al sistema, que los demanda para mejorar y restaurar su salud".
Nota original de La Jornada
El precio del maíz es la justicia social
El aumento en la demanda de producción de etanol en los Estados Unidos ha dejado a millones de mexicanos con una importante subida en los precios del maíz. Urge adoptar una reforma política para proteger a los agricultores mexicanos del impacto de la agroindustria estadounidense, fuertemente industrializada y subsidiada. Por John Burstein y Manuel Pérez Rocha.
El sistema de producción y distribución alimentaria en México se encuentra en una creciente crisis, tal como se reconoció, aunque indirectamente, en la declaración oficial con que se cerraron las recientes negociaciones entre los presidentes George Bush y Felipe Calderón. Ambos acordaron formar un grupo de trabajo binacional sobre la materia. El revisar el capítulo sobre agricultura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) quedó totalmente descartado, y la agenda binacional prevé en su lugar estudiar cómo “suavizar la transición” de los pequeños agricultores, que representan el 20 por ciento de la población mexicana. En otras palabras: “sí, no, quizá”. Todo el mundo sabe que es necesario abordar la cuestión de la pobreza rural y que, desde el punto de vista político, ésta se debe vincular con la reforma sobre inmigración que ha alcanzado un punto crítico en los Estados Unidos.
Para entender la crisis alimentaria, tomemos el ejemplo del maíz. Se ha dicho y escrito mucho sobre la importancia simbólica de este clásico alimento mexicano que, en las tradiciones indígenas adquiere rasgos de divinidad. Pero aún hoy en día, la mayoría de los 100 millones de mexicanos sigue dependiendo de las tortillas –y de los frijoles– para asegurarse hasta la mitad de su ingestión de calorías y proteínas. Por lo tanto, el aumento en el precio del maíz a principios de año, que se explica en parte por el incremento de la demanda de etanol en los Estados Unidos, es un hecho de graves dimensiones.
Dicho aumento afectó a las tortillas directamente –cuyos precios subieron entre un 40 y un 100 por ciento en el lapso de una semana– y, según Víctor Quintana, ex diputado federal y dirigente del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, las secuelas se seguirán notando con el aumento del precio de otros alimentos básicos como los huevos, la leche y la carne. El hecho ya ha provocado marchas de protesta multitudinarias que, como era de esperar, han exhibido un fervor que recuerda a las de las revueltas del pan más sonadas.
“Que coman pastel” fueron las famosas palabras pronunciadas por una reina que poco después perdió la cabeza. Felipe Calderón, que acababa de ocupar el despacho presidencial cuando estalló la crisis del maíz, reaccionó con lentitud, nunca se comprometió a defender el precio regulado de este alimento básico y, finalmente, recurrió a una negociación con las distribuidoras y las tortillerías. El pacto entre caballeros –que fijó un tope de 8,50 pesos por kilo– sólo fue firmado por unas 5.000 de las más de 65.000 tortillerías del país. Calderón aún tiene la cabeza pegada al cuerpo, pero el furor político está lejos de amainar. De hecho, a mediados de febrero, los precios de la leche y la carne, alimentos que proceden de reses alimentadas con maíz, comenzaron también a despuntar.
Esta oleada de encarecimiento de los alimentos de primera necesidad es síntoma de las profundas corrientes que están atravesando la economía y la sociedad. En primer lugar, hay un abismo que separa a los sectores productivo y comercial. Esto no son los Estados Unidos, donde la agricultura está mecanizada, tremendamente centralizada en las manos del capital globalizado, y cuya producción está subvencionada por el gobierno con miles de millones de dólares anuales. En México, sucede todo lo contrario; la asistencia técnica, los créditos y todo tipo de participación económica por parte del Estado en el sector primario se recortaron drásticamente hace más de una década. Es como si el sector estuviera sujeto a un veto presupuestario. De hecho, esta regresión se trató de una decisión ejecutiva, tomada por el presidente Carlos Salinas (1988-1994), antes de que México expulsara del poder al que durante tantos años fuera el partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 2000.
La iniciativa para liberalizar el sector agrícola llegó acompañada de la de abandonar el compromiso estatal con la reforma agraria y la de unir, de manera subordinada, la economía mexicana a la de Estados Unidos. Esto es lo que se conoce como TLCAN. Es cierto que la población campesina dedicada al cultivo –incluidos muchos pueblos indígenas– quedó parcialmente protegida por un período de transición de 15 años durante el que los trabajadores que no fueran competitivos globalmente debían ir saliendo del campo para entrar en la maquila y en otras industrias y servicios. ¿Acaso no bastó con esos 15 años para desarraigar a millones de hogares? Nunca lo sabremos porque, haciendo uso del más puro estilo draconiano, el Gobierno mexicano suprimió voluntariamente algunos aranceles sobre cereales básicos antes de lo previsto y permitió que se rebasaran las cuotas de importación establecidas. Sobra decir que el éxodo del campo no se detuvo en las fronteras mexicanas, sino que entró en el territorio y la economía estadounidenses.
Hay todo un escándalo en torno a la rápida invasión que está sufriendo el variado mercado de maíces autóctonos en México por parte del grano procedente del Medio Oeste de Estados Unidos, que es mucho más barato (es decir, industrializado, subvencionado y producido con biotecnologías). El sistema de distribución al por mayor en México se privatizó y se vendió a las transnacionales Maseca, Minsa, Cargill y otras grandes empresas mediante una oscura licitación proyectada por el hermano de Carlos Salinas, Raúl (que ha salido recientemente de prisión, acusado de narcotráfico y otros delitos de corrupción). A esto siguió, inevitablemente, la industrialización del sector. Las tortillerías “familaires” cerraron, o dejaron de utilizar la masa de nixtamal con base en el maíz fresco para pasarse al maíz deshidratado y pulverizado, bautizado con la marca de su propietario, “Maseca”, un nombre ahora tan conocido como “Kleenex” en los Estados Unidos.
Con la calidad de las pseudotortillas reducida al mínimo común denominador –que comparte con el pan blanco rebanado de la multinacional Grupo Bimbo–, las dos grandes empresas mexicanas, Maseca y Minsa, se hicieron con el mercado de la clase media. Como era de prever, los ingresos reales de los agricultores del maíz sufrieron una caída, que se vio exacerbada porque el maíz estadounidense inundó los mercados locales. Los beneficios se concentran ahora en estas empresas industrializadas que controlan el proceso de transformación y una parte cada vez mayor de la distribución a través de las cadenas de supermercados. Así es como funciona el capitalismo moderno.
En resumen, adoptando “eficientemente” economías de escala, el resultado inevitable fue el oligopolio. Los principales beneficios, como de costumbre, se acumulan en las fases de posproducción de transformación de la materia prima y en la distribución y marketing. Ahora que la industria está integrada verticalmente –desde la harina hasta la tortilla empaquetada– los pequeños agricultores han quedado marginados del mercado del maíz, y muchos de ellos han abandonado sus comunidades a cambio de una vida como trabajador indocumentado en los Estados Unidos.
El pacto social del país, que se remonta a la revolución mexicana de 1910, se basaba en garantizar la tierra por parte del Estado, mediante un ambicioso programa de reforma agraria, para aquellos que desearan cultivarla; además, los términos comerciales entre campo y ciudad eran más tolerables gracias a las ganancias del petróleo, monopolizadas durante la década de 1930 para el beneficio de la nación. Hoy en día, ese acuerdo se llamaría “soberanía alimentaria”. Por lo tanto, es un insulto político y una injuria económica que se haya sacrificado la soberanía alimentaria a favor de la eficiencia del mercado para recompensar económicamente a un puñado de empresas altamente capitalizadas. El salario mínimo mexicano –que no alcanza los seis dólares diarios– se incrementó menos del cuatro por ciento en 2007, mientras que los alimentos básicos podrían muy bien haber aumentado el doble.
Dada la precariedad política del país, las prácticas de acumulación y especulación de la agroindustria son audaces. La presión sobre el maíz y el precio de las tortillas empezó en enero, un mes después de que Calderón subiera al poder. Una escasísima diferencia en el recuento final de las elecciones presidenciales de 2006 condujo al candidato de izquierdas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, a denunciar un fraude y autoproclamarse “presidente legítimo” del país. Bertha Luján, miembro de su gabinete, ha previsto una grave depresión en la demanda interna. De hecho, con los salarios indexados a la inflación desde hace tiempo, la cuota de beneficios de los trabajadores ha caído muy por detrás del aumento en la productividad laboral. Sin duda, el creciente precio de los alimentos básicos desmiente el compromiso inaugural de Calderón de adoptar una política de reconciliación en el país.
La economía nacional se debería estimular en lugar de seguir asfixiándola. Para acabar de empeorar las cosas, es tan poco probable que se adopte la tan necesitada reforma fiscal progresista que quedó pendiente desde el Gobierno de Vicente Fox, predecesor de Calderón por el mismo partido, el Partido de Acción Nacional (PAN). Finalmente, sigue siendo un interrogante si la economía estadounidense seguirá creciendo a un ritmo capaz de generar una demanda continua y creciente para una desesperada fuerza de trabajo mexicana, o si el entorno político estadounidense lo permitirá. Hay muchos indicios que apuntan a un clima de retroceso en los Estados Unidos, marcado por la seguridad y contrario a la inmigración.
Así pues, ¿qué es lo que debería recomendar ese nuevo “grupo de trabajo” mexico-estadounidese? Una reforma política seria, integral y coordinada. El mercado mexicano de alimentos básicos se debería proteger para compensar por el tiempo robado a los agricultores mexicanos al principio del TLCAN, y los granos básicos deberían quedar fuera de toda negociación. Mientras tanto, los Estados Unidos deberían eliminar los subsidios concedidos a un sector agrícola industrial que ya es perfectamente competitivo y que ahora se ve recompensado con el incremento en la demanda de etanol. Una parte de lo ahorrado con esas medidas se debería destinar a inversiones para el desarrollo rural mexicano y, otra, para la integración legal de los más de 10 millones de trabajadores indocumentados en el país. México debería ajustar el salario mínimo y efectuar las reformas fiscales necesarias para canalizar mayores fondos a los trabajadores, tanto en forma de salarios urbanos como de beneficios para los pequeños agricultores. En conclusión, se debería trabajar por la coordinación de políticas en esos ámbitos interrelacionados que son el comercio, la inmigración y la agricultura.
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Los autores son miembros del Center for International Policy, en Washington, D.C., y de la Red Mexicana de Acción Frente el Libre Comercio e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo en la Ciudad de México. (Traducción de Beatriz Martínez)
Nota original de John Burstein and Manuel Pérez Rocha
Calentamiento Global y Contaminación
Cuatro veces, en la primera quincena de marzo, se alcanzaron temperaturas superiores a los 30 grados centígrados en el DF. Este calor elevado genera las condiciones idóneas para que los contaminantes que abundan en el medio ambiente sufran reacciones fotoquímicas que generan, a su vez, otro tipo de contaminantes, como el ozono.
En este mes, de acuerdo con información de la Red Automática de Monitoreo Ambiental (RAMA), se ha rebasado, por mucho, la norma que establece los niveles máximos permitidos de ozono en el medio ambiente que son de 100 puntos Imeca: los pasados 2 y 8 de marzo la zona noroeste del valle de México alcanzó los 159 y 158 puntos Imeca de ozono. La Norma de Salud 041 establece que no se debe rebasar la norma para ozono por más de una hora al año.
El 2 de marzo de las 16:00 a las 17:00 horas se registraron 158 imeca de ozono y el 8 de marzo de las 16:00 a las 18:00 horas se alcanzaron los 159 Imeca de este contaminante. Todos los índices se registran a la hora de más temperatura y de tránsito pesado en la ciudad.
El ozono es uno de los contaminantes que más afectan a la población vulnerable como bebés, niños y adultos mayores, quienes al estar expuestos a él pueden presentar problemas respiratorios, de ronquera, náuseas y congestión pulmonar.
Según el director general de Gestión Ambiental del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) del gobierno del Distrito Federal (GDF), Víctor Hugo Páramo, hay una relación que existe entre la alta temperatura y el ozono:
"Las altas temperaturas presentan dos fenómenos: el primero es una alta reactividad que funciona como el cerillo que prende la mecha para la formación del ozono. Es decir, debido a la alta contaminación en el ambiente hay gran cantidad de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Con los altos niveles de radiación solar se produce una reacción bioquímica que genera el ozono,
"Por otra parte, las altas temperaturas también propician el crecimiento de la capa donde los contaminantes se concentran. Si a eso le agregamos condiciones de estabilidad atmosférica en donde los vientos están en calma tenemos las condiciones ideales para que los contaminantes, en este caso el ozono, quede estancado en el valle" (Con información del Universal).
Nota publicada por Machete Arte
Disputan cárteles autopista de la coca
VILLAHERMOSA, Tab.- La frontera entre Tabasco y Guatemala es un corredor ideal para el tráfico de drogas, conocido como la autopista de la cocaína, que se ha convertido en un motivo de enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa-Juárez y el del Golfo.
En los 120 kilómetros de frontera que hay entre Guatemala y los municipios de Tenosique y Balancán, prácticamente no hay obstáculos para el flujo de cargamentos de droga.
El alcalde de Tenosique, Antonio Solá Vela, alerta sobre el descuido que existe en la zona y reclama ayuda para que la frontera "no se tijuanice".
La Procuraduría General de la República (PGR) ha admitido que por su situación geográfica y por el aislamiento de la mayor parte de su zona fronteriza, la entidad es un punto importante para los traficantes de drogas, armas e indocumentados.
Informes de la PGR señalan que las bandas del crimen organizado tienen presencia en 13 de los 17 municipios del estado, donde han comprado tanto a autoridades como a policías para operar.
Actualmente se encuentran detenidos bajo arraigo los principales jefes de la Secretaría de Seguridad Pública local, que conformaban un grupo de protección a narcotraficantes conocido como La Hermandad.
El control del coca-freeway, como lo conoce la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), desató desde 2005 una guerra entre los cárteles de la droga.
La importancia que adquirió la ruta quedó manifiesta cuando el cártel del Golfo envió a uno de los más importantes miembros de su grupo de sicarios Los Zetas, Mateo Díaz López, alias Comandante Mateo, detenido el 15 de julio de 2006. Su misión era apoderarse del corredor para facilitar el envío de cargamentos de esa organización y cobrar el derecho de paso a quienes pretendieran utilizar la vía.
Su captura provocó uno de los mayores choques armados en la entidad, cuando la policía enfrentó a más de 20 sicarios de Los Zetas que intentaron rescatar a Díaz López.
El gobernador Andrés Granier Melo reconoce que el estado debe aceptar su realidad "en el sentido de que hay narcotraficantes que operan desde hace años, y su presencia no es producto de la casualidad. Son parte de un mecanismo con el cual poco a poco pretendían apoderarse del territorio". Sin embargo, asegura que su gobierno no será sometido.
Nota original de El Universal
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