A Propósito de los Bombazos: Autodefensa y Comunicación

Alberto Híjar

Ciudad de México (machete arte).- El agravio concreto alegado por el EPR es la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez también llamado Raymundo Rivera Bravo. Las procuradurías general y oaxaqueña alegan no tenerlos, pero Carlos Ramírez los incluye en los secuestrados en el Hotel del Arbol el 24 de mayo para ser encerrados maltrechos por las golpizas en “las mazmorras” (sic) de la Procuraduría de Oaxaca de donde fueron trasladados en vuelo especial quizá al Campo Militar número 1.

Los procedimientos no han cambiado desde los sesenta y aún antes: secuestro en lugar de la orden de aprehensión cumplida, el maltrato como anticipo de la tortura, la incomunicación, el encierro en condiciones deplorables, las casas de seguridad en lugar de la consignación legal. De nada de esto escriben ni hablan los autores, analistas designados por Gobernación para simular discusiones televisuales o radiofónicas, partidos políticos y organizaciones charras. Todo lo que les preocupa es la denuncia de ausencia de estado de derecho que rápidamente procuran salvar.

Antes que todos, el Frente Amplio Progresista condenó la violencia, no la del Estado terrorista y luego aseguró la invención de las explosiones en las instalaciones de PEMEX como maniobra oficial para ocultar el trasiego de dinero del chino huído a Estados Unidos donde extrañamente están depositados los miles de millones de dólares asegurados (mal) en un clásico operativo de lavado de dinero. Sesudos columnistas incluyen en la hipótesis de salvaguarda del Estado, la imprudencia de atacar a una empresa paraestatal en crisis como si PEMEX fuera realmente patrimonio nacional y no consorcio sujeto a la privatización furtiva y al saqueo de recursos con complicidades de su sindicato corrupto.

Nada dicen sobre desapariciones forzadas, torturas, cárceles clandestinas, escalada militarista. Diputados perredistas, el mismísimo López Obrador, la Unión Nacional de Trabajadores rápido condenan la violencia de la misma manera que el Consejo Coordinador Empresarial, todos en el mismo saco de la defensa del Estado a quien deben sus vidas y haciendas.

Asombra la ausencia de crítica reducida a unos cuantos intelectuales como Carlos Montemayor, Gilberto López y Rivas, Carlos Fazio, Enrique González Ruiz y los que no brillan desde las páginas de periódicos modestos. Montemayor insiste en rechazar el calificativo de terroristas a la organización que ha explicado las razones de sus acciones de propaganda armada que no cobraron vida alguna y afectan a consorcios y fábricas para exhibir la inseguridad a pesar de la militarización que ha cobrado vidas de familias enteras asesinadas por la soldadesca bravucona frente a los civiles. De aquí que el EPR haya comunicado su origen en la Oaxaca de los setenta donde logró la destitución del gobernador Zarate Aquino, sátrapa semejante a Ulises Ruiz ahora seguro en su desgobierno, mientras quienes se han opuesto a sus vilezas permanecen presos, algunos en penal de alta seguridad.

La presentación pública del EPR en el primer aniversario luctuoso de la masacre de Aguas Blancas donde 47 campesinos fueron acribillados por soldados y policías, dio lugar a las declaraciones del espantado Cuauhtémoc Cárdenas quien calificó de farsa la presencia de la columna armada en perfecta congruencia con la necesaria preservación del Estado. Este año de 2007, el aniversario de la masacre de 1995 fue celebrado por el Estado con la liberación del general Acosta Chaparro, famoso por su participación directa en cientos de desapariciones forzadas en los tiempos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Nada se pudo probar, afirman las procuradurías y los delitos por narcotráfico ya fueron purgados. El EPR no menciona este detalle pero sí ahonda en la lista de agravios criminales, desde el de 1968 con Echeverría exculpado pese a reconocerse el genocidio, hasta el Jueves de Corpus de 1971 y todo lo que ha seguido. Diario pueden leerse noticias sobre las violaciones de mujeres indefensas por soldados como ocurrió en Delicias, Coahuila con una intimidación tal, que el Ejército acompañó la negativa a dejar analizar a los 47 culpables con las amenazas directas que ya hicieron que al menos dos de las agraviadas desistieran de sus denuncias penales. El famoso caso de doña Ernestina en la Sierra de Zongolica se agrava con el descubrimiento de un cadáver de mujer violada y masacrada en los mismos rumbos. Nada de esto es suficiente para los agudos defensores pacifistas del Estado.

Las celebraciones cívicas más que nunca son farsas. Día del Arbol y miles de hectáreas devastadas prueban las complicidades entre talamontes, privatizadores del agua y la tierra y la SEMARNAT y su correspondiente procuraduría. Ni un solo talamontes ha sido castigado y en cambio, sus asesinatos permanecen impunes y los defensores de los bosques son asediados. En Ocuilán donde fue asesinado hace dos meses el joven Aldo Zamora, Calderón celebró cínicamente. Recientemente fue encarcelado uno de los defensores del bosque por cerrar unas horas un camino para llamar la atención pública sobre la impunidad rampante. Día del Minero y los 63 cadáveres de Pasta de Conchos permanecen enterrados junto a las responsabilidades del accidente que bien visto no fue tal, sino resultado de las complicidades entre inspectores corruptos de la Secretaría del Trabajo y la gerencia de Minera México. Es obvio que la violencia está en el Estado y alguien responde ante la histeria de diputados panistas que exigen acabar con marchas y plantones. A nadie desde el Estado, así sea la oposición bien portada a pesar de su verborrea, se le ocurre atender lo justo y al revés, las procuradurías general y de Oaxaca afirman no saber nada de los desaparecidos y la Defensa Nacional proclama inocentes a sus operativos.

Los desalojados del Distrito Federal claman por vivienda y trabajo mientras Ebrard anuncia los esplendores del 2010 cuando lucirá bello el Centro Histórico luego de la limpieza étnica recomendada por Giuliani, el sátrapa neoyorquino. Rodríguez Zapatero proclama la plena disposición de los consorcios turísticos mientras recorre Chichén Itza del brazo de Calderón y con los mayas impedidos de entrar al centro ceremonial donde se celebran a los mayas del pasado remoto mientras se reprime a los actuales. Esto es violencia de Estado, esto exige denuncia para exigir atención. Asombra que ni un solo funcionario asuma sus responsabilidades y horroriza que sólo unos cuantos intelectuales expliquen el terrorismo de Estado.