Entre las muchas y muy válidas concepciones sobre el Tercer Mundo que ha hecho, en muchos libros y estudios que gozan de justo crédito , el economista y sociólogo sueco Gunnar Myrdal observó y clasificó, como quien define y describe una enfermedad, un fenómeno fundamental que se da con frecuencia reveladora en los países que pertenecen a este conjunto.
A esa característica peculiar y muy influyente la ha llamado Myrdal: el «Estado blando». Con esta aguda observación pretendía definir una característica no sólo muy importante sino, acaso, decisiva de la situación de esos pueblos. Es como si el aparato estatal, constituido por las instituciones, las leyes y las autoridades, no llegaran a solidificarse en una estructura firme y permanente sino más bien mantuviera un continuo estado de fluidez y de falta de firmeza que hace impredecibles y erráticas sus acciones. Esto no significa que el Estado blando no pueda ser autoritario y hasta despótico, pero su autoridad reviste siempre un carácter caprichoso y avariento. No hay normas fijas, ni las leyes tienen un cumplimiento estricto. Se aplican de manera parcial y casuística, dejando un ancho margen al criterio o al interés de quienes están encargados de aplicarlas.
En el buen sentido de la palabra son Estados invertebrados de consistencia fofa, que carecen de un esqueleto institucional permanente y seguro que defina derechos y deberes para gobernados y gobernantes.
Las leyes enuncian normas que parecen claras y definidas, pero a la hora de aplicarlas dejan un margen enorme a la interpretación y ala injusticia. La ley y la vida real parecen existir en dos esferas distintas y no necesariamente coincidentes. Es frecuente que las leyes no se apliquen, o se apliquen sólo a medias o a determinados sectores, o que queden reducidas a vagas normas morales que pueden ser invocadas ocasionalmente, pero en cuya aplicación efectiva y regular nadie cree.
Son muchos los casos de este mal que se dan en el Tercer Mundo. En algunos de los más abominables gobiernos que se han visto en Iberoamérica la ley y la autoridad han tenido muy poco en común. La autoridad puede llegar a extremos temibles de arbitrariedad, pero no existe norma general aplicable a todos los casos. Nadie corre riesgo en no cumplir las leyes mientras no entre en conflicto, por otros motivos, con las autoridades.
El «Estado blando» decreta pero no cumple o desfigura y cambia lo que anunció. Sus proclamaciones parecieran formularse en dos idiomas diferentes. Se llega al extremo de que nadie se siente verdaderamente protegido, ni tampoco amenazado, por la ley o por las disposiciones del Gobierno. La aplicación en cada caso puede variar totalmente según el capricho o el interés del funcionario encargado de la ejecución.
Este Estado sin huesos, sin esqueleto, sin firmeza ni consistencia, sin normas fijas y eficaces, tiende a ser caótico y deficiente. No es propiamente una anarquía, porque hay siempre una autoridad final, que es personal, impredecible y generalmente caprichosa, que toma las decisiones definitivas en cada caso, sin estar obligada por precedentes ni por textos legales explícitos. Sería más bien un caso de lo que los griegos llamaban «anomía,» o ausencia de leyes o normas.
La observación de Myrdal es profunda y válida y constituye un buen tema de reflexión para historiadores y sociólogos del Tercer Mundo. Ese «Estado blando», ese gobierno y esa sociedad sin normas fijas que cumplir, en el cual se revela constantemente un divorcio entre lo que ocurre en la vida real y lo que ordenan las leyes, es el producto de unas circunstancias históricas.
En los viejos países, como en muchos de Europa donde a lo largo de la evolución milenaria se han ido conformando y definiendo lentamente las instituciones como expresión final de una situación real, y las leyes rigen efectivamente la vida de la colectividad. En muchos países del Tercer Mundo las leyes, o muchas de ellas, no han surgido de una experiencia social, ni de una tradición vivida sino que han sido meras y apresuradas adaptaciones de las normas formadas en otros países de cultura distinta. No puede establecerse así ni coincidencia ni menos identidad entre las instituciones y la realidad social. Se proclaman leyes, se crean instituciones pero desde su nacimiento son ajenas a la sociedad que pretenden regir. Y están destinadas, en gran parte, a permanecer sin aplicación efectiva, como meras proclamaciones de objetivos y fines que a nada obligan. Lo que surge entonces es precisamente eso que con mucho acierto llamado Myrdal, el «Estado blando».
De ese mal sufre gran parte del Tercer Mundo y está evidentemente es la raíz misma de muchos de sus males y frustraciones. Lograr que las leyes y la vida real se identifiquen y confundan sería un paso definitivo hacia la superación del atraso. Sería dotar de un esqueleto, que tantas cosas ventajosas les permitiría a esas naciones invertebradas en las que las leyes y la realidad social no pertenecen a la misma esfera.
—Arturo Uslar Pietro, «Pizarrón», 5 Ene 1982.
A esa característica peculiar y muy influyente la ha llamado Myrdal: el «Estado blando». Con esta aguda observación pretendía definir una característica no sólo muy importante sino, acaso, decisiva de la situación de esos pueblos. Es como si el aparato estatal, constituido por las instituciones, las leyes y las autoridades, no llegaran a solidificarse en una estructura firme y permanente sino más bien mantuviera un continuo estado de fluidez y de falta de firmeza que hace impredecibles y erráticas sus acciones. Esto no significa que el Estado blando no pueda ser autoritario y hasta despótico, pero su autoridad reviste siempre un carácter caprichoso y avariento. No hay normas fijas, ni las leyes tienen un cumplimiento estricto. Se aplican de manera parcial y casuística, dejando un ancho margen al criterio o al interés de quienes están encargados de aplicarlas.
En el buen sentido de la palabra son Estados invertebrados de consistencia fofa, que carecen de un esqueleto institucional permanente y seguro que defina derechos y deberes para gobernados y gobernantes.
Las leyes enuncian normas que parecen claras y definidas, pero a la hora de aplicarlas dejan un margen enorme a la interpretación y ala injusticia. La ley y la vida real parecen existir en dos esferas distintas y no necesariamente coincidentes. Es frecuente que las leyes no se apliquen, o se apliquen sólo a medias o a determinados sectores, o que queden reducidas a vagas normas morales que pueden ser invocadas ocasionalmente, pero en cuya aplicación efectiva y regular nadie cree.
Son muchos los casos de este mal que se dan en el Tercer Mundo. En algunos de los más abominables gobiernos que se han visto en Iberoamérica la ley y la autoridad han tenido muy poco en común. La autoridad puede llegar a extremos temibles de arbitrariedad, pero no existe norma general aplicable a todos los casos. Nadie corre riesgo en no cumplir las leyes mientras no entre en conflicto, por otros motivos, con las autoridades.
El «Estado blando» decreta pero no cumple o desfigura y cambia lo que anunció. Sus proclamaciones parecieran formularse en dos idiomas diferentes. Se llega al extremo de que nadie se siente verdaderamente protegido, ni tampoco amenazado, por la ley o por las disposiciones del Gobierno. La aplicación en cada caso puede variar totalmente según el capricho o el interés del funcionario encargado de la ejecución.
Este Estado sin huesos, sin esqueleto, sin firmeza ni consistencia, sin normas fijas y eficaces, tiende a ser caótico y deficiente. No es propiamente una anarquía, porque hay siempre una autoridad final, que es personal, impredecible y generalmente caprichosa, que toma las decisiones definitivas en cada caso, sin estar obligada por precedentes ni por textos legales explícitos. Sería más bien un caso de lo que los griegos llamaban «anomía,» o ausencia de leyes o normas.
La observación de Myrdal es profunda y válida y constituye un buen tema de reflexión para historiadores y sociólogos del Tercer Mundo. Ese «Estado blando», ese gobierno y esa sociedad sin normas fijas que cumplir, en el cual se revela constantemente un divorcio entre lo que ocurre en la vida real y lo que ordenan las leyes, es el producto de unas circunstancias históricas.
En los viejos países, como en muchos de Europa donde a lo largo de la evolución milenaria se han ido conformando y definiendo lentamente las instituciones como expresión final de una situación real, y las leyes rigen efectivamente la vida de la colectividad. En muchos países del Tercer Mundo las leyes, o muchas de ellas, no han surgido de una experiencia social, ni de una tradición vivida sino que han sido meras y apresuradas adaptaciones de las normas formadas en otros países de cultura distinta. No puede establecerse así ni coincidencia ni menos identidad entre las instituciones y la realidad social. Se proclaman leyes, se crean instituciones pero desde su nacimiento son ajenas a la sociedad que pretenden regir. Y están destinadas, en gran parte, a permanecer sin aplicación efectiva, como meras proclamaciones de objetivos y fines que a nada obligan. Lo que surge entonces es precisamente eso que con mucho acierto llamado Myrdal, el «Estado blando».
De ese mal sufre gran parte del Tercer Mundo y está evidentemente es la raíz misma de muchos de sus males y frustraciones. Lograr que las leyes y la vida real se identifiquen y confundan sería un paso definitivo hacia la superación del atraso. Sería dotar de un esqueleto, que tantas cosas ventajosas les permitiría a esas naciones invertebradas en las que las leyes y la realidad social no pertenecen a la misma esfera.
—Arturo Uslar Pietro, «Pizarrón», 5 Ene 1982.
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