El diputado panista Jorge Nordhausen increpó a Claudia Sheinbaum en el segundo debate sobre la “reforma energética”, no por su defensa conceptual y técnica de la propuesta alternativa del “gobierno legítimo” encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que fue impecable, sino por llamar a Calderón “presidente usurpador” en el Senado.
El término “espurio” atiende al fraude de 2006. Pero la percepción de ilegitimidad ante un tercio del electorado no es estática: crece ante la inseguridad ciudadana con todo y la militarización de la campaña contra el narcotráfico, que descompone el equilibrio cívico-militar, mientras poner en marcha simultáneamente una reforma petrolera y abrir el país al intervencionismo policial-militar de EU, por medio de la “Iniciativa Mérida”, es agredir a la nación y encender la mecha del “polvorín social” gestado por 26 años de acumulada agresión a la economía popular, al aparato productivo y al empleo.
Las encuestas muestran que de marzo a mayo de 2008, el capital político de Calderón se colapsó. Un deterioro alentado además por la sensación de que se mal usa la oficina presidencial al dar rienda suelta al entreguismo jurisdiccional y a codicias internas y externas por el petróleo y el gas natural y que, con la complicidad de la cúpula priísta, se vulneran las bases materiales de la soberanía a favor de grandes negocios con empresas como Repsol, Halliburton, Schlumberg, etcétera. Calderón colabora en los esfuerzos de EU por establecer una sombrilla policial-militar-penal sobre México, para otorgar “seguridad” a sus inversionistas, incluyendo la vía del sometimiento jurisdiccional y la utilización de instrumentos de claro corte agresivo y unilateral, agudizando la “descomposición” del sistema político. Así opera el Plan Colombia y también la Iniciativa Mérida. Calderón y Uribe son piezas centrales en la puesta en marcha de una plataforma para un mayor despliegue de programas de adiestramiento, transferencia de tecnología, bases y personal militar en América Latina. Esos son los ejes para apuntalar el dominio sobre los vastos recursos naturales –los combustibles fósiles en primer lugar, pero también los minerales, agua y biodiversidad– de lo que considera “su” hemisferio y “sus” negocios, incluyendo el narcotráfico.
Con la reforma energética se “legalizan” contratos que son una copia de los inconstitucionales Contratos de Servicios Múltiples utilizados en la Cuenca de Burgos, como lo señaló Jaime Cárdenas en el tercer debate y lo documentó Jorge García, exabogado de Pemex, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Órgano Interno de Control, quien además recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para salvaguardar su integridad. (“Contratos a Trasnacionales”, Contralínea, Mayo 2008). La “reforma” de Calderón intenta dar cobertura legal a esas “transas” (pp 22-39) y, más importante, a las que están por venir: los expedientes clasificados como confidenciales en Pemex y de la SFP dejan en claro que la “reforma” abre las compuertas a lo que sólo puede calificarse de una vasta maniobra de saqueo y latrocinio contra la nación. Por medio de cambios a la ley que regula el artículo 27 se procede contra el espíritu y letra de la Constitución para generalizar el tipo de “estratagemas” que, como apunta Ana Lilia Pérez, “…habrían realizado César Nava y José Néstor García Reza” –ahora abogado general de Pemex– “…para entregar la operación de la cuenca de Burgos –la región productora de gas no asociado más importante del país–, en beneficio de seis trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación del energético en la zona” (p24). Esa transgresión se ampliaría al país y a toda la industria petrolera.
Los tratos de Santana con Polk –por medio de Alejandro Atocha– palidecen. Como dice Tony Garza, embajador de EU: “El presidente Calderón (es) el mandatario más dispuesto a colaborar con Washington, mucho más que todos los anteriores”.
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