J. Enrique Olivera Arce
El debate sobre el futuro de la industria petrolera en México que en el Senado iniciara el pasado martes, pareciera ser mero trámite para justificar reformas ya pactadas a PEMEX, contrarias a los intereses de la Nación. De otra manera no se explica el que a un día de iniciado, Calderón Hinojosa enviara a la Cámara de diputados una propuesta para reformar y adicionar la Ley Federal de Derechos que, en su parte medular, contempla reducir la carga fiscal a empresas privadas que perforen en busca de petróleo y gas en aguas profundas y en la zona del paleocanal de Chicontepec.
Si existe consenso en que México no cuenta con la tecnología y equipo para explorar en aguas profundas del Golfo, entonces estaríamos hablando de que la iniciativa de marras está dirigida a incentivar a empresas extranjeras, para que inviertan en la búsqueda del “tesorito”.
Así, mientras a PEMEX se le aplica una fórmula fiscal que le descapitaliza, orillándole a un constante endeudamiento y a la quiebra técnica, de aprobarse las modificaciones a la Ley Federal de Derechos las empresas privadas que resultaran beneficiarias, pagarían al fisco entre un 15 y 20 por ciento en relación con los que se cobran a Petróleos Mexicanos. Adicionalmente gozarían de un régimen de excepción que permitiría a las empresas mayores márgenes para deducir impuestos, que serían de hasta 15 dólares por barril de crudo y gas en aguas profundas, y de hasta 10 dólares en el paleocanal.
De acuerdo a la información proporcionada por La Jornada el día de hoy, la privatización de facto tendría lugar mediante “contratos de desempeño”. Eufemismo con el que se pretende ocultar el hecho de que con las reformas a la Ley Federal de Derechos, que establecería el cálculo de impuestos con base en el volumen y precio del petróleo en el mercado mundial, en realidad estaríamos hablando de “contratos de riesgo”, con los que el Estado mexicano compartiría por la vía fiscal, parte de la renta petrolera con empresas extranjeras.
No resulta extraño, por tanto, que en el primer día de debate, el PAN por conducto de su dirigente nacional, lejos de aportar elementos legales y técnicos a favor de las iniciativas de Calderón Hinojosa, fijando la posición de su partido, se concretara a descalificar a quienes se oponen a estas, polarizando el debate y generando ruido. Dando por sentado que el camino para la privatización ya está allanado mediante pacto en lo oscurito y de espaldas a la ciudadanía.
Como tampoco resulta extraño que los gobernadores de los estados autonombrados “productores”, a riesgo de comprometer su capital político, ya manifiesten más interés en el como beneficiarse de la rebatinga de la renta petrolera que en el rescate, fortalecimiento y modernización de la paraestatal (PEMEX).
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