Frente a las 4 mil 44 ejecuciones cometidas por el narcotráfico y el crimen organizado en (casi) 18 meses de operación del grupo gobernante ya no tan nuevo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión urgió a evaluar las estrategias gubernamentales en materia de seguridad pública, con el objetivo de replantearlas y, si es preciso, diseñar otras.
Por cierto, Eduardo Medina-Mora Icaza reconoció 3 mil 265 ejecutados hasta el pasado 13 de mayo. Las primeras cifras son extraoficiales y las dio a conocer la diputada federal Susana Monreal Ávila.
Con todo, los datos son estremecedoras: 7.6 personas fueron asesinadas diariamente por el crimen organizado, a lo largo de los primeros 527 días de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa como inquilino principal de Los Pinos. Aunque la semana pasada el promedio fue de 15 asesinatos cada 24 horas, principalmente en Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Acostumbrados como estamos al baño de sangre que distingue a la República, y eso es lo peor que nos puede pasar, le recuerdo que le platiqué, bajo el título de Lunes negro: “17 ejecuciones cometidas presuntamente por el narcotráfico y la delincuencia organizada son demasiadas para un solo día, como sucedió el 14 de enero de 2008 que seguramente quedará registrado como la fecha en que los actores del creciente negocio criminal exhibieron hasta la ostentación que el Estado mexicano no posee el monopolio de la violencia.”
Resulta que la ostentación criminal adquiere cada día más peligrosos niveles hasta ejecutar a Edgar Eusebio Millán Gómez, considerado el cerebro de la Policía Federal Preventiva en la guerra contra el narcotráfico, decretada de manera inconsulta por Calderón Hinojosa y también para legitimarse como primer empleado del país.
Lo preocupante del asesinato no es que uno de los autores materiales era exprisionero por tercera ocasión y abandonara la cárcel por su propio pie, como dijo escandalizado el abogado y economista de Morelia y la emprendiera contra jueces, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y periodistas, sino el hecho de que no asume que el severo golpe que recibió su gobierno fue gracias a la infiltración del narco en los más altos niveles policíacos. Es decir: la traición vino de dentro.
Del primer “¡Ya basta! Categórico y definitivo” al segundo en que agredió a todos menos al séquito gubernamental y los aliados clave, los 39 dueños de México, Calderón pasó a una deplorable actitud de cierto machismo institucional.
Acompañado de la germana Angela Dorothea Merkel, dijo: “Es una lucha en serio. Es una guerra e implica asumir las consecuencias. No vamos a agachar la cabeza ni guardarnos en las oficinas. De ninguna manera el gobierno mexicano claudicará hasta rescatar a México de esta situación de abuso y de delincuencia”.
Sería dable esperar que sea atendida la exigencia de la Comisión Permanente y la crítica de José Luis Soberanes Fernández, para mencionar sólo dos de las crecientes y fundadas impugnaciones que recibe la costosa –en vidas humanas y recursos materiales– y lineal estrategia de Felipe de Jesús Calderón. Y que no se confundan con “agachar la cabeza” o “claudicar”.
Sólo faltaba que los 7 mil 500 hombres y mujeres que cuidan las 24 horas del día y los 365 días del año la integridad física del diplomado en Harvard, su familia y la elite gobernante fueran insuficientes para que el peso de la “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado” los doblara.
Pero la rectificación es inviable mientras persista en la visión presidencial que el gobierno golpeó de manera clave la estructura financiera y operativa de varios cárteles, que eso los lleva a una recomposición y a una confrontación no sólo frente al poder público, sino entre ellos mismos.
Únicamente la ciudadanía tiene la capacidad para alterar el triunfalismo oficial frente al baño de sangre que padecemos.
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