Retroceso Nacional y Financiamiento de los Trabajadores a la Clase Política.
Enrique L. Kato Vidal*
El 28 de marzo se concluyo la aprobación en el Congreso de la Unión de una nueva ley para el ISSSTE. La nueva ley integra el traspaso del actual régimen de pensiones, que consiste en un sistema de reparto solidario, a uno de capitalización individual. El órgano administrativo que manejará los fondos de pensiones es el denominado PENSIONISSSTE, que es un tipo de AFORE, aunque se dice de carácter público. Son muchos agravios que contiene la nueva ley para los trabajadores que cotizan en el ISSSTE, pero comentemos en esta ocasión únicamente lo relacionado a la supuesta crisis del sistema de pensiones.
En esencia la imposición del PENSIONISSSTE es la declaración de que los recursos públicos -las aportaciones de los trabajadores- deben ser administrados en el sector financiero y no por el gobierno mismo. Esto significa que el régimen de reparto solidario actualmente vigente se reemplazará por un sistema de capitalización individual a imagen y semejanza de las AFORES en funcionamiento desde 1997 en México. Se pretende con esta modificación del régimen de pensiones que el gobierno evada su responsabilidad como garante del sistema de pensiones.
A 10 años de operación de las AFORES dos instituciones públicas comenzaron a discutir esta crisis en las pensiones. El argumento de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFC) son las altas comisiones y tarifas que se les cobran a los trabajadores por el manejo de sus recursos, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), entidad supervisora de las AFORES dicen que estos cobros se “pagan solos” de los intereses obtenidos. Lo que sabemos es que los márgenes de ganancia son muy altos para los bancos y los beneficios para los trabajadores no son nada evidentes, la información indica que el trabajador estará percibiendo al pensionarse menos de su salario cuando estaba activo y para la gran mayoría apenas por encima de un salario mínimo.
Para muchos trabajadores en el país eso de contar con una pensión no es ni siquiera justicia social si no un bien suntuario. Toda vez que la situación actual para dos de cada tres trabajadores es la de laborar sin ningún tipo de prestaciones, es decir, la relación con el patrón inicia y termina con la remuneración al trabajo. De esta forma, los trabajadores no proveen ningún amparo a sus familiares, el resultado es que más de la mitad de los mexicanos no cuenta con derechohabiencia a alguna de las instituciones de seguridad social. El ISSSTE brinda cobertura a 5.9% de la población y el IMSS a 32.3%.
La difícil situación de los trabajadores del IMSS ahora se prolonga a los trabajadores del ISSSTE con lo cual la clase política refrenda una total regresión a las aspiraciones de progreso económico y bienestar. El único argumento que esgrimen los promotores de la nueva Ley del ISSSTE es que el gobierno ya no distraerá recursos públicos que se transfieren al pago de pensiones y ahora serán utilizados a los servicios médicos.
La realidad de las finanzas públicas es que no se disponen de recursos suficientes para canalizar a las distintas áreas vitales de las necesidades sociales. El problema no reside en el pago de pensiones, puesto que quincena a quincena los trabajadores aportan una fracción de su sueldo para poder pensionarse llegado el momento de retiro de la vida laboral. Lo cierto es que en México tenemos un problema fuerte de elusión y evasión fiscal, aún si el SAT-SHCP duplicará su eficiencia en la recaudación fiscal todavía se estarían recaudando 7 de cada 10 pesos posibles que deberían ingresar como dinero público.
Revisemos más cifras para darnos cuenta que las reformas al régimen de pensiones es una justificación para cobrar a los trabajadores el fracaso de la clase política en el manejo de la economía nacional ¿Qué proporción de la economía (PIB) representan los ingresos del gobierno en distintos países? México (14.8%), Estados Unidos (17.1%), Chile (22.3%), Israel (44.3%), Alemania (28.9%) y España (31.4%). De esta manera entre mayor sea la capacidad financiera de un gobierno es posible contar con una política social redistributiva, es decir, generar mayores condiciones de equidad en la distribución de la riqueza.
Comparando el gasto social los países industriales del grupo OECD gastan el equivalente a más de 20% del PIB en nuestro país este gasto se encuentra cerca de 10 puntos del PIB, esto es, por debajo de la mitad. La consecuencia es que se cuenta con un escaso potencial para atender, mediante transferencias de recursos, bienes o servicios, a la mayor parte de la población que son familias en circunstancias adversas que ven afectado su bienestar.
Lo mismo ocurre con las pensiones, ya decíamos que en México solo un reducido número de trabajadores están cotizando para poder pensionarse al final de la vida laboral y aún así se argumenta una crisis financiera, revisando más datos tenemos que en México el gasto público en pensiones representa el 1.6% del PIB, en España el 9.4% y el promedio de la Unión Europea es del 10.4% del PIB, resulta elocuente que no hay posibilidad de generar en México tal crisis estructural mucho menos si consideramos que somos un país con menor esperanza de vida, menores salarios y menor número de trabajadores con posibilidad de pensionarse que los países europeos.
Entonces, ubicamos que la discusión se encuentra en otro lado y no en las transferencias del gobierno al ISSSTE. La realidad es que la clase política está diciendo que es una medicina amarga que debemos tomarnos. Nunca ha existido tal medicina, el principio fundamental del Estado es proveernos de un nivel de vida creciente y esto no se logrará con la nueva ley del ISSSTE.
Repito están cobrándole a los trabajadores las malas decisiones en el manejo de la economía, se está aumentado el número de años de cotización y el porcentaje del sueldo base destinado al fondo de pensiones, en la práctica esto significa que el salario disponible pierde valor, no se trata de una mala proyección actuarial, si no de un escaso crecimiento en las remuneraciones a los trabajadores resultado de una creciente concentración de la riqueza.
Tampoco es una fuente de la supuesta crisis financiera el problema de que ahora hay más pensionados por trabajadores en activo, habiendo 247 pensionados por trabajador en 2004, mientras que en 1990 esta cifra era de 107. Desde luego que el monto de las pensiones aumenta con el número de personas que dejan la vida laboral para convertirse en pensionados, esto es parte natural de la vida. Sin embargo, ahora no se reconoce el pasado del régimen de reparto, cuando los trabajadores del ISSSTE eran jóvenes y el número de pensionados a trabajadores activos era mínimo, en aquellos años se fueron creando “reservas actuariales” esto quiere decir que habían excedentes, que las aportaciones de los trabajadores para sus pensiones tuvieron que haber sido ahorradas para esta nueva etapa cuando está aumentado el número de pensionados en proporción a los trabajadores en activo.
Aún más, desde hace muchos años el número de trabajadores al servicio del Estado tiene un crecimiento cada vez menor, a pesar de los rezagos en las necesidades sociales y del crecimiento demográfico. En consecuencia el problema financiero no es una bola de nieve sino un asunto que alcanzará un máximo, quizá en 20 años, y de ahí la presión será decreciente, así se observa en una tendencia cuando se consideran el número de trabajadores a la par de sus años laborados. Este llamado problema del ISSSTE no es nada comparable con las reservas de dólares del Banco de México o con las erogaciones de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca , desde luego que no impacta al conjunto de la economía, anexar estos requerimientos financieros implicaría aumentar menos de 5 pesos por cada 100 pesos de deuda, nada oneroso si se reconoce el robo al fondo de pensiones de los trabajadores.
Enrique L. Kato Vidal*
El 28 de marzo se concluyo la aprobación en el Congreso de la Unión de una nueva ley para el ISSSTE. La nueva ley integra el traspaso del actual régimen de pensiones, que consiste en un sistema de reparto solidario, a uno de capitalización individual. El órgano administrativo que manejará los fondos de pensiones es el denominado PENSIONISSSTE, que es un tipo de AFORE, aunque se dice de carácter público. Son muchos agravios que contiene la nueva ley para los trabajadores que cotizan en el ISSSTE, pero comentemos en esta ocasión únicamente lo relacionado a la supuesta crisis del sistema de pensiones.
En esencia la imposición del PENSIONISSSTE es la declaración de que los recursos públicos -las aportaciones de los trabajadores- deben ser administrados en el sector financiero y no por el gobierno mismo. Esto significa que el régimen de reparto solidario actualmente vigente se reemplazará por un sistema de capitalización individual a imagen y semejanza de las AFORES en funcionamiento desde 1997 en México. Se pretende con esta modificación del régimen de pensiones que el gobierno evada su responsabilidad como garante del sistema de pensiones.
A 10 años de operación de las AFORES dos instituciones públicas comenzaron a discutir esta crisis en las pensiones. El argumento de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFC) son las altas comisiones y tarifas que se les cobran a los trabajadores por el manejo de sus recursos, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), entidad supervisora de las AFORES dicen que estos cobros se “pagan solos” de los intereses obtenidos. Lo que sabemos es que los márgenes de ganancia son muy altos para los bancos y los beneficios para los trabajadores no son nada evidentes, la información indica que el trabajador estará percibiendo al pensionarse menos de su salario cuando estaba activo y para la gran mayoría apenas por encima de un salario mínimo.
Para muchos trabajadores en el país eso de contar con una pensión no es ni siquiera justicia social si no un bien suntuario. Toda vez que la situación actual para dos de cada tres trabajadores es la de laborar sin ningún tipo de prestaciones, es decir, la relación con el patrón inicia y termina con la remuneración al trabajo. De esta forma, los trabajadores no proveen ningún amparo a sus familiares, el resultado es que más de la mitad de los mexicanos no cuenta con derechohabiencia a alguna de las instituciones de seguridad social. El ISSSTE brinda cobertura a 5.9% de la población y el IMSS a 32.3%.
La difícil situación de los trabajadores del IMSS ahora se prolonga a los trabajadores del ISSSTE con lo cual la clase política refrenda una total regresión a las aspiraciones de progreso económico y bienestar. El único argumento que esgrimen los promotores de la nueva Ley del ISSSTE es que el gobierno ya no distraerá recursos públicos que se transfieren al pago de pensiones y ahora serán utilizados a los servicios médicos.
La realidad de las finanzas públicas es que no se disponen de recursos suficientes para canalizar a las distintas áreas vitales de las necesidades sociales. El problema no reside en el pago de pensiones, puesto que quincena a quincena los trabajadores aportan una fracción de su sueldo para poder pensionarse llegado el momento de retiro de la vida laboral. Lo cierto es que en México tenemos un problema fuerte de elusión y evasión fiscal, aún si el SAT-SHCP duplicará su eficiencia en la recaudación fiscal todavía se estarían recaudando 7 de cada 10 pesos posibles que deberían ingresar como dinero público.
Revisemos más cifras para darnos cuenta que las reformas al régimen de pensiones es una justificación para cobrar a los trabajadores el fracaso de la clase política en el manejo de la economía nacional ¿Qué proporción de la economía (PIB) representan los ingresos del gobierno en distintos países? México (14.8%), Estados Unidos (17.1%), Chile (22.3%), Israel (44.3%), Alemania (28.9%) y España (31.4%). De esta manera entre mayor sea la capacidad financiera de un gobierno es posible contar con una política social redistributiva, es decir, generar mayores condiciones de equidad en la distribución de la riqueza.
Comparando el gasto social los países industriales del grupo OECD gastan el equivalente a más de 20% del PIB en nuestro país este gasto se encuentra cerca de 10 puntos del PIB, esto es, por debajo de la mitad. La consecuencia es que se cuenta con un escaso potencial para atender, mediante transferencias de recursos, bienes o servicios, a la mayor parte de la población que son familias en circunstancias adversas que ven afectado su bienestar.
Lo mismo ocurre con las pensiones, ya decíamos que en México solo un reducido número de trabajadores están cotizando para poder pensionarse al final de la vida laboral y aún así se argumenta una crisis financiera, revisando más datos tenemos que en México el gasto público en pensiones representa el 1.6% del PIB, en España el 9.4% y el promedio de la Unión Europea es del 10.4% del PIB, resulta elocuente que no hay posibilidad de generar en México tal crisis estructural mucho menos si consideramos que somos un país con menor esperanza de vida, menores salarios y menor número de trabajadores con posibilidad de pensionarse que los países europeos.
Entonces, ubicamos que la discusión se encuentra en otro lado y no en las transferencias del gobierno al ISSSTE. La realidad es que la clase política está diciendo que es una medicina amarga que debemos tomarnos. Nunca ha existido tal medicina, el principio fundamental del Estado es proveernos de un nivel de vida creciente y esto no se logrará con la nueva ley del ISSSTE.
Repito están cobrándole a los trabajadores las malas decisiones en el manejo de la economía, se está aumentado el número de años de cotización y el porcentaje del sueldo base destinado al fondo de pensiones, en la práctica esto significa que el salario disponible pierde valor, no se trata de una mala proyección actuarial, si no de un escaso crecimiento en las remuneraciones a los trabajadores resultado de una creciente concentración de la riqueza.
Tampoco es una fuente de la supuesta crisis financiera el problema de que ahora hay más pensionados por trabajadores en activo, habiendo 247 pensionados por trabajador en 2004, mientras que en 1990 esta cifra era de 107. Desde luego que el monto de las pensiones aumenta con el número de personas que dejan la vida laboral para convertirse en pensionados, esto es parte natural de la vida. Sin embargo, ahora no se reconoce el pasado del régimen de reparto, cuando los trabajadores del ISSSTE eran jóvenes y el número de pensionados a trabajadores activos era mínimo, en aquellos años se fueron creando “reservas actuariales” esto quiere decir que habían excedentes, que las aportaciones de los trabajadores para sus pensiones tuvieron que haber sido ahorradas para esta nueva etapa cuando está aumentado el número de pensionados en proporción a los trabajadores en activo.
Aún más, desde hace muchos años el número de trabajadores al servicio del Estado tiene un crecimiento cada vez menor, a pesar de los rezagos en las necesidades sociales y del crecimiento demográfico. En consecuencia el problema financiero no es una bola de nieve sino un asunto que alcanzará un máximo, quizá en 20 años, y de ahí la presión será decreciente, así se observa en una tendencia cuando se consideran el número de trabajadores a la par de sus años laborados. Este llamado problema del ISSSTE no es nada comparable con las reservas de dólares del Banco de México o con las erogaciones de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca , desde luego que no impacta al conjunto de la economía, anexar estos requerimientos financieros implicaría aumentar menos de 5 pesos por cada 100 pesos de deuda, nada oneroso si se reconoce el robo al fondo de pensiones de los trabajadores.
* Taller de Economía Social y Políticas Públicas.
Facultad de Economía de la UNAM
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