Francisco Marín Apenas cumplió un año al frente del gobierno y Michelle Bachelet ya enfrenta una crisis de gobierno que la obligó a hacer cambios en su gabinete y ceder espacio a políticos de centroderecha. El motivo: la ola de protestas callejeras contra el Plan de Transporte Metropolitano, un proyecto diseñado por Ricardo Lagos, el antecesor de Bachelet en el Palacio de la Moneda. El aspirante de la derecha a la presidencia, Sebastián Piñera, intenta sacar provecho.
SANTIAGO DE CHILE.- Después de un año de gobierno, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet –de tendencia socialdemócrata–, dio un “giro hacia la derecha”: designó a miembros de la vieja clase política y a funcionarios ligados con poderosos grupos económicos del país en puestos clave de su administración.
La causa: el fracaso del Plan de Transporte Metropolitano, conocido como Transantiago, que provocó intensas protestas callejeras y una crisis en el gobierno de coalición.
Transantiago tenía como propósito reordenar el sistema de transporte público aquí, en la capital chilena, mediante la integración de rutas de autobuses nuevos y reconstruidos con estaciones del Metro y los trenes interprovinciales. Estaría coordinado por una sola entidad privada (Administrador Financiero del Transantiago), que contaría a su vez con una Unidad de Control de Flotas y un sistema único de cobro de pasaje (tarjetas electrónicas).
El plan no era nuevo. Fue diseñado durante la administración de Ricardo Lagos. Según los documentos de presentación del plan, éste pondría a Santiago “a la altura de las grandes urbes del mundo en materia de transporte público”.
Bachelet heredó el proyecto y lo puso en marcha el pasado 10 de febrero. Resultó un fracaso. Los autobuses fueron insuficientes y las rutas estuvieron mal diseñadas, lo que provocó saturación en el sistema público de transporte y aumentó el tiempo de los traslados. Muchos ciudadanos optaron por utilizar sus vehículos, lo que a su vez ocasionó el congestionamiento en las calles y avenidas de esta capital.
De acuerdo con estudios realizados entre usuarios del sistema, el plan también ocasionó que millones de ciudadanos sufrieran estrés debido al temor de perder sus empleos si llegaban retrasados, por dormir en promedio dos horas menos cada día, por disminuir su actividad sexual y por viajar en condiciones indignas.
Las fallas del nuevo sistema de transporte fueron evidentes desde el primer día, pero el gobierno las minimizó. Pronto comenzaron las protestas. Dos semanas después éstas se extendieron a toda la periferia. En marzo adquirieron dimensiones que hicieron recordar algunas jornadas contra la dictadura de Augusto Pinochet, durante la década de los ochenta.
Malos consejos
Poco antes de que comenzara el Transantiago, la presidenta Bachelet se reunió con los ministros de Transportes y Hacienda, Sergio Espejo y Andrés Velasco, respectivamente. Tenía dudas sobre el éxito del plan y les planteó la posibilidad de postergarlo. Velasco se opuso. Le dijo que el costo para el erario sería enorme debido a las indemnizaciones que por dicho retraso el Estado debería pagar a las empresas que operarían el sistema. Señaló, además, que el costo político de la eventual medida sería tanto o más perjudicial. La presidenta aceptó las sugerencias.
Las dudas de Bachelet eran razonables. Un estudio realizado por Fundación Chile que data de marzo de 2006 anticipaba el colapso del sistema: la empresa privada Sonda –ganadora de la licitación para instalar la tecnología que recauda el dinero de los pasajes y para ordenar las rutas de los autobuses– no estaba en condiciones de cumplir a tiempo con lo que estipulaba su contrato.
En efecto, el 9 de febrero –un día antes de que Transantiago se pusiera en marcha– buena parte de las máquinas de boletos no tenían instalado el sistema de cobro de pasaje. Ante ello el ministro Espejo anunció que durante los tres primeros días el servicio sería gratis. El 12 de febrero las autoridades alargaron la gratuidad dos días más. El 14 de febrero anunciaron que el Metro ampliaría su horario con el propósito de atender la creciente demanda de usuarios, a pesar de que el país se encontraba en período de vacaciones.
Ante estos problemas, el 22 de febrero la presidenta Bachelet regresó anticipadamente de sus vacaciones y asumió de manera directa las tareas para resolver las contingencias provocadas por el nuevo sistema de transporte urbano. De inmediato anunció que los estudiantes de enseñanza media no pagarían pasaje durante un período de prueba de tres días. La medida no fue un gesto gratuito: en junio pasado esos estudiantes habían protagonizado protestas callejeras que provocaron dolores de cabeza al gobierno.
El 23 de febrero, el Ministerio de Transportes anunció que modificaría las rutas en ocho municipios de Santiago. Y el 5 de marzo informó de nuevos cambios en las rutas. Pero ninguna de estas medidas funcionó. Ese mismo día terminaron las vacaciones y los estudiantes regresaron a clases. La ciudad se colapsó. Hubo miles de usuarios que quedaron varados y decenas se desmayaron por el calor y el hacinamiento.
Vendría algo peor: la muerte en el Metro de dos pasajeros –Juan Pontigo, por un infarto, e Iris Leiva, quien sufrió un ataque cerebral. Sus decesos fueron atribuidos al hacinamiento extremo en los vagones de este sistema de transporte.
Tan crítica se tornó la situación que el 20 de marzo el presidente de la Empresa Metro, Blas Tomic, recomendó a ancianos y mujeres embarazadas optar por otras alternativas de transporte. El Metro había realizado durante enero y febrero un gran despliegue publicitario cuyo lema era: “comparte tu metro cuadrado”. Todo un presagio: el sistema de transporte chileno batió récord mundial: siete pasajeros por metro cuadrado en horas de mayor afluencia.
El 8 de marzo, durante una conferencia de prensa, Bachelet exigió a sus ministros nuevas medidas para resolver el problema. Les dio un plazo de 48 horas. Expresó, además, que el sector privado “lamentablemente no dio el ancho” en materia de transporte público y señaló que no era el momento de buscar culpables.
Para entonces, la popularidad de la presidenta era de 42% en la ciudad de Santiago. Había caído 12 puntos en un mes, según una encuesta realizada por la empresa Adimark.
Pero Bachelet no era la única perjudicada. Los partidos de derecha pidieron al expresidente Ricardo Lagos que asumiera su responsabilidad en este problema, puesto que en su mandato se diseñó el plan Transantiago y se adjudicaron todas las licitaciones. El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Víctor Moreira, dijo que Lagos era “poco hombre” y “un cobarde” por no dar la cara.
Las críticas de la derecha no fueron desinteresadas. Buscaban hacer mella en la alta popularidad de Lagos, quien se perfila como posible candidato presidencial de la Concertación por la Democracia –coalición de partidos actualmente en el gobierno– para las elecciones de diciembre de 2009. Y es que, de acuerdo con la legislación chilena, un presidente puede ser reelecto siempre y cuando no se postule en períodos consecutivos.
La imagen del expresidente resintió los efectos de la crisis del transporte. Según una encuesta realizada por la empresa Opina, 41% de los habitantes de la capital lo hace responsable del fracaso del Transantiago.
El 2 de marzo, cuando celebraba su cumpleaños 69, Lagos expresó que la responsabilidad por el fracaso del plan correspondía a quienes lo habían implementado y no a quienes lo habían diseñado. Fue un disparo contra la presidenta. El 11 de marzo, día del primer aniversario de Bachelet al frente del gobierno, ésta reviró: “Es en la implementación que se ve la calidad de los diseños”, dijo.
Un día antes, Bachelet había anunciado con gran pompa un amplio paquete de medidas. Entre éstas destacaba la creación de una Autoridad Metropolitana de Transportes, la incorporación de más trenes al Metro, así como más autobuses y nuevas rutas. Además anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley que permitiría intervenir las empresas privadas de autobuses. Pero la población tampoco vio resultados.
Tan crítica era la situación provocada por el plan Transantiago que su figura publicitaria, el exfutbolista Iván Zamorano, comenzó a recibir insultos cada vez que aparecía en público. Programas de televisión y de radio se mofaban de él. Lo señalaban como uno de los culpables del malestar de la población. Cansado, Zamorano también atacó el plan: “Me cansé de ser el escudo de los verdaderos culpables del Transantiago”, declaró en conferencia de prensa el 20 de marzo.
Bala de plata
El 21 de marzo la Cámara de Diputados se reunió en sesión especial para analizar el caso Transantiago. Los diputados de derecha exigieron la renuncia del ministro Espejo. Los parlamentarios de la Concertación de la Democracia pusieron énfasis en las deficiencias de las empresas privadas a cargo de este plan y recomendaron al gobierno crear una empresa estatal de transporte.
Ese mismo día el senador socialista Alejandro Navarro dio por sepultado al Transantiago. Dijo que no tenía sentido insistir en él. Había que comenzar de nuevo. Y sugirió a la presidenta Bachelet nombrar a un “superministro del transporte” con plenos poderes para reestructurar el transporte público de la capital.
En entrevista con Proceso, Navarro asegura que en el fondo de este problema que tiene en jaque al gobierno de Bachelet está el interés del aspirante presidencial de derecha, Sebastián Piñera, por liquidar las aspiraciones de reelección presidencial de Ricardo Lagos, dañando de paso la gobernabilidad de Bachelet.
“Podríamos estar en presencia de una ‘bala de plata’, que afectaría a la concertación en su conjunto”, sostiene.
Y explica que Sonda –la empresa más importante para el desarrollo del plan de transporte y la principal responsable de sus fallas– es propiedad de Andrés Navarro, íntimo amigo y principal consejero de Piñera. Más aún, el empresario Andrés Navarro aportó dinero para sus campañas políticas.
Giro a la derecha
Presionada por los partidos políticos y por la opinión pública, el pasado 26 de marzo Bachelet hizo cambios en su gabinete. Pidió la renuncia a los ministros Sergio Espejo (Transporte), Vivianne Blanlot (Defensa), Isidro Solís (Justicia), Karen Poniachik (en Energía, aunque conservó la titularidad del Ministerio de Minería) y Paulina Veloso (Secretaria General de la Presidencia).
Los funcionarios que renunciaron pertenecen a cada uno de los cuatro partidos que forman la Concertación para la Democracia. En ello influyó la presidenta del Partido Demócrata Cristiano, Soledad Alvear, quien pidió a Bachelet respetar el equilibrio de la coalición de gobierno. Y arguyó que destituir sólo a su compañero democratacristiano, el ministro Espejo, podría dar a entender que su partido era el único causante del fracaso del Transantiago.
En los hechos, Bachelet reemplazó a los ministros por otros que pertenecen a los cuatro partidos de la Concertación: en Transporte a René Cortázar (Democracia Cristiana), miembro de directorios de numerosas empresas privadas; en Defensa, a José Goñi (Partido por la Democracia), exembajador de Chile en México y amigo de Lagos; en Justicia a Carlos Maldonado (Partido Radical); en Energía a Víctor Tokman (Partido por la Democracia), quien era jefe del equipo de asesores del titular de Hacienda, Andrés Velasco, y, como él, miembro de Expansiva, una corporación de estudios asociada al sector de derecha de la Concertación.
Además nombró como ministro secretario de la Presidencia a José Antonio Viera Gallo (Partido Socialista), quien es considerado brazo derecho de Lagos y su virtual jefe de la campaña para su reelección. También designó por primera vez a un ministro de Medio Ambiente, responsabilidad que recayó en Ana Lya Uriarte.
La presidenta consultó los cambios con un reducido equipo de asesores, entre los que se contó el ministro de Interior, Belisario Velasco, y el viejo militante socialista y amigo de Bachelet, Juan Carvajal, quien es considerado su brazo derecho.
En un principio, la mandataria quiso pedir la renuncia del ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, hijo del exmandatario Lagos, pero las “recomendaciones” de su padre, que se hicieron efectivas a través de su exjefe de asesores, Ernesto Ottone, la hicieron cambiar de opinión, según dio a conocer el saliente ministro Solís, lo que le valió a éste duras críticas.
Con el nuevo gabinete, Bachelet abandonó criterios que eran prioritarios al principio de su mandato, como el de tener paridad de género en su gabinete o el de que “nadie se repetiría el plato”, en alusión a que su gobierno no estaría integrado por los viejos políticos que guiaron la transición a la democracia.
Pero Bachelet mantuvo al ministro de Hacienda Andrés Velasco, de marcado perfil neoliberal, a pesar de ser uno de los que le aconsejó seguir adelante con el plan Transantiago. En este mismo perfil se encuentran los nuevos ministros de Transporte, René Cortázar, y de Energía, Víctor Tokman. Éstos se suman al titular de Economía, Alejandro Ferreiro: al canciller Alejandro Foxley; al ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran y la ministra de Minería, Poniachik. Todos forman un equipo que es bien visto por el gran empresariado del país.
Los nuevos nombramientos no acabaron con el ímpetu de estudiantes y ciudadanos de Santiago, quienes el 29 de marzo realizaron masivas y violentas protestas que tuvieron como saldo 849 personas detenidas –80% de ellas menores de edad–, 36 carabineros heridos y 450 autobuses del Transantiago con diversos daños.
El miércoles 4 se repitieron las protestas. De nada sirvió que el nuevo ministro de Transportes anunciara la compra de otros mil autobuses y la adopción de ajustes en las rutas de transporte.
En entrevista con Proceso, Manuel Antonio Garretón, el sociólogo y profesor de la Universidad de Chile, asegura que el problema del gobierno de Bachelet es la falta de un proyecto que ordene el conjunto de sus iniciativas. Y agrega que el nuevo gabinete muestra “un viraje hacia el polo más de derecha dentro de la Concertación”.
Garretón considera que con estos cambios en el gabinete Bachelet “trata de resolver como sea el tema de transportes”. Y para eso, añade, “va a aplicar criterios tecnocráticos. Y, por otro lado, trata de resolver el déficit de conducción política que tiene este gobierno, nombrando a alguien con amplia experiencia en la materia. Ahora es claro que en ambos casos se optó por personas de centroderecha”.
SANTIAGO DE CHILE.- Después de un año de gobierno, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet –de tendencia socialdemócrata–, dio un “giro hacia la derecha”: designó a miembros de la vieja clase política y a funcionarios ligados con poderosos grupos económicos del país en puestos clave de su administración.
La causa: el fracaso del Plan de Transporte Metropolitano, conocido como Transantiago, que provocó intensas protestas callejeras y una crisis en el gobierno de coalición.
Transantiago tenía como propósito reordenar el sistema de transporte público aquí, en la capital chilena, mediante la integración de rutas de autobuses nuevos y reconstruidos con estaciones del Metro y los trenes interprovinciales. Estaría coordinado por una sola entidad privada (Administrador Financiero del Transantiago), que contaría a su vez con una Unidad de Control de Flotas y un sistema único de cobro de pasaje (tarjetas electrónicas).
El plan no era nuevo. Fue diseñado durante la administración de Ricardo Lagos. Según los documentos de presentación del plan, éste pondría a Santiago “a la altura de las grandes urbes del mundo en materia de transporte público”.
Bachelet heredó el proyecto y lo puso en marcha el pasado 10 de febrero. Resultó un fracaso. Los autobuses fueron insuficientes y las rutas estuvieron mal diseñadas, lo que provocó saturación en el sistema público de transporte y aumentó el tiempo de los traslados. Muchos ciudadanos optaron por utilizar sus vehículos, lo que a su vez ocasionó el congestionamiento en las calles y avenidas de esta capital.
De acuerdo con estudios realizados entre usuarios del sistema, el plan también ocasionó que millones de ciudadanos sufrieran estrés debido al temor de perder sus empleos si llegaban retrasados, por dormir en promedio dos horas menos cada día, por disminuir su actividad sexual y por viajar en condiciones indignas.
Las fallas del nuevo sistema de transporte fueron evidentes desde el primer día, pero el gobierno las minimizó. Pronto comenzaron las protestas. Dos semanas después éstas se extendieron a toda la periferia. En marzo adquirieron dimensiones que hicieron recordar algunas jornadas contra la dictadura de Augusto Pinochet, durante la década de los ochenta.
Malos consejos
Poco antes de que comenzara el Transantiago, la presidenta Bachelet se reunió con los ministros de Transportes y Hacienda, Sergio Espejo y Andrés Velasco, respectivamente. Tenía dudas sobre el éxito del plan y les planteó la posibilidad de postergarlo. Velasco se opuso. Le dijo que el costo para el erario sería enorme debido a las indemnizaciones que por dicho retraso el Estado debería pagar a las empresas que operarían el sistema. Señaló, además, que el costo político de la eventual medida sería tanto o más perjudicial. La presidenta aceptó las sugerencias.
Las dudas de Bachelet eran razonables. Un estudio realizado por Fundación Chile que data de marzo de 2006 anticipaba el colapso del sistema: la empresa privada Sonda –ganadora de la licitación para instalar la tecnología que recauda el dinero de los pasajes y para ordenar las rutas de los autobuses– no estaba en condiciones de cumplir a tiempo con lo que estipulaba su contrato.
En efecto, el 9 de febrero –un día antes de que Transantiago se pusiera en marcha– buena parte de las máquinas de boletos no tenían instalado el sistema de cobro de pasaje. Ante ello el ministro Espejo anunció que durante los tres primeros días el servicio sería gratis. El 12 de febrero las autoridades alargaron la gratuidad dos días más. El 14 de febrero anunciaron que el Metro ampliaría su horario con el propósito de atender la creciente demanda de usuarios, a pesar de que el país se encontraba en período de vacaciones.
Ante estos problemas, el 22 de febrero la presidenta Bachelet regresó anticipadamente de sus vacaciones y asumió de manera directa las tareas para resolver las contingencias provocadas por el nuevo sistema de transporte urbano. De inmediato anunció que los estudiantes de enseñanza media no pagarían pasaje durante un período de prueba de tres días. La medida no fue un gesto gratuito: en junio pasado esos estudiantes habían protagonizado protestas callejeras que provocaron dolores de cabeza al gobierno.
El 23 de febrero, el Ministerio de Transportes anunció que modificaría las rutas en ocho municipios de Santiago. Y el 5 de marzo informó de nuevos cambios en las rutas. Pero ninguna de estas medidas funcionó. Ese mismo día terminaron las vacaciones y los estudiantes regresaron a clases. La ciudad se colapsó. Hubo miles de usuarios que quedaron varados y decenas se desmayaron por el calor y el hacinamiento.
Vendría algo peor: la muerte en el Metro de dos pasajeros –Juan Pontigo, por un infarto, e Iris Leiva, quien sufrió un ataque cerebral. Sus decesos fueron atribuidos al hacinamiento extremo en los vagones de este sistema de transporte.
Tan crítica se tornó la situación que el 20 de marzo el presidente de la Empresa Metro, Blas Tomic, recomendó a ancianos y mujeres embarazadas optar por otras alternativas de transporte. El Metro había realizado durante enero y febrero un gran despliegue publicitario cuyo lema era: “comparte tu metro cuadrado”. Todo un presagio: el sistema de transporte chileno batió récord mundial: siete pasajeros por metro cuadrado en horas de mayor afluencia.
El 8 de marzo, durante una conferencia de prensa, Bachelet exigió a sus ministros nuevas medidas para resolver el problema. Les dio un plazo de 48 horas. Expresó, además, que el sector privado “lamentablemente no dio el ancho” en materia de transporte público y señaló que no era el momento de buscar culpables.
Para entonces, la popularidad de la presidenta era de 42% en la ciudad de Santiago. Había caído 12 puntos en un mes, según una encuesta realizada por la empresa Adimark.
Pero Bachelet no era la única perjudicada. Los partidos de derecha pidieron al expresidente Ricardo Lagos que asumiera su responsabilidad en este problema, puesto que en su mandato se diseñó el plan Transantiago y se adjudicaron todas las licitaciones. El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Víctor Moreira, dijo que Lagos era “poco hombre” y “un cobarde” por no dar la cara.
Las críticas de la derecha no fueron desinteresadas. Buscaban hacer mella en la alta popularidad de Lagos, quien se perfila como posible candidato presidencial de la Concertación por la Democracia –coalición de partidos actualmente en el gobierno– para las elecciones de diciembre de 2009. Y es que, de acuerdo con la legislación chilena, un presidente puede ser reelecto siempre y cuando no se postule en períodos consecutivos.
La imagen del expresidente resintió los efectos de la crisis del transporte. Según una encuesta realizada por la empresa Opina, 41% de los habitantes de la capital lo hace responsable del fracaso del Transantiago.
El 2 de marzo, cuando celebraba su cumpleaños 69, Lagos expresó que la responsabilidad por el fracaso del plan correspondía a quienes lo habían implementado y no a quienes lo habían diseñado. Fue un disparo contra la presidenta. El 11 de marzo, día del primer aniversario de Bachelet al frente del gobierno, ésta reviró: “Es en la implementación que se ve la calidad de los diseños”, dijo.
Un día antes, Bachelet había anunciado con gran pompa un amplio paquete de medidas. Entre éstas destacaba la creación de una Autoridad Metropolitana de Transportes, la incorporación de más trenes al Metro, así como más autobuses y nuevas rutas. Además anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley que permitiría intervenir las empresas privadas de autobuses. Pero la población tampoco vio resultados.
Tan crítica era la situación provocada por el plan Transantiago que su figura publicitaria, el exfutbolista Iván Zamorano, comenzó a recibir insultos cada vez que aparecía en público. Programas de televisión y de radio se mofaban de él. Lo señalaban como uno de los culpables del malestar de la población. Cansado, Zamorano también atacó el plan: “Me cansé de ser el escudo de los verdaderos culpables del Transantiago”, declaró en conferencia de prensa el 20 de marzo.
Bala de plata
El 21 de marzo la Cámara de Diputados se reunió en sesión especial para analizar el caso Transantiago. Los diputados de derecha exigieron la renuncia del ministro Espejo. Los parlamentarios de la Concertación de la Democracia pusieron énfasis en las deficiencias de las empresas privadas a cargo de este plan y recomendaron al gobierno crear una empresa estatal de transporte.
Ese mismo día el senador socialista Alejandro Navarro dio por sepultado al Transantiago. Dijo que no tenía sentido insistir en él. Había que comenzar de nuevo. Y sugirió a la presidenta Bachelet nombrar a un “superministro del transporte” con plenos poderes para reestructurar el transporte público de la capital.
En entrevista con Proceso, Navarro asegura que en el fondo de este problema que tiene en jaque al gobierno de Bachelet está el interés del aspirante presidencial de derecha, Sebastián Piñera, por liquidar las aspiraciones de reelección presidencial de Ricardo Lagos, dañando de paso la gobernabilidad de Bachelet.
“Podríamos estar en presencia de una ‘bala de plata’, que afectaría a la concertación en su conjunto”, sostiene.
Y explica que Sonda –la empresa más importante para el desarrollo del plan de transporte y la principal responsable de sus fallas– es propiedad de Andrés Navarro, íntimo amigo y principal consejero de Piñera. Más aún, el empresario Andrés Navarro aportó dinero para sus campañas políticas.
Giro a la derecha
Presionada por los partidos políticos y por la opinión pública, el pasado 26 de marzo Bachelet hizo cambios en su gabinete. Pidió la renuncia a los ministros Sergio Espejo (Transporte), Vivianne Blanlot (Defensa), Isidro Solís (Justicia), Karen Poniachik (en Energía, aunque conservó la titularidad del Ministerio de Minería) y Paulina Veloso (Secretaria General de la Presidencia).
Los funcionarios que renunciaron pertenecen a cada uno de los cuatro partidos que forman la Concertación para la Democracia. En ello influyó la presidenta del Partido Demócrata Cristiano, Soledad Alvear, quien pidió a Bachelet respetar el equilibrio de la coalición de gobierno. Y arguyó que destituir sólo a su compañero democratacristiano, el ministro Espejo, podría dar a entender que su partido era el único causante del fracaso del Transantiago.
En los hechos, Bachelet reemplazó a los ministros por otros que pertenecen a los cuatro partidos de la Concertación: en Transporte a René Cortázar (Democracia Cristiana), miembro de directorios de numerosas empresas privadas; en Defensa, a José Goñi (Partido por la Democracia), exembajador de Chile en México y amigo de Lagos; en Justicia a Carlos Maldonado (Partido Radical); en Energía a Víctor Tokman (Partido por la Democracia), quien era jefe del equipo de asesores del titular de Hacienda, Andrés Velasco, y, como él, miembro de Expansiva, una corporación de estudios asociada al sector de derecha de la Concertación.
Además nombró como ministro secretario de la Presidencia a José Antonio Viera Gallo (Partido Socialista), quien es considerado brazo derecho de Lagos y su virtual jefe de la campaña para su reelección. También designó por primera vez a un ministro de Medio Ambiente, responsabilidad que recayó en Ana Lya Uriarte.
La presidenta consultó los cambios con un reducido equipo de asesores, entre los que se contó el ministro de Interior, Belisario Velasco, y el viejo militante socialista y amigo de Bachelet, Juan Carvajal, quien es considerado su brazo derecho.
En un principio, la mandataria quiso pedir la renuncia del ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, hijo del exmandatario Lagos, pero las “recomendaciones” de su padre, que se hicieron efectivas a través de su exjefe de asesores, Ernesto Ottone, la hicieron cambiar de opinión, según dio a conocer el saliente ministro Solís, lo que le valió a éste duras críticas.
Con el nuevo gabinete, Bachelet abandonó criterios que eran prioritarios al principio de su mandato, como el de tener paridad de género en su gabinete o el de que “nadie se repetiría el plato”, en alusión a que su gobierno no estaría integrado por los viejos políticos que guiaron la transición a la democracia.
Pero Bachelet mantuvo al ministro de Hacienda Andrés Velasco, de marcado perfil neoliberal, a pesar de ser uno de los que le aconsejó seguir adelante con el plan Transantiago. En este mismo perfil se encuentran los nuevos ministros de Transporte, René Cortázar, y de Energía, Víctor Tokman. Éstos se suman al titular de Economía, Alejandro Ferreiro: al canciller Alejandro Foxley; al ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran y la ministra de Minería, Poniachik. Todos forman un equipo que es bien visto por el gran empresariado del país.
Los nuevos nombramientos no acabaron con el ímpetu de estudiantes y ciudadanos de Santiago, quienes el 29 de marzo realizaron masivas y violentas protestas que tuvieron como saldo 849 personas detenidas –80% de ellas menores de edad–, 36 carabineros heridos y 450 autobuses del Transantiago con diversos daños.
El miércoles 4 se repitieron las protestas. De nada sirvió que el nuevo ministro de Transportes anunciara la compra de otros mil autobuses y la adopción de ajustes en las rutas de transporte.
En entrevista con Proceso, Manuel Antonio Garretón, el sociólogo y profesor de la Universidad de Chile, asegura que el problema del gobierno de Bachelet es la falta de un proyecto que ordene el conjunto de sus iniciativas. Y agrega que el nuevo gabinete muestra “un viraje hacia el polo más de derecha dentro de la Concertación”.
Garretón considera que con estos cambios en el gabinete Bachelet “trata de resolver como sea el tema de transportes”. Y para eso, añade, “va a aplicar criterios tecnocráticos. Y, por otro lado, trata de resolver el déficit de conducción política que tiene este gobierno, nombrando a alguien con amplia experiencia en la materia. Ahora es claro que en ambos casos se optó por personas de centroderecha”.
Fuente: Francisco Marín, Proceso 1588
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