Sergio Montero interpretó la intervención de la SCJN en los temas de Oaxaca y Puebla como dos elementos que han sido traídos a colación con motivo del debate generado por la reforma fiscal.
Por: José Vilchis Guerrero (FORUM)
La intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los casos de Oaxaca y la periodista Lydia Cacho, a petición del Congreso de la Unión, pone contra la pared al góber precioso Mario Marín, de Puebla y al de Oaxaca, Ulises Ruiz, llevados otra vez al banquillo de los acusados.
Aunque apenas se inicia la pesquisa, el máximo tribunal del país evidencia la culpabilidad de ambos en la violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho y de los ciudadanos de Oaxaca, vivamente representados en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Para efectos de la opinión pública, los gobernadores de Puebla y de Oaxaca han quedado en evidencia, perdieron su capital político y su carrera pública se fue al hoyo, independientemente de que el Congreso pida o no la acción penal en su contra, en el caso de que la SCJN llegara a conclusiones incriminatorias contra ambos militantes del PRI.
Desde la perspectiva del Poder Judicial de la Federación, jurídicamente no procederá contra ellos la acción penal si el Congreso de la Unión no consigna ante la Procuraduría General de la República los respectivos expedientes de la periodista Lydia Cacho y de Oaxaca.
A propuesta de su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el pleno de la SCJN resolvió el pasado 21 de junio investigar a las autoridades federales, estatales y municipales en el caso de Oaxaca para comprobar si violaron los derechos fundamentales de los ciudadanos, protegidos por la Constitución, por incurrir en probable omisión o pasividad para restaurar el orden y la seguridad.
Tres días antes, los ministros resolvieron en la sesión del pleno con una mayoría de ocho votos a favor, integrar la comisión investigadora del caso que con todos los ministros del pleno y con 10 votos a favor determinaron las temáticas, la metodología y los puntos esenciales y sólo quedó pendiente establecer el tiempo de la investigación.
Se investigará desde mayo de 2006 hasta enero de este año, en la ciudad de Oaxaca y zona conurbada; la investigación versará sobre posibles violaciones a las garantías individuales en lo que toca a la preservación de la vida, la libertad individual, de tránsito y la propiedad.
Serán investigados funcionarios de la administración foxista y la de Ulises Ruiz, para determinar si los cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales incurrieron en probables excesos, durante los conflictos que se vivieron el año pasado.
El fallo de la CNDH, contundente
El 15 de marzo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló las conclusiones a las que llegó después de haber investigado los hechos y la participación de Ulises Ruiz en el conflicto de Oaxaca, donde puso en evidencia las violaciones en las que incurrieron las corporaciones policiacas, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, los agentes del Ministerio Público, los directivos de los penales y los gobiernos federal, estatal y municipal.
En un apretado resumen, el informe final reportó que las policías ministerial y preventiva de Oaxaca y la Federal Preventiva se excedieron en el uso de la fuerza al intentar contener el conflicto social del año pasado: encarcelaron a nueve niños y adolescentes, dieron muerte a una persona con un proyectil de gas lacrimógeno, durante una razzia detuvieron sin razón alguna a más de 100 personas y las incomunicaron por más de siete horas.
Además, torturaron a dos hombres con choques eléctricos, golpizas y bolsas en el rostro, mientras que a otros 139 los mantuvieron atados de pies y manos, los patearon, golpearon e impidieron que comieran, bebieran e hicieran sus necesidades fisiológicas.
El informe final de 118 páginas, que fue presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados, precisó que el gobierno estatal mostró incapacidad para gobernar, permitió la creación de un estado paralelo, con lo que generó más violencia.
Al gobierno federal le reprochó su negligencia ante las llamadas de auxilio del gobierno estatal. A 20 ayuntamientos, entre ellos el de Oaxaca de Juárez, los culpa de haber arriesgado a sus ciudadanos y responsabilizó a los maestros de haber dejado sin clases a un millón 300 mil menores. A la APPO le fincó responsabilidad de atribuirse violentamente funciones del gobierno que no le correspondían.
Lydia Cacho, en el laberinto político
En enero de este año la SCJN determinó crear una comisión para investigar las posibles irregularidades en la participación del gobernador de Puebla, Mario Marín, en la detención de la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005 y las violaciones a sus derechos humanos.
Bajo la lupa quedarán el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco, pues “hay dudas razonables” respecto a una intervención de este personaje para que la juez local, Rosa Celia Pérez González girara orden de aprehensión en contra de la periodista y la procuradora de Puebla, Blanca Laura Villeda, para determinar si a través de ella el gobernador concertó o no la aprehensión de Cacho Ribeiro y las circunstancias en las que se cumplió con la captura.
La mayoría de los integrantes de la SCJN apoya el documento que hizo circular el ministro encargado del juicio, José de Jesús Gudiño Pelayo –mismo que se dio a conocer por El Universal el 24 de noviembre de 2006–, en el que se aclaró que las investigaciones se centrarán en verificar el contenido de las conversaciones telefónicas del gobernador Marín con el empresario textilero Kamel Nacif, y en las que se percibe el complot contra la periodista por parte del gobierno y el poder fáctico que ha creado el empresario textilero en la región.
Aunque el audio no puede ser usado como prueba por haber sido obtenido de manera ilegal, la comisión especial de la SCJN encabezada por el ministro Juan Silva Meza dio sus conclusiones el pasado 20 de junio: sí hubo violaciones graves contra Lydia Cacho y procede la acción penal contra Mario Marín.
El punto que generó amplia discusión fue el de investigar únicamente las presuntas violaciones a las garantías individuales de Cacho y que la comisión también investigara las redes de pederastia y pornografía infantil que describe la periodista en el libro Los demonios del Edén, que ya investiga la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, pues se iría más allá del objetivo de investigación.
Se comprobó la participación de Guillermo Pacheco y de la juez Rosa Celia Pérez González y que Mario Marín violó la Constitución al detener y someter a juicio a la periodista. Aparte se incluyó la recomendación sobre el problema de Estado que significa la pederastia y la pornografía infantil, en los que se vieron involucrados los empresarios Kamel Nacif Borge y Jean Succar Kuri, así como la necesidad de actuar para evitar que los niños sean víctimas de estos delincuentes.
La investigación se inició desde el momento en que Nacif acusó a la periodista de difamación en Puebla, Puebla, pues Lydia Cacho denunció que fue secuestrada en Cancún, Quintana Roo, por efectivos de la Policía Judicial y trasladada ilegalmente hasta la capital poblana.
A mediados de junio cientos de actores, periodistas, investigadores, cineastas y escritores hicieron público su apoyo mediante movilizaciones y desplegados periodísticos, a través de los cuales pretendieron hacer llegar a miles de mexicanos sin rostro, para distinguirnos de los famosos, se sumen a la causa de Lydia Cacho y contra los pederastas.
La lista creció después de que aparecieron los nombres de famosos como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Luis Mandoki, Gael García, Diego Luna, Blanca Rico, Bertha Navarro, Eugenia León, Kate del Castillo, Patricia Reyes Spíndola, Daniel Giménez Cacho, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Ana Colchero, Sabina Berman, Denise Dresser, Carmen Boullosa y Regina Orozco, entre otras celebridades.
El 18 de junio desayunamos con la noticia de que la comisión investigadora del caso Lydia Cacho, que encabeza el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Silva Meza, solicitó al pleno emitir una recomendación para fincar responsabilidades políticas, administrativas y penales al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por incurrir en violaciones graves a las garantías de la defensora de los derechos humanos de los niños y las mujeres.
Los intereses en pugna
Sergio Montero, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), interpretó la intervención de la SCJN en los temas de Oaxaca y Puebla como dos elementos que han sido traídos a colación con motivo del debate generado por la reforma fiscal.
“Es la coartada perfecta del gobierno federal cuyo primer mandatario, Felipe Calderón Hinojosa, carente de credibilidad y ansioso de popularidad, tuvo que hacer intervenir a grupos políticos en pugna como los que apoyan al expresidente Vicente Fox dentro del Partido Acción Nacional, como Manuel Espino, Diego Fernández de Cevallos y otros que están ahora de bajo perfil, para enfrentarlos a los del Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para empezar a negociar la aprobación de la reforma fiscal”.
Desde esta perspectiva, dijo, la SCJN asiste a la correlación de fuerzas para obligar la negociación: si no hay conflicto, hay que crearlo, para que entraran a la contienda el grupo del senador Carlos Navarrete y el diputado Javier González Garza, partidarios de Cuauhtémoc Cárdenas, y por el otro, el que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en pugna con el grupo del priísta Emilio Gamboa Patrón que apoya al senador Manlio Fabio Beltrones, contra las pretensiones de los panistas Héctor Larios y otros diputados y senadores albicelestes que respaldan al presidente Felipe Calderón Hinojosa, en la reforma fiscal.
Montero, catedrático de cultura política y opinión pública, dijo que en el estira y afloja en el que participan varios actores políticos, se hace presente la vieja cultura política a la que nos tenían acostumbrados los presidentes priístas, escuela que mantuvo Vicente Fox y que sigue vigente con Calderón Hinojosa para crear conflictos para distraer la atención de las cuestiones importantes y tener elementos de negociación, en este caso para aprobar en el Congreso de la Unión la reforma fiscal.
En este contexto, comentó, Elba Esther Gordillo ejerce un papel relevante como mediadora del gobierno con algunos políticos, sobre todo con aquellos cuyos nombres fueron mencionados en casos de pederastia y que se evidenciaron ante la opinión pública como cercanos al gobernador Mario Marín y los empresarios Kamel Nacif y Succar Kuri, como Miguel Angel Yunes, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y el diputado Emilio Gamboa.
“La Suprema Corte busca cómo respaldar al presidente Calderón en un ambiente político caldeado en el que el gobierno decide, por ejemplo que Napoleón Gómez Urrutia ya no es funcional y le retira su apoyo, como en la vieja tradición priísta; a Elba Esther la considera útil, entonces la apoya”.
Concluyó que en el fondo está la desconfianza popular en las instituciones desde el fraude electoral concertado en 2006 por Vicente Fox, confeso de su participación en la campaña negativa contra Andrés Manuel López Obrador, con la complicidad de Luis Carlos Ugalde y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Pero da la casualidad de que el pueblo mexicano ya no le tiene el mismo respeto a las instituciones que en el pasado tuvieron un sustento en las razones de Estado y ahora dejaron de ser válidas esas razones desde que Fox y su sucesor las cambiaron por las razones de mercado, en las que más le interesa al gobierno defender los intereses de su socio comercial Estados Unidos, que los del pueblo que gobiernan. Para ellos, los panistas, valen más las razones del mercado que las del Estado”.
Por: José Vilchis Guerrero (FORUM)La intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los casos de Oaxaca y la periodista Lydia Cacho, a petición del Congreso de la Unión, pone contra la pared al góber precioso Mario Marín, de Puebla y al de Oaxaca, Ulises Ruiz, llevados otra vez al banquillo de los acusados.
Aunque apenas se inicia la pesquisa, el máximo tribunal del país evidencia la culpabilidad de ambos en la violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho y de los ciudadanos de Oaxaca, vivamente representados en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Para efectos de la opinión pública, los gobernadores de Puebla y de Oaxaca han quedado en evidencia, perdieron su capital político y su carrera pública se fue al hoyo, independientemente de que el Congreso pida o no la acción penal en su contra, en el caso de que la SCJN llegara a conclusiones incriminatorias contra ambos militantes del PRI.
Desde la perspectiva del Poder Judicial de la Federación, jurídicamente no procederá contra ellos la acción penal si el Congreso de la Unión no consigna ante la Procuraduría General de la República los respectivos expedientes de la periodista Lydia Cacho y de Oaxaca.
A propuesta de su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el pleno de la SCJN resolvió el pasado 21 de junio investigar a las autoridades federales, estatales y municipales en el caso de Oaxaca para comprobar si violaron los derechos fundamentales de los ciudadanos, protegidos por la Constitución, por incurrir en probable omisión o pasividad para restaurar el orden y la seguridad.
Tres días antes, los ministros resolvieron en la sesión del pleno con una mayoría de ocho votos a favor, integrar la comisión investigadora del caso que con todos los ministros del pleno y con 10 votos a favor determinaron las temáticas, la metodología y los puntos esenciales y sólo quedó pendiente establecer el tiempo de la investigación.
Se investigará desde mayo de 2006 hasta enero de este año, en la ciudad de Oaxaca y zona conurbada; la investigación versará sobre posibles violaciones a las garantías individuales en lo que toca a la preservación de la vida, la libertad individual, de tránsito y la propiedad.
Serán investigados funcionarios de la administración foxista y la de Ulises Ruiz, para determinar si los cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales incurrieron en probables excesos, durante los conflictos que se vivieron el año pasado.
El fallo de la CNDH, contundente
El 15 de marzo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló las conclusiones a las que llegó después de haber investigado los hechos y la participación de Ulises Ruiz en el conflicto de Oaxaca, donde puso en evidencia las violaciones en las que incurrieron las corporaciones policiacas, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, los agentes del Ministerio Público, los directivos de los penales y los gobiernos federal, estatal y municipal.
En un apretado resumen, el informe final reportó que las policías ministerial y preventiva de Oaxaca y la Federal Preventiva se excedieron en el uso de la fuerza al intentar contener el conflicto social del año pasado: encarcelaron a nueve niños y adolescentes, dieron muerte a una persona con un proyectil de gas lacrimógeno, durante una razzia detuvieron sin razón alguna a más de 100 personas y las incomunicaron por más de siete horas.
Además, torturaron a dos hombres con choques eléctricos, golpizas y bolsas en el rostro, mientras que a otros 139 los mantuvieron atados de pies y manos, los patearon, golpearon e impidieron que comieran, bebieran e hicieran sus necesidades fisiológicas.
El informe final de 118 páginas, que fue presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados, precisó que el gobierno estatal mostró incapacidad para gobernar, permitió la creación de un estado paralelo, con lo que generó más violencia.
Al gobierno federal le reprochó su negligencia ante las llamadas de auxilio del gobierno estatal. A 20 ayuntamientos, entre ellos el de Oaxaca de Juárez, los culpa de haber arriesgado a sus ciudadanos y responsabilizó a los maestros de haber dejado sin clases a un millón 300 mil menores. A la APPO le fincó responsabilidad de atribuirse violentamente funciones del gobierno que no le correspondían.
Lydia Cacho, en el laberinto político
En enero de este año la SCJN determinó crear una comisión para investigar las posibles irregularidades en la participación del gobernador de Puebla, Mario Marín, en la detención de la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005 y las violaciones a sus derechos humanos.
Bajo la lupa quedarán el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco, pues “hay dudas razonables” respecto a una intervención de este personaje para que la juez local, Rosa Celia Pérez González girara orden de aprehensión en contra de la periodista y la procuradora de Puebla, Blanca Laura Villeda, para determinar si a través de ella el gobernador concertó o no la aprehensión de Cacho Ribeiro y las circunstancias en las que se cumplió con la captura.
La mayoría de los integrantes de la SCJN apoya el documento que hizo circular el ministro encargado del juicio, José de Jesús Gudiño Pelayo –mismo que se dio a conocer por El Universal el 24 de noviembre de 2006–, en el que se aclaró que las investigaciones se centrarán en verificar el contenido de las conversaciones telefónicas del gobernador Marín con el empresario textilero Kamel Nacif, y en las que se percibe el complot contra la periodista por parte del gobierno y el poder fáctico que ha creado el empresario textilero en la región.
Aunque el audio no puede ser usado como prueba por haber sido obtenido de manera ilegal, la comisión especial de la SCJN encabezada por el ministro Juan Silva Meza dio sus conclusiones el pasado 20 de junio: sí hubo violaciones graves contra Lydia Cacho y procede la acción penal contra Mario Marín.
El punto que generó amplia discusión fue el de investigar únicamente las presuntas violaciones a las garantías individuales de Cacho y que la comisión también investigara las redes de pederastia y pornografía infantil que describe la periodista en el libro Los demonios del Edén, que ya investiga la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, pues se iría más allá del objetivo de investigación.
Se comprobó la participación de Guillermo Pacheco y de la juez Rosa Celia Pérez González y que Mario Marín violó la Constitución al detener y someter a juicio a la periodista. Aparte se incluyó la recomendación sobre el problema de Estado que significa la pederastia y la pornografía infantil, en los que se vieron involucrados los empresarios Kamel Nacif Borge y Jean Succar Kuri, así como la necesidad de actuar para evitar que los niños sean víctimas de estos delincuentes.
La investigación se inició desde el momento en que Nacif acusó a la periodista de difamación en Puebla, Puebla, pues Lydia Cacho denunció que fue secuestrada en Cancún, Quintana Roo, por efectivos de la Policía Judicial y trasladada ilegalmente hasta la capital poblana.
A mediados de junio cientos de actores, periodistas, investigadores, cineastas y escritores hicieron público su apoyo mediante movilizaciones y desplegados periodísticos, a través de los cuales pretendieron hacer llegar a miles de mexicanos sin rostro, para distinguirnos de los famosos, se sumen a la causa de Lydia Cacho y contra los pederastas.
La lista creció después de que aparecieron los nombres de famosos como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Luis Mandoki, Gael García, Diego Luna, Blanca Rico, Bertha Navarro, Eugenia León, Kate del Castillo, Patricia Reyes Spíndola, Daniel Giménez Cacho, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Ana Colchero, Sabina Berman, Denise Dresser, Carmen Boullosa y Regina Orozco, entre otras celebridades.
El 18 de junio desayunamos con la noticia de que la comisión investigadora del caso Lydia Cacho, que encabeza el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Silva Meza, solicitó al pleno emitir una recomendación para fincar responsabilidades políticas, administrativas y penales al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por incurrir en violaciones graves a las garantías de la defensora de los derechos humanos de los niños y las mujeres.
Los intereses en pugna
Sergio Montero, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), interpretó la intervención de la SCJN en los temas de Oaxaca y Puebla como dos elementos que han sido traídos a colación con motivo del debate generado por la reforma fiscal.
“Es la coartada perfecta del gobierno federal cuyo primer mandatario, Felipe Calderón Hinojosa, carente de credibilidad y ansioso de popularidad, tuvo que hacer intervenir a grupos políticos en pugna como los que apoyan al expresidente Vicente Fox dentro del Partido Acción Nacional, como Manuel Espino, Diego Fernández de Cevallos y otros que están ahora de bajo perfil, para enfrentarlos a los del Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para empezar a negociar la aprobación de la reforma fiscal”.
Desde esta perspectiva, dijo, la SCJN asiste a la correlación de fuerzas para obligar la negociación: si no hay conflicto, hay que crearlo, para que entraran a la contienda el grupo del senador Carlos Navarrete y el diputado Javier González Garza, partidarios de Cuauhtémoc Cárdenas, y por el otro, el que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en pugna con el grupo del priísta Emilio Gamboa Patrón que apoya al senador Manlio Fabio Beltrones, contra las pretensiones de los panistas Héctor Larios y otros diputados y senadores albicelestes que respaldan al presidente Felipe Calderón Hinojosa, en la reforma fiscal.
Montero, catedrático de cultura política y opinión pública, dijo que en el estira y afloja en el que participan varios actores políticos, se hace presente la vieja cultura política a la que nos tenían acostumbrados los presidentes priístas, escuela que mantuvo Vicente Fox y que sigue vigente con Calderón Hinojosa para crear conflictos para distraer la atención de las cuestiones importantes y tener elementos de negociación, en este caso para aprobar en el Congreso de la Unión la reforma fiscal.
En este contexto, comentó, Elba Esther Gordillo ejerce un papel relevante como mediadora del gobierno con algunos políticos, sobre todo con aquellos cuyos nombres fueron mencionados en casos de pederastia y que se evidenciaron ante la opinión pública como cercanos al gobernador Mario Marín y los empresarios Kamel Nacif y Succar Kuri, como Miguel Angel Yunes, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y el diputado Emilio Gamboa.
“La Suprema Corte busca cómo respaldar al presidente Calderón en un ambiente político caldeado en el que el gobierno decide, por ejemplo que Napoleón Gómez Urrutia ya no es funcional y le retira su apoyo, como en la vieja tradición priísta; a Elba Esther la considera útil, entonces la apoya”.
Concluyó que en el fondo está la desconfianza popular en las instituciones desde el fraude electoral concertado en 2006 por Vicente Fox, confeso de su participación en la campaña negativa contra Andrés Manuel López Obrador, con la complicidad de Luis Carlos Ugalde y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Pero da la casualidad de que el pueblo mexicano ya no le tiene el mismo respeto a las instituciones que en el pasado tuvieron un sustento en las razones de Estado y ahora dejaron de ser válidas esas razones desde que Fox y su sucesor las cambiaron por las razones de mercado, en las que más le interesa al gobierno defender los intereses de su socio comercial Estados Unidos, que los del pueblo que gobiernan. Para ellos, los panistas, valen más las razones del mercado que las del Estado”.
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